En medio de promesas sigue fracaso en el proceso de depuración policial
Honduras es una de las naciones con una de las tasas de homicidios más alta del mundo, 79 crímenes por cada 100 mil habitantes, a lo que se le suma las múltiples denuncias por actos de corrupción e involucramiento de los miembros policiales con el crimen organizado y el narcotráfico.
El gobierno tanto el saliente como el nuevo encabezado por Juan Orlando Hernández, aseguraron que iniciarían un verdadero proceso de depuración policial, pero aun la ciudadanía sigue reclamando tener un cuerpo policial que verdaderamente le proteja.
Lo que marcó el punto de partida para destapar la corrupción policial surgió en noviembre de 2011 luego que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y doña Aurora de Pineda, comprobaran que miembros de la policía habían asesinado a sus hijos Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda.
Lo que ya era un secreto a voces se destapó: Las autoridades descubrieron que postas enteras de la policía formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato. Estos hallazgos y las presiones de las dos valientes mujeres acompañadas de diferentes organizaciones obligaron al gobierno a la creación de organismos y leyes que permitieran un proceso de depuración policial.
El gobierno de Porfirio Lobo Sosa creó y nombró a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), como ente encargado de hacer las recomendaciones para llevar a cabo un proceso de depuración idóneo, pero fue el mismo Congreso Nacional quien derogó este espacio el pasado 21 de enero de 2014. Fue el decreto número 4-2012 que dio vida a la Comisión de Reforma, un organismo que durante su gestión presentó un paquete de cinco reformas legislativas para depurar al Ministerio Publico, el Poder Judicial y la Policía Nacional, pero que no fueron tomadas en cuenta.
En todo lo que va del proceso, solo siete policías fueron dados de baja. Tampoco hubo avances visibles en los expedientes remitidos al Ministerio Público, que contienen investigaciones por los delitos de detención ilegal, violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, daños, lesiones, hurto agravado, robo y cohecho, entre otros ilícitos que se imputan a 125 servidores policiales de las diferentes escalas de la Policía.
Policía sigue infiltrada
"Los que han liderado y lideran la Policía Nacional, son los responsables que el crimen organizado y el narcotráfico haya penetrado hasta lo más profundo de la Policía Nacional de Honduras", reveló Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
Murillo sostuvo que entre cuatro y cinco altos oficiales "siguen siendo los magnates del narcotráfico y el crimen organizado en la Policía Nacional y no se les toca, y no porque no se sepa quiénes son".
Reclamó que las autoridades no proceden judicialmente contra estos oficiales, "no porque no se pueda recopilar pruebas, es porque hay miedo y en muchas ocasiones hay colusión de parte de aquellos que deben impulsar un verdadero proceso de profilaxis".
Josué Murillo cree que estos oficiales siguen ahí porque no se ha tenido un titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, ni un ministro de Seguridad suficientemente valiente para tomar las decisiones que Honduras amerita y necesita en este momento.
A Mecate Corto
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