viernes, 28 de mayo de 2021

Declaración de FEDEFAM en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido


Defensores en Línea

Las asociaciones de familiares de detenidxs desaparecidxs seguimos con la herida abierta; nuestros seres queridxs no han vuelto a casa, en algunos países hemos logrado juicio y castigo constitucionales contra algunos de los innumerables represores, el crimen aberrante se sigue cometiendo en amplios territorios de Nuestra América y el mundo.

Además, la pandemia que desde el año 2020 azota al planeta dio pretextos a fuerzas de seguridad de algunos países para perpetrar desapariciones forzadas con el pretexto de prevenir los contagios.

Es pertinente hacernos preguntas:

¿Hay víctimas de desaparición forzada “de antes” y otras “de ahora”?

Cada minuto en que nuestros seres queridxs no aparecen, el crimen se sigue cometiendo. La desaparición forzada es un gravísimo delito de ejecución continua, que perdura en el tiempo, que no prescribe. Las víctimas de hace tiempo y las actuales víctimas son iguales, y lxs responsables de esos crímenes siguen siendo tan responsables hoy como hace muchos años.

¿Es eficaz dedicar a las víctimas de desaparición forzada una semana anual?

La Semana se creó en 1981 en Caracas, cuando nació FEDEFAM, para denunciar los numerosos casos de desapariciones forzadas, y muy pronto otras naciones la adoptaron, en el desesperado esfuerzo por evitar más crímenes, por recuperar con vida a lxs ausentes, por abrir los duros oídos de muchos gobiernos. Cada año, la Semana nos impulsa a hacer Memoria de cientos de miles de víctimas, a buscar la Verdad sobre sus destinos -recobrarlos con vida o recuperar sus restos y enterrarlos dignamente-, y a exigir la Justicia sobre sus desaparecedores.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido forma parte del sentido de nuestra vida de familiares.

¿Tenemos una convención internacional que protege a todas las personas contra la desaparición forzada?

FEDEFAM luchó durante muchos años, con otras asociaciones, federaciones y personas, hasta conseguir la sanción en 2006 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. El Tratado estableció en 2010 un Comité contra la Desaparición Forzada; formado por 10 expertos de distintas naciones, ofrece recursos para inmediatas denuncias, e informes y visitas a países.

¿Es útil la Convención?

Un tratado internacional es el resultado de un avance en la conciencia de la humanidad. Sin embargo, hay Estados que no cumplen con sus preceptos. La Convención debe ser firmada y ratificada.  A 10 años de creado el Comité, hay sólo 63 Estados parte que lo ratificaron y 98 que lo firmaron. Pero en nuestro planeta hay 194 países …

Todo tratado es útil si se aceptan y utilizan sus beneficios. La de 2006 es nuestra Convención. Los Estados deben obedecerla, los tribunales deben tenerla en cuenta en los fundamentos de sus sentencias, y lxs familiares debemos difundirla y exigir su cumplimiento.

¿Hay nuevos objetivos de FEDEFAM?

Son los de siempre: evitar nuevas desapariciones forzadas, conseguir juicio y castigo para lxs desaparecedores, levantar la memoria de lxs detenidos desaparecidos. Y a partir de 2006: impulsar a los Estados no firmantes y no ratificantes a que se vuelvan Estados parte y cumplan los principios de la Convención.

Las asociaciones que conforman FEDEFAM y otros grupos y organizaciones seguimos avanzando hacia esos objetivos. Estamos juntas y juntos. El dolor no nos abate: nos impulsa a seguir, sin ánimo de venganza y con firme determinación. Formamos en Nuestra América una suerte de muralla cimentada en la Memoria, orientada hacia la Justicia y la Verdad. En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido podemos cantar a viva voz:

Alcemos esta muralla

juntando todas las manos;

los negros, sus manos negras

los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya

desde la playa hasta el monte

desde el monte hasta la playa,

allá sobre el horizonte.

(Fragmento de “La Muralla”, de Quilapayún)


Semana Internacional del Detenido Desaparecido


Defensores en Línea

A partir de este lunes se inicia a nivel internacional la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, donde los familiares seguimos demandado del estado verdad y justicia.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido fue instituida en América Latina por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) desde hace más de tres décadas.

Recordemos que el delito de desaparición tiene carácter permanente y continuado, es decir, mientras no sea localizada la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo.


Los médicos vigilarán el proceso de vacunación en el Seguro Nacional


Radio Progreso HN - La voz que está con vos

Hoy inicia la vacunación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social contra la Covid-19 para sus derechohabientes en varias ciudades del país y de manera simultánea.

El Presidente de la Asociación de Médicos del Seguro en San Pedro Sula, doctor Carlos Umaña, señaló que como médicos vigilarán el proceso de vacunación para evitar que se cometa corrupción en el proceso.

Umaña explicó además que en la primera fase se vacunarán 204,000 personas de los 700 mil derechohabientes.

Los grupos priorizados son mayores de 60 años que continúan trabajando, jubilados y pensionados del IHSS y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, Injupemp.

Además, los jubilados del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Inpreunah, personas de 18 a 59 años con enfermedades base y grupos esenciales como banca, policía, cuerpos de socorro, supermercados, droguerías, farmacias y gasolineras.

La vacunación inicia en Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y Catacamas.


Artificios “inteligentes” y la falta de inclusión en América Latina


Derechos Digitales

Por Jamila Venturini, J. Carlos Lara y Patricio Velasco 

El análisis del uso de tecnologías presentadas como inteligencia artificial por órganos estatales latinoamericanos revela la falta de planificación, participación pública significativa y de modos de evaluación. Su implementación puede tener amplias consecuencias en la región.

Derechos Digitales presentó públicamente la iniciativa Inteligencia Artificial e Inclusión en América Latina. El proyecto incluye estudios desarrollados por especialistas en cuatro países de la región sobre la implementación de sistemas tecnológicos con aspectos de automatización a partir del sector público.

Hasta el momento, las características de este tipo de despliegue tecnológico en la región han sido escasamente documentadas. Sin embargo, más rápido que cualquier análisis, la implementación de tecnologías digitales sigue avanzando silenciosamente, con pocos espacios de debate y participación ciudadana. Así lo evidencian los casos analizados en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

Es preocupante observar cómo antes de enfrentar los desafíos relacionados a la digitalización y al establecimiento de procedimientos adecuados de gobernanza de datos, los gobiernos se empeén en automatizar procesos por medio de sistemas tecnológicos que agregan nuevas capas de complejidad y opacidad. Aún más cuando pueden afectar derechos fundamentales como a la asistencia social, el empleo, la justicia o la salud; o culminar en intervenciones discriminatorias en la vida de las personas por parte del Estado.

Un nuevo fetiche

A partir de los casos analizados, una de las primeras cuestiones que llama la atención es la adopción de tecnologías que, antes de su despliegue, carecían de cualquier evidencia sobre su necesidad o utilidad. Es decir, se desarrollan e implementan “soluciones” a problemas insuficientemente descritos, pues en general no existe un diagnóstico previo que las justifique.

Esta falta de diagnóstico resulta crítica en tres aspectos: 1) a qué finalidad sirve la solución tecnológica específica (incluido el análisis de su adecuación al problema),  2) la preparación en el aparato administrativo para su implementación y 3) la capacidad de la ciudadanía de comprender los efectos de la solución tecnológica. Como consecuencia, la implementación de sistemas tecnológicos complejos resulta por sí sola problemática frente a un contexto insuficientemente preparado para su despliegue e impotente frente a su funcionamiento.

En los cuatro países analizados, la manera en que implementadas las distintas iniciativas revela una importante discrecionalidad y ausencia de planificación sobre el uso de tecnologías a nivel gubernamental. Por cierto, esta condición refleja una tendencia a nivel regional más allá de los cuatro países inicialmente considerados en nuestra investigación.

La característica común parece ser una aproximación de “solucionismo tecnológico”: la expectativa de que la tecnología digital sea solución a complejos problemas políticos y sociales. En este sentido, la enorme promoción a nivel global de tecnologías de inteligencia artificial las convierte en objeto de deseo para servidores públicos dispuestos a poner en riesgo a la ciudadanía para satisfacer la imagen de un Estado fuerte y moderno, independientemente de sus reales capacidades “inteligentes”.

Los cimientos del sistema

Si bien la innovación a nivel estatal es bienvenida y puede ser útil para lidiar con problemas de la gestión pública, es inaceptable que iniciativas que puedan implicar el acceso y procesamiento de inmensas cantidades de datos personales no pasen por discusiones previas y sin contar con un marco de legalidad adecuado. Pese a la ausencia de una discusión específica sobre la implementación de sistemas automatizados, los marcos normativos para lidiar con la protección de datos en los países analizados son todavía muy desiguales.

Como es sabido, el marco de protección de datos personales es demasiado limitado para regular sistemas de inteligencia artificial, pues apunta apenas a una arista de los mismos: la recolección y tratamiento de la información sobre personas naturales. No obstante, es ese ámbito del derecho donde, por su conexión con nuevas e intensas formas de procesamiento, se observan avances normativos, como garantías específicas para favorecer la “explicabilidad” de decisiones automatizadas o para integrar la revisión humana de esas decisiones. El intento brasileño de incorporar ambos aspectos en su normativa, detenido por veto presidencial, revela una importante falta de voluntad política por poner los intereses de la ciudadanía por encima de los imperativos de las industrias de tecnología, lo que seguramente no es exclusivo de un país.

Al mismo tiempo, la existencia de normas de protección de datos en los cuatro países analizados no han asegurado que los principios y reglas de la temática estuvieran en el centro de la atención estatal. Por el contrario, una característica común es la variación en la base legal para el tratamiento de datos, con el consentimiento como un factor a veces relevante, pero a menudo con bases de datos distintas y autorizaciones legales difusas para la inclusión de información desde diversas fuentes. Es decir, el aparato público extiende su función a partir de su legitimidad legal, sin tomar los debidos resguardos en obtener el consentimiento de las personas que se convierten en objeto de intervención estatal.

Esta es la clase de razones que explicitan la demanda no solo de una normativa para la fiscalización de los datos personales, sino de una autoridad pública de control, dedicada, especializada y con atribuciones para intervenir en la acción de otras agencias estatales si fuera necesario.

Pero como hemos dicho, la regulación de datos personales es apenas una arista. Parte importante de la acción estatal pasa por el estímulo a la inteligencia artificial, entendida como una vía de desarrollo industrial nacional. No obstante, esto tampoco es suficiente sin una visión completa sobre los distintos aspectos que confluyen en esta problemática. Si, por un lado, algunos gobiernos tratan de propagar sus principios o estrategias generales de inteligencia artificial, por otro, hay muy poca especificidad en cómo esos documentos guiarán la implementación de tecnologías desde el sector público. Por ejemplo, cuál será la importancia que darán a los derechos fundamentales y la transparencia.

Opacidad sin límites

Quizás uno de los problemas más relevantes que observamos cuando se trata de la adquisición estatal de tecnologías es la ausencia o insuficiencia de mecanismos para la integración directa de los intereses de la ciudadanía. En otras palabras: la falta de análisis conjunto con actores relevantes del sistema de forma previa a cada despliegue, la ausencia de mecanismos de control compartidos por intereses multisectoriales y la carencia de mecanismos de evaluación posterior.

Las falencias son múltiples: a la opacidad tradicionalmente asociada a sistemas de decisión automatizada, se suma la exclusión de la participación pública en el despliegue de los sistemas y la ausencia de mecanismos abiertos y transparentes de evaluación en la consecución de sus fines.

Los problemas que derivan de esa opacidad potenciada son también numerosos y conllevan, incluso, la insuficiencia de perspectivas diversas sobre los posibles impactos. La decisión pública sustentada únicamente en máquinas resulta una forma extrema de tecnocracia, que puede erosionar la legitimidad del aparato estatal y pone en discusión la real vinculación con los problemas que en teoría están destinados a abordar.

Hacia una agenda de gobernanza desde los gobernados

A partir de la recolección de datos empíricos sobre la implementación de sistemas automatizados o semi-automatizados es posible buscar factores comunes que faciliten, con base en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una inminente discusión sobre el desarrollo de estándares regionales para su uso. Estos deberán orientar la producción de marcos normativos que hagan de la implementación de tecnologías, desde lo público, una expresión de las aspiraciones de la ciudadanía sobre el Estado, y no de las aspiraciones de una modernidad vacía.

Pero este es apenas un paso inicial y el desarrollo normativo está lejos de responder a los inmensos desafíos que se presentan. Derechos Digitales seguirá trabajando para generar evidencia y explorando nuevos espacios de diálogo sobre el desarrollo futuro de la tecnología en América Latina.

Revisa Inteligencia Artificial e inclusión aquí.


El imperialismo en tiempos de desorden mundial


La Izquierda Diario

Por Esteban Mercatante 

Ilustración: Luis Rodríguez

El libro El imperialismo en tiempos de desorden mundial, publicado por Ediciones IPS, compila una serie de artículos que fueron publicados en Ideas de Izquierda desde el año 2013 hasta la actualidad.

En ellos fuimos analizando, desde distintos ángulos, la configuración de las relaciones de poder en el sistema mundial capitalista y las principales transformaciones que estas atravesaron durante las últimas décadas. Lo hemos hecho en muchas ocasiones a través del comentario crítico de algunos de los trabajos más relevantes que se han publicado durante estos años sobre la cuestión. A los artículos elaborados por quien esto escribe, se suman en la compilación distintas entrevistas que hemos realizado a quienes publicaron algunos de los trabajos más relevantes para entender las relaciones que imperan en el sistema mundial capitalista actual, así como intercambios polémicos que suscitaron algunos de los artículos. El hilo conductor en el recorrido por los distintos temas abordados está dado por una serie de coordenadas teóricas que vamos a discutir en esta presentación.

Imperialismo: la trayectoria de un concepto

Dos años después de estallada la I Guerra Mundial, en 1916, Vladimir I. Lenin publicó el célebre El imperialismo: fase superior del capitalismo, que como su título indica considera que ingresamos en una nueva época histórica. El texto de Lenin, que se convirtió desde entonces en el más clásico entre los trabajos “clásicos” sobre el tema, partía de una elaboración crítica de lo planteado por un autor marxista, (Rudolf Hilferding), y otro liberal, (John A. Hobson). Estos eran, a su vez, algunos de los aportes más relevantes en un debate que el movimiento marxista internacional (para ese entonces casi exclusivamente europeo) había empezado a tener tímidamente a finales del siglo XIX, de la mano del fortalecimiento de las presiones chovinistas y el desarrollo de una carrera armamentística entre las potencias de la época [1].

La emergencia del imperialismo, cuya contracara era una presión redoblada para cooptar a los sectores más elevados de la aristocracia obrera en los países capitalistas desarrollados, ya en la primera década del siglo XX había empezado a dividir aguas en la socialdemocracia europea. El punto de quiebre definitivo fue en agosto de 1914, cuando todos los diputados del Partido Socialdemócrata alemán, que hasta 1914 había sido la principal referencia para los marxistas de todo el mundo, votaron a favor de los créditos que permitirán al gobierno del Káiser iniciar la I Guerra Mundial.

Los marxistas de comienzos del siglo XX (entre los que además de los autores mencionados debemos destacar a Rosa Luxemburg con La acumulación de capital y a Nikolai Bujarin con La economía mundial y el imperialismo) definían al imperialismo como una nueva fase o etapa en el desarrollo del capitalismo, es decir, que capitalismo e imperialismo resultaban conceptos íntimamente entrelazados. Hilferding, y Lenin partiendo de su elaboración, destacaban la transformación ocurrida en la empresa capitalista como resultado de la concentración y centralización del capital (las dos tendencias fundamentales señaladas por Marx): estábamos ante el surgimiento del capital financiero como resultado del salto cualitativo que registraba la gran industria, y del dominio que los grandes bancos adquirían sobre los directorios de las firmas [2]. El dominio de los bancos estimulaba, en opinión de Hilferding, la aceleración de dos fenómenos que identificaba como característicos del capitalismo en esta época. La primera era la “cartelización”, término que refiere a la asociación de empresas para proteger sus intereses comunes y limitar el enfrentamiento entre ellas, que se había convertido en moneda corriente en los principales sectores de la gran industria. El segundo fenómeno, registrado sobre todo en Alemania y EE. UU. desde finales del siglo XIX, era una aceleración de fusiones y adquisiciones que había dado lugar en numerosas industrias al surgimiento de grandes trusts, es decir, nuevas empresas de escala gigantesca que surgían de la integración de las preexistentes.

Junto con esto, lo característico de este nuevo período histórico estaba para Lenin en la agudización de la competencia por el dominio del territorio mundial entre los grandes conglomerados capitalistas de los pocos países que registraban un elevado desarrollo capitalista, con intervención creciente de los Estados y tendencias guerreristas, que se manifestaba en una carrera armamentística cada vez más acelerada y un crescendo de conflictos bélicos que desembocó en la I Guerra Mundial. El mundo, que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX había presenciado una nueva ola de febril avance de las potencias europeas (y de EE. UU.) para asegurarse la primacía en todos los continentes, ya estaba “repartido”. La carnicería imperialista apuntaba a definir un nuevo reparto del planeta.

La I Guerra Mundial, como había adelantado –y apostado– Lenin que ocurriría, desembocó en levantamientos revolucionarios en toda Europa, empezando por el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, pero llegando a conmover también a Alemania. La conflagración concluyó dejando irresueltos los motivos que la impulsaron, aunque selló el avance de EE. UU. en detrimento de Europa. Será León Trotsky quien desde comienzos de la década de 1920 discutirá esta relocalización del centro de gravedad del sistema capitalista mundial, y sus consecuencias para Europa. Si bien Trotsky no elaboró un trabajo dedicado especialmente a la cuestión del imperialismo, la abordó sistemáticamente durante dos décadas, lo que quedó plasmado en numerosos libros y artículos. Sus informes en los primeros congresos de la Internacional Comunista desarrollaron un método de abordaje integral de las relaciones entre las tendencias de la economía, la lucha de clases en cada país y las relaciones interestatales. Este método siguió informando la mirada de Trotsky hasta su asesinato, y le permitió entrever tempranamente las tendencias hacia una nueva matanza imperialista –y hacia nuevos alzamientos revolucionarios como resultado de la misma–.

La categoría de imperialismo tuvo sus idas y vueltas en las corrientes marxistas después de la II Guerra Mundial. Tras el triunfo de los aliados contra el eje, EE. UU. lideró la reconstrucción en el espacio mundial dominado por el capital –frente al cual se alzaba un espacio fuera del dominio capitalista gracias a que la URSS emergió también como victoriosa de la guerra y avanzó sobre Europa del Este, a lo cual se sumó en 1949 la revolución en China–. La integración militar de las potencias capitalistas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encolumnadas detrás del imperialismo estadounidense contra la URSS, y la creciente interpenetración de capitales de esos países que tuvo lugar durante los años del boom de posguerra (un período de elevado crecimiento económico que se prolongó hasta fines de los años 1960) hicieron surgir los primeros debates sobre en qué medida las coordenadas de las teorías del imperialismo –en las que la disputa interimperialista juega un lugar central– se ajustaban a la nueva realidad en la que el espacio capitalista aparecía dominado por una sola gran potencia.

Paralelamente, durante esos años de posguerra, y en América Latina especialmente después de la Revolución cubana, el debate del imperialismo desde la mirada de los países oprimidos tuvo un vigoroso desarrollo, plasmado sobre todo en la corriente marxista de la dependencia, un conjunto heterogéneo de autores y enfoques, pero que coincidía en el diagnóstico de que los países coloniales y semicoloniales tenían bloqueado cualquier desarrollo significativo, y la condición para superar este bloqueo pasaba por romper con las relaciones de producción capitalista [3].

Para buena parte de la producción teórica realizada desde enfoques marxistas, la teoría del imperialismo fue cayendo en el olvido en tiempos adversos para las clases subalternas, después de la derrota/desvío de los procesos revolucionarios de los años 1960/1970, con la “restauración burguesa” [4] y el auge de la globalización. Fred Halliday se quejaba de que el debate de la globalización, tópico trajinado hasta la obsesión por las ciencias sociales en las últimas décadas, se caracterizó por “la ausencia, o supresión, en los marcos de la discusión ortodoxa, de dos términos analíticos centrales para el análisis de este proceso”, capitalismo e imperialismo [5]. El economista marxista indio Pratap Patnaik retrataba este cambio de clima en un artículo del año 1990:

Yo abandoné Cambridge, Inglaterra, donde enseñaba economía, en 1974, y retorné a Occidente, en esta oportunidad a los Estados Unidos, luego de un período de 15 años. Cuando me fui, el imperialismo ocupaba tal vez el lugar más prominente en cualquier discusión marxista, y en ningún lugar se escribía y discutía más sobre la cuestión que en Estados Unidos, hasta tal punto que muchos marxistas europeos acusaban al marxismo norteamericano de estar empañado de tercermundismo […] Obviamente, ese no es el caso hoy. Los marxistas más jóvenes parecen perplejos cuando el término es mencionado [6].

Curiosamente, el clímax de ese momento se alcanzó con un libro cuyo título sugería lo contrario: Imperio, publicado en 2000 por Michael Hardt y Tony Negri, llevaba al extremo la idea de desterritorialización de los esquemas de poder global. Hardt y Negri construyen la teoría de un imperio sin centro. “EUA no constituye –y, en realidad, ningún Estado-nación puede hoy hacerlo– el centro de un proyecto imperialista”, decían [7]. Las tesis de este libro extrapolaban unilateralmente algunos rasgos que habían caracterizado el accionar imperialista durante la primera década desde el colapso de la URSS. Eran tiempos de globalización en auge e impulso por parte de EE. UU. de las intervenciones multilaterales. Pero con la llegada de George W. Bush al gobierno, de la mano de un gabinete poblado de figuras neoconservadoras, EE. UU. haría ver claramente sus intenciones de continuar siendo el “centro de un proyecto imperialista”. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 realizados por Al Qaeda fueron aprovechados para desplegar una agenda de intervenciones unilaterales que ya estaba previamente diseñada, iniciada en Afganistán y continuada en Irak.

Después de esta nueva avanzada militarista unilateral de EE. UU. (que marcó un giro respecto de lo que fueron los años ‘90, durante los cuales casi todas sus incursiones militares se dieron bajo el paraguas del respaldo de la “comunidad internacional”, haciendo votar resoluciones de las Naciones Unidas que las avalaran), volvió al primer plano el debate sobre el imperialismo. De estos años son los trabajos de David Harvey El nuevo imperialismo y de Ellen Meiksins Wood El imperio del capital, entre otros. Pero este retorno no significa que hubiera mucho consenso sobre la pertinencia de la categoría para caracterizar las relaciones interestatales. Los altos grados de coordinación logrados por EE. UU. para responder desde 2007, y sobre todo desde 2008 con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, a la crisis iniciada entonces, que dio lugar a la peor recesión desde 1930 (hasta que apareció el covid y produjo un hundimiento aún mayor), dieron nuevos bríos a quienes afirmaban que la coordinación entre las potencias, y no su rivalidad, es lo que da la tónica a las relaciones interestatales en el momento actual del capitalismo.

Pero no es este el único aspecto que favoreció que la relevancia de la categoría para caracterizar el orden capitalista mundial fuera puesta en tela de juicio. En igual o mayor medida contribuyó el desplazamiento que venimos observando del centro de gravedad de la acumulación de capital hacia Asia, y hacia China en particular. Si este fue un producto de las políticas de apertura y globalización empujadas por EE. UU., junto al resto de las potencias europeas y Japón, a través de organizaciones multilaterales donde tienen un peso dominante, y el resultado fue una degradación, al menos relativa, del peso de estas potencias en términos de poderío económico, ¿en qué medida podemos caracterizar estos lineamientos como imperialistas? Para muchos autores, incluyendo a David Harvey, el ascenso de este “bloque de poder en la economía global” que conforman China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y otros países, no puede explicarse bien desde las categorías de la teoría del imperialismo.

Estos son algunos de los fundamentos por los cuales buena parte de lo que podríamos definir como el pensamiento social crítico pone en duda la relevancia de la categoría de imperialismo en la actualidad.

¿Globalización, imperio, o (nuevo) imperialismo?

Dentro de lo que podríamos llamar, siguiendo a Razmig Keucheyan, el hemisferio izquierda del arco ideológico [8], encontramos hoy tres posicionamientos ante esta cuestión. En primer lugar, quienes sostienen que la globalización constituye un punto de quiebre cualitativo y que, en concordancia con este salto en la integración de los procesos económicos, el poder también se trasnacionalizó. En esta corriente podemos ubicar el vaporoso imperio de Hardt y Negri, y también a toda una serie de teóricos que hacen eje en el avance de los procesos hacia la conformación de una clase capitalista y un Estado trasnacionales, como William I. Robinson, William K. Carroll o Ernesto Screpanti. Con salvedades, Rolando Astarita también se ubica en este espectro de quienes enfatizan el cambio epocal de la globalización en un sentido emparentado con estos autores, aunque sin necesariamente suscribir a todas sus conclusiones.

En segundo lugar, podemos ubicar a quienes reconocen la presencia de centros de poder geográficamente distinguibles, que actúan para imponer un determinado orden, en el sentido de que no es todo reducible al mandato del capital, pero que, al mismo tiempo, enfatizan que los Estados juegan este rol en beneficio del capital social global, sin que ninguna competencia entre ellos (ni que hablar rivalidades estratégicas) juegue un rol significativo. Con variaciones, estos hacen suyo el término imperio, pero con él refieren a una política de poder territorial bien definida, en las antípodas de lo que apuntan Hardt y Negri. En esta línea podemos ubicar en primer lugar a Leo Panitch y Sam Gindin, quienes afirman en La construcción del capitalismo global. La economía política del imperio estadounidense que, desde la posguerra, EE. UU. domina el planeta integrando de forma subordinada a las demás potencias (y al resto de los países) bajo su imperio informal. También Ellen Meiksins Wood y Perry Anderson (como podemos leer en sus textos “Imperium” y “Concilium”) sostienen con matices posturas afines a esta noción de que EE. UU. está constituido como un “imperio” que, al menos hasta tiempos recientes, no afrontó desafíos considerables a su poderío.

Finalmente, en una tercera mirada, distintos autores sostienen la necesidad de caracterizar las relaciones que dominan el sistema mundial capitalista como imperialistas, algunos de ellos proponiendo alguna forma de “nuevo imperialismo”. Una de las intervenciones más clásicas con este término corresponde a David Harvey que, en 2003, cuando tuvo lugar la guerra de Irak, escribió un libro titulado nada menos que El nuevo imperialismo. Desde entonces, sin embargo, Harvey destacó en varias oportunidades su insatisfacción con la “rigidez” de las categorías de la teoría del imperialismo, afirmando que “no funcionan demasiado bien en estos tiempos” [9]. Por eso nos parece que sería engañoso incluir a Harvey en este tercer enfoque o, al menos, hacerlo de forma no problemática. Otros autores que sí podemos incluir dentro de esta corriente heterogénea son Peter Gowan, Claude Serfati y Alex Callinicos. Claudio Katz viene tomando posicionamientos afines a los postulados de algunos autores de este espectro. También podríamos contar a John Smith, autor de Imperialismo en el siglo XXI, dentro de este conjunto. Pero hay que decir que en la mayoría de los casos la elaboración de estos autores adopta la categoría y su vigencia en solo una de las dos dimensiones de las que esta busca dar cuenta en las elaboraciones “clásicas”. Por ejemplo, Callinicos se enfoca exclusivamente en la cuestión de las rivalidades interimperialistas, sin otorgar mayor relevancia a la expoliación de los países imperialistas sobre el resto del mundo, que no es negada de plano pero sí relativizada en extremo. El autor engloba dentro de una corriente “tercermundista” –que en su opinión es errónea– a todo el conjunto de teóricos marxistas de la dependencia que, desde los años 1970 hasta la actualidad, desarrollaron una concepción en la que “el imperialismo es la dominación económica y política sistemática del Sur Global por los países ricos del Norte, una condición que incubó lo que [André Gunder] Frank llamó el ‘desarrollo del subdesarrollo’”, lo que “impedía cualquier progreso económico en los países de la ‘periferia’” [10]. Para Callinicos, “basta pronunciar la palabra ‘China’ para indicar lo que está mal con este entendimiento ‘tercermundista’ del imperialismo –aunque 20 años atrás, ‘Corea del Sur’ también habría bastado–” [11]. En ningún momento se adentra Callinicos en una mayor distinción entre corrientes y autores para delimitar aquellos enfoques de la “relación Norte-Sur” que puedan resultar más esquemáticos y parciales, de la importancia de considerar las problemáticas teóricas de las que buscaban dar cuenta, más allá de sus aciertos y errores. Por eso, el análisis de cómo varios de los mecanismos identificados por algunas teorías marxistas de la dependencia actuaron y continúan haciéndolo hoy, queda relegado a un segundo plano, en el mejor de los casos.

La posición de Callinicos es la respuesta a la tendencia opuesta, que efectivamente caracterizó a algunos exponentes de la teoría de la dependencia, a identificar imperialismo simplemente con opresión del Sur Global, sin introducir en el análisis las rivalidades interimperialistas y desligando la cuestión de la liberación de los pueblos oprimidos y la lucha del proletariado en los países imperialistas, cuestiones que verdaderamente el imperialismo separa pero que la lucha revolucionaria contra el capitalismo y el imperialismo debe unir, si aspira a triunfar. Esta separación la podemos encontrar en numerosos autores, desde Arghiri Emmanuel y su clásico El intercambio desigual, hasta la actualidad [12]. John Smith, uno de marxistas pioneros en analizar desde una perspectiva marxista las consecuencias de la formación durante las últimas décadas de las Cadenas Globales de Valor a través de las cuales el capital trasnacional reorganizó la producción, internacionalizándola, si bien no llega a los extremos de Emmanuel, pone en su análisis un énfasis casi excluyente en la superexplotación que realizan las multinacionales de los países más ricos de la fuerza de trabajo del Sur Global, y presta poca atención a la reconfiguración que tuvo en paralelo la explotación de la fuerza de trabajo en los propios países imperialistas.

Nuestro enfoque

La competencia y el conflicto –potencial o efectivo– entre los países imperialistas, y la expoliación del conjunto del planeta llevada a cabo por las empresas trasnacionales y las finanzas globales son dos dimensiones que, lejos de oponerse o separarse, deben ser abordadas de manera integral como parte de una comprensión del imperialismo contemporáneo. Creemos que ambas dimensiones deben ser pensadas de forma conjunta para elaborar una teoría del imperialismo que dé cuenta de cómo la economía mundial hoy está moldeada como una totalidad jerarquizada, como resultado de la acción articulada del capital global y los Estados más poderosos. Este es el abordaje desde el cual desarrollamos las elaboraciones que se encuentran en esta publicación.

A lo largo de los artículos de esta serie, entramos en polémica con los planteos de los autores que defienden las tres posiciones que hemos mencionado, delineando a partir del debate una mirada enfocada en algunos núcleos de problemas. Lo hacemos, volviendo muchas veces a los mismos textos y autores para discutir, a partir de ellos, aspectos en cada caso relacionados pero diferentes.

El libro está organizado en tres partes. La primera aborda la cuestión del alcance y los efectos que ha tenido la llamada internacionalización productiva, que es a nuestro entender el aspecto verdaderamente novedoso que encerró durante las últimas décadas la llamada globalización. Esta internacionalización dio nuevos contornos al desarrollo desigual, haciendo que por primera vez en más de un siglo los centros más dinámicos de la acumulación de capital se encontraran no en los países más ricos, sino en lo que, desde el punto de vista del “centro” imperialista, aparecen como la periferia. Es fundamental calibrar adecuadamente en qué medida esto puede representar o no un cambio en la trayectoria del capitalismo imperialista, en la cual los procesos de acumulación en todo el planeta quedaron subordinados a la concentración de la apropiación de los beneficios de la misma por una ínfima minoría, permitiendo al mismo tiempo que los Estados imperialistas reafirmaran su posición de liderazgo.

En la segunda parte del libro abordamos la perspectiva del imperialismo norteamericano. Aunque en clara declinación, se mantiene como la potencia imperialista dominante, sacando una ventaja abrumadora a cualquier otro Estado imperialista en la mayor parte de los terrenos (militar, financiero, expansión internacional de capitales, peso mundial de su moneda, innovación, etc.). Definir cuál es el alcance de su retroceso y las perspectivas, y cómo responderá la clase dominante, es clave para determinar si vamos hacia una etapa de mayores choques. Discutir hacia dónde va el poderío norteamericano requiere, al mismo tiempo, entrar en el debate sobre en qué medida se ha transformado la naturaleza de las relaciones entre las potencias. Están, como ya señalamos, quienes afirman que se encuentra en curso la conformación de una clase capitalista trasnacional y, con ella, la de un Estado trasnacional. También, quienes caracterizan que no hay tal trasnacionalización, pero sí una creciente interdependencia entre las clases capitalistas de EE. UU., Europa y Japón, que se traduce en una presión –favorecida activamente por las Secretarías de Estado y del Tesoro estadounidenses, al menos en los tiempos pre Trump– hacia una cooperación permanente de los Estados, subordinados a la principal potencia imperialista, para asegurar en todo el planeta la reproducción del capital, lo cual desterraría cualquier horizonte de conflicto de envergadura entre potencias. Con ambas tesis polemizamos en numerosos artículos. La serie de artículos sobre EE. UU. también da cuenta de cómo se crearon las condiciones que hicieron posible la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., y el saldo que deja su administración. Como señalamos, a pesar del optimismo de la mayor parte de la élite estadounidense –ubicada en el bando “globalista” opuesto a Trump– y de los grandes medios afines con estas miradas, hay mucho de voluntarismo en la idea que con Biden podrá haber un fácil regreso a la “normalidad” pre Trump.

Un lugar destacado en la arquitectura imperialista, especialmente en las finanzas internacionales, lo ocupa Gran Bretaña, aunque su esplendor imperial esté enterrado bien lejos en el pasado. Las finanzas de Londres, ayudadas en numerosas dimensiones por la geografía, supieron reconvertirse para mantener el liderazgo en la canalización de capitales y el comercio de instrumentos financieros cada vez más complejos. Gran Bretaña nos habla también de la Unión Europea, de cuya crisis viene siendo el capítulo más destacado desde el voto mayoritario en favor del Brexit en el referéndum de 2016, pero decidimos incluirlo en esta segunda parte por las íntimas conexiones que mantienen la vieja potencia imperial y su sucesor al otro lado del Atlántico.

Finalmente, en la tercera parte del libro abordamos otra cuestión crucial en la discusión sobre el imperialismo contemporáneo: hasta dónde llega el desafío planteado por China para EE. UU. y el resto de las potencias y cuál es su naturaleza. Esto exige discutir, en primer lugar, en qué se ha convertido China después de décadas de aceleradas transformaciones iniciadas con las reformas de Deng Xiaoping a partir de 1978. ¿Se trata de un “socialismo con características chinas”, como afirman los líderes del PCCh? ¿Una formación ni capitalista ni socialista, como sostienen algunos autores? ¿Un “capitalismo de Estado”? ¿Cuáles son los criterios que podrían permitir una mirada equilibrada de una formación económico social de China, caracterizada por una trayectoria tan peculiar, en la cual la dialéctica revolución/restauración siguió un camino bastante diferente del de la URSS? Una vez zanjada –al menos provisionalmente– esta cuestión, podemos discutir en qué medida China es, o puede llegar a ser, una potencia imperialista; o si, en realidad, plantea un desafío al poder imperialista pero sin aspiración a constituirse en otra potencia, una idea que hace 15 años planteó Giovanni Arrighi en su célebre Adam Smith en Pekín, y que hoy repiten varios autores.

La compilación, de acuerdo a estos ejes temáticos, no sigue un orden cronológico, aunque este es mayormente respetado dentro de cada una de las partes que integran el libro, con excepciones. En cada artículo se consigna la fecha de publicación. Tampoco están separadas las elaboraciones propias de las entrevistas que realizamos y los debates que pudimos entablar con algunos de los autores aludidos en nuestros artículos; creemos que la presentación conjunta de estos materiales contribuye a hacer inteligibles los hilos de la argumentación que pretendemos realizar, que se construye a través de estos diálogos.

Con los temas discutidos en este libro no pretendemos agotar todas las problemáticas de las que es necesario dar cuenta para tener una mirada completa del imperialismo contemporáneo. Sí buscamos, con esta compilación, aportar elementos para abordar una coyuntura sumamente fluida en la cual, todo lo indica, la trayectoria hacia rivalidades más exacerbadas seguirá marcando la tónica –entre EE. UU. y China, en primer lugar, pero junto con ellas al resto de las potencias, que ya son arrastradas a posicionarse, y lo serán aún más a medida que se agudice el conflicto–. Para quienes aspiramos a terminar con este sistema capitalista, basado en la explotación y en la opresión de todo el planeta, definir el estado de situación del imperialismo –que como señalaba Lenin es “reacción en toda la línea”– resulta una cuestión de primer orden para la actividad revolucionaria.

El libro podrá adquirirse a partir de esta semana a través de la página de Ediciones IPS.

Notas:

[1] Daniel Gaido y Richard Day rastrean las discusiones que al respecto se desarrollaron en el seno de los partidos que integraban la II Internacional desde finales del siglo XIX en Discovering imperialism, Leiden, Brill, 2010.

[2] Para una propuesta de cómo entender al capital financiero hoy puede leerse François Chesnais, Finance Capital Today, Leiden, Brill, 2016.

[3] Esta corriente marxista de la dependencia no debe ser confundida con otros autores que discutían la cuestión de la dependencia desde miradas no marxistas (aunque en algunos casos se permitieran abrevar en conceptos de Marx), como eran Celso Furtado o Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto. Los autores dependentistas marxistas, entre quienes podemos mencionar a Ruy Mauro Marini y Theotonio Dos Santos, desarrollaron sus conceptos en polémica con las corrientes liberales, pero también con estos autores dependentistas que bregaban por políticas de desarrollo capitalista más autónomo.

[4] Albamonte y Maiello, “En los límites de la restauración burguesa”, Estrategia Internacional N.º 27, noviembre 2011.

[5] Fred Halliday, “The Pertinence of Imperialism”, en Mark Rupert and Hazel Smith (eds.), Historical Materialism and Globalization, Londres, Routledge, 2002, p. 76.

[6] Pratap Patnaik, “Whatever happened to imperialism?”, Social Scientist N.º 6-7 vol. 18, New Delhi, 1990.

[7] Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 15.

[8] Razmig Keucheyan, Hemisferio Izquierda. Un mapa de los nuevos pensamientos críticos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

[9] Ver una discusión sobre algunos de sus posicionamientos recientes en Esteban Mercatante, “Capitalismo y desarrollo desigual, ¿una desmentida al imperialismo?”, semanario Ideas de Izquierda, 05/08/2018.

[10] Alex Callinicos, Imperialism and Global Political Economy, Cambridge, Polity Press, 2009, p. 5.

[11] Ídem.

[12] Ver, por ejemplo, Zak Cope, The Wealth of (some) Nations. Imperialism and the Mechanics of Value Transfer, Londres, Pluto Press, 2019.


jueves, 27 de mayo de 2021

Ataques ante la resistencia de los pueblos indígenas


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Los ataques contra la población indígena hondureña es la respuesta a causa de su organización y resistencia por defender el territorio. Sus acciones hacen que los inversionistas pierdan gran cantidad de su capital.

En la industria del extractivismo también se involucran líderes locales, autoridades gubernamentales y políticas que otorgan permisos y licencias de operación para que avancen las concesiones en comunidades de territorios ancestrales.

“Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), del Foro Social para la Deuda Externa y de Oxfam, decía que el extractivismo tiene amenazado el suelo de 156 de los 298 municipios en el país con 540 concesiones mineras”, expresa la opinión editorial “UNA NOCHE DE HOMENAJES” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), de este 15 de mayo.

Un centenar de municipios tienen sus ríos acuchillados con 307 concesiones para producir electricidad, agrega el editorial compartido en el programa radial Voces contra el Olvido.

En este contexto por la defensa territorial, continúan los crímenes, judicializaciones y destrucción de las zonas indígenas como ocurrió el pasado lunes 10 de mayo, en San Francisco Locomapa, una comunidad indígena Tolupán en el departamento de Yoro.

El pueblo Tolupán mantiene una constante lucha por la defensa del bosque. A sus tierras llegan madereros que talan los árboles de pino. Más de una docena de indígenas han sido asesinados en la región y otros están criminalizados, como forma del sistema corrupto que desestabiliza su lucha.

Pese a que el Instituto de Conservación Forestal es la entidad inmediata para el control de planes de manejo, el problema que enfrenta la Tribu San Francisco Locomapa y las demás 31 tribus tolupanes, es que son arrasadas por los madereros.

Entonces –declaró- el abogado Víctor Fernández, en el programa radial “Voces contra el olvido” del COFADEH- las comunidades indígenas tolupanes que logran identificar el problema que les causa atraso y empobrecimiento, inician los procesos de resistencia que, a su vez, tiene como consecuencia el asesinato selectivo de muchos de sus liderazgos y pasan como cualquier circunstancia aparente.

Los pueblos requieren hacer mínimos o grandes procesos de resistencia. En el caso de San Francisco, desde el año 2008 tiene presencia el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), al cual pertenece el abogado Fernández, donde ejecuta un proceso de educación y crecimiento organizativo.

“Estamos teniendo presencia más institucionalizada en el terreno porque hay una sede, también se está construyendo una radio [comunitaria] y eso se ha convertido en la amenaza más grande que advierten los madereros, los funcionarios corruptos de la zona, incluyendo un grupo de pobladores de la comunidad beneficiarios ‘de migajas’ de la corrupción que los han vuelto en contra de la gente”.

Pese al sostenido ciclo de asesinatos y criminalización en la última década contra los compañeros y compañeras de San Francisco Locomapa, han sabido avanzar y consolidar el proceso de resistencia.

Desde los tiempos de la colonización en el s. XVI el pueblo Tolupán luchó contra los invasores en su territorio para evitar ser privados de su libertad. Fue el cacique Cicumba, quien opuso resistencia a las fuerzas españolas dirigidas por Pedro de Alvarado en 1536 en la zona del río Ulúa y el valle de Sula, pero tras ser derrotados y aprisionados se les dejó morir por hambre. Las demás tribus continuaron habitando sus poblados originarios hasta la actualidad siendo unas 20 mil personas.

En el s. XXI continúan confrontado a la autoridad local, a quien le exigen su derecho a la alimentación y acceso a la salud, por eso es que las estructuras de poder destruyeron la semana pasada lo que va de la construcción de la radio “Tolupana”, que también es la sede del MADJ e incendiaron la casa de uno de los líderes más importantes de la zona.  “Pero el pueblo está ya en un proceso de recomposición y enaltecimiento para continuar la etapa de reconstrucción de soberanía en base a la dignidad en el territorio”.

Por lo tanto, lo que vive el pueblo Tolupán es consecuencia por defender el territorio. Y, es el retrato de todo lo que ha estado pasando en los pueblos indígenas de Honduras que han asumido procesos de resistencia.

“Los pueblos indígenas, que existen aquí hace miles de años, muchos años antes que los Atala, los Facussé y todas esas etnias operarias del poder actual, sufren el despojo de sus territorios ancestrales. Las diez nacionalidades miskitas, tawahkas, tolupanes, nahuales, lencas, mayas, chortís, garífunas y Pech, son verdaderamente valientes al resistir el saqueo y la estupidez de delincuentes con dinero, policías y chafas”, editorial COFADEH.

Está en marcha un proceso de liberación y muchos esfuerzos de resistencia que entienden la lucha por la soberanía, ejercer control y poder en el territorio; eso implica desplazar a ese factor de “poder autogenerado” como ser la injusticia y violencia que viven nuestros pueblos.

Y pese a ser un camino doloroso, está en marcha el proceso de construcción y alternativa sobre la dignidad de la gente históricamente marginalizada, el ambiente, la vida y de sus territorios, expresó Víctor Fernández, haciendo mención del editorial.

Criminalizar a los defensores indígenas o asesinarlos como ha sucedido en Yoro, La Paz o Intibucá, es un patrón sistemático reiterativo que utiliza el modelo del sistema extractivista capitalista para deslegitimizar su lucha.

Los grupos de poder están llevando este tipo de acciones fundamentalmente en las comunidades rurales e indígenas y exhibirlos como “el mal ejemplo para la sociedad”, añadió el defensor.

Atacan mediante campañas de desprestigio a las organizaciones o directamente a sus liderazgos. El movimiento obrero y otros gremios que tuvieron su auge y su fuerza en algún tiempo en el país, ahora ya no están en su mejor momento haciendo la disputa anti-sistémica, y no están dando la lucha desde el territorio, pero esto evidencia la práctica voraz e inhumana de las empresas inversionistas.

“Parece que fuera imposible derrotarlos, pero usted puede ir de territorio en territorio y verá que muchas de las empresas que tenían asegurados miles de millones [dinero] de ganancia, lo están perdiendo; y no porque grandes dirigentes de este país están desarrollando una política de resistencia. Es la gente sencilla, humilde y comprometida que vive en los territorios” quien los está enfrentando, afirmó del defensor.

El empoderamiento de los pueblos indígenas refleja la construcción de una nueva sociedad que golpea al Estado, obligatoriamente golpea al sistema y plantea una alternativa en la responsabilidad que puede tener algunas personas, organizaciones y espacios.

Para Fernández, saber interpretar estas alternativas contribuye a que la rebeldía se vuelva más seria y educada. El proceso de rebeldía que está impulsando los pueblos y los territorios es la ruta que ya día nos vienen demostrando y por eso son atacados.

Patrones de persecución contra pueblos indígenas

Defensores-indigenas Tolupanes son atacados y asesinados por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en YoroDefensores-indígenas Tolupanes son atacados y asesinados por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en Yoro

Los patrones de ataques contra liderazgos indígenas son herramientas bastante claras del Sistema. Aplican maneras de controlar las rebeldías y los procesos de la gente que se opone a los mecanismos de corrupción en los que han sucumbido algunas estructuras organizativas, opinó Víctor Fernández.

Por ejemplo, los empresarios buscan una manera de comprar espacios y donde encuentran oposición ejercen sometimiento con control sobre esta práctica de corrupción. Usan los mismos procesos: violencia y asesinatos cuyas víctimas son personas y liderazgos el país como primera ruta, detalló Fernández.

Los líderes indígenas asesinados en los últimos meses son el dirigente indígena Lenca y ambientalista, Juan Carlos Cerros Escalante, ejecutado el pasado 21 de marzo en Cortés, coordinaba las Comunidades Unidas de Chinda y fue miembro del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS); Félix Vásquez, de pueblo Lenca, Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) en La Paz, atacado en su casa la noche del 26 de diciembre de 2020.

Al inicio del año pasado el MADJ informó los crímenes contra los líderes indígenas don Vicente Saavedra (Tolupán), Celebrador de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, en el departamento de Yoro, cuando fue encontrado su cuerpo en estado de descomposición y con impactos de arma de fuego el 9 de enero; Santos Escobar (Pech) de 34 años, desaparecido el 29 de diciembre de 2019 y encontrado el 3 de enero en Olancho de 2020.

Mientras que Efraín Martínez (Tolupán), originario de la montaña de La Flor, Francisco Morazán, fue hallado semienterrado el 29 de diciembre de 2019, pero había desaparecido una semana antes; este patrón ya se había denunciado tres meses antes, el  28 de septiembre, con el hallazgo del cuerpo del luchador social indígena Milgen Soto Ávila (29), de la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa, había desaparecido el 23 de septiembre de 2019; y el 24 de febrero en esa misma tribu  los compañeros indígenas Salomón Matute y Juan Samael Matute, padre e hijo beneficiarios de la Medida Cautelar MC-416/13 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron atacados a muerte.

Otro patrón de ataque es la persecución y criminalización judicial, ya que el Sistema Penal en particular es el “instrumento” destinado para perseguir a los adversarios, a los que no tienen poder y a quienes confrontan el poder. “En Honduras nos pone en riesgo el poder corrupto”, continuó el abogado.

Entonces la criminalización es una consecuencia de un modelo corrupto. A lo largo y ancho del país hay personas sometidas a procesos penales, judicialización, criminalización todos estos conceptos que se han venido acuñando en el último proceso, agregó el defensor.

En el caso de la defensa de la tierra y el territorio, más de siete mil personas han sido judicializados y al menos 150 personas han sido asesinadas, en el país más peligroso del planeta para defender el ambiente, como lo califica la organización Global Witness.

Actualmente está privado de libertad Luís Mejía, líder Tolupán presidente de la Tribu La Candelaria, que desde hace años denunciaba persecución en su contra por lo que fue beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección, pero desde febrero junto a su hijo José Mejía, fueron acusados por el crimen de un miembro de la tribu asesinado en la finca que cuidaba a finales de diciembre.

Pueblos tolupanes bajo amenaza de la deforestación y el extractivismoPueblos tolupanes bajo amenaza de la deforestación y el extractivismo

El Ministerio Público acusó a Luis Mejía, luchador social que ha liderado la liberación y la recuperación del territorio indígena, trabajo ha dado como resultado la recuperación de más de 300 manzanas de tierra trabajadas por las y los tolupanes.

Mientras que, en La Paz, está privado de libertad el Víctor Vásquez, miembro de la coordinación general de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPAH), junto a Santos Vigil, socio de la base campesina “Nueva Esperanza”, en diciembre fueron acusados por el delito de “desplazamiento forzado”.

Víctor Vásquez es el presidente del Consejo Indígena de Simpinula en Santa María, La Paz, daba acompañamiento a la base campesina “Nueva Esperanza” en los procesos de defensa de los bienes comunes. El 13 de enero de 2017, durante un desalojo violebnto por parte de los militares, el defensor asistía a un hombre herido, cuando una bala le impactó en la rodilla derecha, dejándolo inmovilizado.

“Hay policías, militares, fiscales y jueces que son instrumentos del Poder y no son representación de la gente”, Víctor Fernández.

La importancia del acompañamiento

Un grupo de tolupanes durante la huelga de hambre exigiendo la CICIH en 2015 fueron acompañados por Berta OIiva, coordinadora general del COFADEHUn grupo de tolupanes durante la huelga de hambre exigiendo la CICIH en 2015 fueron acompañados por Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH

El acompañamiento de parte de organizaciones y defensores de derechos humanos es lo más importante, porque a la gente no hay que dejarla indefensa, recalcó Fernández, ya que desde distintas áreas profesionales se desarrolla conciencia, aún más cuando se tiene el compromiso de hacer el trabajo de representación y defensa legal.

Hay que tomar en cuenta que el Sistema jugar en su cancha, non lleva a pelear con su juzgado, con sus Tribunales, con sus jueces y sus policías.

Por lo tanto, la cancha más importante de la gente es el proceso organizativo,  la construcción, el pensamiento de la alternativa, es decir “como confrontar, como defender el territorio, cómo defender los derechos”, pero además, cómo ir pensando ese modelo de justicia con perspectiva popular y de las ciencias con respecto a la forma en la funciona la administración de justicia,  porque no se necesita ser adivino, erudito ni tener tanto conocimiento para saber “cómo falla y cómo funciona este sistema”.

Los compañeros y compañeras que están siendo sometidos estos procesos están haciendo su aporte, afirmó el defensor. Aguantar, resistir y nunca negociar mientras continuaba la organización, formación y el proceso de la construcción de alternativa unitaria que le hace falta el pueblo hondureño.

Lamentablemente siempre se están buscado los mismos referentes que tienen las mismas prácticas y terminan negociando cuotas de poder, mientras la gente en los territorios está dando el todo por el todo.

Hay que volver a esa parte, defender a la población que está siendo criminalizada y judicializada, pero hay que volver al proceso organizativo y el proceso de formación y construcción de la alternativa popular, concluyó el abogado Víctor Fernández.


Un homenaje al futuro


Radio Progreso

La memoria no es recordar el pasado sino reivindicar el sufrimiento oculto, denunciar toda construcción del presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada.

Así comienza Juan Carlos Martínez su ensayo ¿Por qué la recuperación de la memoria histórica?, escrito para la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala.

En general, dice Juan Carlos Martínez, que la recuperación de la memoria histórica es un proceso integral que abarca toda la temporalidad humana: el redescubrimiento del pasado (conocer  qué  pasó),  proyectado  hacia  el  presente (es decir, el reconocimiento,  la reparación,  la dignificación)  y  sentar  las  bases  para  el futuro mejor,  buscando  un  mayor  respeto  por  los derechos humanos y la justicia social.

El autor hace preguntas pertinentes y ensaya algunas respuestas, porque nos  adentramos  en  un  siglo  XXI  lleno  de  incertidumbres, plagado de duras herencias del pasado; por ejemplo, lo que ocurre en este momento en Colombia, en Brasil, Haití, México y Honduras, para citar algunos desastres en nuestro continente.

¿Llegarán a ser compatibles los olvidos premeditados,  selectivos,  con  la  ‘sociedad  global  del  conocimiento  y  la información’?, se demanda Juan Carlos. Sin duda, los procesos de recuperación de la memoria histórica en esos espacios se constituyen en uno de los principales baluartes para que las sociedades no olviden quiénes son y cómo han llegado a serlo, se responde.

¿Qué  implica  recordar  para  una  sociedad?  ¿Qué  implica  olvidar?  ¿Qué  se recuerda  y  qué  se  olvida? Interesantes preguntas. Callejas propuso en 1990 el olvido del pasado, borrón y cuenta nueva, y Flores Facussé propuso “pasar la página”. Ambos preferían eso, porque ambos eran parte de la Asociación para el Progreso de Honduras, que desapareció y asesinó opositores políticos. Necesitaban huir de sus fantasmas, alejarse de su espejo macabro, de sus huellas de odio.

¿A quién se le ocurre pasar una página sin antes haberla leído? Sólo a los culpables. Para pasar una página, primero hay que haberla leído, dice el ensayista.

El solo hecho de mencionar  estos  temas les engrifa el pelo a esos vivientes de esa historia macabra. De hecho, dice el ensayista guatemalteco,  son los ejecutores y responsables (por lo general, con mucho que callar y más que perder) quienes mantienen vivo el odio, las actitudes  y  los  discursos  intolerantes.

Los resistentes al pasado son aquellos que desprecian el derecho de los demás a la memoria histórica, porque  se  aferran  a  su  “glorioso  pasado”,  a  lo que  ellos consideran  batallas ganadas y misiones cumplidas como seña de su propia identidad. Esos criminales del pasado todavía creen que salvaron al mundo, que su Constitución es la mejor, y esos asesinos hasta se disfrazan de cristianos para lavar sus crímenes entre los inocentes.

Para los familiares de las personas detenidas- desaparecidas entre 1979 y 1989 la recuperación de la memoria histórica sufrida por la desaparición forzada es una necesidad y un deber. Así lo hemos planteado repetidas veces a las Naciones Unidas, porque este es un tema que no prescribe nunca para las víctimas. No es negociable.

“Una  sociedad  que  olvida  –total  o  parcialmente –se queda sin trayectoria: no  sabe  de  dónde  proviene  ni hacia dónde va”. Esta es la Honduras actual, con los asesinos de 1981 empleados como asesores de los grupos privados y de las fuerzas armadas actuales. Mano de obra calificada del crimen organizado como policías, militares y políticos, como mineros, represadores y empresarios del bosque. Como vendedores de la Patria.

En sus conclusiones, entre otras, el autor del ensayo que comentamos, afirma que sin memoria no hay identidad. Sin identidad colectiva no hay sociedad. No es la suma de individuos la que forma una sociedad, sino el deseo de colaborar y tener una vida comunitaria lo más plena posible. Pero el olvido selectivo nos aboca a  la  senda  de  la  desmemoria, hacia una  identidad  artificial  sobre referentes  históricos  “seleccionados”  en  función  de  determinados  intereses particulares.

Nosotros lo sabemos. Olvidar  tiene  otras  implicaciones  de  cara  al  porvenir.  Algunas  de  ellas las padecemos 40 años después en carne viva. Haber olvidado la responsabilidad de educar a las juventudes sobre la persecución, el miedo,  la  práctica  sistemática  del  abuso, las desapariciones cometidas  por  los chafas junto a los liberales y cachurecos, nos tiene ahora con esos mismos actores aliados en una mafia perversa, ladrona, corrupta y criminal, disfrazada de cristiana y democrática, que atenaza como hiedra maldita la estructura del Estado.

En esta ocasión hemos citado el ensayo de Juan Carlos Martínez dirigido al espejo de los criminales, porque del 26 al 30 de mayo se va a conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que fue instituida en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM.

En las dos semanas posteriores, igualmente, las familias afectadas por la desaparición forzada a través del Cofadeh estarán en preparación de la semana del estudiante 2021 durante la cual será presentada la vida y obra de Tomás Nativí, un educador, organizador y movilizador popular, desaparecido el 11 de junio de 1981.

Durante estas dos conmemoraciones será una buena ocasión para recordarle a la sociedad hondureña que no nos da la gana olvidar, porque recordar la responsabilidad del Estado en los crímenes de los años 80s y en los crímenes actuales es un deber, un homenaje al futuro del presente.


Estados Unidos señala a seis diputados por corrupción


Radio Progreso

El Departamento de Estado estadounidense publicó hoy martes un informe que fue desclasificado en el que designó a funcionarios y políticos centroamericanos vinculados con delitos como la corrupción y el narcotráfico.

El informe nombra a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que estarían comprometidos o que facilitaron grades actos de corrupción o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos para sus campañas que procedían del narcotráfico y a los supuestos facilitadores de estos delitos.

Por Honduras designó a cinco actuales diputados del Congreso acusados en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La mayoría de las acusaciones fueron desestimadas.

Los hondureños designados son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez López, Milton Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López.

Los diputados Valenzuela, Vásquez López, Puerto Oseguera, Pérez y López son acusados por malversación de 800 mil dólares en el caso llamado Arca Abierta por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de acuerdo al reporte.

En el caso de Nájera lo incluyen en la lista por “presuntos vínculos con la Organización de los Cachiros”, transportistas de drogas y que se entregaron a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Reacción

Tras la divulgación de la Lista Engel por parte del Gobierno de Estados Unidos donde menciona a 6 diputados del Partido Nacional, a criterio del diputado oficialista David Chávez, debe ser interpretada como hechos políticos y no reales.

Chávez cuestionó a la congresista norteamericana Norma Torres y también dejó claro que, si los mencionados son culpables de lo que son señalados, no deben involucrar a su partido político, el Partido Nacional.


América Latina en movimiento: ¿Independientes, neutrales o satélites?


Alainet

Por Julio Yao Villalaz *

(Conferencia organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional de la Universidad de Panamá (SITEN–UP), 23 de abril de 2021).

Hace 157 años, en abril de 1857, don Justo Arosemena, a raíz del Incidente de la Tajada de Sandía, advirtió que el Istmo podría ser absorbido por fuerzas exógenas o externas y que, ante tal reto, Panamá debía construir un Estado independiente bajo el amparo de las principales potencias.

Hoy nos toca trazar una visión de nuestro devenir a raíz de la Masacre — mal llamada invasión — de Panamá y de las consecuencias que tuvo y tiene para nuestro país. Para los antecedentes, recomendamos nuestra obra, El Monopolio del Canal y la Invasión de Panamá (Editora Chen, 2019), con prólogo del Dr.Juan Carlos Mas y comentarios del general Manuel Antonio Noriega y del excanciller Juan Antonio Tack.

Para Washington, los objetivos a corto plazo de la invasión fueron cuatro: (A) abrogar los Tratados Torrijos-Carter; (B) remilitarizar a Panamá mediante los acuerdos post–invasión y (C) convertir a Panamá en una gran base, plataforma o sitio para operaciones de avanzada o “Forward Operating Location” (FOL). El cuarto objetivo fue y es convertir a Panamá en satélite, marioneta o títere de EE.UU.

A partir de estos cuatro objetivos, delinearemos los retos que enfrenta nuestro país para recuperar nuestra identidad e independencia nacional y declarar la neutralidad de Panamá.

I. OBJETIVOS DE LA MASACRE DE 1989:

(A) ABROGAR LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER.

Según el Memorándum Secreto-Sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. (3 de marzo de 1986): “Nuestro objetivo es desestabilizar al país sin arriesgar nuestra presencia e influencia allí y al mismo tiempo TENER UNA BASE LEGÍTIMA PARA ABROGAR LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER. Nuestra política debe desarrollarse a lo largo de las siguientes líneas: una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar a Panamá, acusando…particularmente al General Noriega, de tráfico de drogas…y de estar vinculados a los servicios de inteligencia cubano y de EE.UU. Nada debemos hacer para refutar o negar estos cargos, pero al mismo tiempo debemos cuidar de que EE.UU. no aparezca involucrado en esta campaña.” (Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión, pág. 82, Editorial Chen, 2019).

Este Memorándum Secreto-Sensitivo retrata de cuerpo entero los manejos turbios y traicioneros de la política exterior de EE.UU.: engañaron a la mayor parte de la población, con la complicidad de la Cruzada Civilista, afirmando que el propósito era “acabar con la dictadura.” Este Memo Secreto-Sensitivo sostiene que la finalidad verdadera era abrogar los Tratados Torrijos-Carter. De este Memo Secreto-Sensitivo, solo se hicieron 7 copias.

La Masacre de Panamá (mal llamada invasión) violó los dos Tratados Torrijos-Carter.

(B) REMILITARIZAR A PANAMÁ CON LOS ACUERDOS POST-INVASIÓN.

EE.UU. debía abrogar de facto (no lo podía hacer legalmente sino con trampas) el Tratado de Neutralidad que les impedía reimplantar el control en y desde Panamá sobre Latinoamérica (Artículo V, que prohíbe presencia militar extranjera después del 2000).

La invasión tuvo el propósito de provocar un vuelco de 180 grados en la historia de Panamá para subyugarnos más que en el siglo XX con el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903. A pesar de la presión internacional a raíz de la invasión, no pudiendo abrogarlos, EE.UU. saboteó los Tratados Torrijos-Carter: primero, a través de enmiendas ilegales del Senado desde 1978; segundo, mediante dos procedimientos irregulares.

Los procedimientos irregulares se realizan, por un lado, a través de un conjunto de acuerdos y arreglos internacionales entre entidades y funcionarios subalternos del gobierno panameño (no autorizados para firmar) y funcionarios subalternos de la embajada de EE.UU. Algunos ejemplos son los canjes de notas entre Frederick Becker de la embajada de EE.UU. y la Autoridad del Canal de Panamá; verbigracia, el Canje de Notas Alemán Healy-Becker de 2001 y el Canje de Notas Alemán Zubieta-Becker de 2002, ambos bajo la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004). La ACP no está facultada por la Constitución para firmar tratados, mucho menos EN INGLÉS EXCLUSIVAMENTE, como ocurrió con el Acuerdo Alemán Zubieta-Becker.

Por otro lado, EE.UU. también saboteó los Tratados del Canal mediante acuerdos y arreglos directos entre Washington e instituciones no facultadas para firmar tratados, como el Ministerio de Gobierno y Justicia; la Autoridad del Canal de Panamá; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Seguridad; la Policía el SENAN y el SENAFRONT.

Como ejemplo, mencionemos el Acuerdo Arias-Hinton de 18 de marzo de 1991, que permitió la libre navegación de nuestros mares territoriales por parte del Servicio de Guardacostas de EE.UU., firmado por el Ministro de Gobierno y vicepresidente de la República, Ricardo Arias Calderón; del cual se desprende el Arreglo Complementario Salas-Becker de 2 de febrero de 2002, suscrito igualmente por otro Ministro de Gobierno, Aníbal Salas.

Ambos acuerdos carecían y carecen de valor porque un país ocupado (y Panamá lo era) no podía celebrar tratados. ¿Por qué no lo firmó quien debió hacerlo: ¿el canciller de la invasión, Julio Linares? Arias Calderón no estaba facultado para firmar tratados por la Constitución tampoco.

El Arreglo Complementario Salas-Becker es, a su vez, la fuente de la actual Coordinadora Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), firmado por el Ministro de Seguridad Juan Pino, que tampoco estaba facultado para firmar acuerdos internacionales. Antes de Juan Pino, el Ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario también firmó acuerdos con EE.UU. Y así ocurre sucesivamente con más de 20 instrumentos de carácter militar entre Panamá y EE.UU., en su mayoría desconocidos por nuestro pueblo, que no pasaron por el tamiz de la Asamblea Nacional y que son secretos.

El conjunto de los acuerdos post invasión autoriza toda clase de actividades militares en y desde suelo panameño en Latinoamérica que contradicen el Tratado de Neutralidad y que superan con mucho esas mismas actividades de antes de 1977. Resumiendo: EE. UU, tiene muchos más derechos militares ahora en 2021 que con el Tratado de 1903, puesto que EE.UU. actuó entonces “como si fuera soberano” para todos los fines bajo protesta de Panamá.

Su Talón de Aquiles es su ilegalidad y nulidad ante el Derecho Internacional y la Constitución Nacional. Por eso, hemos dicho que EE.UU. debía abrogar de facto o fraudulentamente los tratados del Canal.

(C) CONVERTIR A PANAMÁ EN UNA GRAN BASE, PLATAFORMA O SITIO PARA OPERACIONES DE AVANZADA O “FORWARD OPERATING LOCATION (FOL)”.

El resultado inmediato de este proceso de prestidigitación fue y es convertir a Panamá en un portaaviones desde el cual lanzar ataques a países objetivos como trampolín directamente, utilizando a militares panameños como “carne de cañón” o fuerza cipaya contra pueblos hermanos. Lo anterior se posibilita con la existencia de Bases Aeronavales en ambos océanos y de conformidad con el “Plan Maestro contra Venezuela”, propuesto y expuesto el 18 de febrero de 2018, por el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, que está siendo implementado en estos momentos (Julio Yao, “A propósito del CROAN – Las bases liliputienses de Panamá y el Plan Maestro contra Venezuela”, ALAI-AMLATINA, 31 de marzo de 2021).

Según este “Plan Maestro”, Panamá aportará el uso de los Aeropuertos de Tocumen, Howard, Albrook Field, Río Hato y el Centro Humanitario de la ONU, en Panamá Pacífico. También se usarán hangares, vehículos y otras facilidades de EE.UU. en la base aérea Mayor Salvador Córdoba, en Nicanor, provincia de Darién. Además, el Comando Sur obligará a Panamá a aportar más militares (que Panamá no tiene por mandato constitucional y que no pueden estar bajo el mando de militares extranjeros) (José Arcia, “EE.UU. y Panamá inauguran hangar en base aérea de Darién”, La Estrella de Panamá, 6 de febrero de 2019).

A este respecto, John Lindsay Poland, sostiene: “Argumentando que la policía panameña no está organizada ni dotada para controlar las incursiones de los insurgentes colombianos, el jefe del Comando Sur, General Charles Wilhelm, dijo en junio (2019) que la entidad ‘intensificaría nuestro compromiso’ con la policía panameña. Tenemos una responsabilidad bajo el Tratado de Neutralidad, y sabemos que tenemos la obligación de intervenir, o en cooperación con los panameños o unilateralmente«(https://www.envio.org.ni/articulo/989). Dicho de otro modo, EE.UU. está dispuesto a recuperar las viejas bases militares aún sin el consentimiento de Panamá. (Enmienda DeConcini y Enmienda Nunn).

Se trata, en efecto, de una operación a gran escala para derrocar al gobierno del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se utilizarán, aparte de Panamá, diversos FOLS en Martinica, Puerto Internacional de Reina Beatrix, y otros en el Caribe frente a Venezuela.

A partir de la invasión de 1989, EE.UU. planificó secretamente recuperar el control militar sobre Panamá y ampliar ilimitadamente sus derechos en nuestro país. Con ello, se ha revertido el proceso de desmilitarización previsto en el Tratado el Canal y la Declaración Tack Kissinger de 1974 – Declaración que tuve el honor de elaborar por encargo del Canciller y Jefe Negociador (hasta el 31 de diciembre de 1976), Juan Antonio Tack.

Dicha Declaración le puso fecha de terminación a la presencia militar extranjera, el 31 de diciembre de 1999, y no permitía ningún acuerdo a perpetuidad, tal como sucede en el presente. Los responsables del Tratado de Neutralidad, de su violación sistemática y de no denunciar las violaciones de EE.UU. recaen en Aristides Royo y Adolfo Ahumada. El primero fue presidente de la República y es el actual Presidente de la Junta Directiva de la ACP.

Sin embargo, la responsable principal de la remilitarización de Panamá fue la presidenta Mireya Moscoso, viuda del presidente Arnulfo Arias, quien aconsejó a sus seguidores más fieles no permitir que su esposa interviniera en política (no le hicieron caso al Fuehrer). Fue la presidenta Moscoso quien autorizó la remilitarización a través de los Fundamentos para la Seguridad Nacional de Panamá (FPPS).

II. RECOLONIZACIÓN DE PANAMÁ.

A la anterior remilitarización se suman diversos acuerdos entre EE.UU. y Panamá mediante los cuales se recoloniza a nuestro país. Entre éstos citamos solo los conocidos públicamente: el Memorándum de Entendimiento de 17 de agosto de 2018, suscrito por David Malpass, Subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, bajo el programa “América Crece”, que facilita la distribución de gas licuado para Centroamérica y el Caribe por parte de empresas estadounidenses. Dicho acuerdo apunta a bloquear la cooperación entre China y Panamá. Adviértase que David Malpass es funcionario subalterno de Washington.

Súmese a lo anterior el Memorándum de Entendimiento del 20 de agosto de 2019, entre Robert O’Brien, Consejero de Seguridad Nacional bajo el presidente Donald Trump, y el Ministro de Economía, Héctor Alexander, que no estaba facultado por la Constitución para firmar tratados. Este Memorándum de Entendimiento permite a empresas capitalistas estadounidenses monopolizar y explotar recursos energéticos y construir infraestructura (recursos hídricos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, instalaciones logísticas, transmisión de electricidad). Este Memorándum de Entendimiento viola y contradice la Declaración Presidencial Varela-Xi, de diciembre de 2007, y obedece a la campaña “América Crece” que jefatura O’Brien contra China en Latinoamérica y el Caribe. Desconocemos si el presidente Biden la continuará o no.

Si sumamos a esto la ingerencia de la DEA y del FBI en asuntos judiciales, penales y bancarios de Panamá, observamos que nuestro país está totalmente arrodillado ante EE.UU., que carecemos de independencia nacional y que podríamos perder nuestra razón de ser internacional.

El resultado final de la remilitarización y la recolonización es embridar a Panamá nuevamente como satélite de EE.UU. e impedir que nuestro país acceda a la neutralidad plena de su territorio.

III. QUÉ SOMOS Y QUÉ QUEREMOS SER.

Si no frenamos la creciente dependencia y sujeción a los dictados de Washington, Panamá puede convertirse en un protectorado de EE.UU. El protectorado es un tipo de administración que permite el derecho internacional cuando un Estado no puede cumplir en totalidad con sus responsabilidades diplomáticas y de seguridad, por lo cual otorga a un Estado más fuerte estas competencias a cambio de una serie de beneficios preestablecidos (Wikipedia). ¿Cuáles son nuestras opciones?

(A) Defender el Estado Nacional, presionando al gobierno de Panamá para que cese su subordinación a Washington.

(B) Presionar al gobierno nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores) para suspender la firma de tratados, acuerdos o arreglos internacionales con EE.UU. por parte de funcionarios subalternos de Panamá o de EE.UU. Solamente pueden suscribir tratados el Presidente de la República, el o la canciller o los negociadores especialmente facultados.

(C) Presionar para que la Asamblea Nacional publique y rechace las decenas de acuerdos post Invasión.

(D) Presionar para que la Asamblea Nacional se comprometa a rechazar los acuerdos y tratados internacionales, especialmente cuando rozan o estén en conflicto con nuestros intereses nacionales (soberanía, independencia política, integridad territorial, jurisdicción, Canal, plebiscito).

(E) Presionar para declarar la neutralidad total de Panamá a fin de alejarnos de conflictos y guerras ajenas y para mantener relaciones pacíficas de amistad y cooperación con todos los países del mundo.

IV. ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Para los anteriores fines, es necesario influir en el Gobierno Nacional o construir uno nuevo que satisfaga nuestras necesidades sociales y salvaguarde la neutralidad y la paz. En cualquiera de los dos casos, es urgente crear un Movimiento Nacional que integre a las más importantes organizaciones del país para que enarbole la independencia nacional como única bandera.

Si no lo intentamos, Panamá se convertirá en un Estado satélite, Estado marioneta o gobierno títere (Wikipedia) del imperio más perverso de la historia. (Julio Yao, “EE.UU., el imperio más perverso de la historia”, La Estrella de Panamá, 3 de marzo de 2020).

Si, a raíz del Incidente de la Tajada de Sandía, don Justo Arosemena advirtió contra la posible absorción del Istmo por fuerzas extranjeras y propuso (1857) la conformación en Panamá de un Estado soberano y hanseático bajo la protección de las grandes potencias de la época, nosotros proponemos, desde la Universidad de Panamá, que luchemos por recuperar nuestra soberanía mediante la eliminación de los Acuerdos post-invasión o Salas-Becker; declarar la neutralidad de Panamá sin el padrinazgo de las grandes potencias y de la instauración de un orden multilateral que ponga fin al unilateralismo y la opresión internacional.

Éste el reto que hoy lanzamos al país.

* Julio Yao. Exagente ante la Corte Internacional de Justicia, Analista Internacional, ex Asesor de Política Exterior, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP).


¿Qué hay detrás de la «nueva guerra fría»?


Rebelión

Por William I. Robinson 

La decisión del presidente norteamericano Joe Biden el pasado 15 de abril de expulsar a 10 diplomáticos del Kremlin y de imponer nuevas sanciones contra Rusia por su alegada injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 – al cual ya reciprocó Rusia – se produjo pocos días después de que el Pentágono realizara ejercicios navales frente a la costa de China. Las dos acciones representan una escalada de las agresiones con el afán de Washington de intensificar la «nueva guerra fría» en contra de Rusia y China, llevando al mundo cada vez más hacia la conflagración político-militar internacional. La mayoría de los observadores atribuyen esta guerra instigada por Estados Unidos a la rivalidad y la competencia sobre la hegemonía y el control económico internacional. No obstante, estos factores solo explican en parte esta guerra. Hay un cuadro más amplio – que ha sido pasado por alto – que impulsa este proceso; la crisis del capitalismo global.

Esta crisis es económica, o estructural, de estancamiento crónico en la economía global. Pero también es política, una crisis de la legitimidad del Estado y de la hegemonía capitalista. Mientras el sistema se hunde en una crisis general del dominio de capital, miles de millones de personas alrededor del mundo enfrentan luchas por una supervivencia incierta y cuestionan un sistema que ya no consideran legítimo. En Estados Unidos, los grupos dominantes se esfuerzan por desviar la inseguridad generalizada producida de la crisis hacia chivos expiatorios, tales como los inmigrantes o los asiáticos culpados por la pandemia, y hacia enemigos externos como China y Rusia. A la vez, las crecientes tensiones internacionales legitiman el aumento de los presupuestos miliares y de seguridad y abren nuevas oportunidades lucrativas mediante las guerras, los conflictos, y la extensión de los sistemas transnacionales de control social y represión de cara al estancamiento en la economía civil.

Económicamente el capitalismo global enfrenta lo que se llama en términos técnicos la sobreacumulación. El capitalismo, por su misma naturaleza, produce una abundancia de riqueza, pero polariza esa riqueza y genera niveles cada vez mayores de desigualdad social en ausencia de políticas redistributivas. La sobreacumulación se refiere a una situación en la cual la economía ha producido – o que tiene la capacidad de producir – grandes cantidades de riqueza, pero el mercado no puede absorber la producción como resultado de las desigualdades. Los niveles de polarización social global y la desigualdad registrados en la actualidad están sin precedente. En 2018, el uno por ciento más rico de la humanidad controló más que la mitad de la riqueza del mundo mientras el 80 por ciento más pobre tuvo que conformarse con apenas el cinco por ciento, de acuerdo con las cifras de la agencia de desarrollo internacional Oxfam.

Estas desigualdades terminan socavando la estabilidad del sistema mientras crece la brecha entre lo que el sistema produce o podría producir, y lo que el mercado puede absorber. La extrema concentración de la riqueza en manos de muy pocos al lado del empobrecimiento acelerado de la mayoría significa que la clase capitalista transnacional, o CCT, enfrenta cada vez mayores dificultades en encontrar salidas productivas para descargar las enormes cantidades del excedente que ha acumulado. Entra más se ensanchan las desigualdades globales, más se vuelve constreñido, y por ende saturado, el mercado mundial, y cada vez más el sistema enfrenta una crisis estructural de la sobreacumulación. En la ausencia de medidas compensatorias – es decir, una redistribución hacia debajo de la riqueza – la creciente polarización social resulta en crisis – en estancamiento, recesiones, depresiones, levantamientos sociales y guerras.

Contrario a narraciones prevalecientes, la pandemia de coronavirus no causó la crisis del capitalismo global, ya que esta ya estaba a las puertas. En vísperas de la pandemia, la tasa de crecimiento en los países de la Unión Europea ya había llegado a cero, en tanto la mayor parte de América Latina y de África Subsahariana ya estuvo en recesión, las tasas de crecimiento en Asia experimentaban un declive notable, y Norteamérica enfrentaba una ralentización económica constante. La situación estaba clara: el mundo tambaleaba hacia crisis. El contagio fue nada más que la chispa que encendió el combustible de una economía global que nunca logró una plena recuperación del colapso financiero de 2008.

En los años previos a la pandemia se registró un constante aumento en la capacidad infrautilizada y una desaceleración de la actividad industrial alrededor del mundo. El excedente de capital sin salida aumentó rápidamente. Las corporaciones transnacionales registraron niveles récord de ganancias durante los años 2010-2019 al mismo tiempo que las inversiones corporativas se disminuyeron. El monto total de dinero en reservas de las 2,000 corporaciones no financieras más grandes en el mundo pasó de $6.6 billones a $14.2 billones de dólares entre 2010 y 2020 – cantidad por encima del valor total de todas las reservas en divisas de los gobiernos centrales del mundo – al mismo tiempo que la economía global se quedó estancada. La frenética especulación financiera y el constante aumento de la deuda gubernamental, corporativa, y de los consumidores, impulsaron el crecimiento en las primeras dos décadas del siglo XXI. Pero estos dos mecanismos – la especulación y la deuda – constituyen soluciones temporales y no sostenibles frente al estancamiento de largo plazo.

La economía global de guerra

Como mostré en mi libro “El Estado Policiaco Global”, publicado en 2020, la economía global ha llegado a depender cada vez mas del desarrollo y despliegue de los sistemas de guerra, de control social transnacional, y de represión, simplemente como medio para sacar ganancia y seguir acumulando el capital de cara al crónico estancamiento y la saturación de los mercados globales. La acumulación militarizada se refiere a esta situación en la cual una economía global de guerra depende de las constantes guerras, conflictos, y campañas de control social y represión, organizadas por los Estados, y ahora impulsadas adelante por las nuevas tecnologías digitales, para sostener el cada vez mas tenue proceso de acumulación global de capitales.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron el inicio de una era de guerra global permanente en el cual la logística, la guerra, la inteligencia, la represión, el monitoreo y rastreo, y hasta el personal militar son cada vez mas el dominio privado del capital transnacional. El presupuesto del Pentágono se incrementó en un 91 porciento en términos reales entre 1998 y 2011, mientras a nivel mundial, el conjunto de los presupuestos militares estatales creció en un 50 porciento entre 2006 y 2015, desde $1.4 billones de dólares, a $2.03 billones, aunque esta cifra no incluye los centenares de miles de millones de dólares gastados en la inteligencia, las operaciones de contingencia, las operaciones policiales, las “guerras” contra las drogas y el terrorismo, y la seguridad interna. Durante este periodo, las ganancias del complejo militar-industrial se cuadruplicaron.

Pero un enfoque que se limita a analizar los presupuestos militares estatales nos da una visión demasiado parcial del cuadro de la economía global de guerra. Las numerosas guerras, los múltiples conflictos, y campañas del control social y de represión alrededor del mundo entrañan la fusión de la acumulación privada con la militarización estatal. En esta relación, el Estado facilita la expansión de las oportunidades para que el capital privado acumule mediante la militarización, tales como la facilitación de la venta global de armamentos por parte de las compañías del complejo militar-industrial-seguridad. Estas ventas han alcanzado niveles que no tienen precedente. Las ventas globales de armamentos por parte de los 100 fabricantes mas grandes se incrementaron en un 38 porciento entre 2002 y 2016.

Ya para 2018, las compañías militares con fines de lucro emplearon unos 15 millones de personas alrededor del mundo, mientras otros 20 millones de personas trabajaban para las compañías privadas de seguridad. El negocio de la seguridad privada (policía privada) es uno de los sectores económicos de crecimiento mas rápido en muchos países y ha llegado a empequeñecer a las fuerzas publicas alrededor del mundo. En monto gastado en la seguridad privada en 2003 – el año de la invasión norteamericana a Iraq – fue mayor en un 73 porciento que el gastado publico de seguridad, y tres veces mas personas trabajaban por compañías privadas militares y de seguridad que por las instancias estatales. Estos soldados y policías corporativos fueron desplegados para vigilar la propiedad corporativa, proporcionar personal de seguridad para los ejecutivos de la clase capitalista transnacional y sus familias, recompilar datos, llevar a cabo la contrainsurgencia, las operaciones paramilitares y de monitoreo y rastreo, realizar acciones de control de multitudes y represión de los manifestantes, administrar los cárceles y centros de interrogación, manejar centros privados de detención de los inmigrantes, y hasta participar directamente en las guerras al lado de las fuerzas estatales.

En 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció con mucha fanfarria la creación de un sexto servicio de las fuerzas armadas norteamericanas, la llamada “Fuerza Espacial”. Los medios de comunicación corporativos repitieron como papagayo la versión oficial para la creación de estas fuerzas – de que era necesario para que Estados Unidos enfrentara crecientes amenazas internacionales. Ignoraron casi por completo de que un pequeño grupo de exfuncionarios gubernamentales con fuertes lazos con la industria aeroespacial hicieron constante cabildeo entre bastidores para la creación de esta Fuerza con el objetivo de ampliar el gasto militar en concepto de satélites y otros sistemas espaciales.

En febrero del año en curso la Federación de Científicos Americanos denunció que detrás de la decisión del gobierno norteamericano de invertir no menos de $100 mil millones de dólares en una renovación del arsenal nuclear, se dio un constante cabildeo por parte de las compañías del complejo militar-industrial que producen y mantienen dicho arsenal. La administración Biden anunció con mucha fanfarria a principios de abril de este año de que iba a retirar todas las tropas norteamericanas en Afganistán. Sin embargo, los 2,500 soldados estadounidenses en ese país palidecen en comparación con los mas de 18,000 contratistas de auxilio privados desplegados por Estados Unidos, entre ellos al menos 5,000 soldados bajo la planilla de las corporaciones militares privadas.

Las mal-llamadas guerras contra las drogas y el terrorismo, las guerras no declaradas contra los inmigrantes y refugiados, la construcción de los muros fronterizos, los centros de detención de inmigrantes, los complejos industriales carcelarios, los sistemas de monitoreo y rastreo de masa, la extensión de las compañías privadas de seguridad y mercenarias – todos se han convertido en importantes fuentes de ganancia y se volverán mas importantes aun en la medida que la economía global siga enfrentando el estancamiento crónico. En resumidas cuentas, el Estado policiaco global se vuele gran negocio en momentos en que otras oportunidades de lucro para las grandes corporaciones transnacionales se ven limitadas.

Pero si bien la ganancia de capital transnacional y no la amenaza externa es la explicación para la expansión de la maquinaria norteamericana de guerra estatal y corporativa, esta expansión todavía necesita ser justificada por la propaganda oficial del Estado. La nueva guerra fría cumple con esta finalidad.

Conjurando enemigos externos

Hay otra dinámica en juego que explica la nueva guerra fría: la crisis de la legitimidad del Estado y de la hegemonía capitalista. Las tensiones internacionales derivan de una contradicción aguda en el capitalismo global: la globalización económica tiene lugar en un sistema de autoridad política basada en el Estado nación. Es decir, en términos más técnicos, hay una contradicción entre la función de acumulación y la función de legitimidad de los Estados. Los Estados enfrentan una contradicción entre la necesidad de promover la acumulación transnacional de capital en sus respectivos territorios nacionales – en competencia con otros Estados – y la necesidad de lograr la legitimidad política y estabilizar el orden social interno.

La tarea de atraer las inversiones corporativa y financiera al territorio nacional requiere que el Estado proporcione al capital todos los incentivos asociados con el neoliberalismo, como son la presión para abajo sobre los salarios, la represión sindical, la desregulación, las políticas impositivas regresivas, las privatizaciones, los subsidios al capital, la austeridad fiscal y recortes del gasto social, etcétera. El resultado de estas medidas es el incremento de la desigualdad, el empobrecimiento, y la inseguridad para las clases trabajadoras y populares, precisamente las condiciones que arrojan a los Estados hacia la crisis de la legitimidad, que desestabilizan los sistemas políticos nacionales, y que ponen en peligro el control elitista.

Las fricciones internacionales escalan en la medida que los Estados, en sus esfuerzos por retener la legitimidad, buscan sublimar las tensiones sociales y políticas y evitar que se fracture el orden social. En Estados Unidos, esta sublimación ha entrañado el esfuerzo por canalizar el descontento social hacia las comunidades convertidas en chivos expiatorios, tales como los inmigrantes. Se trata de una de las funciones más importantes del racismo y fue parte integral de la estrategia política del gobierno de Trump. Pero también entraña la canalización de dicho descontento hacia enemigos externos tales como China y Rusia, lo cual parece ser una de las piedras angulares de la estrategia del gobierno de Biden.

Las clases dominantes chinas y rusas también deben enfrentar las consecuencias económicas y políticas de la crisis global, pero sus economías nacionales están menos dependientes de la acumulación militarizada y sus mecanismos de legitimidad son otras, es decir, no dependen del conflicto con Estados Unidos. Es Washington que conjura la nueva guerra fría, pero esta guerra no responde a una amenaza de China o de Rusia, mucho menos a la competencia económica entre los capitalistas en los tres países, pues las corporaciones transnacionales se han inter-penetrado inextricablemente mediante las inversiones mutuas tras-fronteras. Mas bien, esta guerra impulsada por Washington responde al imperativo de manejar y sublimar la crisis.

El afán del Estado capitalista de externalizar las consecuencias políticas de la crisis aumenta el peligro de que las tensiones internacionales conduzcan a la guerra. Históricamente las guerras han sacado al sistema capitalista de las crisis estructurales, en tanto fungen para desviar la atención desde las tensiones políticas y los problemas de la legitimidad. El llamado “dividendo de paz” – que supuestamente iba a conducir a la desmilitarización con el fin de la Guerra Fría original con el colapso de la Unión Soviética en 1991 – se esfumó de la noche a la mañana con los eventos del 11 de septiembre de 2001, los cuales legitimaron la farsa de la “guerra contra el terror” como nuevo pretexto para la militarización y el nacionalismo reaccionario. Los presidentes estadounidenses históricamente registren el índice de aprobación mas alto cuando lanzan las guerras. El índice de aprobación de George W. Bush alcanzo el máximo histórico de 90 porciento en 2001, en el momento en que su administración se alistara para invadir a Afganistán, en tanto el de la administración de su papa, George H. W. Bush, alcanzó un índice de 89 porciento en 1991, a raíz de su declaración de que concluyó exitosamente la (primera) invasión a Irak y la “liberación de Kuwait”.

La dictadura digitalizada de la clase capitalista transnacional

El capitalismo global experimenta en estos momentos un proceso de reestructuración y transformación radical, impulsado por una digitalización mucho más avanzada de toda la economía y la sociedad global. Este proceso está basado en las tecnologías de la llamada “cuarta revolución industrial”, incluyendo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los macrodatos, los vehículos terrestres, aéreos, y marítimos de conducción automática, la computación cuántica y en nube, el internet/red de las cosas (conocido como IoT por sus siglas en inglés), la bio y nanotecnología y 5G ancho de banda, entre otras.

Si la crisis es económica y política, también es existencial por la amenaza del colapso ecológico, así como por la de una guerra nuclear, a la cual tenemos que agregar también el peligro de futuras pandemias que podrían involucrar a microbios mucho más letales que los coronavirus. Los encierros impuestos por los gobiernos por la pandemia sirvieron como pruebas para la forma en que la digitalización podría permitir a los grupos dominantes efectuar una aceleración en el tiempo y en el espacio de la reestructuración capitalista y ejercer un mayor control sobre la clase trabajadora global. El sistema ahora buscar una mayor expansión por la vía de la militarización, las guerras y los conflictos, una nueva ronda de despojos violento alrededor del mundo, y una extensión del pillaje del Estado.

Las clases dominantes están aprovechando de la emergencia sanitaria para legitimar un control más apretado sobre las poblaciones descontentas. Este proceso se ve acelerado por el cambio de las condiciones producidas por la pandemia y sus consecuencias. Dichas condiciones han ayudado a un nuevo bloque de capital transnacional – liderado por las compañías gigantescas de alta tecnología, entrelazados como son con la finanza, la industria farmacéutica, y el complejo militar-industrial – a acumular cada vez mas poder y consolidar su control sobre los ejes dominantes de la economía global. La reestructuración en marcha acarrea consigo una mayor concentración de capital a nivel mundial, un agravamiento de la desigualdad social, y también una agudización de las tensiones internacionales y los peligros de la conflagración militar.

En 2018, solo 17 conglomerados financieros globales en su conjunto manejaron $41.1 billones (trillones en inglés), que representa mas que la mitad del producto global bruto del planeta entero. Ese mismo año, para reiterar, el uno por ciento de la humanidad, encabezado por 36 millones de millonarios y 2,400 multimillonarios (billonarios en inglés), controló más de la mitad de la riqueza del planeta, mientras el 80 porciento – casi seis mil millones de personas – tuvieron que conformarse con apenas el cinco por ciento de esa riqueza. El resultado es devastación para la mayoría pobre de la humanidad. El 50 porciento de la población mundial intenta sobrevivir con menos de $2.50 diarios y el 80 porciento sobrevive con menos de $10 diarios. Una de cada tres personas sufre de la desnutrición, casi mil millones de personas se acuestan cada noche con hambre, y otros dos mil millones sufren de la inseguridad alimentaria. El número de personas convertidos en refugiados por la guerra, el cambio climático, la represión política y el colapso económico ya alcanza varios centenares de millones. La nueva guerra fría resultará en una agudización de la miseria de esta masa de la humanidad.

Las crisis capitalistas son momentos de intensas luchas de clase y sociales. Ha habido una rápida polarización en la sociedad global desde 2008 entre una ultra-derecha insurgente y una izquierda insurgente. La crisis en curso desata revueltas populares. Los trabajadores, campesinos y pobres han llevado a cabo una oleada de huelgas y protestas alrededor del mundo. Desde Sudan hasta Chile, desde Francia hasta Tailandia, Sudáfrica, y Estados Unidos, una “primavera popular” se estalla por doquier. Pero la crisis también anima a las fuerzas ultra-derechistas y neofascistas que han surgido en muchos países alrededor del mundo y que buscan aprovechar políticamente de la emergencia sanitaria y sus consecuencias. Los movimientos neofascistas y los regímenes autoritarios y dictatoriales se han proliferado alrededor del mundo en tanto se desintegra la democracia.

Las desigualdades salvajes explosivas desatan protestas en masa por parte de los oprimidos y llevan a los grupos dominantes a desplegar un Estado policiaco global cada vez más omnipresente para contener la rebelión de las clases trabajadoras y populares. El capitalismo global emerge de la pandemia en una nueva y peligrosa fase. La batalla por el mundo post-pandémico ya está siendo librada. Las contradicciones de un sistema en perpetua crisis han llegado al punto de quiebre, conduciendo al mundo hacia una situación peligrosa, hacia el borde de la guerra civil global. Los riesgos no podrían ser mayores. Parte integral de la batalla por el mundo post-pandémico es la revelación y la denuncia de la nueva guerra fría como artimaña de los grupos dominantes para desviar nuestra atención de la crisis en escalada del capitalismo global.

* William I. Robinson es un distinguido profesor de sociología y estudios globales de la Universidad de California en Santa Bárbara. La casa editorial mexicana Siglo XXI acaba de publicar su libro El capitalismo global y la crisis de la humanidad.