Desigualdades: El problema son los millonarios

Firmas Selectas

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

En los últimos años se ha despertado en el mundo una preocupación creciente sobre las desigualdades sociales, en su más amplia consideración, pues no solo se incluye la desigualdad en cuanto al reparto de la riqueza, sino también otras formas de ella en la vida contemporánea. Pero, sin duda, las desigualdades económicas son las que golpean, con una fuerza impactante, a millones de seres humanos.

En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que se realizó el pasado 21 al 24 de enero (2020), la elite de negocios que normalmente asiste, recibió un comunicado del grupo “Millonaires against pitchforks” (https://bit.ly/2SgaHj6), dirigido “A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios de todo el mundo”, en el que se afirma lo siguiente: “La desigualdad extrema y desestabilizadora está creciendo en todo el mundo. Hoy en día, hay más multimillonarios en la tierra que nunca antes, y controlan más riqueza de la que tienen. Mientras tanto, los ingresos de la mitad más pobre de la humanidad permanecen prácticamente sin cambios”. El grupo concluye: “Por esa razón, le instamos [a los Estados] a avanzar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para exigir impuestos más altos y más justos a millonarios y multimillonarios dentro de sus propios países y ayudar a prevenir la evasión y elusión de impuestos individuales y corporativos a través de los esfuerzos de reforma fiscal internacional”.

Al mismo tiempo, el 20 de enero, Oxfam publicó su informe “Tiempo para el cuidado” (https://bit.ly/37WRDgA), que trae una serie de datos que deberían escandalizar a todo el planeta: en 2019, los 2.153 mil millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas; los 22 hombres más ricos del mundo, poseen más riqueza que todas las mujeres de África; el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas; y “si una persona hubiese ahorrado 10.000 dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco millonarios más ricos del mundo”. De modo que el incremento de tan solo el 0.5% adicional en el tipo de impuesto que grava el partimonio del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, sostiene Oxfam.

Poco tiempo atrás (diciembre, 2019), el PNUD igualmente entregó su informe sobre desarrollo humano titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI” (https://bit.ly/2GYNmx4), en el que se resalta la situación de injusticia en América Latina, con desigualdades que se remontan a la época colonial. Y, en un hecho sin precedentes, hasta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su artículo “Reducir la desigualdad para generar oportunidades” (https://bit.ly/2OsveQm), llega a una conclusión inesperada: “Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva./ La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico”. Pero esta afirmación no pasa de las simples palabras, porque contradice los condicionamientos que el FMI impone en América Latina, a tal punto que la Carta de Intención suscrita por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, señala textualmente: “La reforma tributaria tendrá como objetivo mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos…”, lo cual parece una burla y, además, contradice a la Constitución de 2008. 

La situación de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa del mundo por los términos que ha adquirido la concentración de la riqueza, también ha sido estudiada de modo particular y sistemático por la CEPAL. En 2018 la institución presentó en La Habana uno de sus últimos estudios sobre el tema, titulado La ineficiencia de la desigualdad (https://bit.ly/2RWp3q2), aunque antes publicó varios trabajos y también otros después. De acuerdo con datos de la entidad, en la región el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza; mientras el número de multimillonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000; y en 2019, son 66 millones de personas (10.7% de la población) las que viven en extrema pobreza. 

En el mismo Foro de Davos, al que me he referido, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ha insistido que “La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social”; añadiendo, “Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social” (https://bit.ly/31oDbLE). Y en el reciente XV Foro de Análisis de la Economía Latinoamericana, que se realizó en Madrid pocos días atrás, Bárcena ha remarcado que se requiere “una política fiscal activa con medidas que impulsen el crecimiento con inclusión, además de una estrategia para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo y un nuevo pacto social que incorpore una nueva generación de políticas y que impulse una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos” (https://bit.ly/398QQsZ).

Desde luego, las desigualdades tienen un origen histórico, aunque los millonarios del mundo y más aún los de América Latina (y peor aún los de Ecuador) piensen que su riqueza es fruto de sus emprendimientos y sus trabajos. Precisamente la historia económica y la economía política han demostrado, en forma contundente e irrebatible, desde el siglo XIX, que la riqueza es, finalmente, apropiación de valor socialmente generado. En tal virtud, la riqueza tiene que ser redistribuida e incluso cabe pensar que mundialmente es preciso ponerla límites, porque no deben existir millonarios ni multimillonarios. En mucho, la redistribución se logra con instrumentos modernos como los impuestos directos, que en América Latina tienen que ser reforzados, ampliados y cobrados a elites económicas que no solo los evaden, sino que esconden sus recursos en paraísos fiscales.

En nuestra época, como en el pasado, hay múltiples argumentos ideológicos para justificar las desigualdades y la riqueza. Y el reciente libro de Thomas Piketty, Capital e ideología (2019) precisamente retoma esa demostración. Ya contamos con la voluminosa obra (1.247 páginas) traducida al español. En esencia, Piketty da continuidad a su famosa obra El capital en el siglo XXI(2013), pero examina, en su nuevo libro, cómo la ideología y la política han servido de fundamento para las desigualdades, desde sociedades antiguas. No es la lucha de clases, ni la economía, sostiene el autor, sino las ideas sostenidas en la época, las que originan y mantienen las desigualdades. Y en su demostración utiliza una impresionante gama de fuentes y recursos.

Esta conclusión de Piketty tiene especial relevancia para América Latina. Porque en los tiempos conservadores en que se halla la mayor parte de la región, el tema de las desigualdades económicas, la concentración de la riqueza y la necesidad de incrementar los impuestos directos, ha desaparecido inmediatamente con los gobiernos de derecha y ultraderecha, interesados en contentar al capital, a través de afirmar, a toda costa -también arrasando con la democracia y los derechos sociales-, el camino neoliberal y empresarial que les inspira, incluso con la compañía del FMI, como ahora ocurre en Ecuador.

El lenguaje económico en la ideología conservadora y neoliberal se interesa por los emprendimientos, las inversiones, las ganancias, la competitividad en los mercados, los tratados de libre comercio, las alianzas geoestratégicas con el capital transnacional, etc. Además, riqueza y pobreza son, bajo esa visión, fenómenos naturales, debidos a decisiones de vida individuales. Las consignas que igualmente se generan, abogan por el retiro del Estado y las privatizaciones, cuestionan el sistema tributario directo y argumentan por la flexibilidad laboral y el recorte de derechos sociales. Es la “nueva” ideología del siglo XXI latinoamericano, que si se examina históricamente, tiene más vejez de la que a veces se imagina.

Precisamente contra esa ideología, corresponde librar la batalla por las ideas, a fin de fortalecer la conciencia social por el cambio, la construcción de una nueva sociedad, y el retorno del valor socialmente creado a sus legítimos dueños: los trabajadores de todas las esferas económicas en su conjunto, de cuyo esfuerzo siguen apropiándose los millonarios.

Cuando la víctima es indígena

Crónicas de una Inquilina

Por Ilka Oliva Corado 

Qué vamos a hacer el día que nos enteremos que el acosador es nuestro hermano, padre, abuelo, esposo, compañero, novio, amigo. Puede pasar en cualquier momento puesto que estamos inmersos en sociedades patriarcales, ¿los vamos a evidenciar como hacemos con los acosadores con los que no tenemos ningún lazo sanguíneo ni afectivo? ¿O vamos a […]

Qué vamos a hacer el día que nos enteremos que el acosador es nuestro hermano, padre, abuelo, esposo, compañero, novio, amigo. Puede pasar en cualquier momento puesto que estamos inmersos en sociedades patriarcales, ¿los vamos a evidenciar como hacemos con los acosadores con los que no tenemos ningún lazo sanguíneo ni afectivo? ¿O vamos a acusar a la víctima re victimizándola, colocándonos del lado del acosador y del sistema patriarcal? ¿Vamos a santificar a ese hijo, hermano, abuelo, padre, esposo, compañero, novio y amigo? Porque creemos inocentemente que los malos son los otros, no los nuestros; con los que hemos compartido toda una vida, o a quienes hemos parido y hemos criado. Y la crudeza de esta realidad es que son también los nuestros, los que pertenecen a nuestro núcleo afectivo y sanguíneo, los clientes fijos en bares y casas de citas.  

Las mujeres de mi pueblo siempre han dicho que los hombres son de uno de la casa para adentro, pero de la casa para afuera uno los desconoce porque ellos se manejan bajo su propia ley. Por supuesto, ese “de uno” de pertenencia es un decir. Y es complejo todo esto de la violencia de género y el acoso, porque todo a nuestro alrededor está hecho para que esa violencia sea normalizada porque vivimos en un mundo hecho por hombres para beneficio de ellos mismos y mucho tenemos que ver las mujeres en que esos patrones de crianza no cambien y tampoco las normas ni las leyes. 

Y mucho más complejo aún es cuando en una familia las mujeres se han liberado de patrones patriarcales y están luchando del lado del feminismo, apoyando a otras en sus denuncias, evidenciando actitudes machistas y misóginas de hombres que las han acosado, que las han tocado o violentado física o emocionalmente y; llega el balde de agua fría cuando se enteran de que por ahí entre esa gama bien galana de acosadores se encuentran los hombres de su familia. El hombre con el que comparten la cama y los sueños, los hijos que han amamantado, los hermanos que ayudaron a crecer, el abuelo cariñoso con las nietas, el cuñado amable y solidario en asuntos de familia. ¿Qué harán esas mujeres, se les derrumba la teoría y la práctica de hermandad de género o, aunque la vida se les parta por la mitad tendrán la capacidad de evidenciar al acosador y sus actitudes machistas y misóginas? Peor aún, si no se quedó en palabras y fue más allá y tocó, golpeó o violó. 

Y eso nos puede suceder a cualquiera, porque este sistema patriarcal lo alimentamos todos en cualquier nivel de la sociedad. Que los hombres vayan a bares y casas de citas es sabido por las mujeres, o lo intuyen, porque está normalizado, porque “como son hombres” necesitan un desahogo extra fuera de casa. En gran parte los hombres a través de la historia se han salvado de ir a la cárcel por violentar mujeres, pero los tiempos están cambiando, lentamente, pero se avanza. Hoy las mujeres cada vez más  se atreven a denunciar. Y así como nos enfurecemos y exigimos justicia cuando la víctima de violencia de género es nuestra amiga, abuela, hija, hermana, madre, esposa, y el victimario es un desconocido. ¿Qué vamos va a hacer cuando nos enteremos que los hombres de nuestra familia son también verdugos de otras mujeres? 

Y como miembros de la sociedad, de la comunidad, ejerciendo un papel de editoras en medios de comunicación, en revistas de género, ¿qué haremos si llegan a nosotras un grupo de mujeres jóvenes buscando apoyo, porque quieren denunciar a un acosador muy conocido en la comunidad y en el medio, que además se jacta de ser defensor de derechos humanos y reconocido internacionalmente por su lucha en defensa de los pueblos? ¿Las vamos a dejar solas, porque hasta ahí no llega nuestro feminismo? ¿Vamos a voltear la cara porque son aguas muy profundas? ¿Vamos a hacernos a un lado porque el peso político del acosador es aplastante? ¿Y si esas mujeres jóvenes son indígenas o negras? Pasamos la hoja porque a quién le importa lo que le pase a una indígena o una negra, pues solo son utilizadas para la explotación del folklore. Es en situaciones como esta en que el cuento del feminismo se cae, de los derechos de género, de la solidaridad (o sororidad que tanto gusta a las feministas esa palabra) y entra la diferencia de clases y el racismo; el feminismo blanco urbano haciéndose a un lado y volteando hacia otro lado cuando la víctima es indígena o negra. Ahí no hay humanismo válido, no hay ética profesional, no hay solidaridad que valga y no hay búsqueda de justicia.  No hay directores de medios de comunicación que se atrevan a ir en contra de su propio género. 

En Guatemala un defensor de derechos de los pueblos indígenas ha acosado a por lo menos 15 mujeres jóvenes, indígenas, pero los medios de comunicación donde han buscado apoyo se han negado a publicar sus testimonios, porque el peso del verdugo políticamente es grande, ha sido reconocido internacionalmente, ellas tan solo son 15 jóvenes indígenas acosadas, como millones a través de la historia de la humanidad. Se les ha sugerido que denuncien el acoso en columnas de opinión sin mencionar el nombre del acosador, y que toquen el tema como punto general, para abrir un debate en torno al acoso que viven las mujeres indígenas por parte de miembros de la comunidad. Se les ofrece un espacio de denuncia a medias, barnizado, de doble moral, doblándoles las manos a las víctimas, re victimizándolas porque se les limita en la denuncia, se les obliga a rodear, a hablar a medias. O es eso o no hay espacios para que denuncien, porque son mujeres indígenas. Es así de grande el peso del patriarcado, del racismo, clasismo  y de la doble moral.

Es por esa razón que las mujeres indígenas y negras tienen que crear sus propios espacios de denuncia, con sus propias voces, con sus propias palabras, sin la línea editorial, racismo y clasismo de ningún medio de comunicación que las desvalorice por su etnia.

La impunidad llena la tumba vacía de Estanislao Maradiaga

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Evangelina y Marina, aún esperan que su hermano Estanislao Maradiaga regrese a casa

Bajo unos palos de mangos estaba la descendencia de Estanislao Maradiaga, oriundo de Santa Ana de Yusguare, al sur del país, lugar donde no existe una tumba para colocar flores ni leer un epitafio que encabece su nombre.

El calor sobrepasa los 36 grados centígrados, por lo que la sombra los de los arboles y las casa construidas de adobe y tejas de barro armonizan la estadía acompañada de un refresco de melón, fruta cosechada en la región sur del país.

Leonel Amador Maradiaga, es la cara más visible de la familia que, 40 años después espera se haga justicia por Estanislao. Fue él quien guió a defensoras de derechos humanos de la Choluteca y procuradoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a la casa donde vive el recuerdo de su tío.

Con una sonrisa familiar, Marina Isabel y Rosa Evangelina Linares abrieron públicamente su alma y dejaron salir sus lágrimas combinadas de recuerdos y tristeza, porque desde el 24 de mayo de 1980, el Estado de Honduras les arrebató la alegría.

Sobre el mueble de la sala permanece una fotografía tomada hace más de 40 años del primer detenido-desaparecido registrado en Honduras. Sus hermanas no recuerdan exactamente la fecha que nació, porque el tiempo se detuvo cuando la trágica noticia llegó al hogar.

Doña María Dolores Maradiaga, estaba trabajando en el mercado el sábado 24 de mayo de 1980, eran las 11 de la mañana, momento que escuchó la noticia. Su hijo, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), había desaparecido.

Ella misma, con el amor y dolor de madre, ante la incertidumbre, avisó a sus hijas, sobre la desaparición forzada de aquel hombre honrado y decidido en sus acciones, que tenía 40 años de edad.

La Doctrina de Seguridad Nacional derivó en un proceso de militarización en América Latina, surgido en un marco de crisis de la hegemonía norteamericana, en muchos países latinoamericanos se constituyeron Estados fuertes, verticales, militaristas, anti-civilistas, quienes eliminaron la independencia de los poderes públicos sometiendo a los organismos legislativo y judicial al ejecutivo, controlado éste último por una cúpula militar que actúa con base a medidas de excepción y leyes por decreto. Dentro de esta lógica, la instrucción militar norteamericana impartida a los ejércitos latinoamericanos sustituyó la concepción tradicional de defensa del territorio y la soberanía para convertir a las fuerzas del orden en vigilantes y opresores en sus propios países, defendiendo los intereses de otros en una guerra contra el comunismo internacional dividiendo a la población en amigos y enemigos . 

Informe de Desaparición Forzada en Honduras mayo – 2018

Era el inicio de la década del terror con la implementación de la Doctrina de Seguridad de Nacional (DSN) que se extendió de 1980 a 1995, dejando al menos 184 víctimas, cuyas familias siguen esperando respuesta sobre ¿Dónde están? y el Estado no da respuesta.

¿Cómo han sido estos años sin Estanislao? Fue la pregunta para entrar en conversación con Marina y Eva, que al parecer habían guardado celosamente esos recuerdos.

“Ha sido bien triste por que a él no lo enterramos, no lo vimos, no es lo mismo enterrar a un muerto y mirar su tumba. A él no, es triste para nosotras por que sentimos que mi madre se fue sin verlo , se fue con deseo de verlo”, respondió Marina.

Igual ha pasado con otros miembros de la familia, que murieron “con el pesar de no volverlo a ver”, pero se llevaron la satisfacción de buscarlo y exigir que se lo devolvieran.

A él lo recordamos bien risueño, se parecía los chocoyos conmigo [expresó Marina, tocándose el rostro].

Los suspiros se perdían con la mirada de la mujer que afirmó no ir mucho a las reuniones convocadas por el COFADEH, “porque hace mucho frío”, pero prometió reintegrarse y volver con su sobrino Leonel.

Era nojado pero rápido se estaba riendo, agregó Eva, siempre lo imagino vivo, nunca lo veo muerto.

Estanislao tenía 40 años cuando desapareció, su familia recuerda su cumpleaños (aunque en ese momento olvidaron la fecha), pero es entre octubre y noviembre, agregaron. Sólo cuando se perdió no se nos olvida.

Esperamos justicia, sobretodo la divina y por eso no lo olvidamos, afirmaron con unas lágrimas recorriendo sus rostros.

¿Que significan esas lágrimas? Se les preguntó- Lágrimas de amor por él, fue una sorpresa que se haya desparecido de esa forma y nos duele, porque era un hombre honrado y trabajador, porque a él no tenemos ni donde irle a dejar flores.

Estanislao Maradiaga Linares, fue detenido el 24 de mayo de 1980 frente a la pista de aterrizaje de Choluteca, por cinco agentes de la Fuerza de Seguridad Pública (Fusep), y desde entonces su familia lo busca.

Quince años después, en una alcantarilla en Tegucigalpa, fue encontrada una osamenta. La familia Maradiaga, se aferró a la probabilidad que fueran los restos de su pariente.

25 años más tarde, Medicina Forense del Ministerio Público no ha dado un informe sobre este caso, aumentando su deuda a la Memoria Histórica de los Detenidos Desaparecidos.

En el 22 de mayo del 2018, el COFADEH presentó el informe de Desaparición Forzada-Honduras al Comité de Desaparición Forzada en Ginebra, en vista que no hay respuesta de parte del Estado, y entre las recomendaciones del mismo es brindar protección a las víctimas y defensores.

Cabe señalar que el MP abrió una oficina para atender los casos de Desapariciones Forzadas de la década de 1980, pero esta es incapaz de dar respuesta, careciendo de interés y medios de investigación oportunos para hacer valer el derecho a la verdad y reparación en estos casos de lesa humanidad.

Comunicado del Plantón de la Memoria de Enero de 2007, desde cuando doña “Lolita” ya no asistió, heredando la búsqueda de su hijo las otras madres de los Pañuelos Blancos.

¿Qué hacemos frente a la incapacidad del estado para garantizar la seguridad pública?

1. Hoy lloramos la muerte de nuestra hermana Dolores Maradiaga, madre de Estanislao Maradiaga, quien fue desaparecido por el Estado de Honduras el 24 de mayo de 1980, en Choluteca; este día nuestra compañera Lolita habría estado aquí exigiendo verdad y justicia en el caso de su hijo. Murió sin ver a los culpables pagando su crimen.El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su primer plantón de este año 2007, informa:

2. Como Lolita, las madres de 44 niños/as y jóvenes menores de 23 años lloraron sus muertes violentas en diciembre, según los datos de Casa Alianza.

3. En general, el cierre de 2006 no pudo ser más trágico para las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La muerte brutal de dos ambientalistas olanchanos en Guarizama por la propia Policía Nacional envió al mundo un mensaje de descomposición institucional que se suma a la impunidad que impera en todo el país.

4. La falta de esclarecimiento de ese fusilamiento público, así como la totalidad de homicidios cometidos en los últimos dos años, más la desaparición de la credibilidad y confianza en la investigación criminal, la acción del Ministerio Público y el Poder Judicial, deben ser puestos de inmediato sobre la mesa del Diálogo Nacional como tema central.

5. Continuar fomentando un discurso de miedo, inducido por la Armería, las agencias privadas de seguridad, algunos medios de comunicación interesados en la venta de armas y pertrechos, es una estrategia criminal muy nociva para el interés nacional.

6. El gobierno del Presidente Manuel Zelaya debe evitar caer en el discurso perdedor de otros partidos políticos que invocan el asesinato legalizado para imponer la venganza contra los violentos, que se regocijan con la muerte para los que causan problemas, sin importarles demasiado el avance feroz del narcotráfico, la corrupción y la impunidad.

7. Frente a los hechos, deseamos proponer una acción radical en el interior de la Policía Nacional y el Ministerio Público, para detener el cáncer implantado por el Partido Liberal y el Partido Nacional que se repartieron fiscales y policías para proteger sus delitos comunes. ¡Si no intervenimos de emergencia ambas instituciones, la brutalidad gobernará en todo el país!.

8. Por ese riesgo, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, en nombre de las inversiones legales de sus países y en representación de los seres humanos empobrecidos e indefensos, intervenga en Honduras para restituir el Estado de Derecho, recuperando las instituciones de manos de los delincuentes que se las apropiaron.

De los Hechos y de los Hechores, Ni Olvido Ni Perdón.

COFADEH

Ante el sistema internacional

La Prensa

Debido a la falta de respuesta del Estado de Honduras, el COFADEH acompaña el proceso junto al Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH) y el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que exija a las instancias pertinentes una investigación imparcial y diligente, en el caso de la profesora y sindicalista, Ilse Ivania Velásquez- Rodríguez.

La orden de ataque a a protesta donde falleció la profesora Ilse fue emitida el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, y ejecutada por los secretarios de Seguridad, Óscar Álvarez; y el de Defensa, Marlon Pascua. Sin embargo, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado librándose de responsabilidad y llamándolo “accidente”, mediante el ministro de Comunicación, Miguel Bonilla.

Expresó  que el gobierno “lamenta profundamente la muerte contingencial de la profesora Ilse Ivania Velásquez”.

“Asimismo, la Presidencia de la República aclara que la muerte de la profesora Ilse Ivania Velásquez no fue provocada por miembros de la Policía Nacional…”

Contrariamente, el gobierno de “Pepe Lobo” hizo un llamado al gremio magisterial para que actuara con cordura y evitar acontecimientos como el de ese día.

Familia de Ilse “no nos cansamos de clamar justicia”

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

Ilse Ivania Rodríguez/ álbum familiar

La familia de la profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, al cumplirse el noveno año de su asesinato, afirmó que esperan el día de ver al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa; y su ministro de Seguridad, Ricardo Álvarez, pagar esta violación de lesa humanidad.

“Albergamos en nuestro corazón la esperanza de que, en algún momento los responsables del crimen de mi mami, esa muerte tan cruel, puedan pagar y en algún momento la historia les va a cobrar”, expresó a Defensores en Linea, Ruth Velásquez, hija de Ilse.

El 18 de marzo del 2011, en medio de un ataque policial hacia una protesta magisterial, la subdirectora de la Escuela Argentina, de Comayagüela, el impacto de bomba lacrimógena la hizo caer en la calle y fue atropella por un vehículo.

Este crimen provocó un caos en el bulevar Centro América, la docente de 59 años había muerto por la represión brutal de la policía, que siguió atacando a los manifestantes opositores a la Ley que, al año siguiente impactó negativamente al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).

Como familia no nos cansamos de clamar justicia, aunque sabemos que en este país lo que impera es la impunidad, agregó la también profesora, Ruth Velásquez. “No hemos tenido respuesta por parte del gobierno ante nuestro clamor de justicia, aunque sabemos que justicia tardía no es justicia”.

Son nueve años de intensa búsqueda de justicia que ha emprendido el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a la familia Velásquez Rodríguez, que es una de las 12 familias fundadoras de esta organización en la década de los 80, en medio de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, que desapareció al profesor Manfredo Velásquez Rodríguez, hermano de Ilse.

Dos dolores ha causado el Estado hondureño a la familia Velásquez Rodríguez, cuyos miembros se mantienen activos en la lucha social por la reivindicación de derechos humanos como la verdad, reparación, educación, salud y el nunca más.

Ruth agregó que, “Mi familia, mis hermanos y sus nietos van a estar siempre luchando para que los criminales, Óscar Álvarez y “Pepe” Lobo, paguen porque son los verdaderos responsables de la muerte de mi mamá. Ella no estaba haciendo nada malo, solo exigía que no se aprobara esa ley de IMPREMAH tan cruel para el magisterio, que entró en vigencia el 2012.

Además agradeció al COFADEH porque siempre está apoyando a la familia en la búsqueda de verdad y justicia y por ello afirmó ¡ni olvido, ni perdón!

La voz denunciante

En noveno aniversario del crimen contra Ilse Rodríguez, se da en medio de un contexto militarizado –nuevamente- pero sin gente en la calle, porque hay un toque de queda absoluto para el Distrito Central, La Ceiba, Choluteca y San Pedro Sula, tras confirmar el pasado 11 de marzo 2 casos de Corona Virus (COVID-19),        que hoy suman 12 personas contagiadas.

El régimen maneja más de 10 mil 500 millones de lempiras mediante, luego que el Congreso Nacional aprobó el viernes 13, la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus, supuestamente para fortalecer el sector salud.

Es así que hoy se extraña la posición crítica y firme de la profesora, originaria de Langue, departamento de Valle (al sur del país), donde descansan sus restos, pero no su memoria, junto a la tumba vacía de Manfredo.

Si bien, mi mami estaría consiente de lo que significa el coronavirus, por ende las medidas de cuidado personal y cuidar a los demás para evitar la propagación de contagios, ella también criticaría la posición del gobierno –ilegal- de Juan Hernández, agregó Ruth.

En referencia a las malas y atrasadas decisiones que tomó Hernández, y ver como saca provecho a esta crisis del Coronavirus, para despilfarrar y adueñarse de dinero, y sacar ventaja para sus bolsillos.

“Mi mami estaría criticando que [el gobierno] no hizo correcciones a tiempo, no puso cercos epidemiológicos oportunos antes de que se tomarán decisiones tan intempestivas como un toque de queda tan apresurado sin pensar en la economía informal, la gente que vive del día a día, la estilista, la señora de las tortillas y la que vende tamalitos”.

Concluyó afirmando que “Somos las mujeres las más atacadas con estas decisiones y mi mami estaría también sufriendo con ellas”.

Cerrados los accesos al municipio de El Progreso, Yoro

Radio Progreso

El Progreso, Yoro se sumó a la medida que se han tomado en otros municipios del país, y sus autoridades municipales decidieron cerrar todos los accesos y restringir la circulación de sus habitantes.

“La corporación municipal, a través de sus diferentes dependencias y particularmente a través del Centro de Operaciones de emergencia, y siguiendo los ordenamientos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, hemos llegado a la conclusión de declarar estado de emergencia el municipio de El Progreso, Yoro hasta que cese las condiciones sanitarias adversas”, dijo el doctor Elías Nazzar, coordinador del Centro de Operaciones de emergencia.

Se decidió restringir los ingresos y salidas de ciudadanos a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 18 de marzo. El periodo de excepción se establece hasta a las 12 de la noche del domingo 22 de marzo.

“Se exceptúa de la disposición a empleados públicos, personas incorporadas para la atención de la emergencia, altos funcionarios, personal de salud y de socorro, seguridad y defensa nacional, dirección de protección al consumidor, proveedores de industria farmacéutica, empresa de seguridad, transporte de valores, transporte de combatibles, de productos alimenticio y agua”, dijo el doctor Nazar.

Por su parte el jefe de la Policía Nacional en El Progreso, Yoro, Daniel Molina, describió que los bloqueos o retenes de ingreso a la ciudad estarán en el Puente de La Democracia, en la comunidad de Las Guanchías al sur de El Progreso, y en el desvío de La 36, a la altura de la gasolinera, en el norte del municipio.

“Quiero que la ciudadanía de El Progreso esté clara que no es toque de queda absoluto simple y sencillamente vamos a restringir el ingreso de personas que no estén realizando una actividad de primera necesidad. Vamos a darles acceso a las personas que están en las excepciones del decreto en el sentido de que haya abastecimiento de alimentación, de gasolina, de medicina”, dijo Molina.

El jefe de la Policía Nacional aseguró que todo ciudadano y ciudadana, a lo interno de El Progreso, Yoro, puede circular para abastecerse de cualquier tipo de producto que necesite en su casa tanto de alimentos como de medicinas.

“Como presidente, tengo derecho a hacer lo que quiera”

Tom Dspatch

Por Rebbeca Gordon *

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

El 5 de febrero el Senado votó y absolvió al presidente Donald J. Trump de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En otras palabras, la jactancia de Trump previa a las elecciones de que “podría pararse en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien” y que esa acción no le haría “perder a ningún votante” demostró ser algo más que una hipérbole de altos vuelos. (Aunque, para ser exactos, perdió un “votante” republicano en el Senado, Mitt Romney, pero ese hecho no fue lo suficientemente trascendente).

El hecho de que el Senado no haya condenado al presidente no hace sino confirmar la concepción que tiene de su cargo como un espacio de poder absoluto (algo que, como se nos ha dicho, “corrompe absolutamente”). Este es el hombre, después de todo, que dijo en una convención de activistas estudiantiles: “Cuento con el Artículo II, en función del cual tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente. Pero ni siquiera hablaba de eso”. Excepto, por supuesto, de que hacelo que quiere.

El día posterior a la votación del Senado, un Trump decididamente irreductible habló en un Desayuno de Oración Nacional, blandiendo una copia del USA Today cuyo titular en portada contenía una sola palabra: “Absuelto”. Después de estar en desacuerdo con la sugerencia de oración ofrecida por Arthur Brooks, exjefe del conservador American Enterprise Institute (y un par de milenios antes por un tal Jesús de Nazaret), de que debemos amar a nuestros enemigos, el presidente acusó de inmediato a Mitt Romney y a la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de rezar una oración inadecuada. Identificó a Romney con las personas “que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal” y acusó a Pelosi, y no por vez primera, de mentir cuando dice que reza por él.

La irreductible jactancia de Trump acerca de su invulnerabilidad podría atribuirse ciertamente a la deplorable ciénaga de su propia psique, pero hay otra explicación, al menos parcial, para ello, y radica en la incapacidad colectiva del país a la hora de exigir responsabilidades a nadie por los delitos cometidos desde 2001 en la “guerra contra el terror”. Si un gobierno puede irse de rositas después de encerrar a detenidos en cajas tipo ataúd y torturarlos de muchas otras maneras, ¿por qué no debería quedar impune otra forma de tortura posterior como la de meter a niños migrantesen jaulas, por poner solo un ejemplo?

Hay que mirar adelante, no hacia atrás

En 2009, Barack Obama se dispuso a entrar en la Oficina Oval prometiendo poner fin a los peores excesos de la guerra contra el terrorismo de la anterior administración. Aunque cerró los centros de detención de la CIA y prohibió la tortura, también se dio prisa en señalar que nadie tendría que rendir cuentas por la práctica ya documentada de torturas promovidas por la administración de George W. Bush y su vicepresidente, Dick Cheney. Aproximadamente una semana antes de la toma de posesión de Obama, el presidente electo ya le estaba asegurando a George Stephanopoulos, de ABC News, que aunque habría enjuiciamientos si “alguien ha violado la ley de manera flagrante”, en general creía “que debemos mirar hacia adelante en lugar de ponernos a mirar hacia atrás”.

A Obama le preocupaba especialmente que los operativos del gobierno se sintieran frenados en el futuro por temor a ser enjuiciados por actos pasados ​​sancionados por altos funcionarios:

“Y parte de mi trabajo es asegurarme de que en la CIA, por ejemplo, puedas tener a personas con talentos extraordinarios que están trabajando muy duro para mantener a salvo a los estadounidenses. No quiero que de repente sientan que tienen que pasarse todo el tiempo mirando hacia atrás por encima del hombro”.

Y así resultó, no tuvieron razón alguna para preocuparse. El 17 de abril de 2009, como informaronCarrie Johnson y Julie Tate en el Washington Post: “El presidente Obama y el fiscal general Eric H. Holder Jr. tranquilizaron ayer a los empleados de la CIA asegurándoles que los interrogadores no se enfrentarían a enjuiciamiento penal si seguían asesoría legal adecuada”. Como dijo Holder: “Sería injusto enjuiciar a hombres y mujeres entregados que trabajan para proteger a Estados Unidos por conductas que fueron aprobadas previamente por el Departamento de Justicia”.

El asesoramiento legal en cuestión estaba contenido en una serie de infames memorandos escritos por la Oficina para la Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) de ese Departamento entre 2002 y 2005. En ellos, se “esclarecía” la definición legal de tortura para un nervioso fiscal general, Alberto González, y para la CIA. Uno de los memorandos, redactado por el fiscal general adjunto John Yoo y firmado por el fiscal general adjunto para la OLC Jay Bybee, explicaba que para que “constituya tortura”, según la ley, el dolor físico “debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una lesión física grave, como un fallo orgánico, deterioro de la función corporal o incluso la muerte”. Para cumplir con la definición legal de tortura psicológica, el sufrimiento mental “debe provocar un daño psicológico significativo de duración considerable, por ejemplo, que dure meses o incluso años”.

No resulta sorprendente que, a pesar del sello de aprobación de la administración anterior sobre lo que eufemísticamente se denomina “técnicas de interrogatorio mejoradas”, una investigación de tres años del Departamento de Justicia de Obama sobre las prácticas de interrogatorio de la CIA llegara a un compungido final en agosto de 2012, cuando Holder anunció que los únicos dos casos de tortura que quedaban, que comportaron muertes bajo custodia estadounidense, iban a ser rechazados.

Un año antes, como Glenn Greenwald informó en The Guardian, Holder había decidido no procesar a nadie en otros 99 casos de “abusos severos a detenidos”. Los dos casos restantes se referían a la muerte por tortura e hipotermia de Gul Rahman, en la famosa prisión de Salt Pit de la CIA en Afganistán en 2002, y la de “Manadel al-Yamadi, quien murió bajo custodia de la CIA después de que lo golpearan, lo desnudaran, le vertieran agua fría encima y finalmente lo encadenaran a la pared” en la prisión de Abu Ghraib en Iraq.

Entre los sujetos que Holder decidió no acusar estaban los hombres responsables de diseñar y poner en marcha los protocolos que condujeron a la muerte de Rahman por torturas como el submarino y el “muro” (golpear la parte posterior de la cabeza de un preso repetidamente contra la pared sujetándole por el cuello con una toalla). Así terminó cualquier esperanza de responsabilizar legalmente a los torturadores en los Estados Unidos de América, una prueba anticipada del tipo de impunidad que, en los años de Trump, se ha extendido a otros lugares.

El retorno de los torturadores

Poco antes del reciente triunfo de Donald Trump en el Senado, una de esas “personas de talento extraordinario” aclamadas por el presidente Obama resurgió en la sala del tribunal no como acusado, sino como testigo hostil. James Mitchell fue llamado al estrado por la defensa en audiencias previas al juicio en el centro de detención de Guantánamo en Cuba, la prisión en el exterior para detenidos en la guerra contra el terrorismo lanzada por la administración Bush en 2002. En el banquillo, casi 18 años después, hay cinco hombres que llevan mucho tiempo allí detenidos y que han sido acusados ​​de participar en los ataques terroristas del 11 de septiembre. El más famoso es Khalid Shaikh Mohammed, descrito a menudo como el “cerebro” del 11-S.

Mitchell es uno de los dos psicólogos, el otro es John “Bruce” Jessen, que diseñaron el principal programa de torturas de la CIA. Tiene el honor de ser considerado el inventor del submarino, una serie de técnicas destinadas a producir sufrimiento inducido por el agua que han formado partedel arsenal de los torturadores durante siglos. (Quizás “reinventor” sería el término más exacto). Mitchell fue, de hecho, la primera persona en practicar el submarino en la guerra contra el terror, además de ser el arquitecto del muro, de confinar a las víctimas en cajas pequeñas y de toda una variedad de lúgubres “técnicas de interrogatorio mejoradas” empleadas por vez primera en los “sitios negros” de la CIA establecidos en todo el mundo en esos años.

Llamado por abogados defensores para describir la tortura que sufrieron sus clientes, un “desafiante” Mitchell dijo ante el tribunal: “Me levantaría hoy y lo volvería a hacer”.

Como explicó la reportera del New York Times Carol Rosenberg, Mitchell no estaba hablando realmente sobre lo que le hizo a cualquiera de los cinco acusados ​​en el banquillo de Guantánamo, aunque sí torturó a algunos de ellos. Se estaba refiriendo al primer prisionero que fue sometido a simulación de ahogamiento (submarino) bajo el programa de torturas de la CIA, el nacional saudíAbu Zubaydah, quien fue sometido al submarino un total de 83 veces en el transcurso de un mes. El secretario de defensa del presidente George W. Bush, Donald Rumsfeld, afirmó (falsamente, como se vio después) que Zubaydah era “si no el número dos, alguien muy cercano a la persona número dos en al-Qaida” y que había dirigido un campo de entrenamiento de este grupo en Afganistán.

De hecho, como reconoció la administración Obama en 2010, Abu Zubaydah nunca fue miembro de ese grupo, y mucho menos uno de sus lugartenientes clave. Capturado en una operación conjunta de la CIA y el FBI en Pakistán en 2002, sería trasladado de un sitio negro de la CIA a otro durante los cuatro años y medio siguientes, incluido el sitio secreto “Strawberry Fields” en Guantánamo. En parte debido a lo que la CIA hizo con él, Abu Zubaydah sigue encarcelado allí hasta el día de hoy. Según las recomendaciones de la CIA, nunca “debe colocársele en una situación en la que tenga algún contacto significativo con otros y/o tenga la oportunidad de ser liberado”.

Sin embargo, Mitchell supervisó las 83 veces que Abu Zubaydah fue sometido a simulacro de ahogamiento en un solo mes en un sitio negro de la CIA en Tailandia, durante el cual estuvo a punto de morir ahogado. En una de esas ocasiones, como reveló el informe de 2014 del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura de la CIA, se observó que estaba “completamente inconsciente y que de la boca abierta y llena de agua salían burbujas”.

A diferencia de nuestro presidente, Mitchell parece sentirse profundamente herido por lo que él percibe como una crítica injusta. “Ustedes han estado diciendo cosas falsas y maliciosas sobre mí y el Dr. Jessen durante años”, se quejó a los abogados defensores en la audiencia de Guantánamo. La gente puede haber dicho cosas malas sobre él, pero lejos de rendir cuentas por las torturas, James Mitchell se ha deleitado en su impunidad, obteniendo derechos de autor por su libro Enhanced Interrogation: Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying to Destroy America y dando charlas organizadas a través del Worldwide Speakers Group (que lo anuncia como “psicólogo, interrogador de la CIA y escritor”) a razón de 15.000 a 25.000 dólares cada una.

Tampoco le fue mal a Mitchell mientras estuvo empleado por la CIA. De hecho, la Agencia pagó a la empresa formada por Mitchell y Jessen 81 millones de dólares por sus trabajos. Además, su contrato incluía una cláusula que garantizaba que el gobierno de EE. UU. cubriría los costes legales en los que incurriera como resultado de tales trabajos hasta el año 2021. Esto le resultaría muy útil cuando, en 2015, la American Civil Liberties Union (ACLU) les demandó a los dos en nombre de tres de sus víctimas: Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed bin Soud y la familia de Gul Rahman, el detenido que había muerto por exposición al frío en Salt Pit. Mitchell y Jessen llegaron a un acuerdo en 2017 a cambio de una suma no revelada, también pagada por el gobierno estadounidense.

Nunca es fácil

Pensaba que me resultaría más fácil con el paso del tiempo. Llevo casi dos décadas escribiendo sobre la tortura. A estas alturas, pueden imaginar que al menos me habría insensibilizado un poco ante los detalles y las descripciones. Sin embargo, cada vez que me sumerjo en ese pozo negro, aún me parece más desagradable y aterrador.

Si es difícil para mí, alguien que nunca ha sido torturada ni ha hablado cara a cara con los pocos supervivientes de la tortura, imaginen lo que debe ser para aquellos que sobrevivieron a los programas de tortura de la era Bush y que siguieron siendo torturados durante un número desconocido de años. En realidad no tienen que imaginar demasiado, ya que disponemos de su testimonio sobre cómo dicho abuso afectó a algunos de ellos y la duración de esos efectos. En 2016, los reporteros del New York Times Matt Apuzzo, Sheri Fink y James Risen publicaron una serie de artículos bajo el título “De cómo la tortura estadounidense ha dejado un legado de mentes dañadas”.

Una de esas personas fue Suleiman Abdullah Salim, litigante en la demanda de la ACLU contra Mitchell y Jessen. Nacido en Tanzania, Salim fue detenido en Mogadiscio, Somalia, y entregado a agentes estadounidenses por razones que siguen siendo turbias. Es muy probable que fuera víctima de un error de identificación (y no habría sido el único prisionero de esas características en la guerra contra el terrorismo). Sabemos, al menos, que los estadounidenses que le subieron a un avión esperaban a un árabe yemení y alguien con una piel mucho más clara. Terminó en Afganistán en un sitio negro que recuerda como “la Oscuridad”, que era, de hecho, Salt Pit. Allí fue golpeado, emparedado, encadenado en la más completa oscuridad, expuesto a una música implacable y ruidosa, confinado en una caja tipo ataúd, colgado repetidamente por las muñecas, una vez durante 48 horas seguidas, y empapado a veces con agua helada hasta sentir que se ahogaba.

Finalmente, la CIA trasladó a Salim a una prisión en la base aérea de Bagram en las afueras de la capital afgana, Kabul. En 2008, fue liberado en Afganistán con tan solo la ropa que llevaba puesta. La Cruz Roja Internacional organizó un vuelo de regreso a Zanzíbar, Tanzania, donde aún vive, obsesionado por la experiencia en la Oscuridad.

En 2010, Risen, del Times, escribió: “Physicians for Human Rights, un grupo con sede en Nueva York, pidió a la Dra. Sondra Crosby, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, médica, reservista de la Marina y experta en tortura, que evaluara al Sr. Salim”. Descubrió que estaba consumido “como si fuera un esqueleto” y “hundido en una profunda angustia, incapaz de comer y de dormir”. El informe de Risen continúa:

“‘Se describe a sí mismo como un fantasma que deambula por la ciudad’, agregó. Observó otros síntomas: recuerdos retrospectivos, pérdida de memoria a corto y largo plazo, angustia al ver a alguien con uniforme militar, desesperanza acerca del futuro y un intento desesperado de evitar el ruido. ‘Relata que siente un gran vacío en la cabeza, como si fuera una caja vacía’, dijo”.

La serie del Times relató también el sufrimiento de otro demandante en el caso contra Mitchell y Jessen: Mohamed bin Soud. También estuvo encerrado en Salt Pit, donde su terrible experiencia involucró muchos de los mismos métodos de tortura que Salim había soportado. Hoy tiene un trastorno de estrés postraumático en toda regla. “Está atormentado por las dudas y tiene que esforzarse mucho para poder tomar decisiones sencillas. Su humor cambia continua y drásticamente”, informaba el Times.

En primer lugar, ¿no causar daño?

Las audiencias previas al juicio en Guantánamo revelaron también el papel, raramente abordado, que desempeñaron los médicos y otros trabajadores sanitarios en el programa de tortura de EE. UU. Aparentemente, la razón por la que sabemos que Abu Zubaydah fue sometido al submarino 83 veces y Khalid Shaikh Mohammed 183 veces es porque, como testificó James Mitchell en enero, un médico estaba presente dentro de la cámara de tortura y utilizaba un pequeño contador de clics de metal para llevar la cuenta. Según Rosenberg, del Times, sin embargo, los médicos “hicieron algo más que contar las sesiones de submarino. Las investigaciones del gobierno y la evidencia en las audiencias previas al juicio de los detenidos… muestran que los médicos realizaron una “rehidratación rectal”, realizaron búsquedas en la cavidad rectal y examinaron los pies y las piernas hinchadas de los cautivos a los que impedían dormir durante días y mantuvieron encadenados en posturas muy dolorosas”.

Es indudable que queda mucho más por descubrir sobre el papel del personal médico en los sitios negros de la CIA por todo el mundo. De hecho, queda por desvelar sobre todo las formas en que los detenidos fueron despojados no solo de sus derechos humanos sino, al menos en la mente de sus torturadores, de su propia humanidad. En un momento de su testimonio, por ejemplo, Mitchell recurrió al abogado de Ammar al-Baluchi, uno de los cinco acusados ​​del 11 de septiembre. Hablando de Charlie Wise, el jefe de interrogatorios de la CIA y del resto de su equipo, Mitchell dijo: “Parece que usaron a su cliente para entrenarse”. Según Julian Borger, del Guardian, bajo el liderazgo de Wise, “los alumnos tenían de hecho que aplicar cada una de sus técnicas en Baluchi y otros reclusos para conseguir el diploma”.

Y el propio Mitchell usó a Abu Zubaydah como objeto de demostración, por lo tanto, los mandamases de la CIA debían estar implicados en lo que estaba haciendo. Borger informa que “sometió a Abu Zubaydah al simulacro de ahogamiento a pesar de que estaba bastante seguro de que el detenido no tenía inteligencia procesable para rendirse”. Se hizo exclusivamente como demostración para los VIP de la Agencia.

El precio de la impunidad

Gracias a la cobardía de la administración de Obama, ningún funcionario de la CIA ni ningún alto funcionario de la administración de George W. Bush y Dick Cheney, ningún psicólogo, ningún médico, nadie ha sido considerado responsable de los años de tortura practicados a una escala global en la guerra contra el terror. Por supuesto, el propio Donald Trump salió elegido aunque proclamó públicamente que el submarino “me gusta mucho” y, según consta, consideró que las experiencias de tortura en el sitio negro de Gina Haspel constituían una parte positiva de su currículum cuando consideró su nombramiento como directora de la CIA. Mitchell continúa dando discursos y recaudando sus derechos de autor. George W. Bush ha sido rehabilitado como apacible pintor de retratos.

¿Es realmente tan sorprendente, entonces, que tengamos ahora un hombre en la Oficina Oval que cree que tiene “derecho a hacer lo que quiera como presidente”? La historia de la guerra contra el terrorismo del siglo XXI sugiere que si no tiene tal derecho, ciertamente que parece tener el poder.

* Rebecca Gordon es colaboradora habitual de TomDispatch y enseñante en la Universidad de San Francisco. Ha publicado recientemente American Nuremberg: The U.S. Officials Who Should Stand Trial for Post-9/11 War Crimes. Ahora está trabajando en un nuevo libro sobre la historia de la tortura en Estados Unidos.

El neoliberalismo necesita la militarización

Rebelión

Por Emir Sader

En el estado liberal clásico, las FFAA tenían la función de garantizar la soberanía nacional, proteger sus fronteras y liderar posibles guerras contra otros países. La representación política estaba reservada para los partidos.

Pero, con el tiempo, la FFAA se han convertido en un agente político de reserva para las clases dominantes. El caso del golpe de estado en Brasil, en 1964 se volvió típico, en el marco de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, asumida por la FFAA, a través de la Escuela Superior de Guerra, desde su fundación a fines de la década de 1940. A medida que el campo popular ascendía, a lo largo de la década de 1950 y principios de la década de 1960, la capacidad de la derecha de actuar a través de sus partidos tradicionales se debilitó -especialmente después del fracaso del gobierno de Jânio Quadros-, se pidió a la FFAA que interviniera, rompiera con el proceso democrático y estableciera una dictadura militar que duraría más de dos décadas.

Después de agotar este régimen, el proceso de transición democrática en Brasil no representó una derrota política abierta para la FFAA en nuestro país, al contrario de lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Chile. Las FFAA han tenido que retirarse de la militarización del Estado con el que habían desempeñado un papel destacado en la historia política brasileña. Pero nunca asimilaron la democratización del país, la han tolerado, impotentes para evitarlo, y, sobre todo, nunca han hecho autocrítica de todo lo que habían hecho durante la dictadura.

No fue casualidad que la Comisión de la Verdad representara un duro golpe para la imagen de la institución. En la transición democrática, las FFAA habían logrado imponer su amnistía, que incluía el crimen no afianzable de tortura [N. ed.: el artículo 5.XLIII de la Constitución brasileña de 1988 considera que la tortura es un delito para el que no existe el derecho al pago de una fianza para eludir la prisión provisional, del mismo modo que no es susceptible de indulto ni de amnistía]. El carácter negociado de la transición, reflejado en la derrota de la campana por las elecciones directas para la presidencia de Brasil y en el papel central del Colegio Electoral, que produjo la fusión entre lo viejo y lo nuevo, con la elección de Tancredo-Sarney, conservó la amnistía impuesta por la FFAA. La Comisión de la Verdad se volvió inaceptable para la FFAA, porque se abrió ampliamente a toda la sociedad, la represión sistemática puesta en práctica por la dictadura, incluida la tortura como un método reiterado de acción por parte de los militares. Los testigos de sus víctimas revelaron a la sociedad, con nombres y rostros, las monstruosidades cometidas por las FFAA. Varios oficiales de alto rango revelaron su incomodidad, nunca pudieron contrarrestar las denuncias incuestionables. Las persecuciones políticas y legales que lanzó la derecha para tratar de desalojar al PT del gobierno, después de haber agotado los intentos de hacerlo democráticamente, con las repetidas derrotas electorales de los tucanos, fueron acompañadas por declaraciones con el tono de amenazas por parte de oficiales de las FFAA. En vísperas del juicio de hábeas corpus a Lula por parte del STF, el jefe del Ejército hizo una declaración amenazante, que tuvo un efecto en la decisión negativa del poder judicial. Más tarde justificaría esa declaración, alegando que, sin ella, «el proceso se habría salido de control». Se refería, por supuesto, a la libertad de Lula y su papel en el control del proceso político hasta los límites que consideren convenientes.

El gobierno de Temer, establecido por el golpe de estado de 2016, retomó de inmediato lo fundamental a la derecha, el modelo neoliberal, pero gobernó con los partidos tradicionales de la derecha. El gobierno de Bolsonaro tenía la intención de presentar una imagen de independencia de estos partidos. Inicialmente, su gobierno estaba respaldado por tres ejes: la política económica ultraneoliberal (que garantiza, hasta hoy, el apoyo de los grandes empresarios), la del estado policial de Moro (que tenía la intención de transformar Lava Jato en una política estatal, un proyecto debilitado hoy) y miembros de las FFAA. Estos eran indispensables porque, a diferencia de Temer, Bolsonaro no tenía un partido sólido, que se ha desmantelado con el tiempo. Después, los militares asumieron una gran cantidad de cargos gubernamentales, incluso en el Palacio do Planalto. Asumieron con los rasgos propios de una corporación, pero no de cualquier corporación, sino de una que concentra el uso de la fuerza militar y que representa los valores del orden y la jerarquía. Su discurso siempre garantizó la lucha contra la «subversión», identificada en los movimientos sociales y los partidos de izquierda.

El personal militar perteneciente a unas FFAA desmoralizadas por la democratización del país, el éxito de los gobiernos de izquierda y las revelaciones de la Comisión de la Verdad, se ha unido cada vez más a un gobierno elegido por la judicialización de la política y la manipulación del proceso electoral. Sin ideología o un proyecto político, aparte del control del proceso político en manos de la oligarquía, no dudaron en unirse al gobierno, individualmente. A medida que el presidente se debilitaba, debido a su incapacidad innata para agregar, priorizar y gobernar, y surgió la opción del derecho de sustituir al presidente por el vicepresidente, Bolsonaro decidió dar una demostración de fortaleza, que él es el jefe del gobierno, y despidió a varios militares. Los que quedaron fueron debilitados.

Pero a medida que el gobierno perdió el apoyo de muchos de sus promotores y el apoyo popular, a medida que el desgaste de las acciones del presidente y sus hijos, involucrados en la corrupción y otros crímenes, se intensificó, el presidente decidió reanudar el proceso de militarización del gobierno.

El modelo neoliberal ha perdido capacidad hegemónica, es incapaz de obtener bases de apoyo social que le den estabilidad, como lo demuestra el desgaste acelerado del gobierno de Macri en Argentina. Gobierna de acuerdo con los intereses del capital financiero. Una política que promueve la especulación financiera, sin favorecer ni la producción ni la creación de empleo. Es una política que reproduce sistemáticamente la exclusión social y que, por lo tanto, requiere represión, políticas de dominación, ya que no tiene capacidad de persuasión y conquista estable de las bases de apoyo popular.

Las FFAA son una garantía de resistencia contra el retorno del PT al gobierno, contra el protagonismo de los movimientos sociales. Representan una reserva de cuadros para un gobierno que no tiene partido y como reserva para la represión. Pero el ejército no está hecho para gobernar, en el sentido de convencer, dialogar, vivir con diferencias, discutir ideas. Están hechos para mandar (como las escuelas militares deben entrenar a los jóvenes para la guerra, a diferencia de otras escuelas, que sirven para formar a los jóvenes para la libertad, la democracia, la convivencia con la diversidad, el aprendizaje con el conocimiento). Tendrán dificultades para dialogar con el Congreso, enfrentar críticas, vivir con movilizaciones populares.

Pueden representar una mayor dosis de pragmatismo en el gobierno, reemplazando o silenciando a los ministros habladores, incompetentes y mediocres, buscando una mayor efectividad, tal vez incluso del ministerio de economía, educación y asuntos exteriores. Pero tendrán que vivir con el comportamiento intransigente del presidente y las acciones de las milicias de sus hijos. Tienen una dura prueba política. Quizás sea la última carta de ese gobierno, que necesita militarización, pero que pierde aún más capacidad política de dirección. Nadie puede extraer agua de la piedra y, al sentarse en las bayonetas, también corre el riesgo de ser víctima de ellas.

Es imposible obedecer el toque de queda cuando el pueblo muere de hambre

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce 

El régimen no para de cometer violaciones a los derechos humanos, para quienes buscan el sustento diario. Miles de hondureños salieron a las calles a buscar alimentos, sin importarles que las garantías Constitucionales están suspendidas, lo que generó que la fuerza de seguridad del régimen los reprimiera con gas lacrimógeno.

El toque de queda se impuso para evitar que el coronavirus se extienda a todo el territorio nacional, en un país donde el 64% de la población vive al día por medio del trabajo informal.

En las últimas horas se han registrado detenciones a personas que por distintos motivos salieron a la calle, además han sido víctimas de golpes e insultos por parte de los elementos represores del estado, a quienes no les importa si salen a buscar comida o medicinas.

Tal es el caso de lo que pasó en los mercados capitalinos, donde la Policía Nacional llegó a desalojar a los comparadores y vendedores utilizando gas lacrimógeno, sin importar que son personas que andan buscando el sustento diario, y que no tienen para abastecerse ni siquiera de  lo necesario.

En Comayagua, también la Policía Nacional utilizó el mismo  método en el mercado de esa ciudad, donde la población exigía comida al Estado.

En  Choluteca también se registra personas detenidas y golpeadas por parte de los uniformados que obedecen al régimen de Juan Orlando Hernández.

La Policía Nacional detuvo a  Luis  Sierra, Yimy Paguada, Wilmer Hernández, Wilmer Alejandro Hernández (hijo) y a Edilberto Girón López, quienes se acercaron a comer a la Olla Comunitaria que preparó la Red de Mujeres Mesoamericanas en la Colonia Montes de Bendición, del complejo habitacional “Ramón Amaya Amador” de Comayagüela.

El grupo de defensores organizó la comida comunitaria con el objetivo de hacer frente a la necesidad de alimentación en medio del Toque de Queda para evitar la propagación del COVID-19, según el #PCM 021-2020.

Los uniformados sólo se llevaron a los hombres a la antigua posta de la colonia San Francisco, según se informó al Cofadeh y amenazaron a las mujeres con volver por ellas.

Afortunadamente y gracias a algunas acciones realizadas, las cinco personas fueron puestos en libertad minutos más tarde.

La suspensión de garantías constitucionales seguirá hasta el próximo domingo 29 de marzo, mientras en el país ya suman 30 los casos confirmados del Covid-19, y además se informó que los próximos días serán críticos para la población hondureña.

COFADEH insiste en que hay otras opciones para asistir con dignidad a las y los afectados por coronavirus

Defensores en Línea

Por Marc Allas

Alrededor de unas 25 personas que arribaron al país por la Aduana Las Manos, paso fronterizo con Nicaragua, han sido confinados  por espacio de 14 días, en el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica, por parte de las autoridades, a pesar que en la vecina nación, se les practicaron las evaluaciones preliminares para comprobar que no presentaban fiebre o resfriado, afirmaron los afectados..

Estas personas que inicialmente permanecieron en una provincia de Costa Rica, no pudieron aterrizar en Tegucigalpa, así que lo hicieron en Managua y desde ahí, se desplazaron en transporte terrestre hasta la frontera de Las Manos.

Al ingresar a territorio hondureño, las personas fueron trasladadas al Complejo Deportivo de la Villa Olímpica, en donde deberán permanecer por disposiciones gubernamentales.

Los viajeros y viajeras, bertano están de acuerdo con la decisión adoptada, han exigido que les permitan ir a sus casas, sin obtener respuesta y temen que una vez que trasladen casos críticos a la sala de aislamiento, en donde hay camas para 50 personas, estarían en riesgo de contagio.

De hecho, este día circuló en video, a través de las redes sociales, la inconformidad y la condena hacia el estado al que consideran, que no les ha tratado con dignidad. A los confinados,  el régimen les envío como almuerzo spaguetis, tortillas, una bolsa de jugo y agua.

Vecinos que residen en cercanías de la Villa Olímpica se manifestaron hoy en medios televisivos, para protestar por la decisión del régimen, porque aseguran que la “sala de aislamiento”, se convertirá en un foco de propagación del virus que afectará a cientos de familias, así como a personas de la tercera edad que viven en un asilo en cercanías del complejo.

Otro caso preocupante, es el hacinamiento al que están expuestos más de 6 mil trabajadores de la industria de la bebida en Tegucigalpa, según denuncia publicada el 17 de marzo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).

En un comunicado divulgado en redes sociales, el STIBYS expresa que:   “en el marco de la emergencia nacional ante la amenaza de la propagación del COVID19 y otros decretos donde se exige a los hondureños mantenerse en casa; observa que extrañamente se hace todo lo contrario con más de seis mil trabajadores de la industria de bebidas, quienes somos expuestos a dicha pandemia porque las transnacionales ABIn Bev, Coca Cola Co y PepsiCo.

“Nos obligan a permanecer hacinados en los centros de producción  y  a atender diariamente más de 50,000 negocios en todo  el país, valiéndose de dicho decreto y para no pagar salarios”, reza el comunicado.

Por ello exigimos se incluya en el cierre de empresas decretado por el gobierno, la industria de bebidas alcohólicas gaseosas y azucaradas incluyendo el pago de salarios, porque de lo contrario la contaminación y muerte de cualquier compañero será responsabilidad del Gobierno. De esto ya conoce el Ministro de Trabajo, denunció el STIBYS..

Frente a estas denuncias la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva exigió al régimen de Juan Orlando Hernández, tomar cartas en el asunto sobre el llamado que ha hecho el STIBYS, ya que el  hacinamiento de trabajadores en las plantas de procesamiento de bebidas, pone en grave riesgo la salud y la vida de miles de empleados y empleadas.

La defensora de derechos humanos, insistió nuevamente sobre las medidas adoptadas por el régimen, y que tienen que ver con el acondicionamiento de “salas de aislamiento” en el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica, las que calificó como desacertadas.

Lo que vemos ahí es un campo de concentración por las condiciones que el complejo presenta y luego nos preocupa que ese lugar se convierta en un foco de propagación del virus.

“Desde el COFADEH proponemos al régimen, que de manera urgente se habilite los batallones militares, como unidades de atención para albergar a las personas que presenten contagios. Y pedimos que esas unidades militares cuenten con personal especializado de la Secretaría de Salud y que se dote de equipos e insumos”, exigió Bertha Oliva.

Con esta acción habría un ahorro en la emergencia provocada por el coronavirus, además de que habilitar batallones y transformarlos en hospitales en varias regiones del país, representaría un acto de reivindicación de parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) hacia el pueblo hondureño, acotó.

“Luego también el régimen puede contratar hoteles para acondicionarlos como espacios de atención médica, para atender los casos  que según se ha anunciado se presentarán en los próximos días. Con todo esto se garantizaría un trato con dignidad para con los afectados y afectadas.

Por otra parte, el estado debería solicitar a los hospitales privados que presten servicios de salud de manera gratuita a la población. Después de todo, el régimen  cuenta con 460 millones de dólares (más de 11 mil millones de lempiras) para atender la emergencia, dijo.

En un twit divulgado por la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa escribió: “En respuesta al reto lanzado por el Sr Gabriel Rubí respecto a que el colegio preste sus instalaciones para atender paciente. Lo haremos después de que los pacientes no quepan en el nuevo centro cívico gubernamental y en el hospital militar. A su disposición para consultas”.

La Coordinadora General del COFADEH también criticó el hecho de que las autoridades hayan trasladado y confinado por 14 días a unas 25 personas que llegaron provenientes de Costa Rica y que arribaron a la aduana de Las Manos vía terrestre. Los viajeros fueron evaluados por las autoridades sanitarias de Nicaragua y no presentaron ningún síntoma relacionado al coronavirus.