Xenofobia en Estados Unidos, combinación de causas

Rebelión

Por Marcelo Colussi

“Maté en respuesta a la invasión hispana. 

Matar tantos mexicanos como fuera posible” 

(Patrick Crusius, asesino de El Paso, Texas)

Estados Unidos, autoproclamado campeón de la libertad y de la democracia, lo que menos tiene es, justamente, libertad y democracia. El espinoso tema de los migrantes indocumentados lo deja ver con palmaria evidencia. 

No es ninguna novedad que Latinoamérica representa su “patio trasero”, su supuestamente natural resguardo geoestratégico, proveedor de materias primas a precios regalados y obligado cliente para sus productos. Pero además de todo ello: fuente inagotable de mano de obra barata. Muchos de los trabajos realizados en Estados Unidos son efecto de los millones de latinoamericanos que residen en su territorio, en muy buena medida, en calidad irregular en términos migratorios. 

La economía del imperio conoce a la perfección ese carácter “ilegal” (en términos administrativos) de buena parte de la masa trabajadora, y se aprovecha. Siempre ha habido persecución de los inmigrantes irregulares, con lo que se consuma un descarado chantaje: esos trabajadores, huyendo de sus países de origen por la precarias condiciones socio-económicas en que sobreviven, son aprovechados por el capital norteamericano para, chantaje mediante, pagarle sueldos muy bajos en relación a la media estadounidense. Pero pese a que esos ingresos son bajos en términos comparativos, para los latinoamericanos llegados a aquel país, tales salarios representan una “salvación”. Aun viviendo en condiciones indignas, se permiten ahorrar y enviar remesas a sus familiares en América Latina y el Caribe, con lo que se atenúa un poco la grave situación en los países expulsores. 

Todo el mundo sabe esto: autoridades estadounidenses y latinoamericanas. Pero estas últimas prefieren ignorar las condiciones paupérrimas y de sobreexplotación de esa masa de gente, y más aún, el calvario que deben atravesar para llegar a suelo norteamericano, por cuanto esos dólares enviados a su territorio ayudan a soportar mejor la pobreza local. De hecho, en muchos países de la región, las remesas representan entre un 15 a 20% del PIB, llegando en algunos casos hasta un tercio de su economía global. Sin dudas, ningún gobierno de la zona desea perder esa suerte de subsidio; de ahí su silencio cómplice con la desdicha de sus conciudadanos. 

Por otro lado, los capitales estadounidenses sacan provecho de esa enorme masa de inmigrantes indocumentados. En una nota del The New York Times firmada por Eduardo Porter, se afirma sin vergüenza que “mientras más trabajadores crucen la frontera, inevitablemente se reducirá el costo del trabajo. Su mano de obra barata aumenta la producción económica y reduce los costos.” (…) “Ocho de los quince empleos que tendrán el crecimiento más rápido entre 2014 y 2024 -asistentes para cuidar a enfermos en el hogar, preparadores de comida, conserjes en edificios comerciales y otros trabajos similares- no requieren de ninguna preparación”, por lo que el aprovechamiento (explotación despiadada) de inmigrantes hispanos está asegurado. 

¿Por qué ahora, desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, se da esta lucha frontal contra los inmigrantes irregulares? 

Hay en todo ello un inmoral y despreciable doble rasero: se dice una cosa, y se hace exactamente lo contrario. Ello se evidencia en varios aspectos. Por ejemplo: son denigrados y detenidos/deportados inmigrantes mexicanos y centroamericanos, pero se pone el grito en el cielo -golpes de pecho incluidos- con la población que sale de la “narco-dictadura sangrienta” de Venezuela. Habría inmigrantes “buenos” y “malos” entonces. 

Como mínimo, se podrían apuntar tres causas para comprender este endurecimiento de la actual política migratoria del presidente Trump y de su equipo ultra conservador y de derecha radical. 

1. Tiene un carácter electoral. Dada la gradual pérdida de pujanza de la economía estadounidense (luego de la Segunda Guerra Mundial aportaba el 52% del producto mundial, ahora no llega al 20%; la pobreza crece entre sus ciudadanos), el mensaje proselitista de Trump buscó encender pasiones en la clase trabajadora de su país, buscando una explicación sencilla, mecánica, efectista. La apelación a un chivo expiatorio como los “migrantes que roban puestos de trabajo” es un buen expediente. Ante una situación de crisis que no cesa, la masa ciudadana estadounidense puede “dejarse” convencer con facilidad con esa pseudo-explicación. De hecho, evidentemente, pudo votar a favor de ese discurso xenófobo, y no sería improbable que pueda volver a hacerlo en las próximas elecciones. De todos modos, la causa de la pérdida de dinamismo de esa economía no son los extranjeros indocumentados: es la crisis general del capitalismo y la recomposición a nivel global del sistema, con nuevos polos que empiezan a destronar a Estados Unidos. 

2. Racismo y xenofobia extremos. El llamado a levantar muros inexpugnables se fundamenta en un racismo visceral que atraviesa buena parte de la cultura media estadounidense (ver video inicial), de la cual Donald Trump es un claro exponente. En algunos de sus ya famosos mensajes por redes sociales, en el 2018 dijo que los migrantes latinoamericanos son “muy malos”, y no son personas, sino animales; y los lugares de donde provienen son “países de mierda”. De ahí la necesidad de defenderse a muerte de esa “invasión”. Como lo dicen Lajtman y Romano, en esa lucha contra los presuntos “invasores” “Algunas medidas concretas son la instalación de brigadas de seguridad privada, drones, sistemas de geolocalización, cámaras de vigilancia en los trenes y puntos estratégicos; construcción de bardas y equipos de alarma y movimiento alrededor de las vías.” Por lo pronto el gobierno federal tolera grupos civiles armados (no autorizados legalmente) que se constituyen en “cazadores” de inmigrantes que cruzan la frontera, matándolos a sangre fría. Todo ello es el telón de fondo que permitió/incitó a un asesino como el citado en el epígrafe a aniquilar “invasores hispanos”. Aunque luego de esa matanza Washington se vio obligado a “condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca (…) pues “el odio no tiene lugar en Estados Unidos”, el verdadero mensaje lanzado por el presidente, y aceptado por buena parte de la población, es de chovinismo extremo. De ahí estos grupos supremacistas blancos de “cacería de mojados”. Así nació el nazismo en los años 30 del pasado siglo en Alemania. Lo que se está viviendo en el Estados Unidos actual, azuzado por un presidente blanco supremacista que ve con buenos ojos al Ku Klux Klan, no es muy distinto. 

3. El chantaje económico que persiste. Es absolutamente mentira que los latinoamericanos y caribeños que llegan en condiciones paupérrimas al “sueño americano” disputan puestos de trabajo con ciudadanos estadounidenses. Eso es una ignominiosa falacia. El endurecimiento de las condiciones migratorias, además de los motivos antes señalados, sigue siendo un buen mecanismo para el capital, a modo de mantener en su nivel más bajo posible los salarios. Se podría decir: “ejército de reserva industrial” a nivel global. Una buena masa de desocupados/desesperados proveniente de países empobrecidos sirve para ser chantajeada ya en suelo norteamericano, azuzándola con el fantasma de la “Migra” y las posibles deportaciones. Es decir: se le fuerza a trabajar en las peores y más insanas condiciones, so pretexto de ser deportada. ¿Dónde quedan las tan cacareadas libertad y democracia entonces? 

Definitivamente el acuciante problema de las migraciones irregulares cada vez más masivas, que se dan tanto hacia Estados Unidos (provenientes de América Latina) como en Europa (proveniente de África y de Medio Oriente), es una muestra evidente del agotamiento del sistema capitalista. 

La solución no puede ser nunca levantar muros o impulsar políticas y sentimientos xenofóbicos; la única solución es atacar de raíz las causas por las que 1,000 personas diarias llegan huyendo de la pobreza a estas supuestas islas de salvación. Y está visto que el capitalismo no quiere ni puede ofrecer esas soluciones. 

Bote salvavidas para la Tierra

Tom Dispatch

Por John Feffer *

En alguna ocasión, y en el mejor de los casos, se ha comparado a la Tierra con una nave espacial que surca los cielos con una tripulación que trabaja al unísono por el bien común. Gracias al cambio climático, esta metáfora ya no funciona. Nuestro planeta se parece más ahora a un bote salvavidas que presenta una fuga importante. Las personas que van a bordo están comenzando a asustarse y el tiempo corre.

Sin embargo, es el entorno perfecto para poner a prueba el modo mejor de lidiar con situaciones de vida o muerte.

Para tal prueba, imaginen no uno sino dos botes salvavidas de supervivientes flotando en un mar infinito y vacío. Ambos contienen el mismo número de personas y una cantidad limitada de alimentos. Según ciertas conjeturas de un miembro experto de la tripulación, los botes están al menos a cinco días de tierra, siempre que todos remen juntos y no se desvíen del rumbo.

En el primer bote, los supervivientes debaten el problema: ¿Deberían permanecer en el lugar y conservar su energía o partir en busca de tierra? Se dividen en tres comités para abordar los diferentes aspectos del problema y presentar sus conclusiones, asegurándose de que todos hagan sus aportaciones. Debaten durante horas, cada vez más debilitados hasta que ya no tienen energía para hacer nada y el problema se resuelve por sí solo.

En el segundo bote, una persona toma el control, creyendo que solo ella tiene la habilidad y el conocimiento para dirigir el bote salvavidas hacia tierra. No todos están de acuerdo, pero se silencia a los disidentes. Los demás están conformes en que no hay tiempo para más discusiones. El nuevo líder impone las reglas sobre quién rema y quién come. Cuando alguien cae gravemente enfermo, ordena que la persona incapacitada sea arrojada por la borda.

El segundo bote salvavidas se mueve a buen ritmo, pero ¿está yendo en la dirección adecuada?

En el bote salvavidas de la Tierra, el tiempo y los recursos son igualmente limitados. Según la mayoría de los científicos climáticos, la oportunidad para evitar un cambio climático irrevocable es de aproximadamente una docena de años. Sin embargo, la opinión está dividida sobre cómo abordar este problema con la urgencia que requiere.

La comunidad internacional ha intentado, de forma más o menos democrática, evitar el apocalipsis. En 2015, los países del mundo se reunieron en París y negociaron un acuerdo climático no vinculante que fue una victoria para un compromiso, pero un fracaso a la hora de reducir la huella real del carbono en el planeta. En varios países del mundo, las elecciones democráticas llevaron posteriormente al poder a negadores del cambio climático, como Donald Trump, comprometiendo aún más ese acuerdo.

De esta manera, el planeta corre el riesgo de seguir el primer escenario del bote salvavidas: ponernos a hablar hasta que desaparezcamos.

La segunda opción del bote salvavidas -piensen en ella como ecoautoritarismo- parece ajustarse mejor al carácter de los tiempos. La emergencia climática actual coincide con una profunda desilusión con el orden mundial liberal. El autoritarismo se ha vuelto significativamente más popular en estos días, incluso en sociedades democráticas como India, Brasil y Estados Unidos.

Multitud de votantes han abandonado por todo el planeta a los partidos dominantes, desilusionados por la forma en que han apoyado una versión de la globalización económica que ha enriquecido enormemente a quienes ya eran ricos, echado un pulso a la clase media y dejado tirados a los pobres. Esos votantes están recurriendo cada vez más a los populistas de derechas que menosprecian a los “globalistas” y prometen una actuación rápida en una variedad de temas, desde la inmigración hasta el crimen.

Esos autoritarios no podrían, por supuesto, ser menos “ecológicos”. La mayoría de ellos niegan que el cambio climático sea incluso un problema y algunos, como Donald Trump, están colaborando con las compañías gigantes de la energía para calentar aún más rápidamente el planeta. Se han apoderado de los botes salvavidas con el único objetivo de alejarlos aún más del posible rescate.

Demócratas inútiles o autoritarios insensatos: el salvavidas de la Tierra no tiene muchas posibilidades con tales opciones.

No es de extrañar que China haya aparecido como una última esperanza para quienes están frustrados por el letargo de la comunidad internacional y los delirios del eje de la negación. ¿Acaso ese país, después de todo, no ha redirigido enormes fuentes de financiación hacia la energía sostenible? ¿No era la política coercitiva de un solo hijo de ese Estado una forma crítica de abordar la superpoblación y, por extensión, el consumo de recursos? ¿No está China avanzando con más firmeza en el vacío de liderazgo internacional creado por la retirada nacionalista de Trump? Sin embargo, al igual que en el segundo escenario del bote salvavidas, es posible que China no esté yendo en la dirección correcta.

Así pues, aquí estamos: doce años, botes salvavidas con fugas y ningún refugio seguro a la vista.

La tragedia en curso del patrimonio común

A principios de la década de 1970, después del primer Día de la Tierra, el problema del bote salvavidas parecía estar en la mente de todos. Cuando llegó la crisis del petróleo en 1973, la energía, de repente, ya no parecía un recurso inagotable. La superpoblación amenazaba con superar la producción de alimentos. La contaminación oscurecía los cielos sobre las principales ciudades y los deshechos industriales inundaban las aguas. Los ambientalistas aprovecharon al máximo la ocasión para exponer la despiadada explotación de los recursos en el corazón de los sistemas capitalista y comunista.

Hace casi medio siglo, algunos pensadores visionarios sentían ya preocupación por el cambio climático. En una investigación sobre la perspectiva humana en 1973, el politólogo Robert Heilbroner delineó los diversos desafíos ambientales que enfrentaba el mundo, incluida la “contaminación térmica global”, antes de concluir que solo una combinación de disciplina militar y fe religiosa podría transformar el orden social.

El científico político William Ophuls, que escribió en 1973, planteó el problema aún más claramente como “Leviatán o el olvido”. O la humanidad optaba por un “gobierno con grandes poderes coercitivos” para preservar el medio ambiente o bien podría darse por vencida. Varios años más tarde, también aplicó su argumento a las relaciones internacionales, escribiendo: “La lógica ya sólida de un gobierno mundial con suficiente poder coercitivo sobre Estados-nación ansiosos por lograr lo que los hombres razonables considerarían como el interés común planetario se ha vuelto abrumadora”.

Por supuesto, no se ha logrado ese gobierno mundial. Las autoridades internacionales que existían en ese momento demostraron no tener ni el poder coercitivo ni la voluntad necesaria para la tarea. Sin embargo, en 1979, científicos de 50 naciones se reunieron en Ginebra en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima para emitir un llamamiento a la acción sobre el calentamiento global. Más tarde, ese mismo año, los líderes de los siete países más ricos del planeta estuvieron realmente de acuerdo en la necesidad de reducir las emisiones de carbono (algo olvidado hace mucho tiempo en el siglo XXI). Esas reuniones de 1979 iniciaron lo que Nathaniel Rich describe en su artículo (y ahora libro), Losing Earth, como la década de las oportunidades perdidas en la lucha contra el cambio climático. En 1989, diplomáticos de 60 países finalmente se reunieron para aprobar un tratado vinculante sobre el tema. “Entre los científicos y los líderes mundiales, el sentimiento fue unánime”, escribe Rich. “Debían tomarse medidas y Estados Unidos tendría que ponerse al frente. Pero no fue así”.

Hubo ahí una vívida exhibición temprana del primer escenario del bote salvavidas: mucha conversación, ninguna acción.

Esos primeros esfuerzos para lidiar con el cambio climático fueron todos una respuesta, en diferentes formas, a lo que el ecologista Garrett Hardin había llamado la “tragedia de los bienes comunes”. En un famoso ensayo de 1968, describió un problema antiguo: los pastores dejaron pastar a su escaso ganado en una pradera común sin pensar mucho en el futuro; sin embargo, hay un momento en el que el ganado se multiplica o hay más campesinos que se sienten atraídos por el pasto ante el rumor de forraje gratuito y, tarde o temprano, se comen todo el pasto, la superficie vegetal desaparece y los campos quedan devastados.

Para evitar tal escenario, es obviamente necesario intervenir. Según los entusiastas del capitalismo de laissez-faire, la mano invisible del mercado debería resolver el problema vendiendo el campo al mejor postor. Los partidarios del comunismo al estilo soviético sostuvieron que nacionalizar la propiedad la protegería en última instancia. Al final resultó que ni el capitalismo ni el comunismo tuvieron una gran trayectoria en lo que respecta a la protección de esos bienes comunes. La mano invisible demostró no tener buena mano para las plantas, al igual que la mano demasiado visible de la planificación estatal.

Aún así, en la década de 1970, era común suponer que los dos sistemas convergerían tarde o temprano en algún punto socialdemócrata en el horizonte lejano. En lo que respecta al medio ambiente, en otras palabras, dos errores podrían de alguna manera hacer un bien. En su libro Ark II de 1974, Dennis Pirages y Paul Ehrlich propusieron agregar una “rama para la planificación” al gobierno estadounidense, que podría abordar problemas sistémicos como la crisis ambiental mediante el desarrollo no solo de planes quinquenales, como en la Unión Soviética, sino de planes para diez años o incluso también para cincuenta años.

En cambio, los estadounidenses, y el resto del mundo, corrieron gritando en la dirección opuesta. El debate en la década de 1970 sobre el posible uso del poder estatal para hacer frente a las urgentes preocupaciones ambientales dio paso, en las décadas de 1980 y 1990, a la obsesión del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, por un capitalismo sin restricciones en el que la planificación estatal iba a ser “que no” (fuera del Pentágono). Mientras tanto, el aumento de los rendimientos de la agricultura industrial, las modestas reformas ambientales de las principales potencias y los avances tecnológicos que hicieron posible la globalización parecieron disminuir la urgencia de la crisis ambiental (excepto entre los ambientalistas). Las largas colas en las estaciones de servicio eran cosa del pasado y el aire sobre la mayoría de las ciudades se hizo más claro, mientras que la comunidad mundial esquivaba la bala de la reducción del ozono a través de una rara instancia de cooperación global. La nave espacial Tierra parecía estar avanzando bastante bien, muchas gracias.

Pero hubo un detalle insignificante que incluso los ecooptimistas ya no pudieron ignorar. Las temperaturas globales continuaron aumentando de manera espectacular, un problema impermeable a los modestas políticas de ajustes, soluciones de libre mercado, o incluso, al parecer, acuerdos globales. Hablar sobre el cambio climático no hacía que el cambio climático desapareciera.

Y así fue cómo regresó Leviatán.

“Incluso las democracias más avanzadas están de acuerdo en que cuando se acerca una guerra importante, la democracia debe quedar en suspenso por el momento”, dijo el científico James Lovelock en 2010. “Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un problema tan grave como una guerra”. Una gran cantidad de libros en los últimos años han abordado la cuestión de si la democracia puede manejar el cambio climático. En Climate Leviathan, los teóricos políticos Geoff Mann y Joel Wainwright sospecharon que William Ophuls era profético, que un poderoso hegemón “tomaría el mando, declararía una emergencia y traería orden a la Tierra, todo en nombre de salvar vidas”. En The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy , David Shearman y Joseph Wayne Smithidentificaron la posible solución al estilo   Singapur: el gobierno de una clase ilustrada de mandarines tecnocráticos.

Sin embargo, no todos fueron tan rápidos en renunciar a la democracia. Los libertarios, liberales y radicales rechazaron la opción ecoautoritaria. Los libertarios estaban preocupados por las limitaciones de los derechos individuales. Los liberales señalaron que solo las democracias pueden responsabilizar a sus líderes por la dirección que toman, mientras que el “autoritarismo real existente” generalmente no puede hacerlo. Los radicales como la ecologista Naomi Klein instaron igualmente a más democracia a medida que los activistas climáticos, a través de bloqueos de tuberías y protestas contra el fracking, desafiaban el nexo de las corporaciones transnacionales y los gobiernos corruptos.

Sin embargo, como en la década de 1970, la comunidad internacional ha seguido demostrando ser demasiado débil para hacer cumplir cualquier cosa, mientras que los efectos del cambio climático en forma de clima extremo, olas de calor impresionantes, crecientes inundaciones y la expansión de las temporadas de incendios forestales se hacen cada vez más evidentes.

Mientras tanto, Estados Unidos, particularmente bajo Donald Trump, no está interesado en liderar el camino para reducir las emisiones de carbono. Por lo tanto, actualmente solo hay un candidato viable para un Leviatán climático

China y el cambio climático  

Dos semanas después de la represión de la Plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, 30 líderes del Partido Comunista Chino se reunieron para respaldar la respuesta violenta del gobierno a los manifestantes. Anteriormente, había habido desacuerdos profundos en el Partido sobre cómo lidiar con el movimiento de protesta y con el proceso de reforma en general. Después de la tragedia del 4 de junio, surgió un nuevo consenso entre los poderosos de ese país: China necesitaba un líder fuerte, un “gran timonel”, en la tradición de Mao Zedong, que pudiera eliminar el faccionalismo.

Prescribir una solución a los problemas de liderazgo de China era una cosa, completar esa receta otra cosa muy diferente. Los líderes post-Tiananmen del país, Jiang Zemin y Hu Jintao, no tenían exactamente material de timonel. En pocos años, China iba a la deriva sin una gran estrategia o una firme coordinación desde arriba.

Luego, en 2012, llegó Xi Jinping. En los años que siguieron, desde el punto de vista interno, promovería un “sueño chino” de prosperidad económica y restauración de la dignidad nacional, una especie de programa Make China Great Again. En política exterior, presentaría una Belt and Road Initiative para construir infraestructuras por tierra y mar que hicieran crecer las economías de los vecinos de China, al tiempo que hacía que Beijing fuera cada vez más central en mercados aún más lejanos.

Se estaba gestando un Leviatán: un Estado fuerte y centralizado que ya no se ve obstaculizado por las disputas entre partidos, que ya no está limitado por intereses públicos o movimientos en las calles que reclaman sus derechos. Como presidente del país, Xi no mostró dudas sobre tomar el control del timón del Estado. Después de consolidar su poder mediante purgas contra la corrupción, se declaró a sí mismo líder de por vida en 2018.

Mientras tanto, ha seguido redirigiendo grandes sumas hacia energías renovables. Para 2017, el gobierno planeaba dedicarle 360. 000 millones de dólares hasta 2020, creando trece millones de nuevos empleos en ese sector. En estos años, China ha instalado más paneles solares y generadores de energía eólica que cualquier otro país en la Tierra, el triple, aproximadamente, que el segundo, EE.UU. Es líder en la producción y exportación de la mayoría de los componentes clave de un futuro de energía limpia, desde turbinas eólicas hasta vehículos eléctricos. Aún más revelador es cuántas patentes de energía renovable ha registrado China: 150.000. El número dos nuevamente es Estados Unidos, con alrededor de 100.000.

Así pues, China ha surgido como un Leviatán aparentemente capaz, combinando la planificación estatal con un abrazo ferviente de las fuerzas del mercado para cumplir los sueños de los teóricos de la convergencia de la década de 1970, al tiempo que crea un fuerte conjunto de incentivos nacionales a favor de las energías renovables.

Sin embargo, desafortunadamente, la solución china se parece a cualquier cosa menos a un camino ecoautoritario de éxito, en parte porque Beijing está utilizando su Iniciativa Belt and Road para mantener un statu quo ambiental insostenible en una escala cada vez más planetaria. Poco importa que Xi Jinping haya calificado el proyecto masivo de verde y sostenible. Los registros sugieren hasta ahora otra historia bastante diferente. Por ejemplo, China ahora está construyendo o planea construir 300 plantas alimentadas con carbón en el extranjero como parte de su impulso de infraestructura global, aunque reduzca modestamente los contratos estatales para plantas similares en el país. Y sucede que Beijing también tiene que lidiar con su equivalente en la industria del carbón de Virginia Occidental, y lo está compensando con grandes cantidades de contratos internacionales.

Pero las plantas de carbón son solo la parte más obvia del problema. Todas las carreteras que China está construyendo estarán llenas de automovilistas y camioneros. Todos sus puertos nuevos y renovados albergarán enormes barcos que consumen mucho gas. Algunos de sus proyectos amenazan los bosques que absorben carbono y otros ecosistemas delicados. Y luego está el deseo no tan oculto de China de utilizar toda esta infraestructura futura para obtener acceso a las materias primas. Solo en África, China está invirtiendo   más de 100.000 millones de dólares al año para obtener minerales cruciales. “El esfuerzo para asegurar estos recursos ha generado su propio auge de infraestructuras, algo que por lo general implica la construcción de carreteras a gran escala, ferrocarriles y otras infraestructuras para transportar productos destinados a la exportación desde las zonas interiores a los puertos costeros”, escribe el periodista Basten Gokkon.

Por supuesto, no es demasiado tarde para ecologizar ese proyecto Belt and Road. Equipos como la Iniciativa Global de Crecimiento Verde están trabajando para reducir la huella de carbono de China en el extranjero. Hace un par de años, China emitió incluso su propio Bono Verde para el Clima por valor de 2.150 millones de dólares para financiar energías renovables y eficiencia energética.

Pero aquí está la ironía. Cuando se trata de la Iniciativa Belt and Road, China en realidad no es lo suficientemente Leviatán. Aunque la autoridad centralizada del Partido está en manos de Xi Jinping, esos proyectos de infraestructura provienen de toda una variedad de fuentes en China, incluidas diferentes agencias gubernamentales, provincias que compiten entre sí y el sector empresarial. Al Estado chino ya le resulta difícil, incluso con un nuevo y más poderoso Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y un equipo de policías medioambientales, imponer normas estrictas dentro del país, mostrando poco interés o capacidad a la hora de imponerlas fuera de sus fronteras.

Coerción mutua

En realidad, China no está presentándose a una selección para la tarea de Leviatán Climático Ecoautoritario, al menos no todavía, mientras que el resto de los autoritarios que han salido a la luz, como Donald Trump o el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, parecen estar ferozmente centrados en impulsar las emisiones de carbono, no en limitarlas. Mientras tanto, no parece que las pacientes negociaciones en las conferencias de la ONU puedan proponer las soluciones necesarias, mucho menos implementarlas, antes de que se cierre la ventana de las oportunidades. No es de extrañar que Nathaniel Rich y otros lamenten que la humanidad deba contemplar ahora no solo la disminución y adaptación frente a la crisis del calentamiento global sino el fracaso absoluto.

Sin embargo, por el horizonte está apareciendo en potencia un tipo de Leviatán climático bastante diferente: el Green New Deal, o GND. Por ahora sigue siendo más un eslogan que un plan elaborado, pero va ganando espacio dentro de un Partido Demócrata que compite por el poder en 2020 y el interés por él está creciendo también internacionalmente. Puede que se trate solo de un par de elecciones, en unos pocos países clave, lejos de la viabilidad política.

Para lograr el objetivo global del GND de emisiones netas cero de carbono para 2050, Estados Unidos tendría que liderar el camino con su propia versión ecológica de una iniciativa Belt and Road, un proyecto de desarrollo masivo de infraestructura que involucraría el ferrocarril de alta velocidad, la modernización energética de los edificios y enormes inversiones en energía renovable (así como la creación de un número asombroso de empleos). Y tendría que hacer todo esto sin compensar a las industrias contaminantes con contratos de exportación, como ha hecho China.

Piensen en ello como un potencial futuro lanzamiento verde estilo Apolo 11: una movilización enfocada hacia la inversión, la construcción y la resolución administrativa para lograr lo que hasta ahora se consideraba imposible.

Ese último elemento, la resolución administrativa, podría ser el más complicado. La tripulación actual mundial de populistas de derechas no solo son escépticos respecto del cambio climático. La mayoría también está comprometida con lo que Steve Bannon, el antiguo gurú de Trump, ha llamado la “deconstrucción del Estado administrativo”. En otras palabras, quieren reducir el poder del gobierno a favor del poder de las corporaciones (y de los ricos). Quieren eliminar la capacidad del gobierno para administrar proyectos a gran escala a nivel nacional y negociar acuerdos internacionales que afecten a la soberanía del Estado-nación.

En última instancia, quieren eliminar lo que Garrett Hardin identificó como la única forma de evitar la tragedia de los bienes comunes: “coerción mutua mutuamente acordada”. Para impulsar un New Deal Verde en Estados Unidos, por ejemplo, un Congreso claramente no republicano tendría que obligar a una amplia gama de intereses poderosos (compañías de carbón, corporaciones de petróleo y gas, fabricantes de automóviles, el Pentágono, etc.) a pasar por el aro. Y para cualquier pacto global que ponga en marcha algo similar, una autoridad internacional como la ONU tendría que obligar a los países recalcitrantes o no conformes a hacer lo mismo.

Algo tan transformador como el New Deal Verde, un Leviatán Climático logrado democráticamente, no se va a producir porque el Partido Demócrata o Xi Jinping o el secretario general de la ONU se den cuenta de repente que es necesario un cambio radical, ni tampoco a través del procedimiento parlamentario y del Congreso ordinario. Un cambio importante de este tipo solo podría provenir de una forma de democracia mucho más básica: la gente en las calles involucrada en acciones como huelgas de estudiantes y bloqueos de las minas de carbón. Este es el tipo de presión que los legisladores progresistas podrían utilizar para impulsar un Nuevo Acuerdo Verde, mutuamente acordado, capaz de construir una poderosa fuerza administrativa que pudiera convencer o obligar a todos a preservar los bienes comunes globales.

Coerción: no es exactamente un eslogan de campaña muy sexy. Pero si las democracias no adoptan lanzamientos como el New Deal Verde, junto con el aparato administrativo, y obligan a los intereses poderosos a que lo cumplan, entonces el creciente caos político y económico del cambio climático marcará el comienzo de regímenes aún más autoritarios que ofrecen un régimen completamente diferente de agenda coercitiva.

El New Deal Verde no es solo una importante iniciativa política. Puede ser el último método democrático de guiar el bote salvavidas de la Tierra a puerto seguro. 

* John Feffer, colaborador habitual de TomDispatch, es autor de la novela distópica Splinterlands (publicada por Dispatch Books) y director de Foreign Policy in Focus en el Institute for Policy Studies. Su última novela es Frostlands (Haymarket Books), segundo volumen de su serie Splinterlands.

Cultura patriarcal hace que la pobreza tenga rostro de mujer en Honduras

Radio Progreso

De piel curtida y reseca, con sus ojos tristes doña Marlen, quien vive en un bordo de San Pedro Sula, indica que anoche durmieron apenas una hora. La tormenta que azotó empapó su casita, construida de pedazos de madera, lámina y nailon.

Mientras nos cuenta su situación, sus dos nietas juegan en el pequeño patio donde puso a solear    una vieja cama y dos colchones que fueron empapados de agua lluvia. Marlen, es sólo el reflejo de la realidad que enfrentan millones de mujeres en Honduras.

Su rostro delata un eterno sufrimiento. “Trabajo desde que tenía 10 años y no tengo absolutamente nada. La semana pasada cumplí 57 años y  por mi edad la situación es más crítica”, indicó entre lágrimas. Su única fuente de trabajo es salir cada día a las seis de la mañana a recoger basura reciclable, para sostener a su familia.  

Aluminio, botes de plástico, papel y latas, son algunos de los materiales que recicla, así como muchas veces consiguen ropa, juguetes o algún electrodoméstico con algún defecto, pero reutilizables que las personas les regalan para que hagan uso de ellos o los vendan.

Tiene a cargo dos hijos y dos nietas, y su preocupación diaria es qué comerán. Con suerte ayer consiguieron 60 lempiras para comprar huevos, frijoles y tortillas para el almuerzo y la cena de este día. “Por hoy nos fue bien. Pero, en otras ocasiones nos acostamos con el estómago vació”, indicó.  

La situación de Marlen es la misma de María, Sofía, Mirna, Claudia, en fin de millones de mujeres en Honduras. Las escenas son iguales, lo único que cambia son los lugares y nombres. En Tegucigalpa, San Pedro Sula, Intibucá, Lempira, La Paz, en fin, en los 18 departamentos, campea la pobreza, la miseria y desigualdad.

Cultura patriarcal

La pobreza es un fenómeno nacional, pero que afecta más duramente a las mujeres. De manera general tiene que ver con la injusta distribución de la riqueza. Unas pocas familias lo tienen todo y las mayorías sobreviven en la miseria. Sin embargo, en el caso de las mujeres se suma otro elemento, “el sistema patriarcal (favorece a los varones) las lleva a vivir en mayor pobreza en comparación a los hombres”, indicó Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida.  

A las miles de historias de extrema pobreza femenina, el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, pone cifras y asustan;  en más de 700 mil hogares, la madre es la única que está al frente de la familia. Entonces ellas se ven obligadas a dividir su tiempo para cuidado y la educación de sus hijos e hijas, sumado a las exigencias propias de las tareas domésticas, y la presión por la responsabilidad de velar por la economía de la casa. 

“En países como el nuestro la discriminación de género significa que las mujeres cuentan con menos recursos para hacerle frente. Tienen más probabilidades de ser las últimas en alimentarse, las últimas en acceder a la atención sanitaria y la educación”, aseguró Carolina Sierra.

A renglón seguido dijo que, la cultura patriarcal conlleva a que las mujeres ganen menos que los hombres, a que dedican más tiempo que ellos a los cuidados domésticos y tienen menos posibilidades de acceder al mercado laboral. Luego la mujer se enfrenta a un sistema de violencia sexual, física, psicológica y económica.

La ONU calcula que, en el mundo, siete de cada diez pobres son mujeres. Es así porque la perspectiva de género no está incorporada ni en la economía ni en las políticas públicas. “Si no logramos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no vamos a poder hablar de justicia social”, indicó Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida.  

Relator especial urge adoptar las medidas necesarias para poner fin a la corrupción y garantizar la independencia judicial

Defensores en Línea

“Hoy en día, la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras”, concluyó el Relator Especial de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, al término de su visita oficial a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2019.

“El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo”, añadió el experto.

Según García-Sayán, el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, a pesar de que sus aspectos fundamentales sean coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes.

“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, dijo el relator especial. En particular, el experto auspició que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.

García-Sayán también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto. “La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, dijo el relator especial.

Durante la visita, el Relator Especial puso énfasis en la importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción. Pudo constatar los esfuerzos institucionales que se han traducido en avances concretos como la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión así como la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el Ministerio Público.

“Insto a que la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y

Operadores de Justicia en cuanto a fortalecer las medidas de protección para la protección de la vida e integridad de operadores(as) de justicia en riesgo. Igualmente, que se investigue con debida diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de operadores(as) de justicia”, concluyó García-Sayán.

Finalmente, García-Sayán destacó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, auspiciando que al vencerse en enero de 2020 el actual mandato de la MACCIH sea renovado consolidando y fortaleciendo sus funciones.

El Relator Especial presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.

Observaciones preliminares sobre la visita oficial a Honduras del Relator Diego García-Sayán

Defensores en Línea

Por invitación del gobierno, he pasado esta semana en Honduras para evaluar las medidas adoptadas por el Estado para asegurar la independencia de los jueces, los fiscales y el libre ejercicio de la profesión legal. Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno, en particular a la Secretaría de Derechos Humanos, por su hospitalidad, su labor para que esta misión sea un éxito.

Me reuní con altos funcionarios de varias secretarías del Poder Ejecutivo, miembros del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, jueces y magistrados de varias cortes y tribunales, y miembros de Ministerio Público, incluyendo al Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, y fiscales de las fiscalías especializada, como la UFECIC. También me reuní con el Comisionado para los Derechos Humanos (CONADEH).

Con el apoyo del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, me entrevisté con una amplia gama de representantes de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y el gremio empresarial Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), asociaciones de jueces, fiscales y abogados, académicos, miembros de la comunidad de donantes, así como representantes de organizaciones internacionales y regionales. Quisiera expresar mi gratitud a todos los jueces, fiscales, abogados, académicos y organizaciones que compartieron conmigo sus experiencias y opiniones.

La independencia judicial

El principio de independencia del poder judicial se deriva de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en particular del principio de separación de poderes. De acuerdo con este principio, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado. La Constitución, las leyes y las políticas de un país deben garantizar que el sistema de justicia sea verdaderamente independiente de los demás poderes del Estado de manera que la población tenga la certeza de que cuenta con un sistema de justicia que actúa y resuelve exclusivamente en base a la Constitución y la ley.

De la misma forma, los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura, adoptados por las Naciones Unidas en 1985, establecen que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura (principio 1), y que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (principio 2).

Estas son mis observaciones y recomendaciones preliminares sobre la independencia del poder judicial en Honduras.

Abarcan sólo una fracción de todos los temas y cuestiones que he identificado esta semana durante las actividades que llevé a cabo. Animo a las personas a que continúen acercándose a mí con sus preocupaciones a medida que redacte el informe en las próximas semanas y meses.

Seguiré desarrollando esta evaluación en mi informe oficial, que presentaré al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020.

Mi evaluación inicial se desarrolla alrededor de tres temas principales: separación de poderes, impacto de la corrupción y el crimen organizado sobre la independencia judicial e inseguridad ciudadana, incluyendo las afectaciones a los operadores de justicia.

Para comprender la situación actual en Honduras, debemos tener en cuenta no sólo las leyes, políticas y regulaciones relacionados específicamente con la administración de justicia y el libre ejercicio de la profesión de abogado, sino también los aspectos institucionales más amplios y las políticas públicas que puedan afectar a la independencia del poder judicial y la separación de poderes.

Hoy en día, la independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras.

El sistema de administración de justicia, así como la clase politica y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo.

Según los últimos datos del Latinobarómetro de las Américas 2018, solo el 25% de la ciudadanía dice apoyar al sistema judicial. El nivel de confianza en otras instituciones del Estado también aparece muy baja: gobierno: 25%; Congreso Nacional: 21%; Fuerzas Armadas: 35%; Policía Nacional: 33%. De acuerdo con este estudio, los partidos políticos solo tendrían el 13% de confianza ciudadana.

En un contexto como éste, el sistema de administración de justicia ocupa un espacio singularmente importante. Tiene que ver con un aspecto esencial del Estado de Derecho que es el de procesar la conflictividad y la inseguridad por medios institucionales y previsibles que supongan no sólo respeto a estándares democráticos sino, a la vez, eficacia en los resultados.

La clase politica y las instituciones del Estado solo se pueden legitimar a través de una profunda reforma y fortalecimiento democrático del sistema judicial que mire no solo a mejorar su eficiencia y transparencia, sino también a depurar la administración de la justicia de todas las interferencias y poderes que, en este momento, generan dudas legitimas sobre su independencia y imparcialidad.

Separación de poderes e independencial judicial

Un poder judicial independiente e imparcial desempeña un papel esencial en la protección y promoción de los derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho. El sistema judicial es también un elemento esencial de control y equilibrio con y entre los demás poderes del Estado, asegurando que las leyes adoptadas por el poder legislativo y los actos del poder ejecutivo se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos y al Estado de Derecho.

La independencia de la judicatura es un principio esencial en un Estado democrático. Ello tiene que ver con un abanico de componentes entre los que se incluyen aspectos que van desde el diseño institucional hasta su independencia efectiva tanto frente a otros poderes públicos como frente a espacios fácticos de poder, tanto legales como ilegales.

Dentro de esto se incluyen asuntos como el procedimiento y las calificaciones para la selección y nombramiento de jueces o fiscales, las garantías en relación con su estabilidad en el cargo, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo y fuerzas de poder fáctico que existan en la sociedad.

Desde mi punto de vista, el marco normativo y institucional de Honduras presenta aspectos fundamentales coherentes con estos principios pero, a la vez, contradicciones y lagunas muy graves. Tal como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia.

La Constitución establece que la justicia se imparte “por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes” (art. 303) . Si bien existen diversas normas legales que regulan distintos aspectos de la función judicial, estas carecen de la consistencia requerida y abren una serie de espacios imprecisos sobre aspectos tan relevantes como la carrera judicial y el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2016. Por efecto de esta decisión, la organización y el funcionamento de la justicia hondureña son hoy día reguladas por la obsoleta y derogada Ley de la Carrera Judicial de 1985, que dicha sentencia de la Corte volvió a poner en vigencia. Cabe señalar que esa ley había sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros por no garantizar los derechos de jueces y juezas en relación con varios aspectos de la carrera judicial y del régimen disciplinario.

El aspecto más preocupante de la declaratoria de inconstitucionalidad es que además de crear un grave vacío legal que luego de tres años sigue sin resolverse, junto con esta decisión se puso en vigencia un decreto transitorio del Poder Legislativo, que otorgó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de manera unipersonal, todas las potestades relativas a la dirección y organización administrativa y financiera del Poder Judicial. Una concentración de poder muy grande en una sóla persona y, a la vez, fusión en esa misma persona de funciones administrativas y jurisdiccionales que, por definición, son espacios diferentes.

Desde mi punto de vista, la Corte Suprema de Justicia debería centrar su labor en sus funciones jurisdiccionales, absteniéndose de concentrar los aspectos administrativos los que, por definición, requieren crecientemente especialización en una gerencia con poderes adecuados o en un nuevo Consejo de la Judicatura. En varias ocasiones, el Presidente de la Corte ha hecho alusión a una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que la Corte estaría redactando por medio de dos comisiones establecidas por la Corte misma. Sin embargo, se desconoce el estado actual de este borrador y su contenido.

Interferencias

Pasando a la analisis del marco institucional, las entrevistas que he tenido con varios actores estatales y de la sociedad civil comprueban la existencia de varios tipos de interferencia en la organización y el ejercicio del sistema judicial y, en particular, de las funciones de la Corte Suprema por parte del poder legislativo y ejecutivo que amenazan la independencia de esta Corte y del poder judicial en su totalidad.

El ejemplo mas evidente de estas interferencias fue la destitución de tres magistrados y una magistrada en 2009 en razón de las expresiones y las acciones que habían realizado para condenar el golpe de Estado del 2009. En febrero de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que cuando la democracia está en peligro, los jueces tienen no solo el derecho, sino la obligación de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho.

En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a un fallo en el que se declaraba inconstitucional la aplicación de pruebas de confianza a funcionarios(as) de la Policía Nacional de Honduras, lo cual era de interés por parte del Poder Ejecutivo, como parte del proceso de la denominada “depuración policial”.

La destitución de jueces y magistrados por parte de otros poderes del Estado constituye la más alta forma de interferencia con la independencia del poder judicial, y debe ser condenada sin excepción. Los jueces solo pueden ser destituidos por razones graves de mala conducta o incompetencia, y de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidas en la Constitución y en la ley. Fuera de estos casos, la destitución de jueces por el poder político es incompatible con la independencia del poder judicial.

Al margen de este aspecto, también constituye un aspecto que debilita la institucionalidad del sistema judicial la inexistencia de métodos claros, transparentes y regulados con precisión en los procesos de selección y acceso a la función judicial. La opacidad en los procedimientos vigentes así como la falta de transparencia impide la profesionalización de la judicatura.

Una forma más sutil de interferencia es constituida por el procedimiento actual para la designación de altos funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y su Ajunto. La informaciónes que he recibido en relación con estos procesos y los resultados de las elecciones más recientes evidencian la necesidad de revisar profundamente los procesos de selección y el nombramiento de estas funciones de alto rango, para que se basen únicamente en criterios objetivos previamente establecidos por la ley, y que sean seleccionados únicamente sobre la base de sus méritos, teniendo en cuenta las calificaciones, aptitudes y capacidades de los candidatos, así como su integridad, independencia e imparcialidad.

Es relevante destacar como una excepción notable, en este aspecto, los procesos de selección de los juzgados y tribunales contra la corrupción y contra la extorsión realizados el 2016 así como en la selección de los fiscales que componen lo que actualmente es la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) generados dentro del marco de la cooperación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). En este proceso de selección se destacó que hubiera postulaciones, examenes, participación de la sociedad civil y entrevistas públicas.

Confusión de funciones: Consejo de Seguridad y Defensa

Regulado por el Decreto 239-2011, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa reúne, bajo la presidencia de la república, al presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema, Fiscal General, Secretario de Seguridad y Secretario de Defensa Nacional.

Si bien, en principio, no es cuestionable que exista una instancia en la que los poderes del Estado se interrelacionen para tratar temas de interés nacional, en este caso se trata de un ente claramente operacional y dependiente del poder ejecutivo. Es cuestionado por diferentes sectores de la sociedad, además, que en esa instancia se diseñen estrategias y planes operativos concretos que, por su propia naturaleza, pueden quedar sujetos luego a examen por el poder judicial o el ministerio público en lo que es propio de sus atribuciones.

La propia normatividad que regula al Consejo le otorga atribuciones ejecutivas y una estructura organizativa en la que resulta extraña la incorporación del presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General en su composición y proceso de toma de decisiones. Así, le corresponde al Consejo diseñar “… las estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de las conductas delictivas” (art. 3) y conduce una Dirección de Inteligencia encargada de “…ejecutar las políticas públicas que en materia de Defensa y Seguridad establezca el Consejo”.

En aras de la independencia sustantiva funcional y sustantiva de la administración de justicia y de la del ministerio público, correspondería modificar sustancialmente su composición y estructura de manera que no se vea afectada la independencia que requieren los órganos de administración de la justicia en el país.

Corrupción, crimen organizado e independencia judicial

La corrupción y el crimen organizado son dos problemas serios que agobian a la sociedad hondureña. Ambos interactúan con amenazas constantes a la independencia judicial impactando de manera severa en la dinámica cotidiana, en la independencia y capacidad de instituciones que están llamadas por la Constitución precisamente a enfrentar estos males y a juzgar y sancionar a los responsables.

En mi visita presté especial atención a esta problemática y pude constatar los esfuerzos institucionales que se han traducido algunos avances para hacer frente a estas amenazas pero, a la vez, preocupantes trabas que acaban impidiendo la sanción penal a quienes han delinquido contra la sociedad hondureña.

En el lado positivo de la balanza destaca el desarrollo institucional consistente en la creación y establecimiento el 2017 de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión así como la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el Ministerio Público. Estos pasos se dieron con el valioso apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Es destacable que, a diferencia de otros espacios del sistema judicial en los que son borrosos los criterios de selección y designación de sus integrantes, en este caso se puso en marcha un concurso público de méritos para la escogencia y designación de quienes conducen estos juzgados y tribunales. Lo propio ocurrió en la designación de los fiscales integrantes de la UFECIC cuya designación siguió a un concurso y examen entre fiscales de la institución.

Estos pasos institucional han permitido fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público en el ámbito de la anticorrupción y presentar, luego, varios casos ante los órganos del sistema judicial. No obstante, ya que la mayoría de las investigaciones avanzadas y concluidas implicaban a altos funcionarios del Estado, las mismas no fueron derivadas a los juzgados o tribunales anticorrupción sino a la Corte Suprema en virtud de la norma contenida en el art. 415 del Código de Procedimientos Penales.

Es negativo el balance del curso que tuvieron estos casos cuando se encontraron bajo conocimiento de la Corte Suprema. En ninguno de estos procesos penales ha prosperado tanto por responsabilidad de la propia Corte como por la injerencia del Congreso. Las trabas e impedimentos presentados han traducido, hasta el momento, en la impunidad de los delitos cometidos. Algunos ejemplos emblemáticos ilustran esto con claridad.

En el caso “Red de Diputados”, por malversación de caudales públicos, en el que se encuentran imputados cinco diputados, entre otras personas más, el caso llegó a la Corte Suprema. En ese contexto, se introdujeron en enero de 2018 en el Congreso sorpresivas reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto No. 141-2017) de manera que en un caso sobre malversación se debería requerir previamente un examen e informe por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Con base en eso, la magistrada de la Corte Suprema a cargo decidió archivar la investigación penal y transferir el caso al TSC que tiene tres años para informar. Esta decisión se encuentra bajo apelación ante la misma Corte Suprema sin que la misma resuelva el recurso con lo que el proceso se encuentra completamente paralizado allí desde febrero del 2018.

Otro caso grave de corrupción que se encuentra también trabado en la Corte Suprema, es el conocido como “Pacto de Impunidad” y se refiere a alteraciones irregulares al texto del Decreto 141-2017 luego que este fuera aprobado el 18 de enero de 2018 y se publicaron el 26 de enero. En dicha “fe de erratas” se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados las que se tradujeron en la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos. Al amparo de esa reforma, la Corte Suprema decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”. El equipo integrado de investigación y persecución penal formuló requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno. El proceso contra el único imputado que queda (sobre el otro se dictó sobreseimiento definitivo) no avanza en la Corte Suprema.

En el denominado “caso Pandora”, por malversación de caudales públicos y otros delitos, se imputó a un Exsecretario de Agricultura y Ganadería y otros 37 funcionarios y personas naturales por la utilización indebida de fondos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaria de Finanzas a través de una fundación usada para financiar, supuestamente, proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes, habrían sido destinados, en realidad, a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales para lo que habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y del Partido Liberal (PL). De los 38 imputados, tres permanecen en la cárcel, tres con sobreseimiento definitivo, tres prófugos y 29 con medidas distintas a la prisión. El proceso en la Corte Suprema se encuentra paralizado. Está pendiente, desde julio de 2018, que se resuelvan las apelaciones planteadas por la defensa y el Ministerio Público.

En este contexto, la experiencia demuestra la urgencia de diseñar mecanismos institucionales eficientes e independientes de investigación y procesamiento judicial para lo cual lo transcurrido en los juzgados y tribunales anticorrupción y el papel de la UFECIC arroja luces muy importantes. En un balance apretado se podría señalar que destacan los siguientes aspectos a ser materia de seguimiento y acción posterior:

1. Una Corte Suprema que, en su desempeño en casos de alta incidencia y relevancia en materia de corrupción, acaba siendo el espacio en el que se encallan los procesos penales contra altos funcionarios.

2. La funcionalidad para la impunidad de la protección que en términos prácticos significa que los altos funcionarios sólo podrán ser procesados penalmente en la Corte Suprema (Código de Procedimientos Penales, art. 415).

3. Mejorar la capacidad técnica en la investigación del Estado estableciendo un sistema independiente y solvente en materia de ciencias e investigación científica forense y asegurando el fortalecimiento técnico de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) así como el correcto desempeño de su personal para un adecuado desempeño en la investigación de los delitos graves y de alto impacto social.

Inseguridad ciudadana

La tasa de homicidios en el país ha disminuido, con una reducción de casi 50 puntos, desde 89.5 sobre 100,000 habitantes en 2014 hasta un total de 40 por cada 100 mil habitantes en 2018. En 2019, el Gobierno intende reducir la tasa a menos de 35 homicidios cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Seguridad me ha informado que esta reducción constituye el resultado de un numero de factores como la depuración policial, la desarticulacion de carteles, la demolición de narcopistas y el desarrollo de acciones de prevención como la reforma del sistema penitenciario y construccion de carceles de maxima seguridad. Esto es un resultado significativo y quiero expresar publicamente mi felicitaciones a las autoridades que han contribuido a este resultado.

Sin embargo, la reducción de la tasa de homicidios no se ha visto reflejada en una reducción del nivel de violencia, que permanece muy alto y sigue siendo una amenaza constante para la población. La pobreza extrema, el crimen organizado y la actividades ilicitas de maras y pandillas continuan alimentando la inseguridad ciudadan, y contribuyen a sembrar muerte en todo el país.

Los operadores de justicia – jueces, fiscales y abogados – no son inmunes a estas amenazas, que requieren el fortalecimiento de la la prevención y también de la capacidad investigativa de la fiscalía y la policia. En este sentido, la adopción, en 2015, de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia representa un avance significativo en la protección de todos operadores de justicia que se encuentren en situación de peligro bajo a las amenazas del crimen organizado. Su capacidad operacional, no obstante, es aún limitada.

Sin embargo, un mecanismo especializado e independiente para jueces y magistrados aún no ha sido creado, y las personas operadoras de justicia se encuentran desprotegidas en cuanto a su seguridad, dado que no hay medidas o un mecanismo que pueda activarse en caso de hostigamiento, amenazas, presiones o atentados. He recibido informaciones que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público aún no han creado unidades de protección y evaluación del riesgo. Hasta ahora, la Corte no habría convocado a las asociaciones de jueces y magistrados a discutir y trabajar para la elaboración de sus postulados y acciones, y en el Ministerio Público, solo 17 fiscales habrían sido objecto de medidas de seguridad, a pesar de la situación de inseguridad y amenazas en que muchos entre ellos y ellas se encuentran.

Los abogados se encuentran en una situación similar. 125 abogados han sido asesinados en los últimos 10 años. El 97% de estos delitos sigue en la impunidad. El Colegio de Abogados no tiene recursos humanos y financeros suficientes para garantizar la proteccion de abogados y abogadas que se encuentran en situación de riesgo.

Recomendaciones

1.- Independencia del Poder Judicial. Honduras debe adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política con normas legales y procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley deber· garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas.

2.– Nombramiento de altos funcionarios. Exhorto que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto, a fin de evitar cualquier riesgo de que se hagan nombramientos por motivos indebidos. La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos.

3.– Carrera judicial. Se deben adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la estabilidad en el cargo de los jueces y magistrados. La selección y el nombramiento de los jueces y magistrados de los tribunales inferiores se deberá confiar a una autoridad independiente como el Consejo de la Judicatura y se deberá basar en criterios objetivos para evitar injerencias indebidas. Asimismo, la selección debería basarse únicamente en los méritos y llevarse a cabo de manera anónima por concurso/oposición que tenga, al menos, una parte escrita. Se deben elaborar y aplicar criterios objetivos para la designación, nombramiento, traslado y ascenso de los jueces y magistrados, como la capacidad, la productividad, la integridad y la experiencia. Las decisiones finales relativas a los ascensos deben ser adoptadas por un órgano independiente encargado de la selección de los jueces.

4.– Consejo de la Judicatura. Auspicio que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y que en su aprobación se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados. Para garantizar su identidad y fuerza institucional sugiero que la presidencia del Consejo no sea ejercida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y que en el proceso de nombramiento de sus miembros se elimine las injerencias de los partidos políticos y se actúe con total transparencia estableciéndose que las personas que postulen para integrarlo posean las calificaciones, la integridad, la capacidad y la eficacia necesarias para realizar sus tareas.

5.– Independencia judicial y enfrentamiento a la corrupción. Conviene considerar la urgente derogatoria de la disposición contenida en el art. 415 del Código de Procedimientos Penales que está sirviendo para proteger la impunidad de altos funcionarios sindicados de actos de corrupción. Si se considera que cierto rango de “altos funcionarios” debe contar con una jurisdicción especial, se debe restringir el abanico de los mismos y explicitar que a esta jurisdicción especial se puede recurrir única y exclusivamente en caso de delitos vinculados al quehacer político y de ninguna manera por crímenes comunes.

6.– Colaboración eficaz. Si bien existen disposiciones en el Código de Procedimientos Penales (art. 28.5) y en el Código Penal orientadas a alentar la colaboración de personas sindicadas de actos de corrupción de manera que puedan aportar información relevante a cambio de ventajas en el tratamiento penal, estas no forman parte de un componente integral que incluya, además, la responsabilidad penal de empresas de manera que ellas puedan ser también parte de estos procedimientos. Es urgente que el Congreso considere la discusión y aprobación de una ley para garantizar la colaboración eficaz, en particular en las investigaciones penales sobre corrupción y crimen organizado.

7.– Inseguridad ciudadana. Honduras tiene el deber de facilitar los medios necesarios para que los operadores de justicia realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su ccontra, combatiendo la impunidad.

8.– MACCIH. La misión ha prestado una función invalorable desde su instalación en el 2016 con desarrollo institucional de la UFECIC como en el proceso de constitución de los juzgados y tribunales anticorrupción, la MACCIH ha desempeñado un valioso papel. Asimismo, en su apoyo técnico al valeroso cuerpo de fiscales de la UFECIC, esta misión internacional ha sido fundamental. Por ello, instamos al gobierno de Honduras y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que al vencerse en enero de 2020 el actual mandato de la MACCIH, éste sea renovado consolidando y fortaleciendo sus funciones.

Rusia en América Latina, ¿amenaza para EE.UU.?

Rebelión

Por Arantxa Tirado y Félix Caballero Escalante

La “amenaza rusa” ha retomado un rol protagónico en la agenda mediática de los últimos tiempos. A pesar de la supuesta ayuda, nunca probada como se destaca en el Informe Mueller, de Moscú a Donald Trump para ganar las elecciones presidenciales en 2017, o de las declaraciones ambivalentes de Trump sobre Vladimir Putin o la Federación de Rusia (FR) en general, lo cierto es que el establishment estadounidense sigue manteniendo una postura hostil hacia Rusia. [1] La retirada el pasado 2 de agosto del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio por parte de EE.UU., bajo el argumento de que Rusia lo venía incumpliendo, es el último capítulo de una serie de desencuentros, [2] a los que se añaden las reiteradas sanciones de EEUU contra la FR. [3]

En la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2017, la FR es acusada, junto a China, de “expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región”, además de destacarse su “política fallida de Guerra Fría” por apoyar a los gobiernos de Cuba y Venezuela. [4] De hecho, con la última crisis abierta entre el Gobierno de EE.UU. y el de Venezuela a raíz del apoyo estadounidense al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, EE.UU. denunció el respaldo de Rusia a Venezuela y alertó sobre la desestabilización hemisférica que suponía, en su criterio, la presencia de cooperantes rusos en territorio venezolano.

Pero, más allá de la propaganda, ¿cuál es el alcance de la presencia rusa en el conjunto de América Latina y el Caribe (ALC)? ¿Qué motiva a Rusia a establecer vínculos políticos, económicos o militares con países que están lejanos de su área natural de expansión e influencia geopolítica?

Rusia y el mundo

Tanto ALC como la FR coinciden en la defensa de un mundo multipolar, doctrina cuyo máximo exponente en el caso ruso fue el exministro de Relaciones Exteriores de la FR Yvgeny Primakov (1996-98). Comparten, por tanto, el rechazo al unilateralismo en la solución de los problemas internacionales, como un paso decisivo para equilibrar la correlación de fuerzas en la arena internacional y sentar las bases para crear mecanismos de regulación global más representativos. Para los países latinoamericanos el orden multipolar significa la ampliación de su margen de maniobra en la arena internacional y posibilidades de asumir proyectos alternativos de desarrollo.

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) [5] actualizada por última vez en el 2015, muestra esta tendencia. Este documento, a diferencia del homólogo realizado por los EE.UU., plantea el incremento de su capacidad política, militar y espiritual para influir en la arena mundial y construir un mundo pluricéntrico y multipolar. Reitera la importancia de garantizar la soberanía y la autodeterminación propia y de otros países, para que de este modo no se impongan los intereses unilaterales de los EE.UU. y la OTAN pues, como identifica en el punto 13, la política injerencista de EE.UU. y la OTAN ha incrementado y, con ella, la inestabilidad global.

No es un detalle que el año de elaboración del documento (2015) haya sido el de apogeo de las “primaveras árabes”. Estas revoluciones o supuestas revoluciones acabaron posicionando a las fuerzas occidentales en regiones prioritarias en términos geopolíticos, como Oriente Medio, el Magreb y Estados fronterizos a Rusia. La FR visualiza estos procesos como un ejemplo de injerencia y una amenaza contraria los principios de autodeterminación y soberanía (punto15).

Las alianzas políticas con ALC

En su “Concepción de la política exterior de la Federación de Rusia”, se expone la importancia de estrechar las relaciones con los países de ALC “por todos los medios posibles, dada la creciente importancia de esta región en los asuntos internacionales”. Para ello, propone consolidar los vínculos con estos países y “ampliar la cooperación con alianzas multilaterales y asociaciones integracionistas de ALC, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Alianza del Pacífico y la Comunidad del Caribe”. [6]

Rusia viene extendiendo y profundizando sus relaciones diplomáticas con países de ALC desde principios del siglo XXI. En el año 2000 el presidente Putin realizó la primera visita oficial de alto nivel a la región, específicamente a Cuba, y en 2004 a México. Por otro lado, el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías visitó Rusia en el año 2001, al igual que el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y Fernando Henrique Cardoso de Brasil (2002).

De 2002 a 2004 Rusia estableció relaciones diplomáticas con algunas de las Antillas menores como Granada, San Vicente y Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y las Bahamas. Entre el 2000 y el 2017, los países más visitados fueron Cuba, Venezuela, Brasil y Nicaragua.

Entre 2002 y 2003 hubo intercambio de visitas de los presidentes de las cámaras altas de los parlamentos de Rusia y México. Asimismo, las delegaciones parlamentarias rusas visitaron Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, y las delegaciones de los parlamentos de Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Chile, Ecuador visitaron Rusia.

Esto generó la base para alimentar las relaciones extrarregionales y el fortalecimiento de la posición rusa en ALC permitiendo crear un escenario ideal para el desarrollo de diversos proyectos.

Acuerdos militares

En el ámbito militar, Rusia se ha convertido en el segundo mayor exportador de armas en el mundo y ha logrado insertarse en el mercado latinoamericano alcanzando su máximo en 2007 (14%). [7] Las exportaciones de equipamiento militar ruso a ALC pasaron de 1247 millones de $ en 2005 a 6347 millones de $ en 2012. [8] En ALC la tecnología militar tradicionalmente era de origen estadounidense, israelí y europea.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela son compradores de armas, maquinaria y tecnología rusa y en los últimos años la cifra de la Tendencia de Indicador de Valor (TIV) del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) demuestra un aumento considerable en el valor total de las compras de países latinoamericanos. [9]

Venezuela, con el 73% en el periodo 1992-2017, es el mayor comprador de armas rusas desde el 2006 en la región y cuenta con una estrecha cooperación técnico militar en materia de transferencia tecnológica y capacitación. [10] No sólo es el caso más destacado de la influencia de Rusia sobre la región, incluso abordado en la última reunión de Lavrov y Pompeo donde mostraron posiciones totalmente contrapuestas, [11] sino que también es considerada por algunos autores rusos como “la puerta para Latinoamérica” [12] para el gigante euroasiático, por lo que desde ese punto de vista se pueden leer las reiteradas expresiones de preocupación de altos cargos de la administración Trump sobre la “intervención” rusa en ese país.

No obstante, si revisamos los porcentajes de ventas de armas de Rusia a ALC podemos ver un descenso en los porcentajes, sobre todo a partir de 2014, que podrían disipar las alarmas estadounidenses.

Fuente: https://www.csis.org/analysis/virtual-russian-influence-latin-america

Asimismo, vale la pena mencionar algunas jugadas de la FR en Centroamérica, una zona estratégica para la seguridad de EEUU, como lo es la inauguración del Centro de Capacitación Antidrogas de Centroamérica el año 2017, construido por el Ministerio del Interior de Rusia y la Policía Nacional de Nicaragua en Managua. [13]

Intercambio económico

Con la desintegración de la URSS el intercambio comercial de Rusia con los países de ALC decayó abruptamente. En 1992 el intercambio, según el Dr. Vladímir M. Davydov, llegó al menor nivel promedio anual alcanzado por la URSS en la década anterior a causa de los efectos catastróficos que significó la destrucción del aparato económico de un Estado integrado por 15 repúblicas.

Desde mediados de los 90 comienza una paulatina recuperación. La tendencia ha sido creciente. Si comparamos el saldo total del comercio de 1992 (306$ millones), nos damos cuenta de que para 2017 (10.21$ mil millones) hay un incremento significativo de la base económica comercial entre Rusia y ALC.

Latinoamérica representa el 1.2% de las exportaciones totales de Rusia en 2017, un leve aumento en comparación con el año 2000 (0.81%), desde que este país comenzó a profundizar su geopolítica multipolar de Primakov. Algunos de los productos rusos que se comercializan en ALC son materiales y maquinaria de construcción, productos químicos, transporte, plásticos y caucho, suministro de armas y trigo En cuanto a las importaciones totales, también se puede observar un ligero incremento, representando para el año 2000 un 2.1%, y para el 2017 un 2.8% siendo sus principales socios comerciales Argentina, México y Brasil. La FR importa desde los países de ALC productos intermedios, en su mayoría, generalmente de la industria petroquímica (papel de aluminio, aceites, acero laminado, etc.), pero además hay un flujo creciente de otro tipo de mercancías como vino, frutas o café. 

Fuente: https://www.csis.org/analysis/virtual-russian-influence-latin-america  

Cooperación energética

En materia energética, las dos compañías más grandes de Rusia en esta esfera, Rosneft y Gazprom, también han logrado insertarse en el mercado latinoamericano. Existen unas estrechas relaciones entre Gazprom y Bolivia en los proyectos que abarcan los yacimientos gasíferos de Ipati y Akio. [14] Gazprom viene desarrollando proyectos en ese país desde 2007 y firmó un acuerdo para el desarrollo de la industria gasífera hasta el 2040.

Con este mismo país, Rosatom, la institución oficial encargada de la energía atómica en el gigante euroasiático, firmó un acuerdo en 2016 con la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), [15] donde acordaron la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, el cual se encuentra en proceso de construcción en El Alto. En la última visita oficial de Evo Morales a Moscú, el 11 de julio de 2019, se le dio seguimiento a esta obra de gran envergadura.

De igual forma, la gigante petrolera Rosneft ha estado estrechamente involucrada con los proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, teniendo el 80% [16] de las acciones rusas en al menos tres proyectos en esa zona. En el marco de la confrontación política en Venezuela se vuelve especialmente importante el hecho que la petrolera venezolana cedió en 2016 a Rosneft el 49,9% de acciones de CITGO, filial ubicada en territorio estadounidense y que es actualmente objeto del bloqueo del gobierno norteamericano.

Estas relaciones se vienen profundizando con la decisión de abrir una filial de PDVSA en Rusia con el fin de sustituir la oficina que se encontraba en la capital de Portugal, Lisboa, y anclar las actividades relacionadas a este sector a mecanismos de pago que eviten el dólar o euro y se diversifiquen las alianzas en el bloque euroasiático. [17]

Vale mencionar también el proyecto de instalación de un Centro de Navegación del sistema ruso GLONASS en Cuba, [18] que significa una competencia directa para el sistema GPS norteamericano y el acercamiento entre Rusia y Nicaragua en materia económica, más cooperación en situaciones de crisis y seguridad, como mencionamos anteriormente. [19] Estos factores posicionan a Rusia en pleno corazón del lebensraum o “espacio vital” estadounidense.

Algunas reflexiones para concluir

Si bien la expansión rusa en ALC ha ido in crescendo en los últimos años, esta presencia política y su cooperación militar no deberían ser motivo de alerta para EE.UU. De hecho, la FR no ha establecido bases militares en el área natural de influencia estadounidense, ALC, a diferencia de lo que EE.UU. ha hecho en el área de influencia rusa, plagada de bases de la OTAN. En ese sentido, parecería que EE.UU. sería más una amenaza para la seguridad de Rusia que Rusia una amenaza para la seguridad estadounidense.

El debate de fondo, por tanto, es que cualquier avance de una potencia que rete la hegemonía estadounidense en el mundo, máxime si se produce en la “reserva estratégica” de EE.UU., se convierte en una amenaza para los intereses económicos estadounidenses, en un contexto de transición geopolítica y de pugna por los recursos energéticos y minerales entre EEUU, China y la FR. Unos recursos que se encuentran de manera destacada en ALC y cuyo control será clave para determinar cuál será la nueva configuración del sistema internacional del futuro. Rusia y China constituyen los principales retadores hegemónicos de EE.UU., quizás ahí radique su amenaza y peligrosidad para EE.UU.

Notas

[1] https://www.celag.org/eeuu-rusia-guerra-fria-america-latina-caribe/

[2] https://translations.state.gov/2019/08/02/ee-uu-se-retira-del-tratado-inf-el-2-de-agosto-de-2019

[3] https://mundo.sputniknews.com/politica/201908051088264242-las-nuevas-sanciones-de-eeuu-a-rusia-entran-en-vigor-el-26-de-agosto/

[4] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[5] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100071,0&rnd=0.9962866484409987#0

[6] http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248

[7] Miles R. (2018) “Virtual Russian Influence in Latin America” en Center For Strategic & International Studies. https://www.csis.org/analysis/virtual-russian-influence-latin-america

[8] https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/Mielniczuk-El-retorno-del-oso-La-interaccion-rusa-con-America-Latina-El-caso-de-Brasil-SPA-Q2-2019.pdf

[9] http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

[10] http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

[11] https://www.5-tv.ru/news/250548/okazyvaetsa-tak-mozno-bylo-ssa-neozidanno-povernulis-vstoronu-rossii/

[12] Розенталь Д.М. (2018) Венесуэльский узел в латиноамериканской политике Москвы, "Латинская Америка" Н°10, Москва, p .50.

[13] https :// nicaragua . mid . ru / novosti - posol - stva /-/ asset _ publisher / MDcaEvKjwH 2 j / content / ob - otkrytii - v - managua - ucebnogo - centra - mvd - rossii ?_101_ INSTANCE _ MDcaEvKjwH 2 j _ languageId = es _ ES

[14] https :// www . vestifinance . ru / articles /95876

[15] https :// mundo . sputniknews . com / politica /201907101087960387- relaciones - de - rusia - y - bolivia /

[16] Caballero, F. Relaciones Bilaterales Rusia-Venezuela (1999-2018). Tesis de maestría de Relaciones Internacionales, Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, p.75. Moscú, Rusia

[17] https :// mundo . sputniknews . com / america - latina /201903011085807082- pdvsa - se - traslada - a - moscu /

[18] https :// mundo . sputniknews . com / tecnologia /201805281079078482- tecnologia - rusia - amplia - sistema - glonass - en - cuba /

[19] https :// www . hispantv . com / noticias / nicaragua /411377/ rusia - relaciones - diplomaticas - cooperacion - economica