viernes, 18 de marzo de 2022

Honduras será la sede del segundo encuentro Centroamericano de memoria

Defensores en Línea

Honduras será la sede del segundo encuentro Centroamericano de Memoria, que se llevará a cabo en el mes de mayo en la Semana Internacional del detenido desaparecido, esto es en cumplimiento de uno de los acuerdos que se tomó en el primer encuentro desarrollado en ciudad Guatemala, organizado por la red Centroamericana de Memoria.

Teníamos contemplado en los acuerdos que cada año nos íbamos a reunir en países diferentes, este año le toca a Honduras y para nosotros que mejor y más oportuno que se lleve a cabo en la última semana de mayo, en conmemoración la honra de los y las detenidas desaparecidas en Honduras y en el continente, expresó Berta Oliva coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH ).

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Para echar a andar este encuentro se realizaron reuniones entre las organizaciones en Honduras, que forman parte de la Red Centroamericana de la Memoria, que está integrada además por organizaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

“La idea de las reuniones es para hablar, elaborar el encuentro que se realizará en mayo, sobre desaparecidos y todo lo que concierne precisamente lo que ha pasado, es cuestión de memoria; la memoria de los desaparecidos, torturados y todo lo que ha sido alrededor del maltrato de los pueblos en los años ochenta y después, obviamente, no es propio de los años ochenta, si no que todavía esto sucede hoy”, señaló René Pauk, director de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay de Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“Hemos realizado reuniones para hacer como un punto a donde estamos reflexionando sobre lo que ha pasado, es como que tenemos que hacer, para realmente hacer de esa memoria algo vivo, algo que nos recuerde, pero no solamente recuerdo si no para tomar acciones contra las acciones que existen en contra de los pueblos”, añadió.

Señaló que cada país va a habar de sus experiencias, lo que ha vivido como pueblo, ya que al sufrir la desaparición, la tortura y las ejecuciones, ese es el tema principal; y también sacar conclusiones y crear una especie de  memoria centroamericana, siempre como digo no para tenerlo en una gaveta, si no para ver cómo podemos seguir  y plantear como hacer frente a lo que está pasando.

Agregó que estamos preparando realmente cual debe ser el juicio, la actuación  que tenemos que tener ante los cuerpos represivos  o cambiar y hacer leyes que permitan precisamente ir en contra de lo que siempre hemos vivido en nuestro país a cerca del  no respeto de los  derecho humanos  y los derechos políticos”.

Es importante señalar que el primer encuentro fue en Guatemala, además de este país, El Salvador, Honduras y Nicaragua donde se acordó que cada año se desarrollarían estos encuentros en un país diferente, y este año le tocó a Honduras y además en una fecha tan significativa para cada país como lo es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

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Las organizaciones que participan por Honduras son la Cinemateca Enrique Ponce Garay de la UNAH y el COFADEH, por lo que son los encargados de organizar el encuentro.

“En dicha reunión se vieron aspectos organizativos, la cantidad de personas que se espera participar, estamos hablando de un estimado de sesenta personas, puede ser un poquito más un poquito menos, dependiendo de las disponibilidades y a nivel de programáticos, si de traer algunas personalidades expertas en el tema de memoria que puedan dar importantes insumos y análisis para cada uno de los participantes”, señaló el representante de COSUDE, Juan Ramón Gradines Ramírez.

Cabe señalar que el Memorial para la Concordia de Guatemala y la Oficina de la Cooperación Suiza para América Central (COSUDE), lanzaron la Red Centroamericana de Memoria, que contó con la participación de los cuatro países centroamericanos ante mencionados.

Además, Red Centroamericana inicia con la integración de las organizaciones que participaron en el primer encuentro centroamericano de memoria realizado en el mes de noviembre en la ciudad de Guatemala, y que tuvo lugar en la sede de la Fundación María y Antonio Guboo, con el apoyo COSUDE, organizado por el Memorial para la Concordia.

Este fue el primer encuentro para conformar la red, participaron alrededor de cuarenta organizaciones de los países centroamericanos, en el decálogo para la memoria titulado “Memoria para el futuro”; las casi 40 organizaciones que participaron sintetizan los puntos prioritarios para una agenda de trabajo regional sobre la memoria.

Para dicho encuentro los jóvenes Embajadores de la Memoria ascritos al COFADEH, están organizando para esa fecha una exposición de pintura, con los rostros de los hombre y mujeres que fueron detenidos desaparecidos en Honduras por luchar por sus ideales, y que este año cumplen cuatro décadas de desaparecidos.

Los asistentes al encuentro podrán a través del arte conocer los rostros de los y las desaparecidas en Honduras.


Se concede extradición de JOH

Radio Progreso

Tras concluir la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios contra Juan Orlando Hernández, el Juez concedió la extradición del ex presidente solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Este miércoles, el ex presidente Hernández fue trasladado en helicóptero hasta la sede del poder judicial, donde se desarrolló la audiencia de presentación de pruebas para sustentar los cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas, que le acusa una corte federal de Estados Unidos.

A través de un boletín de prensa, esta noche (16/03/2022) el Juez de Extradición de primera instancia, aseguró que luego de evaluar los medios de prueba presentados se otorgó la solicitud de extradición que involucra al ex presidente.

“Una vez que se ha dictado la resolución por parte del juez de extradición de primera instancia sólo se podrá interponer el recurso de apelación, el cual será conocido y resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual su defensa técnica tiene tres días para hacer uso de la garantía de segunda instancia”, dice el comunicado.

El ex presidente Hernández Alvarado seguirá manteniendo la medida de prisión preventiva misma que viene cumpliendo desde el 15 de febrero en el comando operaciones especiales en Tegucigalpa.

Tras conocer la decisión del Juez, la esposa de Hernández, Ana García dijo que todo era una conspiración y venganza de los narcotraficantes que huyeron del país, y que ahora mienten para reducir sus penas. 

Si se concreta la extradición, Juan Orlando Hernández Alvarado, se uniría a su hermano Tonny Hernández, a quien un jurado de Nueva York declaró culpable de cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas en octubre de 2019, con una condena de cadena perpetua, destino que podría correr el ex mandatario.


Sobreseimiento definitivo para presos políticos de crisis post electoral

Radio Progreso

Más de 4 años tuvieron que pasar para que 11 presos políticos de la Crisis Post Electoral de 2017, recibieran sobreseimiento definitivo amparado en el Decreto de Amnistía 04-2022.

Las víctimas, todas del municipio de Pimienta, Cortés, fueron acusadas de incendiar una posta policial en el marco de las protestas contra el fraude quedó ilegalmente a Juan Orlando en la presidencia.

Estas personas fueron presentadas a los medios de comunicación como una banda peligrosa de delincuentes, les tomaron fotografías y estando en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo”, fueron víctimas de tortura.

Lourdes Johana, quien fue capturada junto a su compañero de hogar, Melvin Mauricio Gómez, y a su hermano, Miguel Gómez Martínez, dijo en Radio Progreso que reciben la libertad definitiva con alegría y gratitud hacia las personas y organizaciones que han venido luchando por defender la vida y justicia en Honduras.


Con la derogación de la «Ley de Secretos» se debe publicar la información clasificada por el gobierno anterior


Leonardo Aguilar

Fotografías:

El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En julio de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández, emitió la resolución CNDS 069/2014 —conocida como la resolución 69— que autorizó a varias instituciones del Estado a declarar como reservada cierta información, apoyándose en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional —también conocida como la Ley de Secretos—. No obstante, el pasado 1 de marzo, el Congreso Nacional, tras una petición expresa de la presidenta Xiomara Castro, derogó esta ley.

Con esta ley —aprobada el 24 de enero de 2014 en una jornada catalogada como «hemorragia legislativa»— se hizo posible ocultar información sobre el manejo de fondos públicos. Esta fue la última acción de Juan Orlando Hernández (actualmente solicitado en extradición por acusaciones de narcotráfico) como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).

Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien fue convocada por el Congreso para exponer sobre la importancia de la derogación de la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que para que la información sea desclasificada, solo falta que la presidenta Xiomara Castro sancione el decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo.

La comisionada del IAIP agregó que la resolución 69, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad, facultó a 20 instituciones para que reservaran información aduciendo que eran temas de seguridad nacional. Sin embargo, explica que no tienen certeza de sí las 20 instituciones reservaron o no información ni tampoco conocen qué clase de información es la que se clasificó como reservada.

«Tampoco podemos confirmar qué tipo de información fue la que reservaron porque esto nunca fue reportado ante el instituto», sostiene Ardón.

La Ley de Secretos, en su artículo 7, clasificaba la información como «reservada» hasta por un período de 5 años; la información “confidencial” por 10 años; la “secreta” por 15 años y la “ultrasecreta” por 25 años. El mismo artículo facultaba la desclasificación de dicha información solamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el titular del Ejecutivo (en ese momento Juan Orlando Hernández), a petición exclusiva del Fiscal General de la República,Óscar Fernando Chinchilla.

La Ley de Secretos creó un paralelismo normativo frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LTAIP, e institucional frente al IAIP. Debido a presiones, esa ley fue declarada inconstitucional de forma parcial por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de noviembre de 2019.

El 27 de enero de este año, el día de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro mostró su apoyo público hacia el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Además, dijo que allanaría el camino para la eventual llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

No obstante, el gobierno de Castro ha sido cuestionado en los últimos días porque el Congreso Nacional, al que ella respalda, aprobó un decreto de amnistía que, a pesar de que beneficia a defensores del ambiente y luchadores sociales, absuelve de responsabilidad penal a exfuncionarios acusados por corrupción que formaron parte del gabinete de gobierno que presidió su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).

Recomendamos leer: Diputados oficialistas aprueban amnistía que favorece a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya

Aunque la derogación de la Ley de Secretos constituye un avance sustancial, aún existen artículos contenidos en algunas normas que pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información pública, entre estos, el 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, en vigencia desde enero de 2013.

También hacen posible restringir información los artículos del 17 al 21 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, existen algunas disposiciones generales que han sido declaradas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en las que se reserva información.

Otra forma de ocultar información ha sido a través de las compras directas que ha realizado la Secretaría de Defensa, un ejemplo de esto fueron una serie de compras para equipar el Hospital Militar que se hicieron durante la pandemia, gastos con dinero público que no tenían nada que ver con equipo bélico. En 2011, Juan Orlando Hernández autorizó a la Secretaría de Defensa realizar compras directas y además estableció que existía dentro de las Fuerzas Armadas equipo que se consideraba de seguridad nacional, por lo que la adquisición del mismo, así como materiales, partes y repuestos se debían catalogar como «secretas».


También restringe información el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en la que se prohíbe a los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones de esa institución.

La comisionada Ardón dice que le explicaron al Congreso Nacional cuáles deben ser los procedimientos a seguir por las instituciones para reservar la información que en realidad necesita permanecer bajo reserva.

«Se derogó en su totalidad la Ley de Secretos, aparte de eso se establece un artículo, en donde se ordena la desclasificación inmediata de toda la información» Fátima Mena.

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Fátima Mena expone que la Ley de Secretos no solamente ocultaba información a la ciudadanía, sino que además era imposible que la misma institucionalidad pública pudiera acceder a ella, incluyendo al propio Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas, entre otros órganos contralores del Estado.

Además, Fátima Mena confirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió presiones para no derogar esa ley. «Luis Redondo manifestó que hubo presiones para que no se derogara la ley o para que solo le hicieran modificaciones». No obstante, ni Fátima Mena ni Luis Redondo dieron a conocer de dónde provenían estas presiones.

El gobierno pasado, para evitar la Ley de Contratación del Estado, ejecutó varios fideicomisos. Uno de estos fue el de la Tasa de Seguridad: Fátima Mena.

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Como uno de los obstáculos para judicializar casos de corrupción ha sido que el Ministerio Público no puede acceder a información pública clasificada, la vicepresidenta del Congreso sostuvo que durante el gobierno de Xiomara Castro se dejarán claras las funciones que tendrán las instituciones que combatan la corrupción y, por otro lado, las atribuciones que tendrá el IAIP, esto para evitar que nuevamente se oculte información a los fiscales hondureños.

Mena asegura que la semana anterior presentó ante la Junta Directiva del Congreso Nacional un proyecto para realizar una reforma constitucional para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y además para elevar a rango constitucional al IAIP.

«Queremos evitar que en el futuro se puedan generar mecanismos alternos como lo que sucedió con la ley de secretos», Fátima Mena.

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El ejemplo de la anterior Casa Presidencial 


Esta semana, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declararon sin lugar una petición que fue realizada en mayo de 2021 por el excoordinador general de Gobierno, Carlos Madero, quien pidió mantener bajo secreto los gastos de la familia presidencial, en este caso, los gastos personales del núcleo familiar de Juan Orlando Hernández.

El IAIP explica que le pidieron a la Coordinación de Gobierno ser más explícitos sobre qué información pedían declarar en reserva. Ante el silencio, en noviembre pasado el IAIP declaró sin lugar la petición de reservar la información en vista de que la Coordinación de Gobierno no pudo argumentar a qué gastos se referían y nunca aclaró si los gastos que pedían ocultar eran cubiertos con el presupuesto general de la República o si eran gastos cubiertos con fondos privados. Es decir, con el dinero del expresidente Juan Orlando Hernández y de su núcleo familiar o con fondos del Estado de Honduras.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) protege los datos sobre el patrimonio personal, sin embargo, establece que los funcionarios públicos están en la obligación de reportar los gastos que hagan con recursos del Estado.

El Director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León, expone que cuando se aprobó la ley de secretos, esta tenía dentro de sus características la obligatoriedad de que la ley de transparencia y el mismo IAIP debían aprobar lo que se iba a clasificar, pero explica que, al momento de ejecutar esa ley se produjo la arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos que declararon la información como seguridad nacional y la ocultaron.

«Ahora con la derogación se da la oportunidad de conocer cuál es esa información que se ocultó, ¿qué fue lo que se escondió? Es evidente que esta ley lo que buscaba es blindar las posibles acciones de corrupción que se daban en el gobierno, vetándolas hasta [por] 20 y 30 años de secretividad», argumentó León.

«Esta derogatoria es importante, para permitir la investigación de actos de corrupción y para evitar que a futuro pueda ocultarse información que pueda traducirse en mal manejo del Estado», Luis Daniel León.

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«La Policía Nacional argumentaba seguridad nacional para no decir en qué gastaban los combustibles y la alimentación para operativos, porque decían que los delincuentes no podían saber dónde iban a ejecutar el operativo, pero una vez ejecutado el operativo ya no había necesidad de ocultarlo, sin embargo, lo ocultaban. Lo que se hizo fue un uso excesivo para cubrir las malas acciones que se hacían en el gobierno», sostiene León.

León dice que de nada sirve si la derogación de la Ley de Secretos solo queda en opiniones. «Ahora el asunto no solo pasa por conocer lo que pasó, sino por ver la capacidad de investigación, requerimiento fiscal y judicialización».


Hay 32 solicitudes de extradición, según el Poder Judicial


Radio Progreso

La Comisión Especial de diputados, nombrada por el Congreso Nacional para investigar la situación actual de las solicitudes de extradición, se reunió hoy con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y recibieron la información que hay 32 solicitudes de extradición en el Poder Judicial.

“Según el informe que nos entrega el Poder Judicial, hay 32 solicitudes de extradición pendientes, pero es un dato formal porque hay algunas de ellas donde las personas han sido capturadas en otros países o se han entregado al país requirente, y hay una que ya falleció”, detalló la diputada Silvia Ayala.

El diputado Ramón Enrique Barrios, señaló que la Comisión que él preside, está comprometida a entregarle un informe al pleno del Congreso Nacional y al Presidente para que se conozca la verdad en el tema de las extradiciones.

“Hemos iniciado con esta visita al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en un diálogo franco y fraterno. Hemos llegado a la conclusión que no puede haber paz social en Honduras si no hay justicia”, dijo Ramón Barrios

La Comisión Especial nombrada por el Congreso Nacional continuará mañana con sus reuniones, y el turno le toca al Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla.


Tribunal de Sentencia aplica decreto de amnistía a once presos políticos de Pimienta, Cortés

Defensores en Línea



La sala dos del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula aplicó el decreto Legislativo 04-2022 a favor de los once presos políticos del municipio de Pimienta, Cortés.

Ellos son Daniel Eduardo Santos Ordóñez, José Orlando Santos Ordóñez, Edwin Nahúm Amaya Sánchez, Mynor Ariel Reyes Mejía, Roque Jacinto Alvarenga Corea, Wilfredo Cáceres Sagastume, Francisco Miguel Gómez Martínez, Melvin Mauricio Chávez Pérez, Jonathan Ricardo Perla López y Santos Ramón Paredes Quiroz y Lourdes Johana Gómez Núñez, quienes fueron acusados en el 2017 por el Ministerio Público por los delitos de incendio de la posta policial de Pimienta y robo agravado.

Fueron capturados, acusados y encarcelados por el régimen de Juan Orlando Hernández, por protestar por el fraude electoral de 2017.

La mañana de este martes se desarrolló en la sala dos del Tribunal de Sentencia la audiencia de solicitud de aplicación del decreto de amnistía, donde los jueces determinaron otorgar sobreseimiento definitivo a los once imputados por delitos políticos de Pimienta.

Luego de salir de la audiencia donde los jueces les extinguieran la acción penal, Lourdes Gómez dijo sentirse feliz porque se ha hecho justicia, pero a la vez expresó su pesar porque en el país no hay oportunidades de empleo.

“Dan ganas salir huyendo de este país, no hay trabajo”, expresó Lourdes Gómez, quien permaneció seis meses privada de libertad en el centro penal de Tela, Atlántida.

Uno de los apoderados legales de los defensores de la democracia indicó que lo que hizo el tribunal fue reconocer lo que establece el artículo tres de la Constitución de la República donde establece que nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador.

Añadió que con esta decisión el estado está reconociendo y diciéndole a los hondureños que cada gobierno usurpe el poder ustedes pueden protestar, pueden ejercer el derecho a desobedecer autoridad que están cometiendo delitos desde el poder.

Estos once hondureños estuvieron más de cinco años recibiendo persecución  y siendo víctimas de riesgos de todo tipo, y hoy que el tribunal ha dictado sobreseimiento definitivo, los once defensores de la democracia tomaran las decisiones apropiadas para continuar con su vida normal, sin pensar que hay acciones penales en su contra por protestar contra un gobierno usurpador.

El decreto de amnistía ha sido aplicada a José Antonio Torres Meza, quien desde el 2010 se encontraba exiliado en el vecino país de El Salvador; Eduardo Urbina exiliado en Costa Rica desde 2018; la familia Sarmiento exiliados en Nicaragua desde hace siete años, y hoy a estos once luchadores de la democracia del municipio de Pimienta que permanecieron privados de libertad por seis meses.


América Latina y la guerra en Ucrania


Alainet.org

Las guerras en las que las grandes potencias son partícipes directas para establecer sus orientaciones estratégicas y su poder, como la Guerra de Ucrania de hoy, impulsa y obliga a la toma de posición de los países y de las regiones más diversas y alejadas del centro del conflicto y define perspectivas históricas globales y particulares en momentos de incertidumbre y crisis en diversos escenarios de la vida de la estupefacta humanidad. En el caso de los países de América Latina y el Caribe, los gobiernos de los distintos países han asumido posiciones muy diversas.

Se presentan para los países de América Latina y el Caribe dos las opciones. La primera, sumarse plenamente a uno de los polos del conflicto, como partícipes directos o como socios indirectos, con alcances relacionados a la demanda y necesidades de medios materiales, materias primas, alimentos, recursos, equipos, armamento, conocimiento, tecnología e información. La segunda, asumir una posición que priorice las necesidades, estrategias y potenciamiento propios de la región y de sus miembros.

Este dilema se presenta en las regiones periféricas del mundo y en particular en los países de América Latina presionados por el imperialismo estadounidense y europeo.

Toma de posición

En la primera guerra mundial inter imperialista prácticamente todos los países de nuestra región se alinearon con las potencias de occidente frente a las acciones alemanas. En la segunda guerra mundial existieron posiciones diversas entre apoyar al bloque de los Aliados o al de los del Eje o, contrariamente, adoptar una tercera posición o lugar de neutralidad; esta última fue asumida por varios países lo que permitió importantes resultados políticos, económicos, sociales y la posibilidad de impulsar el desarrollo integral con políticas de industrialización y de articulación y vertebración nacional.

En la guerra actual las votaciones realizadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en su Consejo de Seguridad en torno a las posiciones adoptadas por Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, por una parte, y las asumidas por la Federación Rusa con el sutil apoyo de China, por otra, han marcado las tendencias y alineamientos al respecto.

Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Salvador se abstuvieron frente a las propuestas norteamericanas, en tanto que los gobernantes de Argentina y México realizaron declaraciones contradictorias y Colombia, como país cercano a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se alineó totalmente con Estados Unidos y la Unión Europea (UE). En Bolivia los embajadores de la UE intentaron reducir la posición del gobierno y se recordó que esos mismos representantes fueron impulsores del Golpe de Estado de 2019 en el país. 

Cosas de la geopolítica

La mayor parte de los estudios sobre geopolítica, desde sus primeras formulaciones hace más de un siglo hasta la actualidad, coinciden en que el nudo clave del control mundial o al menos el que corresponde a la gigantesca isla tricontinental formada por Asia, África y Europa se encuentra en la región euroasiática desde el Mar Báltico hasta el este de Mar Mediterráneo, cruzando el Mar Negro y países como Bielorrusia, Ucrania, Turquía o Siria e Israel.

La guerra actual desatada en Ucrania como centro de combate y control estratégico entre la Unión Europea (UE) aliada a Estados Unidos frente a la Federación Rusa obedece a la premisa de que quien controla este país tiene predominio en una zona fundamental en aspectos económicos, comerciales, transporte, políticos, militares y de recursos naturales. EEUU y la UE impulsaron desde los años noventa del pasado siglo y con mayor fuerza desde el Golpe de Estado de 2014 contra el presidente Viktor Yanukovich, con la OTAN a la cabeza, el control de Ucrania, amenazando directamente el espacio vital y zona de influencia de Moscú.

Este choque se produce cuando el unipolarismo estadounidense, vigente los últimos treinta años, ha terminado y cuando la multipolaridad se impone velozmente tanto por la fuerza que aún tiene la UE, como por el ascenso vertiginoso de China, que en los últimos veinte años se ha convertido en la primera potencia comercial y económica, el ascenso económico de la India y el músculo militar, de recursos naturales y económico de Rusia. Asimismo, no es desconocido el poder internacional conseguido por Irán, Israel y Corea del Norte, éste último realizando pruebas balísticas de armas potencialmente nucleares.

Bipolaridad, unipolaridad, multipolaridad

Los antecedentes históricos del siglo XX llevan a hacer referencia a las dos Guerras Mundiales (1914-1918 y 1939-1945), la Revolución Rusa (1917) y la Guerra Fría (1947-1989) como procesos que ordenaron y reordenaron las relaciones internacionales contemporáneas. La Guerra Fría implicó, desde 1947, el enfrentamiento multidimensional entre las dos potencias triunfantes: Estados Unidos impulsando el proyecto económico del Plan Marshal supeditando a los países de Europa Occidental y encabezando el pacto militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Soviética con el Consejo de Ayuda Económica (COMECON) controlando a los países de Europa Oriental y el Pacto de Varsovia, el acuerdo militar para enfrentar a la OTAN.

El fin de la Guerra Fría se produjo entre 1989 y 1990 con la catástrofe de la Unión Soviética (URSS) que fue sacudida por aspectos internos, como la burocracia con un poder concentrado, la corrupción en las cúpulas y las reformas capitalistas, y por aspectos externos, como las campañas por los derechos humanos y la vigencia de la democracia liberal.

En ese nuevo contexto Estados Unidos, liderizando la OTAN, destruyó y balcanizó Yugoeslavia en diez países, invadió Irak, Siria, Libia, Palestina (apoyando a Israel), Afganistán y continúa el asedio sobre Irán y Corea del Norte, considerando la posibilidad de que se conviertan en potencias nucleares. Sin embargo, durante las últimas dos décadas Rusia fortaleció su poder atómico y económico y equilibró fuerzas bélicas con Estados Unidos.

Varios países de América Latina y el Caribe aprovecharon las coyunturas de las guerras mundiales inter imperialistas para impulsar procesos nacionalistas y populares y su desarrollo industrial sobre la base de la neutralidad y la “tercera posición”. En los primeros años del siglo XXI nuestra región consiguió, en la multipolaridad internacional, la mejor performance al tener un peso propio a nivel mundial con los procesos de integración emancipadora con UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC. Ahora el desafío de la integración liberadora de la Patria Grande está presente.

COPINH denuncia que se busca beneficiar a David Castillo con la amnistía política

Radio Progreso

La Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Berta Zúniga, denunció en Radio Progreso que los abogados defensores de David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, han realizado maniobras ante el Poder Judicial con el fin de que se le aplique la Amnistía Política.

“Hemos levantado una alerta y una denuncia porque nos hemos enterado de las maniobras de parte del señor Roberto David Castillo Mejía, condenado por coautor del asesinato de mi madre”, dijo Zúniga.

Contó que el pasado 08 de marzo, se apersonaron sus abogados, Ritza Antúnez y Juan Sánchez Cantillano, para pedir que se aplique el decreto de amnistía lo que se convierte en asunto peligroso porque dicho decreto lo que busca es beneficiar a las víctimas del golpe de estado.

La coordinadora del COPINH dijo que es preocupante y alarmante que grupos criminales sigan operando y queriendo amparase bajo el brazo de la impunidad.

“Esto demuestra el cinismo y la impunidad que sigue rigiendo en el mismo sistema de justicia que ha permitido que estos funcionarios actúen de esta manera”, aseguró Berta Zúniga.


La Guerra de los 100 Días

 


Defensores en Línea

El gobierno inaugurado en Honduras el 27 de enero de 2022 es muy particular. No es una sucesión normal de administradores del Estado. No es el traspaso de papeles entre cachurecos y liberales.

En realidad estamos viviendo el reinicio de la historia de Honduras después de un bache profundo de 12 años de delincuencia organizada. De drogas, de armas y de muerte. De robos y de falso cristianismo.

Por eso sería un poco ridículo juzgar el tiempo de Xiomara Castro con esa misma medida de tiempo de 100 días que nació en Estados Unidos durante la gran depresión de 1929.

Fue precisamente el presidente Franklin Roosevelt quien impuso el plan de 100 días que incluía leyes, programas y estrategias para superar la precaria situación económica de ese país.

El éxito de aquel plan dependía de las relaciones entre poderes, de la capacidad de comunicar al público y de inyectar optimismo a los diferentes actores de la sociedad.

En Honduras es otro el contexto. Este es un país en tinieblas, asolado por liberales, nacionalistas, chafas, policías y religiosos, coludidos para enmierdar el nombre del país. ¡Se lo llevaron a sus bolsas los canallas!

La expulsión simbólica por la vía electoral de semejantes delincuentes enriquecidos sobre la miseria del pueblo ha sido apenas el principio de un sacrificado camino que tomará tiempo. Más de 100 días.

El país está sin finanzas, sin instituciones creíbles, con el ex jefe mafioso y su ex director de policía enchachados a la espera de su extradición a una corte federal estadounidense. Hay militares, religiosos, empresarios y ex funcionarios huyendo de sus propios crímenes. Esos faltan. Hay que atraparlos.

El país sufre demasiado. La indigencia de millares de personas es algo que no tiene comparación con ninguna época de la historia. La emigración ha sido forzada, dolorosa y masiva. Apenas se ha detenido un poco.

Entonces, no seamos ridículos esperando 100 días para evaluar si Xiomara fue capaz de impulsar la CICIH, la abolición de la ley de empleo por libras, el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte y el juzgamiento de los Atala como autores del crimen de Berta Cáceres. En verdad, todo eso urge y deberíamos aprovechar la energía popular ahora. La felicidad es posible.

Pero el pueblo en general tiene un problema serio de ingresos económicos, eso es evidente, se expresa en la precariedad alimentaria, en el abandono escolar de miles de niñas, niños y jóvenes a nivel nacional, y se expresa en el desmejoramiento de las viviendas y en la calidad de vida en general.

Esta es una precariedad que muerde aún más duro en medio de la pandemia de la Covid que sobrepasa los dos años de continuidad y de la nueva pandemia bélico-económica impulsada por el capitalismo gringo y europeo, que trae nuevas incertidumbres. Es una precariedad que podría apartarnos de los desafíos democráticos.

Uno de esos desafíos es continuar la reconciliación de la sociedad nacional sobre las bases del perdón con justicia y sin odios, como esos que expresan académicos lánguidos y antiguos forenses macabros convertidos en constitucionalistas anti amnistía.

¡Qué gran desafío superar los estereotipos, los prejuicios y las miserias humanas de gente corrupta que no sabe de persecuciones ni de limitaciones porque gozan de privilegios de género, de estatus social y de vínculos políticos con las mafias partidarias!

Esa gente es precisamente la que está ejerciendo presión para juzgar los primeros 100 días de Xiomara con parámetros tradicionales, sin considerar la herida mortal de aquella ruptura de 2009 y sus consecuencias hasta nuestros días.

Hay corrientes malignas tratando de hacer que la Presidenta malgaste el respaldo popular y la fuerza espiritual del pueblo con nombramientos infelices y con acciones no estratégicas como seguir pagando deuda externa a los buitres.

Las mismas estructuras de terror instaladas por el cartel Hernández siguen vigentes, forman parte de una conspiración subterránea que trata de imponer otra vez el miedo y la mediocridad para detener los cambios.

El país vive una guerra con bajas civiles superiores a las de esa guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania. Del 1 de enero al 12 de marzo, 662 personas han sido víctimas de homicidios violentos en Honduras, incluyendo víctimas de 14 masacres y tres motines en cárceles de máxima seguridad controladas por las fuerzas armadas de la dictadura Hernández.

En Ucrania, para ser leales con la verdad, las víctimas civiles no sobrepasan las 500 personas según la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo esa guerra en Europa, que ha disparado los precios de los alimentos, los abonos, los combustibles fósiles y encarecido el valor de las monedas, en cobertura está por encima de la guerra local que amenaza la estabilidad del nuevo gobierno avanzando a sobrepasar las 1000 víctimas a finales de marzo.

Desde estas líneas nocturnas hacemos, en consecuencia, un llamado al ministro de seguridad, Ramón Sabillón, para que impulse con mayor celeridad la limpieza de los cuadros policiales comprometidos con el cartel de los Hernández, y que detenga la maquinaria paralela de criminales operando a nivel nacional.

La producción y el transporte de drogas y armas no deben continuar como dinámica de negocios en Honduras, porque representan discordias, odios y avaricias, que enlutan las familias y afianzan sólo las finanzas de Wall Street y de las instituciones internacionales que promueven esos negocios de muerte.

Señor Sabillón, usted tiene el respaldo político para desmantelar la estructura que extorsiona, la mafia que dirige el sicariato y las instituciones que esconden los sicarios. No vacile en nombrarlos, si otra vez le impiden detenerlos.

En cuanto a los tomadores de decisión, hagamos bien las cosas por favor. No caigan en la tentación de darle poder a especímenes racistas, fascistas, acosadores, delincuentes que podrían desperdiciar bien pronto la sacralidad del voto popular.