martes, 29 de septiembre de 2020

Golpismo y neogolpismo en América Latina


Historia y Presente

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Hace poco recibí el artículo “Golpismo y neogolpismo en América Latina. Violencia y conflicto político en el siglo veintiuno”, que me envía Carlos Alberto Figueroa Ibarra, amigo de muchos años y académico de la Universidad de Puebla, México, escrito por él y por Octavio Humberto Moreno Velador, profesor de la misma universidad. Voy a referirme a sus importantes planteamientos.

Dicen los autores que desde la década de 1980 parecía afirmarse la democracia en América Latina, de modo que el tema se volvió recurrente en la ciencia política. Sin embargo, durante los primeros 17 años de siglo XXI han resurgido nuevos golpes de Estado, que configuran el “neogolpismo”. 

Los autores detectan 87 golpes de Estado en América del Sur y el Caribe durante el siglo XX, siendo Bolivia y Ecuador los países con la mayor cantidad de golpes, mientras México tiene uno. Además, cuatro décadas han concentrado la mayor cantidad de casos: 1930-1939 con 18; 1940-1949 con 12; 1960-1969 con 16 y 1970-1979 con 13 casos; mientras entre 1900-1909 y 1990-1999 se presentan la menor cantidad de casos (3 y 1, respectivamente). Finalmente, 63 golpes fueron militares; 7 civiles; 8 de tipo cívico-militar; 6 autogolpes presidenciales y 3 autogolpes militares. El 77% de los casos tuvo una marcada influencia de ideología de derecha y participación de partidos de derecha; y desde los años 60 se encuentra la intervención de los EEUU en varios golpes. 

El neogolpismo del siglo XXI, diferente, por tanto, a los golpes de Estado del siglo XX, tiene otras características. De los 7 estudiados, 4 han sido de tipo militar/policial (2 fracasados, en Venezuela/2002 y Ecuador/2010; pero 2 exitosos, en Haití/2004 y Honduras/2009); 2 son golpes parlamentarios (Paraguay/2012 y Brasil/2016, ambos exitosos) y 1 civil-oficial (Bolivia/2008, fracasado). En 3 casos existe evidencia de intervención de los EEUU (Haití, Bolivia y Honduras). La intervención de los militares o policías se produjo en Venezuela, Haití, Honduras y Ecuador; en Haití, Bolivia y Brasil precedieron movilizaciones de ciudadanos opositores a los gobernantes, que ejercieron presión política; pero también hubo otros casos de movilizaciones posteriores, en respaldo a los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, que impidieron el éxito de los golpes de Estado contra ellos. Pero en 3 casos hubo clara intervención de los poderes judiciales (Honduras, contra Manuel Zelaya; Paraguay, contra Fernando Lugo; y Brasil, contra Dilma Rousseff), y también de los poderes legislativos. Además, han intervenido instituciones regionales y supranacionales en defensa de la democracia: OEA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC e incluso el Grupo de Río. Concluyen los autores: “los nuevos golpes de estado han buscado evadir su expresión militar más cruda para llevarse a cabo. En este sentido la intervención de instituciones judiciales y parlamentarias han representado una alternativa viable para mantener una ¨continuidad democrática¨ a pesar de la ruptura de los pactos constitucionales e institucionales”. 

Al análisis que realizan los dos profesores y que resumo sin pormenorizar en su contenido, cabe añadir algunas consideraciones.

Todos los golpes de Estado del siglo XXI se han dirigido contra gobernantes del ciclo progresista latinoamericano: Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, aunque el caso de Haití es particular, por la turbulencia que ha vivido un país donde el golpe militar fue contra Jean-Bertrand Aristide, quien había ganado las elecciones con el 91.69% de los votos. Los gobiernos progresistas despertaron furiosos enemigos: las elites empresariales, las oligarquías tradicionales, sectores militares del viejo anticomunismo “macartista”, las derechas políticas, los medios de comunicación “mercantiles” y, sin duda, el imperialismo. No hay un solo golpe de Estado “izquierdista”, lo cual da cuenta de un fenómeno igualmente nuevo: todas las izquierdas han aceptado la democracia como sistema político y las elecciones como instrumento para llegar al poder, en lo que, históricamente hablando, han dado continuidad a la tesis de Salvador Allende y de la Unidad Popular chilena, que confió en la posibilidad de construir el socialismo por la vía pacífica. En cambio, son las derechas políticas y económicas, las que han acudido al neogolpismo, por sobre su discurso de defensa de la “democracia”.

Esas mismas derechas han auspiciado no solo los “golpes blandos”, sino el uso de dos mecanismos que les han resultado tremendamente exitosos: el lawfare, o “guerra jurídica”, utilizada para perseguir, con apariencia de legalidad, a quienes han servido o se han identificado con los gobiernos progresistas; y el uso de los medios de comunicación más influyentes (pero también de las redes sociales y sus trolls), que se pusieron al servicio del combate a los “populismos” y “progresismos”, defendiendo los intereses de los gobiernos persecutores, las elites empresariales, las capas ricas, las diferenciaciones sociales y al capital transnacional. Estos fenómenos han quedado claramente expresados en Brasil contra Inácio Lula da Silva, Dilma Roussef y el PT; pero también en Bolivia, contra Evo Morales y el MAS; y en Ecuador, donde se ha logrado el enjuiciamiento de Rafael Correa, el procesamiento a prestantes figuras de su gobierno y la persecusión a los “correístas”. En Argentina el triunfo de Alberto Fernández frenó el avanzado camino que se tenía contra Cristina Fernández y el “kirchnerismo”.

Pero hay, finalmente, un nuevo elemento por añadir al neogolpismo del siglo XXI: se trata del golpe de Estado anticipado, que ha sido inaugurado, coincidentemente, en Bolivia y Ecuador. En Bolivia no solo se suspendió el conteo de las votaciones, Evo Morales tuvo que refugiarse fuera del país, ha sido proscrito políticamente y en la actualidad se ha hecho todo lo posible por marginar al MAS de las futuras elecciones (https://bit.ly/3gVRfm7). En Ecuador se ha usado todo tipo de artimañas legales para impedir la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa (finalmente no fue admitida), para desconocer a su partido y a otras fuerzas que podían auspiciarlo, así como para dificultar al binomio encabezado por Andrés Araúz para la presidencia (https://bit.ly/2QPTKfh). También tiene una característica igualmente singular lo ocurrido en Chile: a pesar de las protestas y movilizaciones sociales, de las presiones políticas internas e internacionales, finalmente se manipuló de tal manera la trama política, que el plebiscito convocado para octubre/2020 no será para una Asamblea Constituyente (que podía dictar una nueva Constitución), sino para una Convención Constitucional, al mismo tiempo que las fuerzas tradicionales preservan su hegemonía, de acuerdo con el análisis realizado por el reconocido investigador Manuel Cabieses Donoso (https://bit.ly/3hQOgg1).

En consecuencia, el neogolpismo ha demostrado que, mientras la democracia institucional y representativa se ha convertido en un valor ciudadano, en un espacio de acción de las izquierdas sociales y progresistas, pero también en un instrumento que permite el acceso al gobierno y, con ello, la orientación de las políticas de Estado en beneficio popular y no al servicio de las elites económicas; de otra parte, ha pasado a ser un instrumento cada vez más “peligroso” para las mismas burguesías y oligarquías internas, tanto como para el imperialismo, a tal punto que no tienen más empacho en romper con sus propias normas, legalidades, instituciones o principios constitucionales, utilizando las nuevas formas de golpes de Estado. Es, sin embargo, una lección por demás evidente en la historia latinoamericana: cuando avanzan los procesos populares, también se preparan las fuerzas dispuestas a liquidarlos. Y, finalmente, no importa para nada la democracia, con tal de salvar los negocios, la acumulación privada, la riqueza y el exclusivismo social de las elites.


Zorras en la calle, malfolladas en la red


Pikara Magazine

Por Beatriz Villanueva Martín

Ilustración de Núria Frago

La creencia de fondo siempre es la misma: cualquier mujer que ostente poder, 

bien en lo público o en lo privado, que se exprese en voz alta, 

que no sonría siempre, que sea visible o que cuestione 

el statu quo es “insultable” y “penalizable”.

Al poco de ser reelegida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau aparecía en todos los medios visiblemente emocionada y conteniendo las lágrimas mientras era entrevistada en una radio catalana. Se comprenden esas lágrimas: el proceso de campaña electoral fue duro y largo, las negociaciones para formar gobierno ásperas y con faltas de consenso y la propia investidura como alcaldesa, agridulce.

Traigo este tema aquí porque me pareció especialmente duro el que, en el transcurso de dicha investidura, tanto Colau como otras ediles recibieran insultos machistas por parte de personas en desacuerdo con sus pactos de gobierno.

Putas, guarras y zorras, se oía.

Putas, guarras y zorras.

Putas. Guarras. Zorras. Uf. Cómo cansa la misma historia siempre. Esa violencia verbal reservada específicamente para las mujeres, la cual, si congeláramos ahora mismo el tiempo, seguramente podríamos escuchar como un mantra en sintonía en un patio de un colegio, en una reunión de empresa –por lo bajinis-, en la calle, en un bar, en una discoteca, en un partido de fútbol femenino, en universidades y, por supuesto, en las redes sociales, que no son más que el puro reflejo de quienes somos, con nuestras grandezas y nuestras miserias.

La alcaldesa de Barcelona también conoce de bien cerca las ciberviolencias y su impacto, como expresó en las jornadas ‘Ciberviolències i participació política de les dones’, organizadas por Pikara Magazine, FrontLine Defenders y Calala el 5 de marzo de 2019 en Barcelona.

Quizá suena muy obvio recordar que las personas tenemos derecho a la vida privada, a la libertad de expresión y de acceso a la información, a la protección de nuestros datos y a una vida libre de violencias, pero siento absolutamente necesario apuntarlo nuevamente.

Las personas -sí, sí, las mujeres también- podemos en consecuencia tener relaciones afectivas y/o sexuales libremente, podemos expresar y defender nuestras ideas políticas, podemos ganar elecciones y ostentar poder, podemos dar nuestra opinión sobre el tema que nos apetezca.

Y de hecho lo hacemos.

Eso sí, el precio que pagamos es alto y sobradamente conocido, tanto en persona como en las redes sociales. Insultos machistas, escarnios, persecuciones, invitaciones trasnochadas para irnos a fregar, incluso amenazas de muerte.

La creencia de fondo siempre es la misma: cualquier mujer que ostente poder, bien en lo público o en lo privado, que se exprese en voz alta, que no sonría siempre, que sea visible o que cuestione el statu quo es “insultable” y “penalizable”. No tanto en relación a su opinión, a sus capacidades o a lo que haya expresado –que también-, sino en cuanto a su propia condición de mujer.

Guarra, puta, zorra, fea, negra, sudaca, infollable o vieja son insultos volcados hacia las mujeres que osan hacer lo que, según los guardianes de la moral, no debe hacer una mujer: confrontar, decidir, expresar su opinión, quejarse, vestir como quiera, reivindicar su espacio, su cuerpo y su autonomía.

También hacia las personas racializadas, gordas, queer o que rompen, de alguna manera, con el ser una persona “normal y respetable”.

Son insultos que reprueban, crueles, esa osadía de ser un tipo de mujer que no es “la correcta” (es decir, la que calla, es “fina”, delgada y blanca) y que, como tal, ha de ocupar un lugar de subalterna en nuestro ordenamiento social. Esas subalternas son, somos, como reivindica la gran Virginie Despentes reapropiándose con mucho arte de los insultos, “las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica”.

Si trasladamos esta realidad de los insultos sexistas, machistas y racistas a las redes, nos encontramos a su melliza aunque bajo unas condiciones diferentes: las redes ofrecen un escondite ideal desde el que violentar sin mostrar la cara ni exponerse en un vis a vis.

Como afirma Eva Ferreras, autora del artículo ‘Combatiendo el acoso al feminismo en las redes’, publicado en Ctxt, “el acoso no es un fenómeno exclusivo de internet, pero aquí tiene características específicas como la inmediatez, la rapidez de propagación y contagio, la posibilidad de agredir desde el anonimato o la distancia que los agresores pueden tomar con respecto a la víctima”.

Existen innumerables experiencias de persecución de políticas, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos y mujeres de a pie por expresarse en redes, por defender sus ideas o sencillamente por vivir su vida y su sexualidad de la manera en que desean vivirla. Las acciones organizadas son la expresión más extrema del acoso en internet, pero las agresiones verbales, insultos o comentarios despectivos son el día a día que sufren muchas personas.

Me pone aún los pelos de punta recordar el suicidio de una mujer, trabajadora de IVECO, tras difundirse entre los trabajadores de la fábrica un vídeo con contenido sexual en el que ella aparecía. Estos delitos contra la intimidad, insoportablemente habituales, tienen como objetivo el castigo público por una libertad sancionable según la moral imperante, en este caso la libertad sexual. Y aunque nos creamos tan modernos, el que una mujer hable, confronte, vista como quiere, tenga sexo y lo disfrute, viaje o gobierne aún se juzga y se castiga. Hasta llegar a provocar un suicidio.

Las consecuencias psicológicas de un acoso continuado en redes o de la divulgación de información privada pueden ser demoledoras y definitivas, como en este caso. Y van sin duda mucho más allá, todas vemos a lo que nos exponemos si hablamos “demasiado” o somos “demasiado” libres. Es el mismo miedo que nos lleva a tener precaución de noche o en sitios oscuros, por si nos violan, pero trasladado al espacio virtual.

Recibir ciberacoso puede generar estrés, ansiedad, ataques de pánico, baja autoestima, insomnio, miedo, angustia, depresión, síntomas físicos como cefalea y dolor abdominal, dificultades para socializar o autocensura (prefiero callarme, salir de las redes, no expresar).

Amnistía Internacional denuncia que ni más ni menos una de cada cinco españolas (un 19 por ciento) ha sufrido agresiones en internet.

No hay que olvidar que siempre que un grupo tradicionalmente acallado o discriminado gana terreno es reprimido. Gracias al espacio virtual las mujeres hemos ganado espacios de expresión, nos hemos convertido en emisoras y hemos dado lugar, protagonismo y difusión a nuestras cosmovisiones. También hemos creado espacios de comprensión y apoyo mutuo. Esto escuece.

La receta para que estos delitos se vuelvan cada vez más residuales es compleja y sencilla a la vez: seguir construyendo redes de apoyo, en persona y en internet; más empoderamiento y apropiación del mundo online y las nuevas tecnologías; creatividad y humor contra lo retrógrado, más amor, más cuidados, más derechos humanos, más feminismo.


lunes, 28 de septiembre de 2020

“I​ba a filmar mi propia muerte” periodista Orlando Sierra

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Fotografía captada por el fotoperiodista Orlando Sierra, cuando el policía dispara contra él.

Mientras realizaba la labor que ejerce desde hace más de 25 años, el foto-periodista Orlando Sierra, captó el momento en que dos balas de goma fueron disparadas por la policía contra su persona.

El atentado contra el reportero gráfico de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), sucedió a eso de las 11 a.m. del martes 15 de septiembre, en medio de un desalojo violento contra manifestantes opositores al régimen de Juan Orlando que se preguntaban ¿Cuál independencia? Y ¿Dónde está el dinero? El día que se cumplió 199 años de la independencia patria [de la corona española].

Las imágenes muestran que un contingente policial de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), es el responsable de atacar a Sierra, quien estaba solo, a un costado de la plaza central Gral. Francisco Morazán, donde concluyó la manifestación que horas antes arrancó del inicio del bulevar Morazán, en la capital hondureña.

Sierra se pregunta ¿si existe algún mensaje en este ataque? porque no había más nadie con él, y los disparos eran dirigidos a su persona, mientras con su lente captaba los movimientos de la policía. “Gracias a Dios solo fue el golpe. ¿Te imaginás un balazo a la altura de la tetilla izquierda?” comentó a Defensores en Línea, esta tarde.

De las dos bombas, solo una le impactó en su cuerpo, provocándoles lesiones en el abdomen y sintiendo un fuerte dolor en el pecho, detalla la Alerta No. 118-2020, publicada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que agrega “Yo estaba en un costado del parque [Central de Tegucigalpa], los tipos me ven y me disparan… de ser bala viva, me estuvieran enterrando ahorita”. La segunda bomba la pudo esquivar en un movimento de sobrevivievncia.

Sierra está sobrellevando este hecho que afecta no solo físicamente, sino en lo emocional, pues tiene un hijo pequeño que aún lo necesita con vida.

Lamentó que “Yo solo me quedo con el bombazo y rogar a Dios que me cuide de la pandemia y tratar de cuidarme un poco más para la próxima, porque todo seguirá igual en un estado de indefensión”.

Por lo que seguirá haciendo este tipo de coberturas, mientras avanza en su carrera profesional.  En el 2018, Sierra fue herido en la cabeza durante la cobertura de acciones post fraude electoral, justo el 27 de enero, cuando Hernández usurpaba en su segundo periodo, la Presidencia de la República.

“Iba a filmar mi propia muerte”, manifestó Sierra, quien al recordar lo que ha experimentado, agregó sentir frío, y seguirá usando un chaleco antibalas y casco protector, equipo de seguridad que por su peso interfiere en el óptimo ejercicio de su trabajo.

Y dijo que se debe estar más atento, “volar más ojo, esos atacan sin razón, andan drogados”, refiriéndose a la policía que llegó a desalojar a los y las manifestantes en el parque central.

El periodista considera que la policía no quiere que los registren. Cabe señalar que ese martes entre el contingente compuesto por Policía Nacional y Policía Municipal del Distrito Central, algunos tomaban fotos a miembros de la prensa que daban cobertura.

Orlando Sierra reconoce que la labor periodística es peligrosa. Pero lo malo es que las fuerzas represoras “Te busquen con la mirada y te disparen, así no se vale”.

UNESCO alerta sobre el gran aumento de ataques a periodistas que cubren protestas

El informe “Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios”, señala el aumento en el uso ilícito de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad en los últimos cinco años donde han surgido protestas en todo el mundo por temas vinculados con la injusticia económica, la corrupción del gobierno, el declive de las libertades políticas y el creciente autoritarismo.En este contexto, el pasado lunes, el nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca el fuerte aumento a nivel mundial, el número de manifestaciones durante las cuales la policía y las fuerzas de seguridad violaron la libertad de prensa. Entre enero y junio de 2020, 21 protestas se vieron empañadas por ataques a periodistas, siendo incluso detenidos o asesinados.

Entre los abusos a los que se enfrentan los periodistas cuando cubren manifestaciones, el informe detalla la vigilancia indebida, el acoso, la intimidación, las palizas, los disparos con munición letal o no letal, la detención, el secuestro y la destrucción deliberada de equipos.

el 25 de junio de 2019, durante las protestas sociales convocadas por la Plataforma en defensa de la Salud y Educación, el integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (RDEHSUR), Marlon García, fue impactado en el pecho por una bala de goma, mientras transmitía un desalojo violento por la red social de Facebook Defensorxs Redehsur.

Marlon un joven enfermero de Nacaome, departamento de Valle, al igual que Orlando Sierra, captó el momento en que dos policías a bordo de una motocicleta dieron la vuelta para volver y dispararle, amortiguando el impacto la mochila que colgaba de su pecho.

El 26 de junio, la REDEHSUR acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), interpuso una denuncia ante las oficinas regionales en Nacaome, del Ministerio Público y Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), contra el sub-comisionado de policía Wilmer Pineda Ordóñez.

Y el 26 de noviembre de 2018, Geovanni Sierra, periodista del canal de televisión Une-Tv, fue herido gravemente herido en el brazo derechos con un arma bereta de uso militar por agentes de la Policía Penitenciaria, mientras transmitía en directo el desalojo violento de la movilización popular contra el primer aniversario del golpe electoral.

Cuando el [entonces] subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, llegó a ofrecerle pagar los gastos de hospitalización hasta su lecho de gravedad, el periodista Geovanni Sierra no aceptó ninguna cantidad de dinero, afirmando que su vida y todos los daños causados por un arma policial, no tienen precio. El proceso de recuperación y la búsqueda de justicia, aún continúa.

Con respecto a la represión del martes 15 de Serptiembre, dondel el foto-periodista Orlando Sierra fue impactado por una bala de goma, el COFADEH registró la detención de 15 personas incluyendo mujeres y un menor de edad, agresiones a transeúntes que cruzaban por el parque central y el ataque con la tanqueta lanza agua-pimienta contra el joven artista Cristian Esteban Espinoza Meza, lastimando sus párpados y dejándolo por el momento sin visión, bajo observación médica.


Gasto Público y teoría de los rígidos

Alainet.org

Javier Suazo

“Dicen los economistas, que con el COVID-19, todos estamos fregados, menos la banca privada, los generadores eléctricos y las empresas en telecomunicaciones, negocios en bonanzas, que no quieren sacrificar sus rentabilidades, a pesar que se está hundiendo el barco”.

Oscar Lanza, ingeniero-escritor

La economía keynesiana enseña que cuando existe una contracción de demanda, el estímulo mayor debe venir por el lado del gasto en inversión pública. El problema que se enfrenta con la pandemia del Covid-19 es que sumado a la contracción de demanda es visible un problema de oferta, o sea de producción. En realidad, este es el problema central, ya que el producto social se contrae y, el existente, no encuentra materialización en el mercado, por lo que se evidencia una crisis de producción y también de realización.

En ambos casos, lo que hizo la pandemia Covid-19 fue agravarlos, ya que ni el nivel de inversión pública era el adecuada antes, ni la oferta interna de productos era suficiente para cubrir la demanda de consumo. Una receta es que, a través de recursos del gobierno (fiscales, préstamos, remesas), se puede cubrir la demanda poniendo dinero en el bolsillo de las personas cesanteadas o que enfrentan problemas de insuficiencia de ingresos para subsistir, pero es una solución temporal. En el caso de la oferta, la receta es apoyar la producción alimentaria, sobre todo de las unidades de producción campesina, y facilitar recursos para importar bienes y servicios que no se generen internamente o son insuficientes.

Los países latinoamericanos ya tenían montos asignados dentro de sus presupuestos para apoyar la producción y la demanda de consumo con inversión pública y créditos, pero los recursos resultaban insuficientes, ya que los gastos de inversión no se priorizaron correctamente, y una buena parte de estos recursos deberían destinarse al pago del servicio de la deuda externa; además, se evidencia un fuerte sacrificio fiscal para estimular la producción y empleo maquilador, turismo corporativo, agronegocios y las empresas generadoras de energía. En el caso de Honduras, esto es más que evidente, en tanto las exoneraciones fiscales se han ampliado, sin que se tenga un impacto visible en la reducción de las tasas de desempleo, subempleo y pobreza.

Al inicio de la pandemia, el Congreso Nacional había aprobado un presupuesto de 282 mil 405 millones de lempiras para 2020, superior en casi 8% al presupuesto de 2019; y autorizó destinar el 2%, unos 5,648.1 millones de lempiras, para atender la emergencia de la pandemia; lo que resultó insuficiente y se ejerció una presión adicional a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para que la reducción para reorientación del gasto alcanzará un máximo de 20%. El Congreso de la República a solicitud del Ejecutivo aprobó un nuevo decreto donde se autoriza a SEFIN para que realice los recortes que sean necesarios al presupuesto de 2020 y destinar los recursos a atender la emergencia generada por el Covid-19. Estas “disposiciones del decreto son de "estricto cumplimiento" para las empresas públicas no financieras, órganos constitucionales sin adscripción específica, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el sector público y privado que recibe transferencias que figuran en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos”.

De acuerdo a la Ministra de Finanzas, Roció Tábora, el recorte o reorientación del gasto presupuestario no afecta las prioridades de gasto como la atención sanitaria, reactivación económica y la estabilidad laboral de los empleados públicos, o sea gastos ya programados y aprobados inicialmente. Una de las principales justificaciones para este recorte, es la caída de los ingresos fiscales que, según la ministra, representan cerca del 22% en comparación con el año anterior, unos 388.2 millones de dólares (hasta mayo de 2020).

El Congreso Nacional autorizó también que el gobierno pueda endeudarse hasta por un monto de 2,500 millones de dólares, de los cuales se han gestionado 1,342.2 millones de dólares, un 53.6% del total, pero solo se han recibido desembolsos por un monto de 373.7 millones de dólares. (Declaraciones de la ministra Tábora: La Tribuna: 11/8/2020). Ello otorga un mayor margen a las instituciones de gobierno para evitar la “piñata” de fondos que se dio con la compra de hospitales móviles, mascarillas y vacunas, a través de INVEST-H, pero también para evaluar los niveles de endeudamiento público y los resultados obtenidos con el uso de los recursos.

Se ha cuestionado que la estabilidad laboral como gasto prioritario dentro de la pandemia no permite afectar (reducir) los altos sueldos y salarios de funcionarios públicos, muchos de los cuales están incluso por encima de la media regional. Las preguntas que se formulan son: ¿Por qué gana tanto la directora de Bahnprovi, el director de INVEST-H y los funcionarios del Banco Central? Igual, que el gobierno no se ha sacrificado como debiera, o sea eliminando de raíz varias comisiones interventoras, programas, proyectos e instituciones que duplican competencias, funciones e incluso salarios, y sus resultados no son los esperados por la cooperación internacional.

Pero, también, existen otros gastos intocables: el gasto militar y proyectos de inversión ejecutados por las Fuerzas Armadas; pago del servicio de la deuda externa que, a decir del Fondo Monetario Internacional (FMI), Honduras ha sido un alumno sobresaliente; el pago a las empresas generadoras de energía (térmicas y no térmicas), telecomunicaciones, y el gasto tributario, cuyo nivel no baja tal como se había previsto.

En teoría, los llamados gastos rígidos deben calcularse al interior de cada institución, correspondiendo a SEFIN la integración de estos cálculos en un anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos que el Ejecutivo presenta cada año al Congreso de la República. En la práctica ello no se respeta, ya que, en el caso particular de sueldos y salarios de empleados, la política es hacia la baja, independientemente que se necesiten, en tanto el compromiso del gobierno con el FMI es lograr una baja en la masa salarial. En sectores como salud, educación y agrícola, la reducción de los sueldos y salarios ha afectado la prestación de servicios a la población y una merma en la capacidad de atención por el Estado. La evidencia más visible es que todavía no se ha podido restituir la capacidad de atención en salud que se tenia antes del golpe de Estado, y más bien los servicios de salud se han deteriorado. Se espera que la pandemia Covid-19 ayude a sensibilizar a los técnicos del FMI para que no recomienden despedidos masivos de trabajadores de la salud, una vez que se alcance la “meseta” con el número de contagios y muertes.

Igual sucede con el gasto militar y su productividad. Las FFAA ha copado muchas de las competencias de instituciones publicas como la SAG, INA, ICF, ambiente, infraestructura, pero lo preocupante es que la productividad del gasto asignado es baja, sin que exista una institución pública capaz de evaluar este tipo de competencias concurrentes y la productividad e impacto de dicho gasto. Igual sucede con las exoneraciones fiscales, que deberían eliminarse post pandemia Covid-19 (2021) y los pagos lesivos a los generadores de energía. No es posible que se sigan destinando cada año más de 7 mil millones de lempiras para pagar a empresas generadoras de energía, las que fueron y siguen siendo beneficiadas con incentivos fiscales y comerciales; estos recursos provienen de préstamos y bonos soberanos, ya que la Empresa de Energía Eléctrica y la Empresa Energía Honduras (EEH) de capital colombiano, no han podido reducir las pérdidas de energía.

Este tema de la energía eléctrica e institucionalidad es preocupante, ya que una auditoria social coordinada por la Asociación para Sociedad Más Justa (ASJ) constató que las perdidas anuales de la ENEE aumentaron en 4 mil millones de lempiras después de entrar en vigencia el contrato con EEH, que debería dedicarse a reducir dichas perdidas y mejorar la gestión de cobros de la estatal eléctrica.

Los pagos por servicio de la deuda externa, más temprano que tarde, volverán insostenibles, por lo que debe diseñarse una estrategia para su renegociación o readecuación a mayor plazo; sin embargo, el freno es que Honduras ha gozado de recursos bajo condiciones excepcionales, por lo que tiene que enfrentar dichas obligaciones, sumado a la falta de cumplimiento de indicadores en el tema de la transparencia y corrupción.

El gobierno no ha hecho pública la propuesta de reprogramación del presupuesto de ingresos y egresos de la República 2020, sobre la base de la reprogramación física y financiera de los objetivos, metas y resultados de gestión de las instituciones públicas, tal como manda el decreto del Congreso Nacional. Pero, además, no ha invitado a los principales actores (incluyendo los partidos políticos), a la sociliazicon del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 que será presentado al Congreso de la República el mes de septiembre de 2020.

Esto es urgente, ya que el daño de jugar a las escondidas puede ser mucho mayor, que el que causa hacer visible dichas propuestas y recibir opiniones y comentarios de los actores. Ello ayudará también a programar y justificar el monto de los gastos rígidos, y los criterios técnicos para asignar los recursos públicos por sector, subsector, programa o proyecto. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (OCHEP) pide que se le proporcione una copia del documento de anteproyecto de presupuesto 2021, ya que considera que no hay tiempo para la socialización, pero las bancadas se pueden poner de acuerdo y llamar a los actores para escuchar las propuestas. Desde la sociedad civil, es necesario que participen FOSDEH, CESPAD, ICEFI, CNA, además de los colegios profesionales y la UNAH. 


Tribunal emite orden de captura contra capitán Santos Rodríguez Orellana


Defensores en Línea

Por Marc Allas 

Un juez emitió hoy orden de captura contra el ex capitán Santos Rodríguez Orellana, querellado por 15 delitos de calumnia, por parte del ministro de Defensa y ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General en situación de retiro, Fredy Santiago Díaz Zelaya.

El tribunal determinó la acción en vista que Rodríguez Orellana no se presentó a las audiencias de conciliación previstas para este caso.

El ministro de Defensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya interpuso una querella por 15 delitos de calumnia contra Rodríguez Orellana, luego de que el oficial; que fue separado del instituto castrense, manifestara  en varias entrevistas a medios de comunicación, que Díaz Zelaya habría  participado en actividades de narcotráfico.

El pasado 2 de septiembre, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la querella presentada por la defensa del ministro de Defensa contra el capitán Santos Orellana por supuestas calumnias. El tribunal  programó audiencia de conciliación  el lunes 7 de septiembre a las 9:00 am, pero Rodríguez Orellana no se presentó.

Rodríguez Orellana brindó declaraciones afirmando que Díaz Zelaya habría participado en la construcción de pistas clandestinas para el tráfico de droga y formar parte de estructuras criminales, por lo que su defensa señaló que dichas aseveraciones son falsas y dañan la imagen, honor e integridad de su representado.

“Yo le digo al generar Díaz Zelaya que aquí está el capitán Orellana en cualquier tribunal me voy a presentar con la cara en alto porque no le he robado a Honduras y he dicho la verdad yo no he estado involucrado en nada del narcotráfico, yo no fui jefe del Estado Mayor Conjunto cuando decomisamos avionetas, helicópteros, lanchas y todo era vinculado al hermano del presidente; entonces ¿quién es el responsable? Yo no era el jefe de las Fuerzas Armadas”, comentó en su oportunidad el capitán.

De no haber conciliación en este caso, se llevaría a cabo un juicio oral y público, en donde el ex oficial tendrá la oportunidad de demostrar ante el tribunal, que todas sus denuncias expuestas en medios de comunicación y redes sociales, están debidamente respaldadas.

Tras conocer el anuncio de la orden de captura, la abogada Jennifer Bonilla, esposa del capitán Rodríguez Orellana, manifestó que no es cierto que se desconozca el domicilio de su marido o la oficina donde ella trabaja para hacer una citación.

“Lo que pasa es que ellos quieren hacer el mismo camino que hicieron con David Romero, en eso estamos claros. Nosotros vamos a ver el día de mañana en la Corte qué es lo que está pasando, porque en ningún momento han citado al capitán. Ellos lo que quieren es meterlo preso y me imagino que hasta matarlo como lo hicieron con David Romero”, advirtió la abogada Bonilla.

Bonilla señaló que “estamos peleando con un monopolio, ¿a quién pertenece el poder judicial?, se preguntó. Al tiempo que señaló que al mismo Consejo de Seguridad y Defensa, donde pertenece Díaz Zelaya, donde pertenece Juan Orlando Hernández”

La querella  y la orden de captura contra Santos Rodríguez Orellana se presenta en momentos cuando el pueblo hondureño ha estado pendiente de la individualización de la pena contra Juan Antonio “Tony”  Hernández (hermano del jefe del régimen de Honduras, Juan Orlando Hernández), encontrado culpable por trasiego gigantesco de drogas hacia los Estados Unidos.

El pasado 10 de septiembre de 2020, la Corte Federal del Distrito Sur de New York, pospuso por sexta ocasión la lectura de la pena que se impondrá a Hernández y la reprogramó para noviembre próximo.

Juan Antonio “Tony” Hernández  fue diputado en la Cámara Legislativa por el Partido Nacional,  fue detenido el 23 de noviembre de 2018, en el aeropuerto de Miami y  declarado culpable por cuatro delitos relacionados al narcotráfico en octubre de 2019.


«Todo historiador es un eslabón en una cadena ininterrumpida»



El viejo topo

Salvador López Arnal

Ángel Viñas es catedrático emérito de la Complutense. De familia muy modesta, tuvo una educación estrictamente laica en las escuelas del barrio de Atocha (Madrid). Se apañó para estudiar en Alemania y Escocia a base de becas extranjeras y de esfuerzos propios (chico de recados en París y Stuttgart, docker en Hamburgo, profesor de castellano en el extranjero y de alemán y francés en Madrid, traductor). Sus intereses abarcan desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión. Premio extraordinario en la licenciatura y doctorado de Ciencias Económicas. Técnico comercial del Estado, con el número uno de su promoción. Exfuncionario del FMI y exdirector de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea. Exembajador de la UE ante Naciones Unidas. Exdirector general de Universidades. Exasesor de Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. Ha sido catedrático numerario de Economía en Valencia, Alcalá, UNED y Complutense. Cinco años de docencia en la Facultad de Historia de esta última. Casado. Véase www.angelvinas.es

Ángel Viñas: "Franco fue un impostor, iba de machito y líder de la  conspiración y es mentira"

En el que creo que es su último libro publicado, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, hace usted referencia en la presentación a ¿Qué es la historia?de E. H. Carr, y recuerda un consejo del gran historiador inglés: “antes de estudiar los hechos, estudien a quien los historie”. ¿Debe deducirse de ello que no es posible una historia objetiva, que el marco conceptual e ideológico del historiador siempre deja huella en su obra?

Muchas gracias. Creo, ante todo, que hay que diferenciar entre objetividad e imparcialidad. No son conceptos similares, sino muy diferentes, aunque a veces, como parece deducirse de su pregunta, se utilizan casi indistintamente. Me apresuro a señalar que ambos tienen tras de sí una larguísima historia que no puedo resumir en unas líneas.

El historiador se hace, no nace. Tras un largo aprendizaje, se preocupa por comprender, analizar y describir una parte del pasado. Insisto: una parte, en general minúscula. El pasado, que ya no existe, es inmenso, inabarcable. Lo hace a través de ciertos instrumentos y ciertas metodologías. Unos y otras han cambiado en el curso del tiempo. En general, se trata de residuos: testimonios, descripciones, restos materiales (artísticos, literarios, documentales, monumentales, etc.). Todos ellos sometidos a un proceso de cambio. Dicho esto: todo historiador utiliza una parte más o menos amplia de ese inmenso abanico de instrumentos.

Para mí es objetivo quien analiza crítica, escrupulosa y científicamente los instrumentos en que se basa. Estos no hablan por sí mismos. Como dijo Carr, hay que preguntarles. Las preguntas varían según los propósitos del historiador. La historia -un encuentro con el pasado- se hizo como “ciencia”, ciencia blanda ciertamente, en el siglo XIX. Un subproducto de las Luces. Desarrolló una metodología. Quien la aplica es objetivo y sus resultados, siempre provisionales, están sometidos a crítica intersubjetiva, a contrastaciones múltiples. Por eso, entre otras razones, la historia no es una ocupación meramente literaria, artística, subjetiva.

Vd. creo que, en la segunda parte de su pregunta, a lo que apunta es a la imparcialidad. El historiador, hombre o mujer, es un ser cultural. Nace en un medio determinado; está expuesto en su educación a influencias varias; crece como historiador; desarrolla una teoría de la historia (incluso del conocimiento) explícita o implícitamente; tiene creencias (religiosas, estéticas, éticas, políticas, etc.). NO ES UN MEJILLÓN. Ve el mundo (y el pasado) a través de una retícula axiológica. No puede ser de otra manera. Y, naturalmente, eso se refleja en su obra. Pero esta obra se sustenta no solo en su formación sino en los resultados a que llega y estos resultados deben ser objeto de confrontación, confirmación y aprobación o rechazo. ¿Por quién? Por sus pares. Como los resultados en microbiología son criticables, aceptables o denunciables por ¿quién?: por otros microbiólogos. NO HAY HISTORIA DEFINITIVA.

Insisto un poco más en este punto. ¿Qué tipo de disciplina teórica es la historia? ¿A qué podemos aspirar sensatamente cuando hacemos historia? ¿A hipótesis o conjeturas bien establecidas? ¿Se puede hablar razonablemente de ciencia de la historia?

En parte, he contestado. La historia no es una disciplina exacta. Es una disciplina en progreso. En constante cambio. Este cambio se deriva, en primer lugar, del paso del tiempo; de las transformaciones del método que aplica; de la aparición de los objetos con los que lidia, a su vez sujetos a transformaciones. El carácter científico o no de la historia es un tema que ha dado lugar a controversias sin cuento. Las pretensiones de las Luces han ido revelándose un tanto ilusorias. Pero, para responder rápidamente, yo creo que tiene un lado científico en la medida en que aplica un método científico que reduce, en lo posible, la subjetividad, permite y estimula la crítica entre pares, se fundamenta en “pruebas”. En suma, no conduce a resultados caprichosos, sometidos al libre albur y sin restricciones, de sus practicantes. Lleva a conjeturas respaldadas, susceptibles de modificación.

De todas maneras, historia es un concepto pluriforme. No es lo mismo investigar la civilización maya que la guerra civil española.

Cuando se habla de hechos históricos, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es un hecho histórico en su opinión?

Toda ocurrencia, toda arruga, en la tela del pasado es susceptible de considerarse hecho histórico. Su mayor o menor entidad depende del objetivo o del propósito del investigador. Por ejemplo, en el siglo XVI un molinero escribió sus reflexiones sobre el cosmos en unos papeles que podrían haber desaparecido. Como millones y millones de otros. Pero este molinero fue sometido a juicio por la Inquisición por tener concepciones consideradas heréticas. Sus papeles los encontró, varios siglos después, un investigador. Aplicó a ellos conceptos científicos y escribió un libro maravilloso, muy conocido, titulado El queso y los gusanos. Si este historiador, Carlo Ginzburg, no lo hubiese encontrado, tratado y escrito su libro, aquella ocurrencia en el pasado (un mero micropunto en la inmensidad de este) hubiese permanecido, como millones, miles de millones, billones de micropuntos en la mas absoluta oscuridad.

Comparto su admiración por el libro de Ginzburg. Algunos filósofos de la ciencia de orientación analítica suelen hablar, refiriéndose a sobre todo a las ciencias naturales, de “hechos cargados de teoría”. ¿Ocurre de igual modo en la historia? ¿Los hechos están también muy marcados por las creencias previas del historiador? ¿Un historiador ve sólo aquello que está ya en predisposición de ver y comprobar?

No soy un filósofo de la ciencia. Lo que leí sobre ella, ya lo he olvidado. Con investigar parcelas del pasado (muy acotadas, por cierto) tengo bastante. Mi teoría de la historia, aplicada a estas parcelas (Segunda República, guerra civil, franquismo), me ha llevado a privilegiar el método inductivo. Es decir, desde mi primer libro de historia (aparecido en 1974) me dejé llevar por lo que descubriera en archivos. Era un tema prácticamente inexplorado en la literatura historiográfica (los antecedentes de la intervención nazi en la guerra civil). Subrayo el adverbio, porque obviamente se había escrito mucho sobre el tema, pero con una base empírica muy endeble: periódicos, relatos de protagonistas, controversias políticas e ideológicas, los documentos diplomáticos alemanes publicados.

En 1961, en un curso de verano en la Universidad de Freiburg, compré un libro que era la tesis doctoral de Manfred Merkes sobre la política nazi en la guerra civil. Tocaba de refilón los antecedentes. Al año siguiente compré en Berlín Oriental la respuesta de una historiadora comunista, Marion Einhorn. Los resultados eran completamente diferentes. (Todavía los conservo). Cuando empecé a investigar el tema, los aparté cuidadosamente (el primero ya había sido superado por la tesis de habilitación del mismo autor, que también dejé de lado) y me sumergí en los archivos. No en un archivo, sino en diez o doce. Y llegué a otras conclusiones. ¿Tenía yo alguna creencia previa? Creo que no. ¿En qué me basé? En la experiencia, modesta, adquirida como funcionario. Los procesos de adopción de decisiones suelen dejar huellas en expedientes, articulan alternativas, se basan en antecedentes, los actores se mueven en contextos determinados, están influidos por sus creencias, sus ambiciones, sus objetivos, sus esperanzas… Todo ello se refleja en papeles. Quizá con huecos, con lagunas, pero también en mucho papel. Un Estado moderno es un generador de inmensos volúmenes de información escrita.

Ahora bien, a medida que el historiador va haciéndose, en la praxis, va perfeccionando su metodología, va conociendo mejor el pasado, se familiariza con las querellas previas, lee a otros historiadores. En definitiva, “crece” en estatura y ambiciones.

¿Cómo concibe usted entonces el oficio del historiador?

Personalmente creo ser modesto. Aspiro a echar luz, nueva luz quizá, fundamentada empíricamente, sobre alguna parcelita del proceloso pasado. Sabiendo que muchos me han precedido y que muchos más hollarán el mismo camino después de haber desaparecido. En definitiva, todo historiador es un eslabón en una cadena ininterrumpida. Dentro de las coordenadas de la cultura, sociedad y embates del presente, sin poder anticipar el futuro, trato de explicar a los lectores de este que, en un período determinado, que para ellos será pasado, un historiador trató de comprender unas cuantas partículas de lo que para él también lo era. ¿Un modelo? Quizá el conde de Toreno, como historiador de la guerra contra los franceses a principios del XIX. Tengo una edición encuadernada en cuero primorosamente que me regaló Enrique Fuentes Quintana.

¿Cuáles han sido sus grandes maestros?

Un amplio repertorio, muy ecléctico. Por orden cronológico -y teniendo en cuenta lo que llegaría a ser mi campo de actividad como historiador- empezaría por Herbert R. Southworth y Manuel Tuñón de Lara (aunque lógicamente leí en mis años mozos a Hugh Thomas y Gabriel Jackson). Como me desperté a la escritura de la historia en Alemania, influyó sobre mí Andreas Hillgruber. Era un historiador muy conocido en los años sesenta y setenta sobre temas de política internacional y militar alemana, más bien conservador. Me impresionó estar sentado a su lado en los archivos federales de Coblenza, cuando él trabajaba en sus legajos, como si fuera lo mismo que el joven doctorando que yo era. De Southworth y de Hillgruber aprendí a hacer la exégesis crítica de documentos. Luego he leído a muchos otros, pero aquellos estuvieron presentes, de una u otra manera, en mis años de formación.

Sin embargo, mis maestros no fueron en general historiadores, sino economistas interesados por la historia: Enrique Fuentes Quintana, José Luis Sampedro, Manuel Varela Parache, Fabián Estapé. Un caso curioso, lo reconozco. Nunca he pretendido que aprendiese historia en la Universidad y mi recorrido por la española de la época fue un tanto accidentado, salpicado por largas estancias en el extranjero. Hoy eso no llama la atención. A principios de los años sesenta, no era así.

Una pregunta cuya desmesura no se me oculta. ¿Qué opinión le merece la historiografía de orientación marxista? ¿Hay algo o mucho de interés en ella, o se peca en general de un exceso de economicismo e ideologismo, y de cierta adoración acrítica por los grandes clásicos de la tradición y sus tesis más esenciales, nunca cuestionadas?

He leído mucho a historiadores marxistas, en particular a Pierre Vilar y a E. P. Thompson. También a Hobsbawn. Para el tipo de historia que escribo no se sitúan en el centro de mi interés, pero no dejo de reconocer su importancia en otros campos. Yo no escribo sobre grandes períodos históricos. No trato de comprender la emergencia, desarrollo y crisis de los sistemas económicos o políticos. Sí creo en la máxima del 18 de brumario de Marx de que los hombres (y mujeres) hacen la historia como pueden, pero siempre en condiciones dadas, condiciones que son superiores a ellos y que existen con independencia de su voluntad. Al estudiar esas condiciones creo que el análisis marxista aporta concepciones de interés.

Se escribía historia antes de Marx. Se escribe historia después de Marx. El peligro que siempre acecha al historiador es el de sobreimponer una determinada concepción del proceso histórico a los comportamientos que se manifiestan en el pasado que estudia. Digamos, más bien, que soy ecléctico, pero no hay que olvidar que cuando era joven fui uno de los pocos que viajaron por la RDA, por los países del Este, y que acumulé mucha literatura sobre la economía y la historia de la URSS. De hecho, mi ida a la universidad de Glasgow, al terminar la licenciatura de Económicas en Madrid, se explica porque quería estudiar con Alec Nove, uno de los grandes expertos británicos (de origen lituano) en la historia y economía soviéticas.

También debo decir una cosa que le ruego no considere como pretenciosa. Como no escribo grandes obras generales y me centro en cuestiones concretas (sigo a Rosa Luxemburg en esto), pero significativas para comprender rasgos esenciales de un período, a los 79 años de edad he ganado cierta experiencia (mejorable sin duda, siempre mejorable) y ya no soy muy susceptible de ningún tipo de adoración. Admiro, eso sí, a los grandes autores, pero ya no tengo tiempo de releerlos.

Una gran parte de su obra está centrada en la II República española. ¿Cuándo empezó a trabajar en este tema? ¿Qué le motivó a hacerlo?

Después de todo lo que le he dicho, me temo que se reirá Vd. En el fondo yo empecé a estudiar Germánicas. No sé por qué durante muchos años me sentí en Alemania (adonde llegué en 1959) como el pez en el agua. El idioma me encandilaba. También su literatura. Recuerdo que leía en voz alta los poemas de Bertolt Brecht. Gisela May, una cantante de la RDA en los años sesenta, me encantaba con sus interpretaciones. Cuando estoy deprimido la escucho en el móvil.

Luego hice Económicas, por razones familiares. Mi padre pensaba que con Germánicas no iría a ninguna parte y él quería que me hiciese inspector de Hacienda. Reconozco que lo defraudé en parte porque terminé haciendo, por sugerencia de Fuentes Quintana, oposiciones en 1968 y, como técnico comercial del Estado, pedí destino en Bonn (el FMI no me gustó nada) adonde llegué en 1971. Fuentes me pidió que le hiciera un artículo sobre la financiación nazi de la guerra civil. Escribí un estado de la cuestión que todavía conservo. Con la típica soberbia del economista eché de menos muchos aspectos y le dije que había que estudiar el tema yendo a las fuentes, a los informes, a los telegramas, a los expedientes. Así empecé y me di cuenta que primero había que explicar por qué diablos Hitler decidió ayudar a Franco. Fuentes aceptó el cambio y que lo presentara como tesis doctoral. Lo hice en 1973.

Cuando volví a España, ya con la idea de hacer cátedra, me acogió en el Instituto de Estudios Fiscales y me pidió que estudiase el “oro de Moscú”. Por las mañanas iba a los archivos (que se me abrieron gracias a él) y por la tarde preparaba oposiciones a cátedra. Una vida idílica en su simplicidad. Trabajar y empollar. Ni más, ni menos.

El libro sobre el oro se publicó y se embargó en 1976. Para entonces ya me había empapado en los problemas financieros de la República en guerra. He vuelto siempre a ellos que he podido y, como en 1971, seguí pensando que lo que había que estudiar era por qué hubo una guerra. Es en lo que estoy ahora y tengo mucho agrado en afirmar que sigo con el mismo método que descubrí hace más de cuarenta años. 

Salvo error por mi parte, usted fue el primer historiador que, alejándose de propaganda e ideologismos, investigó en archivos el asunto del oro de Moscú, el pago de la República a la URSS por los suministros recibidos. ¿Qué significó para usted ese estudio sobre un asunto tan espinoso?

Dos cosas. La primera es que me permitió descubrir a Negrín, que me pareció haber sido un político desfigurado y difamado por sus múltiples adversarios en la derecha y en la izquierda. Amén, valga la expresión, de haber sido demonizado por el franquismo. La segunda es que su destino corrió en paralelo al de la República en guerra. Los abordé sin preconcepciones. En aquella época algo muy raro, porque la literatura existente era de llorar. Hice el descubrimiento de que no podía fiarme de NINGUNO de los historiadores españoles, los sedicentes maestros de la gente de mi generación que habían estudiado la licenciatura de Historia en España. Así que me fié de lo único que podía fiarme: de mi instinto. Y, bien o mal, creo más bien lo primero, llegué a conclusiones muy diferentes de las hasta entonces sostenidas en general. Añadí una diferencia: las demostré documentalmente.

En cuanto pude liberarme de la carga de mi profesión como economista y diplomático comunitario, volví a la guerra y a la Segunda República en ella. El oro fue, de nuevo, el eje central de mi investigación, simplemente porque fue el activo que permitió que la República mantuviera su resistencia contra la agresión, interior y exterior. Franco hizo su guerra a crédito gracias a las potencias fascistas y a la bolsa inagotable de Juan March. Nunca creí a la propaganda franquista, porque se caía a pedacitos viendo los papeles. Todavía algunos estúpidos siguen hoy propagándola por las redes sociales.

Sigo ahora. Descansemos un momento si no le importa.

Bien, de acuerdo, tomemos un respiro.

Fuente: El Viejo Topo, julio-agosto de 2020.


El coronavirus diezma a los trabajadores latinoamericanos de la salud


IPS Noticias

Más de 2500 trabajadores de la salud han fallecido en el hemisferio por la covid-19 y tres de cada cinco de ellos en la región de América Latina y el Caribe, según datos suministrados este miércoles 2 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La dominiquesa Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que “la escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro grupo lo ha sentido más agudamente que los mismos hombres y mujeres que componen nuestra fuerza laboral de salud. Tenemos la mayor cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo”.

De los 13,5 millones de casos de covid que registra la OPS, más de siete millones corresponden a América Latina y el Caribe, región que además cuenta casi 270 000 víctimas fatales en los 469 000 fallecimientos por la pandemia registrados por el organismo panamericano.

En el continente se han enfermado por coronavirus unos 570 000 trabajadores de la salud, y las mujeres son las más afectadas, pues representan casi tres cuartas partes del personal de salud que ha contraído la enfermedad.

Etienne dijo en una conferencia de prensa virtual que “en Estados Unidos y México, que tienen algunas de las cifras de casos más altas del mundo, los trabajadores de la salud representan uno de cada siete casos” y entre ambos registran casi 85 por ciento de todas las muertes por covid entre esos trabajadores en el hemisferio.

En Estados Unidos, con 6,2 millones de casos y 189 000 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins, habían fallecido hasta la cuarta semana de agosto 1077 trabajadores de la salud, de los cuales 38 por ciento enfermeros, indicó un estudio del periódico The Guardian y el servicio de información de salud KHN.

En México, las autoridades de salud ya reportaron la muerte de más de 1000 trabajadores del sector, de los cuales 38 por ciento enfermeros, 28 por ciento auxiliares y 27 por cientos médicos.

En otros países de la región, cinco de los cuales –Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina- están entre los 10 más afectados del mundo, el personal sanitario ha sufrido centenares de bajas.

En Brasil, que se acerca a cuatro millones de casos y tiene más de 122 000 fallecidos por covid, el Ministerio de Salud informó a mediados de agosto que 233 000 profesionales de la salud habían contraído la enfermedad, la mitad de ellos trabajadores del área de enfermería.

Gremios de médicos y enfermeras acompañaron esas cifras con las del fallecimiento de al menos 226 galenos 325 profesionales de enfermería.

En Argentina se reportaron a la OPS en agosto más de 17 000 casos de trabajadores de salud que contrajeron la covid, con al menos 60 muertos, y en Perú, un país con más de 29 000 muertos entre sus 657 000 infectados, al cierre del mismo mes se reportó la muerte de al menos 146 médicos e igual número de paramédicos.

En Colombia, con 624 000 casos y 20 000 muertes por la pandemia, a mediados de agosto se habían enfermado con la covid 7000 profesionales de la salud, siendo los auxiliares de enfermería y enfermeros los más perjudicados, y el gremio encajaba la muerte de 46 trabajadores del sector.

En países como Venezuela, donde no se discriminan profesionalmente los casos de contagio y fallecimientos por covid en los reportes gubernamentales diarios, los gremios contabilizan más de 100 muertos entre médicos y enfermeras, de un total de 47 000 infectados y algo menos de 400 fallecidos, según cifras oficiales.

Para combatir esta tendencia, “los países deben garantizar que los trabajadores de la salud puedan hacer su trabajo de manera segura. Esto requerirá mantener suficientes suministros de equipos de protección personal y garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el control de infecciones”,  dijo Etienne.

Al comienzo de la pandemia, los suministros de equipo de protección personal eran escasos y “los trabajadores de la salud se vieron obligados a reutilizar mascarillas y batas, buscar alternativas o renunciar por completo a la protección para cuidar a los necesitados”, sostuvo la responsable de la OPS.

Etienne observó que “a medida que los países se apresuraban a responder al virus, muchos trabajadores de salud fueron redirigidos a la respuesta al brote sin la capacitación suficiente para protegerse mientras trataban a pacientes con covid-19”.

Junto con condiciones de trabajo seguras, se debe asegurar un salario justo para los trabajadores de la salud y “esto es particularmente importante para las mujeres, la mayoría de nuestra fuerza laboral, quienes deben recibir apoyo para participar plenamente y liderar la respuesta a la pandemia”, concluyó Etienne.


sábado, 26 de septiembre de 2020

Defensores de Guapinol + Berta Cáceres reciben nominación por premio Sakharov


Defensores en Línea

El Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo ha propuesto a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

Berta Cáceres era una valiente ecologista y defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena lenca de Honduras antes de ser asesinada en marzo de 2016. Cáceres fue cofundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Durante más de dos décadas se resistió a la apropiación de tierras, a la tala ilegal y a los megaproyectos como los proyectos hidroeléctricos de Agua Zarca, por los que fue asesinada.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol*, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.  Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

El eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas, España) dijo que la nominación puede llamar la atención sobre sus casos, el imperativo de un trato justo y la necesidad de justicia para las luchas que representan:

“Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol representan a todos los defensores de la tierra y los territorios y los pueblos indígenas. Ejemplifican cómo un Estado y los poderes económicos utilizan redes de complicidad para criminalizar a organizaciones de base como el COPINH y la COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares de Guapinol) y asesinar a activistas como Berta Cáceres, en beneficio del capital transnacional.

“Defender la tierra y los territorios es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha asignado a Centroamérica. Actuar contra el cambio climático es apoyar y proteger a quienes luchan por su conservación”, concluyó Urbán.


La desaparición forzada del "Padre Lupe" cumple 37 años de impunidad

Radio Progreso

Padre Lupe junto a campesinos a quienes facilitaba proceso de formación.

A 37 años de la desaparición forzada del jesuita Gua­dalupe Carney, (padre Lupe), el caso sigue en impunidad y sin saber la ubicación de sus restos. Además, el sistema que desapareció físicamente al sacerdote sigue vigente con otras características que llevan implícitas; la criminalización, persecución, desapariciones y asesinatos de defensores de la madre tierra”, indicó Jerónimo Carranza, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC-SJ.

A renglón seguido aseguró que, un ejemplo de esto es el secuestro de cinco líderes garífunas encabezados por Alberth Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad Triunfo de La Cruz, Tela, al norte de Honduras. Fue el 18 de julio, a las 5:00 am, que ingresó a la comunidad un grupo de 13 hombres armados y con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llevándoselos violentamente de sus casas y desde entonces el pueblo hondureño sigue exigiendo respuestas que nunca llegan.

Carranza agrega que la lucha del padre Lupe sigue más vigente que nun­ca. En el país existen más de 300 mil familias cam­pesinas sin tierra, sometidas a una crisis agraria y alimen­taria que se ha vuelto más aguda en el contexto de la pandemia del COVID-19. “Si el padre Lupe viviera sin duda alguna anduviera de las manos con los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Recordemos que su nombre de “pila” era James Francis Carney, pero por amor al campesinado de Honduras cambió su nombre a Guadalupe”, indicó.

El padre Guadalupe fue desaparecido junto a una columna guerrillera el 16 de septiembre de 1983, hecho por el cual se responsabiliza a tropas norteamericanas y hondureñas destacadas en la zona de El Aguacate, en el departamento de Olancho.

El informe “Búsqueda de la verdad que se nos oculta”, del ex comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, reveló documentos que evidencian el apoyo militar de Estados Unidos a fuerzas militares hondureñas en la década de los 80 y el calvario para conocer la verdad sobre desapariciones como la del sacerdote Guadalupe Carney.

De acuerdo a muchas personas que lo conocieron de cerca, el padre Lupe era un sacerdote amado por el campesinado y la clase trabajadora. Sin embargo, era odiado por muchos de los más poderosos hombres de Honduras.

“Lupe luchó por una iglesia liberadora, no una iglesia conservadora, él buscaba procesos transformadores para que los campesinos y campesinas pudieran superar su pobreza y sus desdichas. Pero, en noviembre de 1979 miembros del Éjército nacional lo capturaron y posteriormente lo expulsaron del país”, indicó Jerónimo Carranza.  

“Capellán del Ejército del pueblo” 

De acuerdo diversos testimonios, el sacerdote jesuita prosiguió su trabajo pastoral en Nicaragua donde escribió sus memorias y además se relacionó con un grupo de hondureños dirigidos por el doctor José María Reyes Mata, para luego conformar una columna guerrillera que ingresaría a Honduras para iniciar una insurrección popular.

Al pasar la frontera de Nicaragua a Honduras, el Padre Carney acompañó a estas más de 90 personas. Después de varios días fueron interceptados en las montañas de Olancho por efectivos militares de Honduras y Estados Unidos en plena ejecución de la Doctrina de Seguridad Nacional (que implicaba un plan macabro para eliminar los cuadros de dirigentes del movimiento social hondureño que demandaba cambios estructurales en el país).

Trascendió que la mayoría de los guerrilleros fueron capturados, torturados, asesinados y desaparecidos. La embajada de Estados Unidos en Honduras y el departamento de Estado, sistemáticamente han negado la información que podría ayudar a dar con el paradero de los restos del sacerdote jesuita y los otros miembros de la columna guerrillera.

Guadalupe Carney nació en 1924 en Chicago, Estados Unidos. Participó activamente en la Segunda Guerra Mundial como miembro del Ejército estadounidense. Pero juró nunca hacer daño a cualquier persona.

En 1948 ingresó a la Compañía de Jesús y aun siendo seminarista conoció la misión de los jesuitas en Honduras. Tras su ordenación en 1961, sus superiores lo destinan al trabajo en las parroquias de Minas de Oro y Sulaco, Camayagua; Tocoa, Colón; y posteriormente en El Progreso Yoro.


Varios municipios siguen bajo Alerta Verde y Amarillo


Radio Progreso

Las lluvias ya dejan a más de 20 familias afectadas de ñas zonas bajas de los municipios del Valle de Sula.

Debido a las lluvias que tienen saturados los suelos hondureños más los riesgo a deslizamientos y desbordamientos, la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco mantiene en Alerta Amarrilla y Verde a algunas zonas del país.

En Alerta Amarilla están los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Francisco Morazán y los municipios aledaños a la ribera del río Ulúa en el Valle de Sula.

También continúa vigente la Alerta Verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Yoro, El Paraíso, Choluteca y Valle.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Cenaos, informa que para hoy jueves continúan las condiciones atmosféricas inestables para la mayor parte del país, debido a la convergencia de viento y humedad tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, por lo que se pronostican condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica de moderados a fuertes, especialmente en las regiones: Occidente, Centro y Sur.

Las lluvias ya dejan a más de 20 familias afectadas de ñas zonas bajas de los municipios del Valle de Sula. Las familias han sido trasladadas a algunos albergues ya habilitados mientras bajan los niveles de los ríos.