viernes, 30 de octubre de 2020

De la ciencia, la política y otras cosas


IECCS

Por Juan Manuel Zaragoza Bernal 

Este fin de semana ha trascendido un Decálogo para el correcto abordaje de la COVID-19 en España, firmado por 52 sociedades científicas relacionadas directamente con la salud (enfermería comunitaria, pediatría, dermatología, geriatría, etc.). Este decálogo surge del I Congreso Nacional COVID19, organizado por estas mismas asociaciones, de forma virtual. La propuesta ha recibido una gran atención en los medios, que lo han cubierto de forma bastante extensa en sus ediciones digitales. Además, la declaración ha recibido, a día de hoy, 16000 adhesiones en Change.org. En este artículo me interesa identificar y analizar las ideas que subyacen a este Decálogo. Su ideología, podríamos decir. Para ello, en primer lugar, haré una breve exposición de los principios que componen el decálogo; a continuación, mostraré brevemente cuáles son esos principios ideológicos subyacentes; en tercer lugar, propondré una descripción más acorde, en mi opinión, a lo que realmente está ocurriendo. Más empírica, si queréis; para concluir, defenderé que sólo tomando en cuenta una gran cantidad de saberes seremos capaces de salir de esta crisis mejor de lo que entramos. Mi propuesta parte, en gran medida, del trabajo de Bruno Latour, Donna Haraway y Rosi Braidotti. 

1. Análisis del Decálogo para el correcto abordaje de la COVID-19 en España

El Decálogo se inicia avisando al presidente del Gobierno de España y a los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas, bien grande y en negrita, de que “en la salud, ustedes mandan pero no saben”. Obviamente, los firmantes no afirman que los políticos no sepan absolutamente nada de salud. No son capaces de decir tal disparate. Lo que les están diciendo a nuestros políticos es que, lo que saben, no vale. Que su saber es inútil. Una idea que se refuerza con los tres primeros puntos del decálogo, en los que conminan a los políticos a aceptar, de una vez, que la gestión de la crisis debe responder a criterios “exclusivamente” científicos, y les ordenan frenar “ya tanta discusión” para ponerse a hacer “cosas”, que detallan en los siguientes puntos e incluirían un protocolo “nacional”, pero que respete las “actuaciones territoriales diferenciadas”, la creación de una “reserva estratégica de material” y la petición de aumentar los recursos para la investigación. Salpicadas por el texto, encontramos de forma repetida la demanda de que sean “las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política […] quienes establezcan las prioridades de actuación” o la necesidad de tener un “profundo conocimiento de las ciencias de la salud” para encargarse del “manejo de los recursos sanitarios”. 

2. Análisis “ideológico” (incluso metafísico) del Decálogo.

La primera conclusión resulta evidente, tanto por el título como por la lectura que hemos hecho: el objetivo principal de este Decálogo no es ofrecer medidas novedosas para una mejor gestión de la crisis, sino eliminar los factores políticos de la misma, ya que los políticos no saben. Esto podría pasar por ser producto del hartazgo que producen las constantes disputas entre administraciones, no tanto por mejorar la situación sanitaria, sino por decidir cómo se reparten las consecuencias políticas. Sería, por tanto, uno más de los muchos textos publicados durante estos días en los que se señala a la clase política como la culpable de la crisis. 

Pero el Decálogo no señala a las disputas partidistas como principal problema, por mucho que se mencionen en el punto 1, sino a la inutilidad de aquello que los políticos saben. Por eso, insisten, debe ser el saber que ellos detentan el que se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. O, dicho de otra forma, únicamente deberemos atender a las “autoridades sanitarias”, a aquellos que tengan un “profundo conocimiento de las ciencias de la salud”, y deberemos despreciar la intervención de los políticos como “injerencias”. Aquí, en cuatro breves líneas, encontramos un magnífico ejemplo de lo que sería una propuesta tecnocrática, es decir, política. Y que, además, es incompatible con la democracia. 

Imaginemos, por un momento, que esta carta estuviera firmada, en vez de por científicos, por generales de las fuerzas armadas. Y que propusiesen que los políticos democráticamente elegidos diesen un paso atrás para que fuesen ellos los que tomasen las decisiones, basándose, para ello, en su mayor organización, su capacidad para imponer el orden de forma eficaz y su experiencia lidiando con situaciones de alto riesgo. A ninguno nos parecería, creo, tan buena idea. Pues algo parecido es lo que piden estas asociaciones científicas: dejemos a un lado los procedimientos democráticos (la lentitud burocrática, la discusión) y permitamos gestionar la crisis a las “autoridades sanitarias”. Detrás de lo que parecía simple sentido común (que gestionen “los que saben de esto”), encontramos una pulsión profundamente antidemocrática.

Pero debemos ir un poco más allá. Porque no se trata de que los cientos, miles de profesionales que forman parte de estas asociaciones, sean antidemócratas. Decir eso sería una estupidez y una injusticia. Pero sí participan de una visión del mundo que está pensada, precisamente, para cortocircuitar los procedimientos democráticos. Para acallar, como diría Sócrates, a los diez mil necios que se reúnen en el ágora para decidir sus destinos sin tener ningún conocimiento de las matemáticas. Para ello, es necesario dividir el mundo en dos esferas estancas. Por un lado, tendremos la naturaleza, que es independiente de aquello que nosotros pensemos sobre ella. Por el otro, la sociedad, que nada tiene que ver con la primera, en tanto que los valores nada tienen que ver con los hechos. Son dos ámbitos completamente separados. Sin embargo, debe haber alguna forma de evitar que las masas decidan acerca de los valores. No podemos permitir que lo bueno y lo malo se decidan en una asamblea. Tiene que haber un método que nos permita decidir sin depender de su concurso. A falta de uno, tenemos dos. Por un lado, la autoridad. El Poder. Por el otro, la razón. La Ciencia. Los dos son mecanismos gemelos que entran en funcionamiento cuando el guirigay de la masa se vuelve ensordecedor. 

¿Dónde radica la autoridad de la Ciencia (dejemos a un lado al Poder) para exigir que nos callemos? En esa misma partición del mundo entre naturaleza y sociedad que les confería el dominio de una de las partes. Y el SARS-CoV-2 les pertenece. Sólo ellos tienen conocimiento legítimo sobre él, porque sólo ellos pueden conocer los hechos de la naturaleza. Por eso debemos callarnos y dejar que ellos sean (“las autoridades sanitarias”) los que nos gestionen. 

3. Una alternativa polifónica

El problema con esta propuesta no es únicamente que tenga un núcleo antidemocrático, es que además sería inútil, causando un gran daño y dolor. Pensemos, por un momento, en cómo sería la respuesta que la ciencia podría dar a un problema tan serio y con tanta influencia sobre la salud como sería la pérdida de cuatro millones de empleos producida por la pandemia. ¿Qué herramientas encontraríamos en las ciencias biosanitarias para paliar esta situación? Ninguna. Sin embargo, la política sí dispone de ellas. En concreto, el 21 de abril de 2020 se introducía, mediante un Real Decreto, una modificación de la legislación relativa a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que permitía, entre otras cosas, entender que la fuerza mayor que obligaba a la regulación podía ser parcial, es decir, afectando sólo a una parte y no a toda la empresa. Algo que se hace, además, poniendo de acuerdo a los sindicatos y a la patronal. Esto, que puede parecer una simpleza, es un proceso bastante complejo que se resuelve gracias al saber acumulado por lxs políticxs, por lxs administradorxs y por lxs burócratas. Esos a los que los firmantes del Decálogo buscan apartar de la gestión de la crisis.

Y esto es así porque el asunto que nos concierne no es ni social, ni es natural. Es un híbrido. El problema que tenemos no es el SARS-CoV-2, tal y como aparece bajo la lente del microscopio, que no es más que otro coronavirus como hay miles, sino el hecho de que se haya asociado exitosamente con otras entidades. En primer lugar, con el animal, todavía desconocido, que sirvió de puente. A continuación, con la economía China y la cultura gastronómica de este país. Posteriormente, con las redes de comunicación globalizadas e impulsadas por combustibles fósiles. Llegó, por fin, al laboratorio, donde se relacionó con técnicas de análisis genético. Y, casi al mismo tiempo, se vinculó a los sistemas sanitarios occidentales, que se encontraban escasamente preparados para afrontar una crisis de la que no tenían experiencia previa, al contrario que sus homólogos chinos o coreanos. Sistemas que, además, y en el caso de Italia y de España especialmente, venían de una década larga de recortes que habían mermado su capacidad de respuesta. Recortes, también, en lo social, que habían dañado las herramientas que podrían haber ayudado a minimizar el impacto en los más desfavorecidos.

Esto que acabo de describir rápida y superficialmente no es una crisis científica o sanitaria, como tampoco es una crisis política, social o como queramos llamarlo. Es una crisis híbrida, multiforme. Como lo son, y lo serán, las crisis del siglo XXI. Ya nos avisó Ulrich Beck en su famoso La sociedad del riesgo: lo que nos toca es gestionar la complejidad y la incertidumbre (esta es también la línea que sigue Daniel Innerarity en su último libro Pandemiocracia). Y para gestionar la complejidad, toda reducción es peligrosa, por muy tentadora que sea. 

Frente a este afán por silenciarnos, necesitamos un nuevo parlamento. Un nuevo espacio en que los diversos saberes se pongan de acuerdo para intentar resolver el problema en común. En este sentido, el trabajo que se está desarrollando en algunas clínicas de atención primaria de las favelas de Brasil es un ejemplo que debería hacernos enrojecer a todos. Al contrario que aquí, en el que la lucha contra la enfermedad se ha librado mediante una estrategia hospitalocentrista, acompañada por herramientas de control social y represión policial, allí, ante la falta de apoyo de las autoridades, se ha optado por involucrar a todos los interesados en la solución de la crisis, lo que incluye a toda una serie de agentes(ONGs, párrocos, personajes localmente populares) que aportaban conocimientos valiosos y recursos novedosos. A partir de este saber localizado, la adopción de medidas científicamente discutibles, como la desinfección de las calles, no era vista como el intento por parte de los políticos de hacer ver que se hacía algo, sino como una herramienta que permitía visibilizar el problema ante una población que recibía informaciones contradictorias. En este contexto, y pese a que el liderazgo recaía en el personal sanitario, las ciencias (perdida ya la mayúscula y en plural) eran una más en este nuevo parlamento, en el que distintos saberes y prácticas buscaban encontrar una salida común a un problema que afecta a todos y a todas. 

Creo que hay pocas definiciones más hermosas de democracia que aquella que reconoce no ser más que el esfuerzo que realizamos conjuntamente para definir a oscuras, acompañado por otros tan ciegos como nosotros mismos, qué es bueno y qué es malo. Y para esto, no necesitamos el silencio del laboratorio, sino la algarabía de la discusión pública. La polifonía de los saberes. Precisamente lo que nos ha faltado en España.

4. Para concluir

Si en algo hemos errado, y tal vez esté ahí el problema que la OMS es incapaz de ver, ha sido en que se ha planteado una política excesivamente monódica, en la que únicamente dos tipos de saberes han sido convocados: el de los científicos y el de los economistas. Es en estos términos en los que se ha planteado una dicotomía que buscaba resumir nuestro problema, reducirlo para hacerlo manejable: salvar vidas o salvar la economía. Partiendo de aquí, no podíamos esperar que las cosas saliesen bien.

Hubiéramos necesitado un concierto de saberes, un gran parlamento en el que las demandas, las prácticas diversas, las peculiaridades locales, los saberes de la ciencia, la experiencia de los administrativos y los burócratas, la habilidad de los políticos y los conocimientos que aportan las humanidades y las ciencias sociales, pero también los movimientos vecinales y de base, se hubieran conjurado para definir, en primer lugar, cual era el problema. Para ordenar, a continuación, nuestras prioridades. Y para intentar marcarnos una meta común. Un objetivo. En su lugar, nos hemos encontrado con este concierto a dos voces, que pronto derivó en cacofonía cuando cada miembro del coro empezó a cantar melodías distintas y disonantes. 

Ahora tal vez sea tarde, pero debemos aprender de nuestros errores. Es muy difícil sostener un esfuerzo concertado en pos de un objetivo común cuando no tenemos en cuenta los intereses de todas las partes. Cuando no damos voz a todos los actores involucrados e interesados en resolver esta controversia. A lxs científicxs, a lxs médicxs claro. Pero también a lxs niñxs a los que no se les deja jugar en los parques. A lxs adultxs que ven cómo no pueden tomar una cerveza en su barrio, pero sí servirla en el de al lado. A lxs profesorxs que dejan solxs a la hora de crear los protocolos anticovid del colegio, y a lxs que se les exige asumir toda la responsabilidad si algo sale mal. Todos y cada uno de ellxs merece ser escuchado. Y al escucharlos, al tenerlos en cuenta, la libertad para el juego partidista, que tanto daño nos hace, es menor. 

Casi al mismo tiempo que se publicaba el Decálogo, otro conjunto de asociaciones científicas, esta vez de las ciencias sociales, emitían un comunicado. Al contrario que aquel, este no pedía silencio. No pedía que se acabase la discusión, al contrario. Pedía que se les escuchase: “Necesitamos escuchar los saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades”. No se trata, en este caso, de pedir ninguna exclusividad, sino de aumentar los vínculos, entendiendo que es la única forma posible de salir más fuertes, más vinculados, de esta crisis.

Una cosa más

Termino de escribir con la terrible sensación de haber sido injusto con los firmantes del Decálogo, de haber creado un hombre de paja que los convierte en poco menos que autoritarios que quieren acabar con la democracia. No es esa mi intención. Es más, no creo que ninguno de ellos y ellas piense en estos términos, al contrario. Sé, estoy convencido, de que escriben desde la profunda preocupación que sienten por nosotros y nosotras. Que sus palabras surgen de la compasión y de la frustración por ver cómo las luchas partidistas, ellas sí, desbaratan no sólo sus esfuerzos sino el de todos nosotros y nosotras. No puedo menos que agradecer y reconocer que alcen la voz en estas circunstancias.

Esto no quita, sin embargo, que tanto el tono como el contenido de su Decálogo resulte desagradable, autoritario y excluyente. Contra esto escribo. Contra este deseo por acallarnos. Sé que no soy el único. Sé también que muchos científicos y científicas, médicos, médicas y demás personal sanitario no se reconocen en él. Y por eso, no me siento solo.


jueves, 29 de octubre de 2020

Trigésimo Segundo Manifiesto Público


Defensores en Línea

Si la esencia de la dictadura se reduce a la corrupción, militarización, criminalización, privatización, sicariato, saqueo, despojo, fascismo, miedo y odio. ¿Por qué aceptarla? ¿Por qué asumirla como una cultura normalizada? La rechazamos, y como parte de esa oposición ética, responsable, llena de amor y esperanza, presentamos este Trigésimo Segundo manifiesto público:

1.- ¿Qué hay en común entre quienes entregan el país y quienes coordinan las transnacionales extractivas? La obsesión desmedida por el dinero y el poder, un poder ilegitimo. Una obsesión que hoy se expresa en las ZEDEs, inconstitucionales, colonialistas y racistas. Por eso ratificamos nuestro apoyo a la lucha de Crawfish Rock en Roatán, de los pobladores de Choloma y del Golfo de Fonseca, alentamos a toda persona a indagar sobre esta lucha y acrecentar unitariamente los esfuerzos para detenerlo.

2.- ¿Cuándo las FFAA han actuado en defensa real de la soberanía? ¿Cuándo han dejado sus más altos oficiales de saquear y abusar de los recursos del Estado? ¿Alguna vez sus manos estuvieron limpias de la sangre martirial? ¿Qué podemos celebrarle a las FFAA, hoy puestas al servicio de la narcodictadura? Vergüenza total, vergüenza para la historia, vergüenza para sus hijos e hijas, son y serán juzgados como traidores, como lo que son, viles serviles del capital del polvo blanco.

3.- Tito Asfura y la familia Atala dieron la estocada final a las familias capitalinas. Banco FICOHSA recibe de las manos del alcalde del D.C. un fideicomiso, consumando la privatización del agua, atentando contra múltiples derechos colectivos. Hagamos permanente esta denuncia, en nombre de la verdad y del compromiso con las próximas generaciones.

4.- Resaltamos con gran entusiasmo el reconocimiento a los defensores de Guapinol, con el premio Carlos Escaleras 2020. Un reconocimiento muy coherente con el momento histórico, con la ardua lucha que han librado en defensa no solo del río Guapinol, sino de toda Honduras, su futuro y de su gente.

5.- Saludamos a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, quienes siguen luchando por un estatus migratorio permanente. Con la misma fuerza celebramos la victoria antiimperialista del pueblo de Bolivia, representado en el Movimiento al Socialismo, que mediante el sistema electoral llega de nuevo al poder, para hacer valer la voz popular. Su triunfo es un golpe a los proyectos elitistas y una bocanada de oxígeno a las luchas de los pueblos.


Estado hondureño debe implementar política pública integral dirigida a personas defensoras


Radio Progreso

Entre 2009 y 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, emitió tres sentencias contra el Estado de Honduras, que resultan claves y fundamentales para el marco internacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y territorios. Estas sentencias son por ambientalistas asesinados en los años 90; Blanca Jannette Kawas, Carlos Luna y Carlos Escaleras.

Cuando la Corte-IDH emite una sentencia, esta debe ser la base para que los países miembros de los Estados Americanos construyan y aprueben políticas públicas que garanticen la vida de los defensores y defensoras. Sin embargo, Honduras, el actor principal de las sentencias, ha ignorado el mandato de la Corte, “y reflejo de eso es que, sigue figurando como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales”, dijo en el foro virtual en memoria del ambientalista Carlos Escaleras, María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

Las tres sentencias significan un avance porque la Corte- IDH pudo comprobar que estos tres asesinatos no fueron hechos aislados, sino que se enmarcaron en un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, que se había agravado desde la década de los 90, y que al momento de la emisión de estas sentencias continua vigente con miras a la agudización.  

“Además, se pudo comprobar que previo a los asesinatos había un patrón de denuncias sistemáticas por la labor que realizaban los defensores en sus comunidades, y que no se les dio el tratamiento que necesitaban”, dijo asegurando que ante las señales de alerta que se emitieron, el Estado fue incapaz de implementar medidas para proteger la vida de los defensores, “situación que sigue repitiéndose en la actualidad”.

Los casos de Escaleras, Kawas y Luna también revelan la correlación de poderes económicos con participación de agentes estatales tanto en el diseño como la ejecución de estos asesinatos, explicó la representante de Cejil.

En el Foro también participó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, Marina Comandulli representante de Global Witness y Ramón Cadenas de la Comisión de Juristas Internacionales. Además, se entregó la quinta edición del Premio Nacional Carlos Escaleras a los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro privados de libertad desde hace más de un año.

“Las sentencias deberían mejorar el sistema normativo en Honduras, que se haga justicia, para que las violaciones de derechos humanos no se repitan”, dijo Gómez, haciendo énfasis que la impunidad en estos asesinatos es la principal causa para que más asesinatos y agresiones sigan registrándose en el territorio nacional.

Una política de protección integral

Es imprescindible que Honduras implemente una política pública integral dirigida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, que incluya la participación de las víctimas, organizaciones de sociedad civil, sectores expertos en la elaboración de las normativas de protección, así como el abordaje interinstitucional de la problemática y la adopción de medidas inmediatas frente a las denuncias interpuestas por los defensores.

Producto de las sentencias y presiones de las organizaciones de derechos humanos, en Honduras en 2015 se aprobó la Ley de Protección para los Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la creación del Mecanismo de Protección.

Sin embargo, la propia Corte-IDH a través de una resolución de supervisión de cumplimento de las sentencias, pudo comprobar que el país tiene serios problemas para avanzar en la implementación de una normativa que garantice la vida de los defensores.

“Con la sentencia de homologación el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado entre el Estado y la representación del ambientalista Carlos Escaleras en 2018, se le recordó al Estado de Honduras la tarea pendiente de crear una verdadera política pública integral de protección”, señaló María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

El país más peligroso

América Latina es la región donde más ambientalistas son asesinados en el mundo. Pero cuatro países en particular tuvieron las tasas más altas de asesinatos en relación con su población: Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala, indica el reporte “Defendiendo el mañana” publicado por la organización de derechos humanos Global Witness.

Estos países, según el informe, son los que tienen más asesinatos de ambientalistas por millón de habitantes, siendo Honduras el país que encabeza esa lista. La organización identificó 14 asesinatos para una población de apenas 9,5 millones de habitantes.

Marina Comandulli representante de Global Witness, dijo durante su presentación en el foro virtual que, la instalación de empresas mineras es la principal causa que provoca el asesinato de ambientalistas, especialmente en territorios indígenas o afrodescendientes. Además, advirtió que con la crisis sanitaria por la Covid-19, las empresas aprovechan las medidas impuestas por el Estado, para agudizar las campañas de desprestigio e intimidación contra los defensores y defensoras.


Defensores encarcelados de Guapinol reciben Premio "Carlos Escaleras"


Radio Progreso

Por quinto año consecutivo, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERC-sj) y Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) con el apoyo de Diakonia otorgan el Premio Nacional “Carlos Escaleras”, un reconocimiento para personas y organizaciones que generosamente, y comprometidas con el país, realizan la labor de defensoría de derechos humanos y los bienes naturales en Honduras.

La quinta edición del premio se entrega a los defensores Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz,privados de libertad desde hace 14 meses por defender los ríos Guapinol, San Pedro y el Parque Nacional Carlos Escaleras; lucha que les ha acarreado persecución política, hostigamiento y criminalización por el Estado de Honduras. A tal punto que 5 defensores más, están bajo amenaza de ir a prisión porque la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, les revocó el sobreseimiento definitivo que un juez con jurisdicción nacional les había dictado en marzo de 2019.

“A 23 años del asesinato de Carlos Escaleras, el territorio y los bienes naturales que él defendió están amenazados y violentados por las empresas extractivas que operan en la misma zona con la complicidad del Estado, y los defensores presos son herederos de ese legado y compromiso”, expresó Adilia Castro, del equipo organizador del premio.

El premio fue recibido por sus familiares, en su mayoría madres, esposas e hijas; mujeres que han estado de frente contra la minera durante más de tres años, y quienes han sido las más afectadas “porque la empresa sabe dar donde más duele”, dijo Juana Zúñiga, compañera de vida de José Abelino Cedillo, con quien procreó tres niñas que aún son menores de edad.

A Juana le toca cargar con la responsabilidad económica de sus hijas y sobrellevar el trauma psicológico que la violencia les ha generado. “Mi hija de 7 años cuando ve una patrulla de militares se esconde y llora, porque piensa que ahora vienen por mí para llevarme presa”, contó.

“El premio más grande que podemos recibir es la libertad de ellos”, expresó Juana al momento de recibir el reconocimiento de manos de Douglas Escaleras, hijo del ambientalista que cada año junto a su madre acompañan las actividades en conmemoración a la memoria de su padre.

Entre lágrimas doña Rosa Cruz, madre de Ewer Alexander Cedillo, mostró su agradecimiento a las organizaciones por no dejarlas solas, por acompañar el sufrimiento de los defensores presos ante la injusticia que padecen. Ella está contenta porque se reconoce el sacrificio de su hijo y demás compañeros, pero al mismo tiempo le indigna ver que mientras en otros países los reconocen como defensores ambientales, en Honduras los tratan como delincuentes.

Aunque sus familiares recibieron el reconocimiento, los defensores no lo saben aún. La crisis por la pandemia Covid-19 ha prohibido las visitas en los centros penales a nivel nacional. Hace 7 meses no se les ve, ni se les escucha. La única información que las familias conocen es la que han publicado organismos como el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV.

O la más reciente que publicó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, que a través de un video ellos cuentan porque decidieron unirse a la lucha por defender los ríos y la montaña, además, alientan a la población a no rendirse ni dejarse tentar por el poder económico de la empresa.  

Gabriela Sorto, quien junto a su madre recibió el reconocimiento a nombre de su padre Porfirio, relata que la concesión minera está provocando un daño severo en su familia. “Aunque somos mujeres fuertes me toca esconderme de los demás para llorar y sé que mi mamá también lo hace. Nos duele ver a mi papá preso porque él es un hombre bueno y es injusto que por esta empresa esté preso”, dijo.

A Gabriela, una joven de apenas 25 años, le toca cargar con el sufrimiento de su familia por su padre preso, además, todos los días carga con la dolorosa imagen de ver frente a su casa la construcción de la fábrica donde se procesará el óxido de hierro que extraerá la empresa de la montaña Carlos Escaleras. Para ella, esa imagen y el hecho que se les reconozca como defensores, es el motivo para seguir exigiendo la cancelación de esa concesión minera en favor del empresario Lenir Pérez.

En años anteriores el premio Carlos Escaleras se entregó a: Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Consuelo Soto, lideresa indígena tolupán, Ubaldina Santos, lideresa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el departamento de Atlántida y al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Este año 2020, la entrega se realizó en el Centro Cultural Guadalupe Carney de Tocoa, donde llegaron los familiares y representantes de las comunidades bajo medidas de bioseguridad por la pandemia.

En el marco de la entrega del premio, las familias y comunidades de Tocoa también celebran que el Parlamento Europeo haya seleccionado como finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, a los defensores del río Guapinol junto al legado de Berta Cáceres, reconocimiento las luchas por el agua, el territorio y por la vida, además, demostrando que la institucionalidad hondureña ha sido diseñada para conspirar contra la dignidad del pueblo.

El Premio Nacional Carlos Escaleras y estar como finalistas del Premio Sájarov, suponen el reconocimiento de las organizaciones nacionales e internacionales de la labor que realizan los defensores del río Guapinol y San Pedro, quienes se oponen a una concesión minera ilegal que ya ha causado daños irreversibles al ambiente y las familias de las comunidades aledañas a la minera.


Democracias asediadas en América Latina: Conversaciones con Atilio Borón


Rebelión

Por Oscar Soto 

En los últimos años atravesamos momentos constitutivos que invitan a pensar la realidad de Nuestra América de manera crítica y en alerta. Desde antes de la llegada de la pandemia hemos transitado procesos de amplia impugnación social al neoliberalismo, hasta la reactualización de los núcleos de sentido más fuerte de las derechas latinoamericanas, que sucede por estas horas.

Tanto la censura de líderes políticos progresistas como la criminalización de la protesta social, el surgimiento de tendencias reaccionarias y la embestida de sectores mediáticos y judiciales contra las organizaciones populares, han abierto interrogantes sobre el futuro de la democracia en América Latina.

En este contexto es que, desde el Movimiento Arturo Roig en conjunto con organizaciones universitarias, sociales, políticas, culturales, del ámbito de los derechos humanos y sectores campesinos de Mendoza (Argentina), propiciamos un espacio de debate colectivo para repensar la ofensiva neoconservadora en la región. El encuentro denominado “Desafíos a la Democracia en América Latina: el rol de los movimiento populares en el tablero geopolítico” que tuvo lugar en estos días, contó con la participación de Atilio Boron -politólogo y sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard-, Gisela Marsala –comunicadora social y militante popular de la provincia- y Guillermo Rubio –integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura-.

El futuro de las democracias

Atilio Borón no necesita presentación, al menos no en América Latina donde lleva demasiados kilómetros navegados, dando batalla al “sentido común”, que es más una producción intelectual de las clases dominantes que la expresión espontanea de los pueblos. No en vano, CLACSO acaba de reconocerlo con una antología indispensable para el pensamiento crítico de Nuestra América: Atilio Borón: bitácora de un navegante. Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. En razón de sus aportes a las luchas populares en la región, es que nos permitimos caracterizar con él la coyuntura que atraviesan los países latinoamericanos.

Si bien la idea de democracia hace tiempo cede lugar a la zozobra que dejan los eufemismos del neoliberalismo en el poder, no es menor lo que las resistencias populares han hecho para reinventar ese concepto. Tanto la práctica de los movimientos sociales en los territorios, como el recambio político-institucional de principios de 2000 en la región, han dado sobradas pruebas de cuán disputable es el sentido de la democracia, como valiosos son los derechos sociales alcanzados en estos años.

La incompatibilidad de una democracia genuina bajo las condiciones del capitalismo, la centralidad de la acción estatal en contextos de pandemia y el recambio que la fisonomía de la protesta callejera ha tomado en estos meses fueron algunos temas de debate en estas jornadas. A esta altura no quedan dudas, que la vitalidad de la democracia -para las derechas latinoamericanas- es tolerable en la medida que no comprometa las ganancias de los sectores concentrados, de ello dan cuenta el acecho contra Venezuela, el golpe consumado contra el MAS en Bolivia, la proscripción de Evo Morales y Rafael Correa, así como la andanada mediático-judicial en Argentina.

La situación argentina

La llegada al gobierno de Mauricio Macri significó el acceso pleno al poder político formal de las clases dominantes locales, sin la necesidad de recurrir a los militares para realizar un golpe de Estado como en otras épocas. Todas y cada una de las medidas políticas del macrismo fueron efectivas en favorecer la fuga de capitales, desregular la economía, romper alianzas políticas con los países latinoamericanos, agrandar la deuda interna y consolidar la transferencia de ingreso de los sectores medios y bajos a las élites nacional e internacional. De alguna manera, como se dijo en las jornadas, eso describe el escenario que la Argentina heredó: inflación, deuda con acreedores privados y con el FMI, cifras de empobrecimiento entre los menores de 14 años en un 52, 6%, y una devaluación fenomenal de la moneda nacional.

Ahora bien, no conforme con ese panorama, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una fuerte campaña de desestabilización mediática, judicial y política. Desde el grupo de medios concentrados, que tiene en el diario Clarín y La Nación sus exponentes más notorios, hasta el sector político-judicial de la derecha tradicional, han emprendido un feroz ataque al Ejecutivo por las medidas intervencionistas en materia económica, como también por las decisiones sanitarias respecto del COVID-19. Todo parece demostrar que, al igual que en el resto de América Latina, el “lawfare”, las “fakes news” y las intimidaciones de los grupos económicos dominantes, con el respaldo de la embajada de Estados Unidos, son cada vez más directos. Ante ese panorama resulta urgente retomar la iniciativa política de los movimientos populares.

Pasos hacia el frente

Si bien la pandemia ha acentuado la precariedad de los sistemas de salud, lo que es más explícito aun es que transitamos una fuerte crisis de la democracia que se suma a las tramas de injusticia social y la inequitativa distribución de los ingresos, histórica en el continente. Todo un caldo de cultivo que es aprovechado por las derechas latinoamericanas que han ganado espacio. El imperativo de una “reorganización del campo popular en su conjunto” es cada vez más urgente. Boron evoca lo que con Frei Betto llamaran una “re-alfabetización política” como requisito para dar pelea en un contexto tan abrumador como este.

Finalmente, una posible síntesis de este delicado momento indica que el asedio a las democracias realmente existentes, es un indicador de las deudas con los sectores populares que la re-democratización ha dejado como saldo; pero también constituye el diagnostico de una nueva fase de agresión del capital contra los pueblos. Hoy más que nunca, resulta necesario multiplicar estos espacios de militancia teórico-políticos, para defender y desbordar desde abajo los procesos democráticos.

* Oscar Soto es docente Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad Nacional de Cuyo


Tristeza COVID, la nueva pesadumbre


https://theconversation.com/

Por José Ramón Ubieto Pardo 

Ha pasado casi un año desde que empezó todo. Hemos experimentado la extrañeza, el miedo y la angustia, la rabia, el amor, la solidaridad y los duelos. Ahora, iniciando el otoño –y sin la luz estival–, aparece con fuerza la tristeza. Sus signos son claros: mutismo entre amigos, sin el bullicio de los grupos de whatsapp ni los encuentros cara a cara; agotamiento y desafección por actividades creativas o profesionales; problemas de sueño; inquietud en el cuerpo; y un sentimiento íntimo de pérdida del sentido de muchas de las cosas que hacemos, al no tener ya un objetivo ni perspectivas claras.

Lo expresaba L. –un paciente que pasa mucho tiempo con las pantallas– con estas palabras: “Es como ir en tren y ver cómo pasa tu vida, pero tú estás fuera”. Esta frase refleja bien el sentimiento de exilio que cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez en todo este tiempo. Exilio de su propia vida.

Cada cual tiene sus razones particulares, pero algunas las compartimos todos. Entre ellas la decepción de lo que no llega tras las expectativas de la desescalada. O las pérdidas que se acumulan (vidas, trabajos, vínculos, recursos). A lo que se suma una creciente crisis social con cada vez más vidas desahuciadas, la desconfianza en los dirigentes, el rechazo a medidas confusas y contradictorias, y el agotamiento de tanta incertidumbre y cambios que nos detienen en un interminable stand by.

Coordenadas espacio y tiempo

Las personas nos orientamos por dos ejes básicos, las coordenadas de la modernidad. Me refiero al espacio, que incluye el vínculo a los otros, y al tiempo. Basta ver las técnicas de tortura psicológica para comprender su importancia. Cuando a un detenido se le aísla y se le quitan todos los referentes temporales (mediante habitáculos sellados o drogas), el impacto psicológico inmediato es un estado confuso, con signos de depresión y parálisis, tras una incipiente rabia. Algo de eso, en menor medida claro, nos está pasando a nosotros.

Nuestra misión es compartir el conocimiento y enriquecer el debate.

¿Quiénes somos?

Hay algo irreal en el paisaje de máscaras en el que vivimos que hace que a veces no reconozcamos al conocido que pasa al lado, que no podamos entender la página del libro que acabamos de leer (aunque se trate de un texto fácil). O que nos sorprendan los besos y abrazos de una película, como si eso fuese ya otro tiempo.

La distancia con los otros nos aleja también de nosotros mismos. Nos cuesta además imaginar el futuro pos-COVID-19, y recurrimos más fácilmente a alimentar la nostalgia. Algunos jóvenes –no todos– y unos cuantos adultos, como hemos visto, niegan de entrada ese presente y exigen que todo sea como si nada hubiera sucedido. Es otra defensa ante las pérdidas.

La tristeza no es depresión

Esto que nos está pasando es la tristeza COVID. Y no hay que confundirla con una depresión o cualquier otro trastorno mental, como algunos rápidamente auguran cada vez que hay una crisis. “Hay personas deprimidas pero yo vengo para saber algo más del por qué” me explica M. en la consulta.

La tristeza es un problema cuando nos ahorra las preguntas y los porqués, alejándonos del saber. Por eso, el psicoanalista Jacques Lacan le oponía, como antídoto, el gai savoir (el “saber alegre”), resultado del atrevimiento de cada uno en manifestar eso que le pone triste. Y decirlo de tal manera que, sin aspirar a comprender por completo sus causas, le abra nuevos interrogantes sobre su deseo alegre de vivir.

La clave está en pasar de la impotencia –el sentimiento que nos abruma por aquello que no podemos hacer– a la imposibilidad –el reconocimiento de que hay cosas imposibles–, sin solución programada. Un padre o una madre no pueden explicar los misterios de la sexualidad a sus hijos, no porque sean incapaces o ignorantes, sino porque la sexualidad no se enseña, se experimenta subjetivamente.

Igual ocurre en la terapia psicológica, donde no todo es ‘curable’ porque, más allá de las capacidades y potencias del clínico, lo que cuenta es el consentimiento del paciente. Él decide el límite de lo posible. Darse contra el muro de la impotencia conduce a la pesadumbre. Aceptar los límites permite, en cambio, hacer lo posible en cada caso.

Hace falta tiempo y esfuerzo para sacudirse la tristeza, y no nos sirve la letanía de la autoayuda. Se trata más bien de no quedarse en la parálisis del acto ni en el ensimismamiento de lo virtual, rechazar la nostalgia –siempre engañosa– y favorecer los encuentros presenciales. Todo ello sin renunciar a los placeres cotidianos ni a los proyectos previstos (aunque ajustemos los objetivos iniciales), aplicando las medidas preventivas necesarias.

La tristeza nos empuja a separarnos de la vida, como ese tren sobre el que fantaseaba L. Y, aunque al gran Antonio Carlos Jobim, uno de los padres de la bossa nova, le parecía que, a diferencia de a felicidade, la tristeza no tenía fin, lo cierto es que él encontró la buena y poética manera de traducirla. De eso se trata, de hacer algo con ella en el tiempo que nos queda hasta el fin de la pesadilla COVID.

 *José Ramón Ubieto Pardo. Profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Psicoanalista, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

miércoles, 28 de octubre de 2020

Defensores y defensoras de DDHH retratan las consecuencias y secuelas que han dejado los golpes de estado en América Latina


Defensores en Línea

Riccy Ponce 

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, participó en un webinar sobre los golpes de estado que han sufrido  los países de América latina y los efectos que han tenido los mismos, donde señaló que en Honduras el golpe de estado de 2009 todavía continúa vigente en el país.

En su participación, a la que asistieron representantes de varios países como Estados Unidos, Chile, Honduras, entre otros, la defensora de derechos Humanos expresó que estaba en representación de COFADEH y de muchas víctimas del pasado y del presente.

La coordinadora del COFADEH agregó que “estamos hablando del ayer, estamos hablando del hoy, y eso  es producto  de los artificies de romper la democracia  en nuestros países, a través de golpes militares de estado”.

Honduras hace mucho tiempo ha vivido de golpe en golpe, y ahora en la última década todo mundo se estremeció porque se creía que los golpes militares de estado eran cosa del pasado, pero en el 2009, miramos convertido nuestro país en un laboratorio, y no un laboratorio elaborado localmente, sino un laboratorio instalado por los intereses  del país donde la mayoría de ustedes son, señaló la defensora de los derechos humanos.

“Para los que rigen  y dirigen los destinos  de los Estados Unidos, el  golpe militar de estado del 28 de junio de 2009 no era ninguna noticia, no era ninguna novedad, era parte del guion y puedo decirles con mucha propiedad y con mucha certeza, que lo peor que le puede pasar a cualquier país es prestar a un territorio junto con sus fuerzas militares para dar golpes locales”, añadió.

A renglón seguido dijo que “en los golpes militares de estado hay una negación por los poderes mismos, y tratan de imponernos  normalidad, y  no, no hay normalidad,  o sea  que aceptamos que la ruptura del orden democrático que ellos mismos nos imponen  es normal,  pero lo más grotesco es el silencio de los buenos  y la falta de solidaridad de los buenos, ante una tragedia que vive un pueblo como es Honduras, porque el golpe militar que se dio en el 2009 cada vez se va consolidando y estamos viviendo una dictadura plena”.

La histórica defensora de  derechos humanos  continuó  expresando que en Honduras está claramente reflejado que “la militarización y la remilitarización que enfrentamos es descomunal”.

Sostuvo que vivir en una plena militarización, lo militar todo su accionar están reflejadas  en lo que debería ser lo civil, donde se celebran juicios a civiles en unidades militares, en batallones, con jueces de jurisdicción nacional, eso es una prueba clara de militarización.

Agregó que lo otro es que aprueban presupuesto en el Congreso Nacional en medio de la suspensión de las garantías, que es prohibido legalmente, millones de dinero para que las fuerzas militares sean los conductores del agro,  ya no los campesinos y campesinas, eso es la forma de someter al campesinado  a la brutalidad militar.

Berta Oliva hizo énfasis en la criminalización que enfrentan los defensores de Guapinol, así como en el  riesgo que corren también otros defensores del sur, como Pedro Canales.

“La situación actual de Honduras, a los criminales los convierten en buenos y a los buenos en criminales, aplicando el poder y el sistema de justicia en contra de los que luchan por defender la tierra, el agua y por defender la casa común. Ahora tenemos presos políticos y es negada realmente  por los diferentes espacios que lo haya, pero los hay, y el ejemplo son los presos de Guapinol”.

El estigma y la persecución a los liderazgos a nivel nacional es muy fuerte y existe la preocupación enorme por los que le pueda pasar a varios liderazgo en el sur del país, especialmente a Pedro Canales.

A la reunión también asistió Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en Chile, quien  explicó  cómo vivió el golpe de estado en ese país  en 1973 y como se sigue exigiendo justicia para las víctimas de ese entonces.

Alicia, siendo una militante de la juventud comunista, fue parte de la campaña de la  elección del Gobierno de la Unidad Popular a la cabeza del presidente Salvador Allende. Sufrió y vivió en carne propia la detención de su hermano Diego y del asesinato de su compañero Felipe Rivera (Mao), y se incorporó a la Agrupación de familiares de Prisioneros y Ejecutados Políticos.

Alicia comenzó diciendo que ”un 4 de septiembre de 1970 fue elegido Salvador Allende, con un programa que favorecía la nacionalización de los recursos de nuestro país, un programa sobre reivindicaciones sociales, salarios dignos, y el efecto de este programa estaba dirigido a los niños y niñas, a las mujeres, que fueron siempre las más postergadas, por lo cual era algo que dignificaba la labor de la trabajadora de la casa y también el derecho del niño a la salud, a la educación y la cultura, eso significó que el imperio de Estados Unidos, la derecha chilena y grupos fascistas llamados  patria y libertad, agudizaran el golpe de estado, que fue financiado y promovido por Estados Unidos.

Añadió que el día del triunfo de Salvador Allende, “empiezan la campaña del terror  abalada por Estados Unidos y la derecha, que al mes haber sido electo, se asesina al comandante en jefe del ejército de Snaier en octubre de 1970. Los asesinos fueron condenados y la dictadura están asilados en Estados Unidos. En julio de 1973 asesinan al edecán del presidente de la República, el capitán Arturo Araya, y esta campaña del terror fue creado con el mercado negro”.

“Eso significó el ocultamiento de alimento de primera necesidad, el sabotaje financiado  por estos grupos fascistas por Estados Unidos, como la bomba bencinera de cortar la cañería”.

Así mismo expresó que todo el país se encontraba en aislamiento y sin comida hasta que llegó el día del golpe militar, donde salieron los militares, los tanques y en el mismo día bombardearon La Moneda (Palacio Presidencial).

La defensora califica como algo terrible y trágico “ver La Moneda en llamas, estando nuestro presidente en el interior con el capitán de carabineros que murió junto a Allende”.

Añadió que “el sanguinario Pinochet ofreció que se entregara Salvador Allende, pero  hay algo mágico, hermoso, consecuente con la convicción del presidente, que mientras bombardeaban La Moneda, Allende se dirigió al país y nuevamente menciona a las mujeres, a los trabajadores, a los niños, y se despide, es algo tan impactante que  puedo recordar sus palabas”.

Alicia Lira recuerda que fue a reconocer a su esposo Felipe Rivera (MAO), víctima de la dictadura, “lo fui a reconocer a los dos días porque lo habían botado como basura, como lo han hecho con muchos; esto fue el 8 de septiembre del 1986.

Agregó que el 13 de agosto del mismo año tuvo que recorrer buscando a su hermano Diego Lira quien había sido detenido en el norte de Chile, y había sido torturado salvajemente y estaba encarcelado.

“Fue un largo camino, porque los tribunales eran cómplices de la dictadura y en lo penal no podíamos  hacer nada, los gobiernos post dictadura del 90, no lo hicieron el trabajo fácil en búsqueda de la verdad y la justicia”.

Las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos llevan luchando 30 años porque se haga justicia a favor de 1,050 detenido desaparecidos y 2,200 ejecutados políticos.

Hoy en día solamente hay alrededor de 200 condenados por violaciones a los derechos humanos y esto empezó en el 2010, porque “nosotros presentamos 1,164 querellas por hombres, mujeres, niños y adolescentes  asesinados, porque el gobierno no busco la forma de hacer justicia”.

La defensora  de origen chileno concluyó que “cuando hay abuso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y no hay justicia, se repiten los abusos y los  crímenes, como pasó el año pasado el estallido social, donde hay más de 35 asesinados,  400 persona mutiladas de los ojos, dos personas ciegas y mutiladas en distintas partes del cuerpo; por eso nosotros decimos ahora verdad, justicia y reparación de los crimen de la dictadura y los crímenes de la democracia”.

Tanto  Berta Oliva, coordinadora  general de COFADEH  en Honduras,  y Alicia Lira,  presidenta de AFEP en Chile, son dos incansables luchadoras por los derechos humanos y continúan la exigencia de Justicia para las víctimas del golpe de estado, que en ambos países marcaron una dictadura cruel y sanguinaria, y en el caso de Honduras persiste desde 2009.


Criminalización de la caravana migrante hondureña

Rebelión

Por Guillermo Castillo Ramírez 

Las fronteras se han vuelto territorios de exclusión (para los trabajadores precarizados y sin documentos), y dispositivos de violencia hacia estas poblaciones precarizadas.

En el contexto de las regiones de Centro y Norteamérica, las migraciones irregularizadas del Triángulo Norte de Centroamérica con destino principal a Estados Unidos de América (EUA), no sólo remiten a procesos de movilidades humanas transfronterizas de carácter forzado y fuertes cambios y ajustes en el mercado laboral y la estructura productiva (de los países de origen y destino), también y especialmente aluden al endurecimiento (segurización/militarización) de las fronteras y a la creciente criminalización del migrante en el origen, tránsito y destino [1].

A fines de septiembre y principios de octubre salió una “caravana” de migrantes hondureños de San Pedro Sula, estaba conformada por hombres, mujeres, familias, adolescentes y niños. De acuerdo con medios hondureños (como Radio Progreso), las causas de esta caravana migrante fueron las situaciones adversas que ya existían desde haca años y sólo se han acentuado con la pandemia, y remiten a la pobreza crónica y estructural, a la falta de empleos, a los salarios insuficientes, además de la consabida corrupción y la violencia generalizad de corte intrafamiliar y de las pandillas y el crimen organizado [2].

No obstante, las caravanas, lejos de ser dirigidas y provocadas por intereses de grupos ajenos a los migrantes (como ha resonado en diversos medios), han sido estrategias y acciones colectivas que, con cierto grado de improvisación/espontaneidad y mediante diversas prácticas (caminar en grupo, pernoctar unidos, realizar asambleas recurrentes y generar comisiones temporales), han intentado tener trayectorias migratorias más seguras [3]. La visibilidad de la “caravana” ha sido una forma de protección frente a diversos actores sociales e instituciones que los agreden (crimen organizado, pandillas, autoridades, etc.) [4].

Sin embargo, la respuesta de diversos gobiernos de la región de Centro y Norteamérica fue detener y desarticular esta nueva caravana en el contexto de la pandemia del COVID 19, y bajo supuestos argumentos de emergencia sanitaria y de condiciones de irregularidad migratoria. No obstante, para entender los procesos de cierre y segurización de fronteras en Centroamérica es necesario tener en cuenta el gran peso del asimétrico contexto geopolítico intra-regional, donde EUA hace prevalecer e impone sus intereses y agenda migratoria racista [5]. Particularmente acentuada ha sido la presión estadounidense de carácter económico (mediante la remoción de planes de ayuda, la imposición de sanciones y la amenaza de aranceles), para que los países de la región centroamericana contengan a cualquier costo a las caravanas migrantes [6] 

Notas

[1] Flujos de movilidad mixtos. Relaciones entre migraciones forzadas, procesos espaciales y violencia. Procesos Migratorios en México, nuevos rostros, mismas dinámicas, Informe REDODEM 2018. http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/09/REDODEM-Informe-2018.pdf

[2] Radio Progreso, Página Oficial https://www.facebook.com/178801698840423/videos/842141529860656

[3] “Lady Frijoles”: las caravanas centroamericanas y el poder de la hípervisibilidad de la migración indocumentada. EntreDiversidades, 1(14).  http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/158/347 

[4] “Lady Frijoles”: las caravanas centroamericanas y el poder de la hípervisibilidad de la migración indocumentada. EntreDiversidades, 1(14).  http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/158/347

[5] Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones, Informe 2019 REDODEM. http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf

[6] Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones, Informe REDODEM 2019. http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf

* Guillermo Castillo, UNAM

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez 

https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Castillo_Ramirez


Año lectivo entra en su recta final


Radio Progreso

El Director Departamental de Educación de Yoro, Elvis Valerio, dando clases a alumnos de la Escuela Dionisio de Herrera, en la Comunidad Cuyamapa, Morazán, Yoro.

El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó al pueblo hondureño que ya se están preparando, a nivel nacional, para culminar el año escolar 2020.

Fue un año marcado por la pandemia del Covid-19 que llevó a la suspensión de las clases presenciales y pasar a lo virtual, un paso obligado y tortuoso para padres, madres y alumnos lo que llevó al aumento de la deserción escolar.

Aunque las autoridades educativas hablen de éxito, el año lectivo 2020 ha estado marcado por la alta deserción escolar y por el histórico abandono gubernamental, dijo en Radio Progreso el profesor Joel Navarrete de la Federación Nacional de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FOMH.  

Navarrete dijo que el cierre de centros educativos por la pandemia obligó a que muchos alumnos y alumnas abandonarán el sistema por la falta de acceso a internet para recibir las clases virtuales.

La Secretaría de Educación sostiene que un 92 por ciento de toda la población estudiantil se mantuvo recibiendo las clases virtuales o clases en línea.

Pero un reciente informe de Transformemos Honduras, se hace una proyección que cerca de un millón de estudiantes adicionales que habrían desertado durante la pandemia, resultando en un total de 2 millones de niños y jóvenes en edad escolar quienes actualmente no estarían recibiendo educación.

El año lectivo se cerrará el 30 de noviembre próximo, pero los actos de graduación se mantienen suspendidos a causa de la pandemia aunque todavía no se ha definido de qué forma se entregarán los títulos a las alumnas y alumnos graduandos.


El pueblo demolió con el «Apruebo» la Constitución de Pinochet

Resumen Latinoamericano


En un plebiscito histórico, el pueblo de Chile decidió modificar su Carta Magna, una de las herencias que había dejado el gobierno de facto de Pinochet. La Convención Constitucional obtuvo más del 80 por ciento de los sufragios.


Imagen: AFP

Chile cada vez más cerca de modificar su Constitución. Tras una jornada electoral histórica, que contó con una amplia participación del pueblo chileno, comenzó el conteo de papeletas del plebiscito sobre una nueva Constitución. Las primeras tendencias, con el 27 por ciento de las mesas escrutadas, marcan un claro resultado a favor del ‘Apruebo’: más del 77 por ciento de los sufragios fueron por aquella opción, según informa el sitio web oficial del Servicio Electoral chileno (Servel).

También existe una marcada tendencia por la opción de elegir una Convención Constitucional (83 por ciento), por encima de la Convención Mixta, en la segunda consulta del referéndum. Es decir que los encargados de redactar la Carta Magna -y terminar con una de las herencias de Augusto Pinochet- serían 155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía, por encima de la opción mixta, que equivale a 86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos).

De acuerdo a las crónicas locales, durante la jornada hubo una gran participación ciudadana, por lo que se espera que se supere al 49 por ciento de los ciudadanos que votaron en la segunda vuelta presidencial (7.032.523 votos) que le entregó el triunfo al presidente Sebastián Piñera en 2017.

Pasadas las 18 horas, miles de personas comenzaron a llegar a Plaza Italia, emblemático centro de manifestaciones en la capital chilena y epicentro de las marchas iniciadas en octubre de 2019 que pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y que trajeron como consecuencia un acuerdo entre el oficialismo y oposición para convocar el plebiscito constitucional celebrado este domingo.

Carabineros, la policía chilena, custodiaba la plaza e intentó impedir la manifestación, pero luego de varios minutos de tensión y enfrentamientos, se replegaron por lo que los manifestantes tomaron el control de la rebautizada «Plaza de la Dignidad». https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx7x25cn&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1

Con cacerolazos, banderas, y cánticos en contra del Gobierno nacional, los chilenos aguardan una definición histórica. “Borrar tu legado será nuestro legado”; «Chile despertó»; El pueblo unido jamás será vencido», fueron algunos de los cánticos que se escucharon.

En el caso de mantenerse la tendencia y ganar la opción «Apruebo», el domingo 11 de abril de 2021 se realizará la elección para designar a los constituyentes, ya sea de una Convención Mixta Constitucional (conformada en un 50% por constituyentes y 50% por miembros del Congreso) o una Convención Constitucional (conformada en un 100% por ciudadanos electos para este propósito con composición paritaria entre hombres y mujeres).

Los constituyentes tendrán un plazo de nueve meses para escribir la nueva Constitución, prorrogables por una única vez por tres meses. Luego, el presidente deberá a llamar a un plebiscito ratificatorio obligatorio para aprobar el nuevo texto constitucional.