viernes, 28 de agosto de 2020

La deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo


ACAFREMIN

El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.  

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:     

  1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
  2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
  3. El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
  4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.  

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha.  Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:     

  • La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
  • El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.  
  • Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
  • Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.  

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.


COFADEH solicita investigación por desaparecida en Copán


Defensores en Línea

Tras recibir la denuncia por la desaparición de Victoria del Carmen Pérez, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio Público, realice las acciones correspondientes para dar con su paradero.

Según sus familiares que se comuicaron hace unos días con este Comité, Victoria de 56 años, desde el 29 de mayo pasado, no regresó a su casa en la aldea Santa Teresa, municipio de San Nicolás, a 10 kilómetros de La Entrada, ciudad en tránsito del departamento de Copán, al occidente del país, donde era común ir a visitar a sus hermanas.

Por el tiempo trascurrido se teme las peores consecuencias para la vida e integridad de Victoria Pérez, por lo que COFADEH solicitó activar el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Cabe señalar que Victoria Pérez, padece -desde niña- cierto trastorno emocional, por lo que a veces se ausentaba de su casa, pero volvía. Ahora ha pasado casi tres meses sin saber nada de ella. Una de sus hermanas la vio tomar la carretera internacional, sin ninguna rareza.

La familia Pérez ha tratado de comunicarse con la policía de esa zona, pero se ha hecho imposible, incluso que se les tome una denuncia formal, expresándoles que por la pandemia generada por el Covid-19 es hasta peligroso moverse o hacer otras acciones de búsqueda.

Y en caso que llega información a la familia como que han visto a Victoria Pérez en municipios cercanos, específicamente en San Luís, departamento de Santa Bárbara, a los parientes les dicen que es un lugar peligroso y deben ser acompañados por la policía, pero vuelve el problema de movilización y apatía por parte de las autoridades correspondientes.

Para información:

98 65 35 87

98 40 16 06

Sus familiares aseguran que Victoria es una mujer tranquila, acostumbrada a andar a pie y por caminos estrechos (secundarios). En la aldea la extrañan y están pendiente de cualquier información que pueda dar con su paradero, pero hasta el momento ha sido imposible.

Con este toque de queda se nos complica buscarla, por que no nos podemos movilizar si no el día de circulación y no hay transporte público, detalló una familiar de “Toya” o “Toyita”, como la llaman de cariño.

La preocupación es generalizada en la familia Pérez, ya que sus hermanos y sobrinas son responsables de su cuidado, pues siempre ha permanecido soltera. En su casa no ha hace falta ningún artículo o prenda de vestir, más bien hay alimentos que se vencieron, porque no ha vuelto para nada, y nos preocupa que se enferme de tanto caminar o que le pase algo malo si cruza un puente o un río, denunció la familia.

Victoria es paciente siquiátrica, por lo que depende de algún medicamento. La familia desistió hace algún tiempo de seguir con sus consultas en Tegucigalpa, porque se complicó estar viajando con ella.

Toda la familia la ha buscado y comparten fotos de ella a través de redes sociales. Y es asi como les llegó información que la vieron en San Luís. “Que estuvo allí en una casa, pero que siguió el camino para adelante”.

San Nicolás es un lugar muy tranquilo, todos se conocen y esperan que Victoria Pérez vuelva sana y salva. Incluso desde la alcaldía se ha emitido algunas búsquedas, el problema es que la policía no es diligente, reaccionó la familia.

COFADEH fundamentó la solicitud de búsqueda en el ARTICULO 59 de la Constitución de la República, que afirma a la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.

Y la petición en el ARTICULO 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”.

Victoria del Carmen Pérez, desapareció en un momento bajo custodia y vigilancia de las fuerzas represoras del Estado, quienes pueden circular amparados en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 del 16 de marzo pasado ante los primeros casos positivos por el nuevo Coronavirus, confinando a la población.

Al menos 10 personas se han denunciado como desaparecidas en estos cinco meses de toque de queda, sin que las autoridades correspondientes den respuesta de ellos y ellas.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ene artículo 10 establece: En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.

El Estado de Honduras está obligado a velar por el paradero e integridad de las personas desaparecidas y debe proceder sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.

Las peticiones hechas por Cofadeh, a fin que el Estado vele por Victoria, son las siguientes:

Que se tenga por presentada esta denuncia;

Se nombre de inmediato un equipo de investigación; que tramite un auto requerimiento de investigación;

Que de inmediato active una investigación urgente sobre ¿Qué pasó con Victoria Pérez que se encuentra desaparecida? aclarar los hechos e identificar a los posibles responsables.

Tomar declaración a las personas que estuvieron en contacto por última vez con la señora Victoria Pérez, como así de personas que lo vieron antes de desparecer.

Informar a esta representación y a sus familiares sobre los hallazgos y avances.


Cambio de jueza dilata “Causa Berta Cáceres”


Defensores en Línea

Conferencia de prensa vía YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jn8iNYlioYE

Familiares de la lideresa Indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, denunciaron este jueves 20 de agosto, que el cambio de jueza que llevaba la Causa por dicho crimen, dilata la búsqueda de justicia y agudiza cuatro años de impunidad.

Mediante redes sociales, hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hicieron de conocimiento público las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo, señalado como uno de los autores intelectuales, desde su puesto en la empresa Desarrollo Energético S.A.(DESA), con operación en el río Gualcarque.

El comunicado que fue leído en parte por las hijas e hijo de la defensora, Berta, Salvador y Laura Zúniga Cáceres, expresa que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones que continué la impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.

Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público, compartió el abogado Víctor Fernández, del equipo legal de la causa Berta Cáceres.

El documento agrega que, el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.

Y que “Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, José Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah”.

En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats (conversaciones en mensajería en línea), llamadas, mensajes de texto, fotografías, ubicaciones GPS (Sistema de Posicionamiento Global), escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres, y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente, relata el comunicado.

La defensa de David Castillo, busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública, denunció la familia de la que fue cofundadora y coordinadora del COPINH, hasta el día de su asesinato.

Según el comunicado, el cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.

Por lo que, en términos probatorios, todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.

Afirma que “La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita”.

Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, cómplices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo, abogaron los y las conferencistas.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, ¡Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

También se anunció que, en este marco de acciones, este viernes se hará un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, a las 10 de la mañana para exigir justicia, mientras se desarrolle la Audiencia Preliminar en el proceso contra Castillo, y saber si avanza el proceso para el juicio oral y públicos.

El abogado Fernández, afirmó que las condiciones de este juicio son inciertas, porque hace dos días solicitaron para que sea pública y se permita la observación general de la audiencia, la participación de la víctimas en la audiencia y que sea de manera virtual, tomado en cuenta la situación se emergencia sanitaria especialmente en Tegucigalpa y que donde se llevará a cabo la audiencia es un foco de contagio por Covid-19.

Se sabe que las audiencias están suspendidas, pero en esta Causa se ha convocado sin saber bajo qué condiciones, por lo que el ambiente es adverso, además que remueven la jueza que estaba a cargo, y que no se conoce quien la sustituirá, por lo que no se ha resuelto las peticiones del equipo legal que representa a Berta Cáceres y su familia.

Papel del Ministerio Público

El Ministerio Público que debe actuar como acusador, en esta situación es contraria, donde no parece el representante en el que las víctimas confían. Luce más cercano a otros actores que a las víctimas, siendo su mandato representar a las víctimas.En cuanto al papel del Ministerio Público, en esta Causa es que no ha reconocido a las hijas e hijo de Berta, como víctimas, negándoseles la oportunidad de ser escuchadas pese a su disponibilidad de brindar información, se porta de manera hostil, declaró Laura Zúniga Cáceres.

En la conferencia también acompañaron los abogados internacionales Joseph Berra, de Estados Unidos; y Reinaldo Villalba, de Colombia, y vicepresidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Berra y Villalba conforman la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, y en febrero de este año hicieron una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, para que se haga justicia en favor de la lideresa indígena que defendió los bienes comunes de la naturaleza. Y continúan denunciando la existencia de una impunidad estructurada que impide castigo a los culpable.

Honduras está entre los países que registra más asesinatos de defensores del ambiente junto a Brasil, Filipinas y Colombia, por lo que en estos crímenes se relacionan las concesiones sin control, desinterés político para proteger los bienes naturales y por ello los pueblos indígenas (especialmente) se ven obligados a defenderse desde sus medios.


Es hora de contar una nueva historia sobre el coronavirus, nuestras vidas dependen de ello


Viento Sur

Por Sonia Shah

En el verano de 1832 un misterioso flagelo que había llegado desde Asia se cernía sobre la ciudad de Nueva York, tras asolar Londres, París y Montreal. Los funcionarios sanitarios recogieron datos que mostraban que la enfermedad – el cólera – se estaba propagando a lo largo del recién abierto Canal Erie y el río Hudson, dirigiéndose directamente a la ciudad de Nueva York. Pero los líderes de Nueva York no intentaron regular el tráfico que venía por las vías fluviales.

Las demandas del comercio eran parte del motivo; los funcionarios sabían que el cierre de las rutas habría perturbado poderosos intereses comerciales. Pero no menos poderosa era la creencia de que no era necesario. Según el paradigma reinante, los contagios como el cólera se propagaban a través de nubes de gas maloliente llamadas miasmas. El cólera, según un experto de la época, era «una enfermedad de la atmósfera… llevada en las alas del viento». Para protegerse de estos gases mortales, la gente quemaba barriles de alquitrán y colgaba grandes trozos de carne en postes, de los que se esperaba que absorbieran los vapores del cólera. En Londres trataron de deshacerse de los apestosos miasmas de sus casas arrojando residuos humanos al río, el cuale también servía como suministro de agua potable de la ciudad.

Las historias que la gente contó sobre el contagio en su entorno sellaron su destino. Los brotes de cólera plagaron Londres, Nueva York y muchas otras ciudades durante la mayor parte del siglo, matando a millones de personas.

Los paradigmas, los oscuros marcos conceptuales, no explicitados, que dan forma a nuestras ideas, son poderosos. Traen orden y comprensión a nuestras observaciones sobre el desordenado y cambiante mundo que nos rodea. El filósofo Thomas Kuhn dijo que sin ellos  la investigación científica es imposible: no sabríamos qué preguntas hacer o qué hechos recopilar. Pero los paradigmas también nos ciegan, al encumbrar determinadas narrativas y al servir a intereses particulares, a menudo para peligro nuestro como durante las pandemias de cólera del siglo XIX.

Hoy en día nos enfrentamos una vez más a un patógeno virulento y de rápida propagación. Nuestros conocimientos científicos han avanzado desde la época del cólera, pero no obstante están limitados por los paradigmas que determinan la forma en que respondemos a este brote y a los futuros. Vale la pena detenerse, entonces, para desenterrar este marco explicativo oculto que se esconde en las historias que contamos sobre el SARS-Cov2, el virus que causa la Covid19. ¿Qué realidades ilumina y cuáles oscurece? ¿A qué intereses sirve y a quién deja atrás?

En el caso de Covid-19, la historia que hemos contado desde el principio ha sido la de una población pasiva atacada repentinamente por un ser extranjero. La pandemia, en el discurso popular, es un acto de agresión externa, un asalto de un «enemigo invisible» que «ataca a la gente tan salvajemente«, como dijo un médico en The Baltimore Sun. En el New York Times, Steven Erlanger comparó el virus con un acto de terrorismo o un desastre natural. El escritor Michael Lind lo comparó con «una invasión alienígena«.

De acuerdo con estas metáforas marciales, la respuesta se ha enmarcado como una forma de combate contra un intruso invasor. Francia se declaró «en guerra» con la infección. China lanzó una «guerra popular». Y Donald Trump se autoproclamó «presidente en tiempo de guerra«. Las naciones han impedido los vuelos y han cerrado las fronteras. En las primeras semanas del brote, cuando los cruceros llenos de pasajeros enfermos se acercaron, los países los alejaron, y sus súplicas de medicinas, alimentos y cuidados fueron desoidas.

Si bien la escala de la respuesta no tiene precedentes, las ideas que enmarcan el brote emanan de un viejo paradigma sobre el contagio. Según ese paradigma, el contagio es un problema de invasión microbiana, una incursión extranjera en los cuerpos locales que debe ser repelida de forma militar. Consideremos la historia de cómo el establishment biomédico occidental ha denominado a los contagios. Durante décadas, los nombraron basándose en el lugar donde fueron descubiertos o donde hicieron erupción por primera vez, cuando esos lugares estaban distantes, pero no cuando eran locales. Por ejemplo, el Ébola recibió su nombre por un río de la República Democrática del Congo, y la gripe de 1918 se denominó gripe española, aunque no se originó en España. Pero el VIH, cuya aparición se registró por primera vez en California y Nueva York en el decenio de 1980, no era el «virus de LA» o «NYC-1», y la infección por SARM resistente a los antibióticos, que estalló en Boston en 1968, no se conoce como «la plaga de Boston». Las enfermedades infecciosas se nombraban tan a menudo de manera que se destacaba su alteridad y se provocaba un estigma que la Organización Mundial de la Salud publicó en 2015 directrices más neutrales sobre la forma de darles nombre.

Nuestro paradigma de invasión microbiana tiene sus orígenes en los albores de la teoría de los gérmenes, a finales del siglo XIX, cuando el químico Louis Pasteur descubrió el microbio responsable de causar una enfermedad en los gusanos de seda y el microbiólogo Robert Koch identificó el microbio que causa el ántrax. Durante los siglos anteriores a esa fecha, la medicina occidental describió los contagios en términos de una interacción dinámica entre los miasmas (que estaban conformados por las condiciones ambientales, como el clima y la geografía local) y las cualidades interiores de los individuos (desde su moral hasta el equilibrio único de «humores» en sus cuerpos). Pasteur y Koch produjeron pruebas que sugerían un proceso más tangible: que la enfermedad no era el resultado de desequilibrios complejos sino el resultado de la simple presencia de microbios identificables.

La teoría de los gérmenes de la enfermedad forjó una forma totalmente nueva de pensar y actuar contra el contagio. En lugar de desenredar la red de relaciones sociales, factores ambientales y comportamientos humanos que promovían la enfermedad, los científicos podían culpar a una sola mota microscópica. El movimiento de una enfermedad podía ser detenido o incluso repelido por completo. Podría ser extirpada quirúrgicamente o destruida con productos químicos mortales, lo que los científicos de principios del siglo XX llamaron balas mágicas. El multifacético proceso de la infección se redujo a sus componentes más simples: una víctima ingenua, un germen extraño, una incursión no deseada.

El paradigma de la invasión microbiana revolucionó la medicina, permitiéndonos domar los contagios de formas totalmente nuevas, con medicamentos antimicrobianos en forma de balas mágicas y vacunas eficaces. Como han documentado los historiadores de la enfermedad, estas intervenciones por sí solas no domesticaron el cólera, la malaria y otros contagios que asolaban las sociedades occidentales. Pero su llegada coincidió con amplios cambios sociales, muchos de ellos impulsados por el movimiento de reforma sanitaria, que sí lo hicieron. El establecimiento de sistemas de agua potable, saneamiento y regulaciones de vivienda segura -todas ellas reformas sociales duramente conseguidas- redujeron drásticamente las oportunidades de transmisión de patógenos como el cólera. El número de enfermedades infecciosas se redujo enormemente. A finales del siglo XIX, el 30 por ciento de las muertes en Estados Unidos fueron causadas por infecciones, y a finales del siglo XX, menos del 4 por ciento.

Sin embargo, el paradigma del germen invasor y las intervenciones consiguientes se llevaron casi todo el crédito del éxito, convirtiéndose en «la fuerza dominante de la medicina occidental», como dijo un observador. Parte de esto puede haberse derivado de la genuina elegancia de la teoría. Pero las curas mágicas que hizo posible también encajaban en la lógica del capitalismo industrial, en el que las divisiones entre nosotros y ellos, los puros y los contaminados, eran claras y, lo que es igual de crucial, podían gestionarse mediante la compra y venta de productos biomédicos.

A pesar de la seductora simplicidad del paradigma del germen invasor, los científicos comenzaron, casi inmediatamente, a darse cuenta de que el contagio es mucho más complejo que un simple proceso de invasión. Con cada avance en la ciencia de la detección de microbios -desde microscopios cada vez más potentes hasta nuevos métodos de detección de ADN microbiano- los científicos encontraron pruebas de que cada vez había más microbios acechando en cada vez más lugares, incluso dentro del cuerpo humano. La mayoría de estos microbios son beneficiosos, incluso necesarios, según han ido aprendido los investigadores en estos  últimos años. Y cuando causan daño, el problema a menudo proviene de la forma en que nuestros cuerpos responden a los microbios, no de las acciones de los microbios en sí.

El paradigma de la invasión arroja a los patógenos microbianos como enemigos invisibles llenos de violencia incipiente, pero descubrimientos más recientes han revelado que incluso los responsables de brotes mortales pueden permanecer extrañamente quietos en ciertos ambientes. El Helicobacter pylori, por ejemplo, causa úlceras gástricas en algunos, mientras que se muestra inofensivo en el estómago de otros. Las cepas de Lactobacillus que provocan sepsis en algunas personas se promueven como «probióticos» por otras. Mientras tanto, los microbiólogos han descubierto que muchos patógenos viven en los cuerpos de otros animales a puñados y no les causan ningún problema. El zooplancton incrustado con la bacteria del cólera, por ejemplo, flota imperturbable por sus huéspedes microscópicos en las cálidas aguas costeras; las aves acuáticas salvajes, repletas de virus de la gripe, vuelan alegremente por los cielos; y los murciélagos, con sus tejidos llenos de Ébola, revolotean ilesos por el aire nocturno.

Todo esto quiere decir que, contrariamente a la línea argumental central del paradigma de la invasión, los patógenos de hoy en día no llegan a un territorio intacto tal como lo hacen los invasores. Más bien, si hay alguna invasión en marcha, es encabezada por nosotros. La mayoría de los patógenos que han surgido desde 1940 se originaron en los cuerpos de los animales y entraron en las poblaciones humanas no porque aquellos nos invadieran, sino porque nosotros invadimos sus hábitats. Al invadir los humedales y cortar los bosques, hemos obligado a los animales salvajes a amontonarse en trozos cada vez más pequeños de hábitat, llevándolos a un contacto íntimo con las poblaciones humanas. Es esa proximidad, que forzamos a través de la destrucción de los hábitats de la vida silvestre, lo que permite a muchos microbios animales encontrar su camino hacia los cuerpos humanos.

Pero el paradigma de la invasión microbiana oscurece estos hechos inconvenientes. A pesar del creciente reconocimiento científico de la complejidad y de las diferencias en el proceso de la enfermedad así como la de nuestra propia complicidad en él, el establishment biomédico centra la mayor parte de su atención y de sus recursos en la búsqueda de curas mágicas para el contagio en lugar de abordar los factores subyacentes. Esto es cierto a pesar de que rara vez hemos sido capaces de desarrollar medicamentos y vacunas para los patógenos emergentes con la suficiente rapidez como para salvarnos de su efecto. Como informó un estudio de Lancet en 2018, el desarrollo de una sola vacuna «puede costar miles de millones de dólares, puede tardar más de 10 años en completarse, y tiene un promedio de un 94% de posibilidades de fracaso«. A los investigadores les llevó más de una década desarrollar terapias efectivas para el SIDA, y hasta el día de hoy, no existe una vacuna efectiva contra el VIH. Los medicamentos y vacunas para una amplia gama de otros patógenos de reciente aparición, desde el virus del Nilo Occidental hasta el Ébola y el SARM, han demostrado ser igualmente difíciles de conseguir.

Incluso en el caso de los patógenos más antiguos, las vacunas que proporcionan una inmunidad total y los tratamientos que nos liberan de la enfermedad son la excepción, no la regla. La viruela es el único patógeno humano que hemos erradicado a través de una campaña de vacunación intencionada, sin embargo, arrasó con las poblaciones humanas durante siglos antes de que tuviéramos éxito. El mejor tratamiento para la gripe, un patógeno que infecta anualmente a mil millones de personas, puede hacer poco más que reducir la duración de la enfermedad en un día o dos. Y a pesar de un esfuerzo anual masivo y costoso para investigar, desarrollar y distribuir las vacunas contra la gripe, sólo son parcialmente efectivas, dejando que alrededor de medio millón de personas perezcan cada año.

Sin embargo, seis meses después de nuestra actual pandemia, una expectativa desesperada envuelve el desarrollo de medicamentos y vacunas. Pero con tratamientos y vacunas todavía a meses de distancia, el hecho es que debemos enfrentarnos al SARS-Cov-2-así como al próximo coronavirus, el virus de la gripe u otro patógeno novedoso, sin armas médicas. Nuestra única esperanza de evitar los peores daños es alterar nuestro comportamiento para reducir las oportunidades de que el patógeno se extienda.

Es hora de una nueva historia, una que capture con más precisión la realidad de cómo se desarrollan los contagios y por qué. En esta historia, las pandemias se presentarían como una realidad biológica y un fenómeno social formado por la acción humana. Y el coronavirus, si se presenta como cualquier tipo de monstruo, sería un monstruo de Frankenstein: una criatura de nuestra propia creación. Después de todo, creamos el mundo en el que evolucionó el SARS-Cov-2, un mundo en el que nuestra industria se ha tragado tanto del planeta que los microbios de los animales salvajes se deslizan fácilmente en el ganado y los humanos. Creamos la sociedad de las prisiones y asilos superpoblados atendidos por empleados mal pagados que deben trabajar en múltiples instalaciones para llegar a fin de mes; en la que los empleadores obligan a sus trabajadores a trabajar en las líneas de empacado de carne incluso si están enfermos; en la que los solicitantes de asilo son hacinados en los centros de detención, y en la que las personas que viven en ciudades duramente golpeadas como Detroit carecen de acceso a agua limpia con la que lavarse las manos.

Un relato que ponga el foco en estas realidades nos obligaría a considerar una gama mucho más amplia de respuestas políticas para contrarrestar la amenaza de las pandemias. En lugar de culpar a los forasteros y esperar la cura a partir de una bala mágica, podríamos trabajar para mejorar nuestra resistencia y reducir, en primer lugar, la probabilidad de que los patógenos nos alcancen. En lugar de exigir irreflexivamente que se esparzan por todos lados productos químicos mortales para destruir los mosquitos infectados por el virus del Nilo Occidental y las garrapatas infectadas con la bacteria de la enfermedad de Lyme, podríamos restaurar la biodiversidad perdida que una vez evitó su propagación. Podríamos proteger los bosques donde los murciélagos se posan, para que el Ébola, el SARS y otros virus permanezcan en ellos y no encuentren su camino hacia las poblaciones humanas.

Una nueva historia nos permitiría ver el contagio como algo más que un fenómeno puramente biomédico que debe ser manejado por expertos biomédicos y, en cambio, nos permitiría ver el contagio como los dinámicos fenómenos sociales que son. Se necesitarían nuevas alianzas entre los defensores de la salud pública y los ambientalistas, entre médicos, epidemiólogos, biólogos de la vida silvestre, antropólogos, economistas, geógrafos y veterinarios. Cambiaría el significado de la salud humana en sí misma. En lugar de pensar en la buena salud como la ausencia de contaminación patógena, la entenderíamos como un complejo entramado que vincula la salud de nuestro ganado, la vida silvestre y los ecosistemas con la salud de nuestras comunidades.

Cuando los patógenos emergen, podríamos examinar nuestras relaciones sociales y económicas para encontrar formas de reducir las oportunidades de transmisión tan atentamente como examinamos los compuestos farmacéuticos para crear nuevas píldoras y pociones. Cuando nos encontramos con patógenos respiratorios que se propagan silenciosamente en lugares concurridos, podríamos dar a nuestros trabajadores una paga por riesgo, licencia por enfermedad y salarios justos. Cuando nos enfrentamos a virus transportados por mosquitos, podríamos trabajar para mejorar los drenajes y las viviendas para que la gente no esté expuesta regularmente a sus picaduras sedientas de sangre. En lugar de apoyar una industria farmacéutica que se beneficia de nuestra enfermedad, podríamos trabajar para prevenir las condiciones que conducen a los contagios.

El progreso hacia este nuevo paradigma ya ha comenzado, gracias a un nuevo enfoque llamado One Health (Una Salud), que considera la salud humana en el contexto de la salud de la vida silvestre, el ganado y los ecosistemas. Como enfoque teórico, One Health ha sido respaldado por la OMS junto con una amplia gama de organismos de alto nivel en salud pública y medicina veterinaria. También se ha puesto en práctica, de manera más limitada. Tras un brote de gripe aviar en 2005, la USAID lo utilizó para poner en marcha el programa Predict, que pretendía identificar los virus que podían pasar de los animales a los seres humanos. La Alianza EcoHealth, con sede en la ciudad de Nueva York, utilizó el método One Health para descubrir un reservorio del virus del SARS en murciélagos, lo que abrió nuevas vías para comprender los coronavirus que afectan a los seres humanos. Y en los Países Bajos, se ha utilizado para hacer frente a la propagación de patógenos resistentes a los antibióticos en las personas, abordando el uso de antibióticos en el ganado.

Estos esfuerzos, aún incipientes, podrían ir mucho más lejos para abordar los fenómenos sociales, políticos y ambientales que impulsan la aparición de enfermedades infecciosas, pero, sin embargo, ya están siendo objeto de ataques. La administración Trump canceló el programa Predicto en 2019 y recientemente retiró los fondos del gobierno para EcoHealth Alliance. Aún así, hay señales de que los políticos comienzan a ver el valor del enfoque. Justo el año pasado, se introdujo en el Congreso (de los EEUU) una legislación bipartidista para establecer un marco nacional de One Health para prevenir y responder a los brotes de enfermedades.

Podemos escribir una nueva historia para esta pandemia y las siguientes. Debemos hacerlo si esperamos sobrevivir a un futuro marcado por los brotes. En esta nueva historia, el otro microbiano se desvanecerá en este contexto de fondo, y la naturaleza de nuestras relaciones entre nosotros y el medio ambiente reclamará el primer plano. En lugar de ser las víctimas pasivas de los invasores microbianos, podemos emerger como los creadores de nuestro propio destino, y reconstruir el mundo pospandémico de nuevo.

* Sonia Shah es periodista científica y autora de PANDEMIC: Tracking Contagion from Cholera to Ebola and Beyond (PANDEMIA: Siguiendo el contagio las enfermedades más letales del planeta, Capitan Swing, 2020).

The Nation


Derecho a la desconexión

Rebelión

Ilustración de Gastón González

La nueva ley de teletrabajo de Argentina es vanguardia en la región: motiva dinámicas acordes con las tendencias del mercado y a la vez nos protege a las y los trabajadores y a nuestras familias. Sofía Scasserra analiza sus puntos más innovadores, como la perspectiva de género, el reconocimiento de las tareas de cuidado doméstico y el derecho a la desconexión. Son, entre otras, herramientas que promueven la salud laboral sin alterar la productividad y garantizan algo que tanto anhelamos en estos tiempos de home office y pandemia: tiempo libre de calidad.

A raíz de la reciente aprobación de la polémica ley de teletrabajo en el Congreso muchas dudas surgen de cara al futuro. Las críticas argumentan que las empresas, sobre todo las pymes, no podrán cumplir con la ley, algunos sindicatos festejan, los trabajadores esperan ansiosos se empiece a aplicar y se les resuelvan deudas pendientes en temas tan básicos como tener una computadora donde trabajar. Lo cierto es que se dijo en algunos editoriales que la ley atrasa. Nada más alejado de la realidad de una ley que es vanguardia en la región e incorpora temas sumamente novedosos que están presentes en otros países del mundo y que acá eran una deuda pendiente con la sociedad.

Para empezar la ley es un claro incentivo a la modernización de los espacios de trabajo. Debido al principio de reversibilidad, se oyeron quejas respecto a mantener una infraestructura edilicia por si los teletrabajadores que luego del aislamiento social preventivo y obligatorio decidan adoptar la modalidad, años más tarde, deseen volver a la modalidad presencial. Lo cierto es que en las empresas más modernas se imponen cada vez más espacios de trabajo dinámicos o de co-working, con grandes superficies físicas compartidas y alternativas, a la vez que un stock de notebooks que no son propias de cada trabajador, sino que cualquiera puede utilizarlas. Esta seria una solución posible al problema que impone el principio de reversibilidad.

La perspectiva de género de la ley resulta en un elemento fundamental y novedoso no solo a nivel regional, sino y sobre todo a nivel nacional. Es la primera vez que se reconocen las tareas de cuidados, buscando compatibilizar la vida personal y laboral de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Es un logro para las familias en general, y para las mujeres en particular: establece la posibilidad de fijar horarios acordes a la doble jornada de trabajo. 

Esta ley es un salto a la modernidad. Motiva nuevas dinámicas de trabajo acorde a las tendencias más modernas del mercado y protege a las trabajadoras y los trabajadores, como así también a sus familias.

El último punto resistido es el derecho a la desconexión: nos pone en la selecta lista de países que ya lo han consagrado a nivel mundial.

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Si algo quedó en evidencia en esta cuarentena es la infinita catarata de conectividad en la que estamos inmersos. Mails a cualquier hora, mensajes que no cesan, llamadas en momentos inoportunos y una interminable lista de videollamadas donde nos vemos obligados a acomodarnos para no se vea el lío puertas adentro. 

En los hogares la mayoría de las trabajadoras y trabajadores utilizan sus dispositivos personales para trabajar. Este problema instaló la cultura de la hiperconectividad y fusionó la vida familiar con la laboral. Hoy es muy difícil que el teléfono esté apagado fuera del horario de trabajo. “Te vi conectado/a y te escribí”, “me olvide de avisarte que…”, “revisa esto por favor para mañana…” son frases habituales de empleadores que descuidan las situaciones particulares de quienes están online resolviendo asuntos personales.

El derecho a desconexión era una deuda pendiente mucho antes del experimento masivo de trabajo desde casa que estamos viviendo por la pandemia. Suena atractivo, pero poco se sabe de él. En lo concreto es el derecho del oficinista que salió hace media hora del trabajo y lo llaman para recordarle que mañana viene un cliente; es el derecho del trabajador de la construcción, que lo mensajean para preguntarle dónde dejó algún elemento de trabajo; es el derecho del empleado de comercio al que llaman para modificar su horario de manera imprevista. Es un derecho de todos y cada uno de los trabajadores, teletrabajen o no. 

Entonces, ¿qué es el derecho a la desconexión digital?

El derecho a desconectarse no implica sólo apagar mi teléfono o computadora, algo casi imposible porque, como dijimos, la mayoría usamos dispositivos personales para trabajar a distancia. Ni se resume en el derecho a “clavarle el visto al jefe”, cosa que ya podemos hacer si tenemos las agallas o la posibilidad. Implica también, y principalmente, el derecho a no recibir cualquier forma de comunicación entre el ámbito de trabajo y el trabajador o trabajadora: un mail, una notificación automática, un mensaje instantáneo por temas laborales tanto de la jefa o jefe, supervisores, compañeros/as o clientes fuera de la tiempo laboral o durante los periodos de descanso, vacaciones o licencias. Es, en definitiva, contar con tiempo libre de calidad.

Aunque se lo suele vincular con la jornada de ocho horas, en verdad está íntimamente relacionado con un tema de salud laboral. La hiperconectividad y los avances de las tecnologías de la información y la comunicación generaron una sobrecarga psicológica en los trabajadores y las trabajadoras: la conexión constante trae fuertes riesgos psicosociales asociados como ansiedad, depresión y agotamiento. En mayo de 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció elSíndrome del Burnout (o síndrome de agotamiento) por primera vez en suClasificación Estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados a la salud, y varias encuestas nacionales de salud en diversos países indican que el síndrome de agotamiento está en aumento en todo el mundo. Lo interesante de la clasificación de la OMS es que determinó al síndrome de agotamiento como un fenómeno pura y exclusivamente ocupacional y no como una condición médica general. ¿Qué expone esto? El grado de responsabilidad que tenemos como sociedades en torno a las nocivas prácticas en el uso de las telecomunicaciones en los ámbitos de trabajo. 

Entendemos el derecho a desconexión como un cambio de actitud social respecto a la hiperconectividad. Y a la hiperconectividad como el resultado de una práctica social consistente en enviar mensajes sin tener en cuenta el momento y lugar en donde se encuentra el receptor o receptora. El derecho a desconexión apunta directamente a tratar de generar una conducta social más razonable y respetuosa de la utilización de las tecnologías de la comunicación que lleve a aliviar el stress de la hiperconectividad y prevenga que el síndrome del agotamiento se instale de manera crónica en nuestras sociedades. 

Este derecho no solo está relacionado con la salud mental. Es también un derecho por la igualdad de género. En los últimos años, responder mensajes fuera del horario de trabajo se convirtió en una “habilidad laboral” y empezó a interpretarse como un modo de compromiso con el lugar de trabajo:es tener la camiseta puesta. Lo cierto es que las mujeres en promedio tenemos menos oportunidades de responder a esos mensajes. Al ser las principales actoras de la economía del cuidado, es más difícil que tengamos esa “habilidad” adicional, y esto se puede interpretar como una falta de compromiso y por ende, perjudicar en la carrera profesional. Pero si nadie recibe mensajes fuera de hora se igualan las condiciones para todos, los que tienen responsabilidades familiares o de otra índole, como voluntariados o militancia política, por mencionar algunos. 

Establecer las razones por las que uno puede ser contactado también puede evitar mensajes por motivos irrelevantes y también contribuir a la igualdad de género. Frases como “haceme acordar que…”, “agendá la reunión para…”, “recordá que mañana…”, son moneda corriente en los teléfonos de cientos de miles de mujeres a nivel global. Parece ser que el patriarcado nos ha asignado la nueva tarea de ser la agenda del mundo. Entender que estos recordatorios se pueden canalizar a través de medios electrónicos automáticos y no depositar en la mente de las mujeres esa responsabilidad “de acordarse” es un paso más para aliviar la sobrecarga mental. También el derecho a la desconexión puede operar en el sentido inverso: un hombre que no es interrumpido mientras está con su familia es más propenso a participar en las tareas del hogar. Si existe presión por contestar mensajes se interpone una excusa real para abandonar las responsabilidades domésticas y de cuidados. Si recuperamos la soberanía sobre nuestro tiempo libre contribuiremos a que las familias puedan organizar mejor la división de tareas en el hogar. 

A todo esto apunta el derecho a la desconexión digital: a propiciar un cambio cultural en el que enviar mensajes fuera de horario sea visto como una falta de respeto al otro, una intromisión en su privacidad y no como una actitud a premiar.

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El primer antecedente del derecho a desconexión surgió en Francia en 2016. Allí se presentó una ley que introdujo el derecho como un tema obligatorio en la negociación colectiva entre sindicatos y empresas. La ley se basó en una sentencia del Tribunal Supremo de Francia de 2001 que establecía que “el empleado no está obligado a aceptar trabajar en casa ni a llevar consigo sus expedientes ni sus herramientas de trabajo”, y en una decisión de 2004 del mismo tribunal en la que dejaba en claro que no se puede recriminar a un empleado o empleada por no estar localizable fuera del horario de trabajo.

Otros países se fueron sumando a la iniciativa. Italia introdujo el derecho en una ley de “trabajo Inteligente” de 2017. En ella se identifica “los tiempos de descanso del trabajador, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la desconexión del trabajador del equipo de trabajo tecnológico”. Más tarde, Bélgica, Canadá, Filipinas, India, España, Canadá, EEUU y Portugal exploraron la introducción del derecho a la desconexión a nivel nacional o estatal.

El caso de Alemania es distinto: optó por un enfoque no jurídico de la temática y decidió fomentar las deliberaciones en torno al derecho a desconexión en los ámbitos de las negociaciones colectivas por empresa. Compañías como Volkswagen, Daimler y Siemens ya tienen acuerdos que garantizan el derecho a desconexión.

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Que va a interferir en el funcionamiento de las empresas, que es falta de compañerismo, que así no se puede funcionar con eficiencia. Cuando se habla de este derecho se suelen hacer los peores vaticinios. Lo cierto es que una correcta implementación tiene como objetivo ordenar las comunicaciones y no impedirlas. Previo a la llegada de los teléfonos celulares, las comunicaciones en los ámbitos de trabajo tenían otro ordenamiento. Y si bien no podemos pretender seguir comunicándonos como lo hacíamos hace dos o tres décadas, sí podemos abandonar prácticas nocivas e implementar otras más sanas y tecnológicas.  Porque la tecnología puede ser nuestra mejor aliada a la hora de ayudarnos a ordenar la comunicación y combatir la hiperconectividad. Recordatorios automáticos, herramientas para programar mails o elementos de la economía del comportamiento tan simples como un cartel rojo que advierta que se está enviando un mensaje fuera de horario son opciones para aliviar la situación.

El diálogo social es un elemento clave en este proceso. Ningún cambio en el protocolo comunicacional de una organización se puede realizar de manera eficaz si no se negocia entre las partes. Esta negociación debe contemplar que probablemente los primeros acuerdos sean pequeños pasos, cambios casi imperceptibles, pero a medida que se pase el tiempo podremos avanzar hacia un acuerdo más profundo. En este sentido, es necesario un comité de monitoreo y evaluación que capacite a instituciones y sindicatos respecto a qué negociar y cómo emprender este cambio. 

Organizar las comunicaciones en los lugares de trabajo y poner límites a los contactos fuera de horario puede beneficiar a los trabajadores y trabajadoras en términos de soberanía sobre su propia vida y su tiempo libre. Pero debemos estar atentos: no se trata de establecer una jornada de trabajo. Va mucho más allá. Es entender que no implementarlo nos afecta la salud, estemos en la escala de responsabilidad que estemos y en el lugar de trabajo que tengamos. El derecho a desconexión implica una apuesta a largo plazo para construir  sociedades más sanas y justas, darle más oportunidades a las mujeres y a todo aquel que con esfuerzo se hace cargo de la economía del cuidado en su plano intrafamiliar, respetar los tiempos libres a fin de contribuir y favorecer el reparto equitativo de tareas en el hogar.

Sólo entendiendo esto podemos hacerlo realidad. 

El diálogo social es el camino. La salud y la igualdad, la respuesta. 


jueves, 27 de agosto de 2020

El Gobierno sigue con el silencio cómplice

Radio Progreso


Alberth Snider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.

Un mes ha pasado desde que Alberth Snider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, y cuatro pobladores más fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio. Era sábado, y mientras Honduras entera se encontraba bajo el toque de queda por la pandemia, la tranquilidad del mar y las olas en El Triunfo de la Cruz, era arrebatada.

Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores, sin dar explicación a sus familias los subieron a los vehículos de lujo que portaban, y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo: secuestrar a los cinco garífunas.

Desde el día del secuestro las comunidades garífunas y los pobladores de El Triunfo de la Cruz se hicieron nudo para emprender la búsqueda de sus cinco hermanos. Con caminatas, caravanas, tomas de carretera, plantones en otros sectores del país y en el exterior, han demandado al Estado hondureño mayor interés y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, el silencio ha sido lo que ha reinado en torno al misterioso caso.

“Hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado de honduras no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”, dice Jenny Herrera, presidenta del Comité para el Cumplimiento de la Sentencia en la comunidad.

La dirigente social detalló a Radio Progreso que, a un mes del secuestro existe un silencio total de parte de las autoridades encargadas de la investigación. “Para nosotros no es normal que, dentro de nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila, se estén dando este tipo de situaciones a vista y paciencia de las autoridades”, señaló.

Jenny Herrera siguió contando que, este primer mes ha sido difícil y a medida avanza el tiempo, la falta de respuestas, el silencio Estatal hace que la fe y la esperanza de encontrarles con vida vaya disminuyendo.

Toma de carretera en la entrada a la comunidad Triundo de la Cruz.

Responsabilidad del Estado

El secuestro de los cuatro pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se da en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en el año 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de la comunidad El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.

El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), resolvió requerir al Estado de  Honduras que adopte medidas necesarias y adecuadas para dar con el paradero de los  pobladores secuestrados.

Además, lo emplazó para que a más tardar el 24 de agosto del 2020, brinde un informe completo y detallado de la resolución emitida por ese organismo hemisférico de derechos humanos.

En ese sentido, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),  Miriam Miranda dice que no hay ninguna respuesta y están a la espera del informe que debe dar el Estado a la Corte.

Para la lideresa del pueblo garífuna, el Estado es partícipe porque la misma comunidad y la OFRANEH han venido denunciando todo el atropello que habido contra la comunidad El Triunfo de la Cruz.

“Esto que pasó en El Triunfo de la Cruz es una muestra de la irresponsabilidad del Estado respecto a una problemática que ha enfrentado la comunidad. En ese sentido, ahora que no haya respuesta nos indica que el Estado es partícipe y responsable de lo que está pasando”, señala.

Miranda detalla que, en medio del contexto de la desaparición de los pobladores en El Triunfo de la Cruz, hay enormes presiones contra líderes de otras comunidades garífunas. Para el caso, el presidente del patronato de la comunidad de San Juan ha sido víctima de hostigamiento. Es decir hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades.

“Por eso hemos venido diciendo que todo esto forma parte de un plan de exterminio, de genocidio contra el pueblo garífuna”, puntualiza.

La bahía de Tela y la persecución contra las comunidades

Este paradisíaco rinconcito ubicado en el atlántico hondureño es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas y su exuberante vegetación, también por la riqueza cultural de las comunidades garífunas. Sin embargo, detrás de toda la “cara bonita”, las comunidades garífunas de Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y El Triunfo de la Cruz, enfrenten una terrible realidad.

Las comunidades son víctimas de persecución, criminalización y violencia dirigida por el propio Estado. Toda esta realidad a raíz del interés de los grupos empresariales que en complicidad con la clase política hondureña han visto en la Bahía de Tela, una cantera para continuarse enriqueciendo. Aunque esto signifique el sufrimiento de las poblaciones que viven en las orillas del mar.

Los proyectos hoteleros han sido vendidos como una alternativa para sacar de la pobreza a las comunidades; sin embargo, lo único que han traído es el despojo de las tierras que ancestralmente les corresponde a los garífunas.

Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas y movilizaciones en defensa de la madre tierra. A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizadas para recuperar y defender  su territorio y cultura.


CONADEH asegura que acompaña acciones de búsqueda de garífunas desaparecidas

Radio Progreso

Un mes ha transcurrido desde el secuestro de los cinco garífunas, y no hay noticias sobre su paradero.

Al cumplirse un mes de su desaparición y ante las presiones de los familiares de los cinco garífunas secuestrados y de organismos internacionales, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, aseguró que están acompañando las acciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público para encontrar a los cinco garífunas de la comunidad El Triunfo de la Cruz.

Herrera Cáceres manifestó estar preocupado por el tiempo transcurrido y no tener evidencias de vida de los cinco garífunas. Agregó que si el Estado no da con los responsables del secuestro, el caso se volvería en una desaparición forzada.

Para Ariel Díaz del Centro Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, el secuestro de los cinco pobladores garífunas de El Triunfo de la Cruz es parte de las operaciones del poder público y empresarial contra los defensores y defensoras del territorio.

Los cinco garífunas secuestrados el pasado 18 de julio son: Alberth Snider Centeno Tomas, quien es el presidente del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz, también está desaparecido Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez, Gerardo Mizael Róchez Cálix, y una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía, denunció Amnistía Internacional.


Denuncian masivos y arbitrarios despidos de obreras de maquila en Villanueva

Entre los obreros despedidos hay mujeres embarazadas y mujeres con serios problemas de salud.

Radio Progreso

Son más de 400 obreros y obreras que están en proceso de despedido en la maquila Delta Apparel, ubicada en Villanueva, Cortés. Entre las personas cesanteadas se encuentran mujeres embarazadas y otra buena cantidad con enfermedades profesionales provocadas por las altas metas de producción. 

Sonia Perdomo, quien laboró por más de 5 años para dicha maquila, dijo en Radio Progreso que los ejecutivos ya comenzaron a entregar las notas de despido por grupos de 50 para no generar reclamos masivos. Sin embargo, ella nunca se imaginó que abarcara a embarazadas y personas con enfermedades profesionales.

Analizó que según las leyes no se pueden despedir a las mujeres embarazadas y con enfermedades profesionales. Pero que en este caso, para violentar la Ley, señaló que hay una alianza entre la empresa, sindicato, seguro social y autoridades del trabajo. 

La obrera Sonia Perdomo, de 38 años de edad, le notificaron su despido el martes de esta semana, sin importar que ella junto a otras obreras   se encuentra entre la población vulnerable ante la pandemia de Covid-19.


Trabajo infantil, derechos humanos esenciales o hitos de la deshonra


Estrategia

Por Eduardo Camín *

Desde la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, la erradicación del trabajo infantil ha constituido uno de sus principales objetivos. Cien años después y por primera vez en la historia de la organización, todos sus estados miembros han ratificado una convención sobre las peores formas de trabajo infantil.

Albert Thomas, primer Director de la Organización, afirmó entonces que el trabajo infantil “representa la explotación de la infancia y es el reflejo del mal… lo más insoportable para el corazón humano. La protección de los niños constituye siempre el punto de partida para llevar a cabo una labor eficaz en materia de legislación social”.

Cien años después y por primera vez en la historia de la OIT, todos sus estados miembros han ratificado una convención internacional del trabajo, el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que logró la ratificación universal después de la confirmación por parte del Reino de Tonga, un pequeño país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia y constituido como una monarquía parlamentaria.

En efecto, el pasado 4 de agosto de 2020 la embajadora del Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano, depositó formalmente los instrumentos de ratificación ante el Director General de la OIT, Guy Ryder.

Este convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años. Es uno de ocho convenios fundamentales de la OIT, que abarcan la abolición del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso, la abolición de la discriminación en el trabajo y los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

Dichos principios también figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998). “La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT.

“Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”, añadió.


Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), acogió con beneplácito la ratificación que «pone de relieve de forma eficaz y oportuna la importancia de las normas de la OIT y la necesidad de encontrar soluciones multilaterales frente a los problemas mundiales.”

Roberto Suárez Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) afirmo que “La ratificación universal del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil marca un hito histórico”. Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, reaccionó señalando: “Sueño con un mundo seguro para todos los niños, en el que la infancia sea segura …y todos los niños gocen de la libertad de ser niños”.

La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil, 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.

Es cierto que la incidencia del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, disminuyó en casi un 40% de 2000 a 2016, a raíz del aumento del índice de ratificación de los Convenios números 182 y 138 (sobre la edad mínima para trabajar) y la adaptación de legislaciones y políticas eficaces en los países. Pero el ritmo de los avances ha sido cada vez menor en los últimos años, en particular en relación con el grupo de menor edad (de 5 a 11 años) en determinadas zonas geográficas.


Mientras tanto, los expertos, advierten que como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, existe un riesgo real de que se produzca un retroceso con respecto a los avances logrados, y de que el trabajo infantil aumente por primera vez en 20 años, a menos que se adopten urgentemente medidas adecuadas.

Ese objetivo histórico se ha alcanzado pocos meses antes de que comience el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en 2021 , cuya celebración liderará la OIT en colaboración con sus 250 asociados y 21 países pioneros para coordinar, innovar y acelerar los progresos encaminados a poner fin al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna.

Recordaremos que en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se aboga por “poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025”.

La letra pequeña de un bochorno

A lo largo de la historia, los convenios y tratados internacionales han sido un instrumento idóneo para resolver problemas que trascienden las fronteras, con el objetivo de unificar criterios jurídicos para la solución de estos. Una de las problemáticas comunes a todos los estados es la vulneración de los derechos de los niños.

Esta se da con mayor intensidad en aquellos lugares donde la situación socioeconómica es deficiente, constituyéndose escenarios propicios para que se dé tal vulneración.

Situaciones como el intercambio cultural, la búsqueda de nuevas oportunidades de estudio y de trabajo, la legalización de estatus migratorios, los matrimonios celebrados entre parejas de distintas nacionalidades han llevado a que las personas, mediante actos indebidos o en forma deliberada coloquen a los niños en condiciones de peligro y de vulnerabilidad.


Actualmente decenas de millones de niños y niñas trabajan en condiciones aborrecibles que les despojan de su infancia, poniendo en peligro su salud y, en algunos casos, incluso su vida. Ninguno de estos niños ha tenido alguna vez la mínima oportunidad de saber lo que puede dar de sí mismo.

Si el avance ha sido lento o en apariencia inexistente, se debe a que la cuestión del trabajo infantil es sumamente compleja y no se puede eliminar de un plumazo ya que está inextricablemente unida a la pobreza. En realidad, la mayoría de los países cuenta con leyes que prohíben o ponen severas restricciones al empleo de niños.

En gran medida, esas leyes se inspiran en las normas adoptadas por la (OIT). Aun así, el trabajo infantil sigue existiendo a gran escala, a veces en condiciones infrahumanas, especialmente en el mundo en “mal-desarrollo”. Llos niños trabajan porque su supervivencia y la de sus familias dependen de ello. En muchos casos, adultos sin escrúpulos sacan provecho de su vulnerabilidad.


El trabajo infantil también puede obedecer a la deficiencia y precariedad de los sistemas nacionales de educación. Además, está profundamente arraigado en las tradiciones y actitudes sociales y culturales.

Por todos esos motivos, e incluso tras ser declarado ilegal, el trabajo infantil se sigue tolerando, se acepta como si fuera natural y en gran parte es invisible. A menudo está rodeado de un muro de silencio, indiferencia y apatía.

¿Por qué otros empleadores contratan a niños?

Las explicaciones más habituales son el menor costo y las denominadas habilidades irreemplazables («dedos ágiles») que poseen los niños, a diferencia de los adultos. La viabilidad de empresas enteras depende del trabajo infantil o, por lo menos, así lo sostienen inescrupulosos personajes.

Este tipo de argumento, a su vez, fomenta el temor de que el proceso de globalización y la creciente competencia en los mercados mundiales respecto a algunos productos sólo servirán para acrecentar y agravar el fenómeno del trabajo infantil.

Según el mismo argumento, la globalización expone a los niños que trabajan a riesgos de explotación aun mayores a medida que los empleadores luchen por un puesto competitivo en los mercados mundiales. ¿Hasta qué punto son válidos estos argumentos?

Los datos de la realidad y los estudios fidedignos demuestran que el trabajo infantil no es indispensable para el desarrollo y la supervivencia de ninguna rama de actividad económica. Estudios realizados en algunas ramas de actividad que emplean gran cantidad de niños han sembrado numerosas dudas sobre el argumento de los «dedos ágiles».

Casi todas las actividades en estas empresas las llevaban a cabo niños y también adultos. Incluso en el sector de las alfombras, donde se hacen los nudos a mano, y se afirma que el trabajo infantil es indispensable, se observó que los niños no tenían más pericia que los adultos y que algunas de las alfombras más delicadas habían sido tejidas por adultos.

En un estudio sobre las fábricas de alfombras y las joyerías de la India también se ha demostrado que cuando se desglosa el precio final que el cliente paga por las alfombras o joyas exportadas, el ahorro en los costos de mano de obra que pueda resultar del empleo de niños es mínimo. Los productores podrían absorber el costo adicional de contratar únicamente a adultos o transferirlo al consumidor sin que la viabilidad de sus empresas se viera amenazada.

Si el argumento de los «dedos ágiles» no es válido para sectores que han dependido tradicionalmente en gran medida del trabajo infantil, como en el caso del tejido de alfombras, ¿qué argumento económico se puede esgrimir para justificar el trabajo infantil en cualquier otra rama de actividad? Ninguno.

El principal motivo por el que se contratan niños no tiene relación alguna con la eficiencia económica. Simplemente, es más fácil manejar a niños que a los adultos, porque, si bien es cierto que no están calificados, tampoco conocen sus derechos, no dan tantos problemas, se quejan menos y son más dóciles y, en última instancia, se puede prescindir de ellos sin más.

Para algunos empleadores, constituyen una reserva de mano de obra ocasional que contratan y despiden a su antojo. Si la actividad que desempeñan es ilegal, es improbable que los niños y sus padres no se quejen a las autoridades por miedo a perder esos magros ingresos que traen a casa.


Además, algunos empleadores consideran realmente que les hacen un favor a los niños que emplean, al ofrecerles trabajo y remuneración. Así pues, en algunos casos declarar ilegal el trabajo infantil puede surtir el efecto contrario y privar al niño que trabaja de la protección que le proporciona la legislación laboral de los adultos. Las simples prohibiciones del trabajo infantil por sí sola no bastan: sólo dan resultado si van acompañadas de medidas de otra índole.

El capitalismo, en su fase neoliberal, demostró ser un sistema basado en el incremento sin límites de la desigualdad y la marginación, que beneficia exclusivamente a las grandes empresas trasnacionales y las élites locales a ellas asociadas. El combate frontal contra el neoliberalismo es la tarea impostergable, porque mientras más avance más desintegradas quedarán nuestras naciones. Lo demás es pura distracción.

*Periodista uruguayo, acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)


La memoria contra el terrorismo

Nagasaki el día después de la bomba atómica. Fotografía de Yosuke Yamahata.

Página/12

Por Atilio A. Boron, Alejo Brignole 

9 de Agosto: Día Internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad

Este 9 de Agosto fue un día especialísimo. Se cumplieron 75 años de un enorme atentado terrorista. No fue el mayor de la historia, que se perpetró unos pocos días antes, el 6 de Agosto, en Hiroshima. El ataque con una bomba atómica a la ciudad de Nagasaki tiene algo más que el triste mérito de ser el segundo peor de la historia. Según estimaciones conservadoras unas 80.000 personas perdieron la vida en una fracción de segundo. Con el correr de los años fueron varias decenas de miles más los que murieron a causa de las heridas, los efectos de la radiación, el cáncer. En total, por lo menos 250.000 personas fueron aniquiladas en un instante. Hiroshima es el lúgubre hito que marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, que encontró un arma que le permite suicidarse y desaparecer como especie. Nagasaki refleja la contumacia del imperialismo norteamericano, su empecinamiento en hacer el mal y descargar los más horrendos sufrimientos sobre quienes tengan el atrevimiento de oponerse a sus designios. Conocidos los tremendos efectos de la primera bomba la dirigencia de Estados Unidos no vaciló en reincidir en su conducta criminal y arrojó una segunda sobre Nagasaki. Es el caso del terrorista que, en la apoteosis de su crueldad, se enorgullece y solaza contemplando como su víctima se retuerce de dolor.

Como lo enseña la heroica historia de las madres de Plaza de Mayo, las Abuelas y los diversos organismos de Derechos Humanos de la Argentina no puede haber ni olvido ni perdón para el Terrorismo de Estado. Especialmente cuando quien incurre en ese crimen nada menos que le primera superpotencia del planeta que, además, se arroga el derecho de juzgar a personas, partidos, movimientos sociales y gobiernos extranjeros y de pretender dar lecciones de derechos humanos, justicia, libertad y democracia al resto del planeta. El gobierno y la clase dominante de Estados Unidos, acompañados por una academia y una intelectualidad complacientes y por medios de comunicación cómplices de cuanta fechoría perpetre Washington en el mundo se empeñaron desde el mismo momento del ataque a Hiroshima en justificar lo injustificable. La complicidad de los grandes medios de comunicación con las atrocidades de la dictadura genocida en la Argentina tiene un funesto antecedente en la forma como nada menos que el New York Times mintió sobre lo ocurrido en las ciudades japonesas. Su enviado a la zona, William L. Laurence despachó un infame artículo (publicado el 13.9.1945) en el cual aseguraba que “no había rastros de radioactividad en las ruinas de Hiroshima.” Su nota tuvo enorme repercusión y poco después le abrió las puertas para obtener el Premio Pulitzer.

No sorprende que recién en 2016 un presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hubiera decidido visitar Hiroshima. Pero se trató de un acto protocolar en donde las palabras más importante que tenía que pronunciar: perdón, disculpas, no salieron de su boca. Y esto no fue una distracción sino que obedece a una decisión adoptada por la Casa Blanca y el Congreso desde el momento mismo en que se cometieron las atrocidades de 1945. Estados Unidos jamás pediría perdón por sus actos, por ninguno, y no sólo por un bombardeo atómico. Sin llegar al extremo de lo ocurrido en Japón el gobierno de Estados Unidos tampoco pidió perdón por la destrucción de Irak y Libia en tiempos recientes, o por su responsabilidad en las tragedias ocurridas en Siria, Afganistán y Palestina; o por los efectos de su política genocida de sesenta años de bloqueo a Cuba, más los bloqueos y sanciones económicas actuales en contra de Venezuela, Irán y Corea del Norte, para no olvidarnos la responsabilidad directa de Washington en el golpe de estado que acabó con la democracia en Chile y la vida de Salvador Allende.

El autoproclamado líder del mundo libre no es otra cosa que un terrorista serial. La actual pandemia puso en evidencia esa insana vocación de lesa humanidad estadounidense. Lejos de renunciar a sus ataques a países extenuados que aún así son más exitosos que Estados Unidos en su combate al Covid-19 (como Cuba y Venezuela), la maquinaria financiera y el complejo militar-industrial norteamericano han continuado, e incluso redoblado, su política de sanciones económicas y agresiones de todo tipo. Va de suyo que el terrorismo de estado practicado por Washington requiere de la complicidad de una parte del mundo igualmente seducida por vocaciones de lesa humanidad. Francia, Israel o Inglaterra, sin mencionar a naciones menores como Holanda o Bélgica, no son más que expresiones en miniatura del espíritu igualmente brutal y violento que ha cultivado Occidente desde hace siglos. La complicidad de los países europeos con los crímenes de Estados Unidos es tan insoslayable como su cobardía al aceptar en sus propios países la extraterritorialidad de las leyes de aquel país.

Estados Unidos tiene el dudoso honor de haber sido el país que codificó y legalizó la tortura. Fue también pionero en técnicas de aniquilación de opositores en escenarios urbanos y de represión transnacionalizada. El Programa Phoenix en el sudeste asiático iniciado en 1965 para desaparecer y torturar opositores, y su sucedáneo, que fue el Plan Cóndor en América Latina en la década de 1970, son pruebas irrefutables de este demencial vanguardismo de Washington. La superpotencia, hoy enfrentada a una lenta pero irreversible declinación, fue además pionera en el uso de armas terribles: napalm, gases, toxinas, dioxinas, superbombarderos, drones, misiles balísticos, aviones invisibles, satélites militares, municiones de uranio empobrecido, y, cómo no, armas atómicas debidamente probadas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, o en islas remotas previamente despojadas de sus ocupantes ancestrales, como en el atolón Rongerik, en la Islas Marshall del Pacífico sur.

Es a causa de todo lo anterior que se ha instituido el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad que se conmemora cada 9 de agosto. Es un deber de quienquiera que se declare defensor de la dignidad humana honrar esta fecha. Cada crimen que Estados Unidos comete a diario contra pueblos y personas inocentes sometidas a su descomunal poder resulta un paso adelante en el peligroso sendero de un hegemonismo decadente cuyos genocidios y opresiones fascistas pretenden ser encubiertos por la densa maraña de los medios de “desinformación” de masas, como lo recordara Noam Chomsky. Recordar este día, traer a la memoria el gigantesco atentado terrorista perpetrado, por segunda vez, sobre una ciudad japonesa, es una de las cosas prácticas que podemos hacer poner fin a esa loca carrera de un imperialismo cada vez más necrófilo, como afirmaba el psicoanalista freudo-marxista alemán, Erich Fromm. Para que “nunca más” nación alguna sea una nueva víctima del terrorismo de estado de la Roma americana, como la denominara José Martí.

Foto: Nagasaki el día después de la bomba atómica. Fotografía de Yosuke Yamahata, quien tomó 119 fotografías de la ciudad destruida ( Image copyright Shogo Yamahata, provided courtesy of Bonhams )