miércoles, 29 de mayo de 2019
Para analistas nuevo Código penal, es un arma jurídica para reprimir a opositores y proteger a corruptos y narcotraficantes
En socialización se encuentra el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, y que entra en vigencia en el mes de noviembre. La normativa ha sido cuestionada por diversos sectores por apuntar en su contenido fuertes sanciones contra la libertad de expresión.
Según analistas, este nuevo Código plantea reducción en penas para los delitos de corrupción, narcotráfico y aumenta las mismas para nuevos delitos como el de protestar y evitar el desarrollo de una actividad pública o simplemente reproducir una noticia que pueda dañar el honor de una persona natural o jurídica.
“Este nuevo Código muestra que estamos en una dictadura, una dictadura que busca protegerse por los actos de corrupción que comete y también criminalizar a quienes se oponen a ella”, manifestó el diputado de Libre y exfiscal Jari Dixon.
Dixon valoró esto como una peligrosa arma que criminalizará a quienes protesten, a quienes eviten incluso el desarrollo de una acción pública y quienes se tomen una calle.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han pegado el grito al cielo debido a esta situación, Suyapa Martínez del Centro de Estudios de Mujeres de Honduras, afirmó que este nuevo Código violenta los derechos a las mujeres, porque reduce las penas para violadores y agresores.
Martínez lamentó que lejos de que el Estado muestre avance en la lucha por proteger a las mujeres, las haga más vulnerable y que entregue impunidad a los agresores y violadores.
Por su parte el abogado Jaime Banegas, quien formó parte del equipo legal que elaboró el Código Penal, sale a defender a capa y espada esta nueva normativa, afirmando que es un avance importante para la aplicación de justicia en el país.
Banegas manifestó que todos los sectores deben estudiar bien este nuevo Código, y a partir de eso emitir opiniones al respecto, pues cree que las críticas son infundadas y fuera de contexto. Banegas asegura que este nuevo Código es futurista y reforma por completo la normativa penal en el país.
Ese mismo criterio tiene el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien dijo que le sorprende que otros sectores estén criticando este Código, pues en el Congreso Nacional, el pleno procedió a su discusión y aprobación.
Ramos dejó claro que el mismo no busca proteger a políticos o funcionarios corruptos, sino todo lo contrario busca mejorar la aplicación de justicia con un Código actual y novedoso con la realidad social de la actualidad.
Jari Dixon recordó el momento en el que este Código se discutía en el Congreso, dijo que en su momento ellos como bancada de oposición protestaron, y denunciaron ante los medios de comunicación, pero los mismos no hicieron caso e incluso ridiculizaron como siempre la protesta que en muchas ocasiones se presenta en ese poder del Estado.
“Ahora que también los medios se verán afectados es que pegan el grito al cielo, antes no solo omitieron nuestra protesta, sino que la criminalizaron y ridiculizaron”, cuestionó el diputado a los medios de comunicación.
En este momento la industria mediática oficial también ha iniciado una campaña contra el nuevo Código, a tal punto de presionar a las autoridades para que revisen la normativa y que hagan modificaciones en lo relacionado con libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas de Honduras, una instancia históricamente conservadora dijo públicamente que repudia el nuevo Código y que anuncian acciones de denuncia a nivel del sistema de derecho internacional.
También anunciaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una vez que el mismo esté en vigencia en el mes de noviembre.
Socialización y reformas
Las autoridades del Congreso Nacional en una postura de doble moral anunciaron su voluntad para iniciar diálogo, atender a todos los sectores involucrados y reformar de ser necesario algunos artículos del nuevo Código.
Para el caso, esta semana el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva se reunió con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep. En la reunión los empresarios expresaron su preocupación por el contenido de la nueva normativa.
Carlos Segovia, directivo del Cohep, dijo que hay artículos que ahuyentan la inversión en el país, asimismo explicó que como institución pidieron más tiempo para socializar el proyecto, pero esa solicitud fue negada por el partido de gobierno.
Segovia agregó que como empresarios ven con buenos ojos la voluntad de los políticos de sentarse a dialogar y a valorar las posibles reformas que se le harán al mismo, antes de que entre en vigencia.
Por su parte el diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen de este Código Penal, se refirió a la reunión con el Cohep. “Hemos escuchado las preocupaciones de los empresarios, quedamos en que vamos a seguir conversando, no se descartan reformas y tampoco se descarta más platicas con otros sectores”, dijo Pérez.
También declaró que, en los próximos días conocerán a fondo los criterios de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tanto como las valoraciones de la Secretaría de Seguridad, quien públicamente ha expresado preocupación por la reducción de penas en algunos delitos.
“No se descartan reformas, y creo que se darán, pero la gente, los políticos, las organizaciones deben prepararse porque este Código Penal entra en vigencia en noviembre y esa es una realidad”, dijo Pérez a medios de comunicación.
Acciones legislativas
Expertos en materia jurídica coinciden en que nada se puede hacer en este período de socialización, más que pactar reformas que serían ejecutadas una vez entren en vigencia.
El abogado Raúl Suazo explicó que, no se puede interponer un recurso contra una normativa que no esté en vigencia, por lo que para proceder por la vía de las leyes nacionales se debe esperar hasta el mes de noviembre.
En el Congreso Nacional, los diputados de oposición dicen que harán el intento para que por esa vía se deje sin valor y efecto el nuevo Código una vez que entre en vigencia, pero los parlamentarios opositores coinciden que no tienen la mayoría legislativa para convertir ese deseo en realidad.
El coordinador del Comité por la Libertad de Expresión, Eddy Tábora reaccionó a este nuevo Código manifestando que todo esto se pudo evitar si en el momento que el mismo se estaba construyendo en el Congreso, todos los sectores que ahora ponen oposición hubiesen presionado para que no pasara.
Desde la perspectiva de Tábora ahora todos los sectores le apostarán a las reuniones y solicitudes de reformas, por lo que hay que esperar cuales reformas en realidad está dispuesta a aceptar el oficialismo.
Artículo 551: ofensas a los sentimientos religiosos, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de seis a nueve meses o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de cinco meses a un año a quien para ofender los sentimientos religiosos ejecuta actos de ultraje de objetos destinados a un culto.
Fiscalía de las Etnias ignora las denuncias de los Consejos Indígenas de La Paz
La tala de bosques amenaza reservas de agua y ecosistemas
Engavetadas permanecen las denuncias planteadas por los Consejos Indígenas ante la Fiscalía del Ambiente en el departamento de La Paz y que están relacionadas a las concesiones otorgadas a terratenientes por parte del estado, para tala de bosques en zonas productoras de agua.
Otras denuncias como la violencia intrafamiliar y violaciones sexuales contra menores, van en aumento, sin que los operadores de justicia hagan algo por detener dichos flagelos que dañan el tejido social de las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
Estas valoraciones fueron expuestas por integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz) durante una sesión de evaluación realizada junto al Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y sostenida el miércoles 22 de mayo en la ciudad de Marcala.
Se denunció en la reunión, que el Ministerio Público de Marcala, así como la Fiscalía de las Etnias, en Tegucigalpa, mantiene engavetadas una serie de denuncias que Consejos Indígenas Lencas han formulado por la deforestación en la zona núcleo de la montaña El Jilguero, una fuente productora de agua, que alimenta a comunidades de 4 municipios como Chinacla,Marcala, Opatoro y Cabañas.
Asimismo se expresó que producto de la construcción del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, familias lencas de las comunidades de El Granadillo, Zapotal, El Aguacatal y San Francisco fueron conminadas a vender sus tierras para la habilitación de dicha represa. Varias personas, debido a la presión ejercida; hasta perdieron sus vidas y otras emigraron hacia a otros lugares.
Es de conocimiento público que la diputada nacionalista Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, son principales accionistas del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, que funciona en el municipio de San José. Sin embargo se habla que ambos personajes, habrían cedido la compañía a otros inversionistas.
“…Nuestra lucha es por nuestro territorio, por nuestra alimentación, nuestra agua, porque somos dueños de nuestros territorios y nos están despojando…”: Margarita Pineda
Margarita Pineda, defensora de derechos humanos de Marcala, dijo que los territorios indígenas están siendo concesionados a terratenientes, empresarios y políticos, para proyectos extractivos y represamiento de ríos.
Los índigenas de La Paz están organizados como consejos indígenas, comunidades agrarias y redes de sociedad civil. Y como tales, no son consultados por el régimen acerca de la explotación minera y construcción de represas.
“Tenemos problemas con los títulos comunitarios, al ser concesionados los territorios para hidroeléctricas, para minería, para eólicas y para otros proyectos que nosotros les llamamos proyectos de muerte, pero que ellos les llaman de desarrollo”, explicó Pineda.
Nuestra lucha es por nuestro territorio, por nuestra alimentación, nuestra agua, porque somos dueños de nuestros territorios y nos están despojando, por eso nos hemos visto obligados a organizarnos, incluso a pedir apoyo y ampararnos en los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
“No es fácil, hemos tenido muchos compañeros procesados, muchos compañeros desalojados, incluso de sus mismas tierras en donde tenían sus cultivos, sus casas, solo porque a una empresa extractiva se le antojó hacer su proyecto ahí”, sostuvo la entrevistada.
El Área de Acceso a Justicia del COFADEH recibió en los últimos años, un total de 162 denuncias de violaciones a derechos humanos, cometidas por desalojos violentos protagonizados por agentes del estado, así como de la criminalización de centenares de hombres y mujeres del campo, enjuiciados por pretender un pedazo de tierra para subsistencia de sus familias.
“Todo va relacionado, Si el estado violenta los derechos de los ciudadanos, estamos indefensos, y la violencia se generaliza. La violencia está generalizada en todos los espacios, en lo social, en lo político, en lo económico, en las familias; principalmente la violencia doméstica con esta crisis donde hay familias con muchos hijos y el hombre no tiene trabajo”, explicó Margarita Pineda.
Agregó que hemos tenido muchos compañeros que no se explican sobre el por qué actúan violentamente, se sienten impotentes de llevar sustento a sus familias, y esa impotencia los ha llevado a cometer faltas graves para con sus familias, detalló la defensora de derechos humanos.
“Este régimen nos ha sometido de una manera nefasta, en todos los aspectos de forma brutal, y con esto de la aplicación de leyes que están creando en el Congreso, estamos preocupadas, porque al derogar leyes contra la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, han cambiado muchos artículos del código penal; entonces esto traerá a que las mujeres seamos más vulnerables”, advirtió Pineda.
El Área de Acceso a Justicia del COFADEH recibió en los últimos 2 años, un total de 162 denuncias de violaciones a derechos humanos
Por su parte Nullman Maradiaga de la comunidad campesina lenca “Nuevo Amanecer”, en el municipio de San Pedro de Tutule, dijo a www.defensoresenlinea.com que es preocupante la cantidad de denuncias que REDHIL ha documentado durante el año 2018, y que la Fiscalía no les ha dado el seguimiento que corresponde.
“Del sector de Tutule que compone unas 8 bases campesinas, estamos en recuperación de tierras, así como en Marcala, donde se presentan violaciones a los derechos humanos. Tenemos compañeros criminalizados y con órdenes de captura por el derecho a la tierra”, afirmó Maradiaga.
Maradiaga dijo que muchas capturas contra campesinos que ejecutan los agentes policiales, se realizan sin orden judicial.
Otros conflictos que se están dando son producto de los mismos políticos que están trayendo personas que vienen a usurpar territorios, denunció el defensor de derechos humanos.
El próximo 5 de junio, declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Medio Ambiente, estudiantes, maestros, pobladores y pobladoras de varios municipios de La Paz, se manifestarán pacíficamente por las calles de Marcala hasta llegar hasta Ministerio Público, para exigir que los fiscales desengaveten todas las denuncias que los Consejos Indígenas han presentado, relacionadas a la destrucción del medio ambiente y los ecosistemas, provocados por la tala del bosque y los proyectos extractivos.
Delegación de la CIDH le da seguimiento a recomendaciones al Estado hondureño
Para darle seguimiento a las recomendaciones de agosto del año anterior, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realiza una visita de tres días al país.
La delegación permanecerá en Honduras del 22 al 24 de mayo donde sostendrá reuniones oficiales y con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, del ambiente, magisteriales, víctimas de la crisis post electoral, entre otras.
La delegación está conformada por el comisionado y relator para Honduras, Joel Hernández, la relatora para los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad Muñoz y las especialistas de la CIDH, Fiorella Melzie y Fernanda dos Anjos.
La mayoría de las reuniones con las víctimas, defensores y organizaciones se realizarán hoy en un hotel capitalino, desde las 9:00 de la mañana en adelante.
Los comisionados le darán seguimiento a las 25 recomendaciones que dejaron al Estado hondureño el año anterior, y donde le hizo ver que había un descontento generalizado de la población.
Durante esa visita la Primera Vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, le expresó a defensoresenlinea.com sus preocupaciones más notorias después de estar en Honduras.
“Yo puedo identificarlas como la necesidad de justicia pronta, acceso a la justicia de familiares y víctimas que garanticen la investigación, no a la impunidad”, es la primera.
La segunda, según el parecer de la Comisionada, es una evaluación de la problemática estructural, ejemplificando el caso de alguna comunidad, donde no hay ni vivienda ni salud; eso hay que evaluarlo en una política pública del Estado que enfoque el problema estructural de discriminación, exclusión, pobreza, marginalidad, eso no es un tema que hay que resolver en una semana, pero tiene que estar en un plan de trabajo que vaya colocando en una agenda cómo vamos a cerrar esa brecha de desigualdad, de pobreza.
Recomendaciones dejadas al Estado de Honduras en agosto de 2018
1. Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
2. Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
3. Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
4. Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
5. Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
6. Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
7. Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social.
8. Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
9. Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
10. Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
11. Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivas de las niñas, adolescentes y mujeres.
12. Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.
13. Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población vulnerable a los grupos criminales. En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niños, niñas y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.
14. Abstenerse de introducir en su ordenamiento juriìdico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI.
15. Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
16. Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas.
17. Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
18. Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
19. Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con escasos recursos.
20. Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
21. Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
22. Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
23. Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
24. Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores y las personas con necesidades médicas.
25. Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma.
La libertad de expresión como pretexto
Por Pascual Serrano
La monja Teresa Forcades, una de las ponentes del seminario 'Dret a la salut i llibertat d'expressió', en una imagen de archivo
El pasado 8 de mayo en la Universidad de Barcelona, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, se celebró un seminario donde se promocionaban y defendían "propuestas terapéuticas" como el uso del clorito sódico, un derivado de la lejía, para curar el autismo o se criticaba el uso de vacunas para prevenir enfermedades. Durante el acto se plantearon los "intereses ocultos de las autoridades científicas, la falta de rigor en las directrices de salud pública", alternado con los "alegatos contra las vacunas y la quimioterapia y a favor de la homeopatía, pidiendo la inclusión de esta última pseudoterapia en el Sistema Nacional de Salud".
Los miembros de la comunidad científica se negaron a participar en el seminario y diferentes profesionales de la salud mostraron su descontento por la celebración de la actividad. Hay que recordar que la Generalitat catalana impuso una multa de 600.000 euros al payés y curandero Josep Pàmies por promocionar su derivado de la lejía, prohibido por la Agencia Española de Medicamentos, como cura del autismo. Por su parte, el Gobierno español presentó el pasado noviembre un plan contra las pseudoterapias, que tiene por objetivo básico "proteger la salud" de los ciudadanos. Anunciado por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (médica de formación), y el titular de Ciencia, Pedro Duque, el plan contempla que ningún centro sanitario público ni privado podrá ofertar terapias que no estén científicamente comprobadas. Igualmente, el Gobierno perseguirá la publicidad engañosa de estos productos.
¿Cómo se explica y se justifica que se celebre en la Universidad de Barcelona un Seminario defendiendo la lejía como curación del autismo y se haga apología de la no vacunación de niños y adultos? Pues gracias al pretexto de la libertad de expresión. De hecho el nombre del Seminario era 'Derecho a la salud y libertad de expresión'.
La propia institución justificaba el acto como una defensa de este principio. El vicerrector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Domènec Espriu, dijo que la institución se posiciona claramente en contra de las pseudoterapias, pero a favor de fomentar el debate. "Nadie está planteando una discusión científica, médica o clínica sobre la validez de las terapias alternativas porque sabemos que bajo este aspecto no hay discusión. Las pseudoterapias son un fraude y la universidad, como institución pública y comprometida, debe posicionarse en contra de estas", argumenta. "En este caso, sin embargo, se ha planteado un debate ético y jurídico sobre dónde está el límite en la difusión de información sobre estas disciplinas. Entendemos que en estos términos sí que es lícito y necesario plantear una discusión. Más si la alternativa es la censura", añade. Obsérvese lo diabólico del argumento: "Todos estamos en contra de... pero defendemos el debate sobre el límite a que se informe de ello, sobre todo si la alternativa es la censura". Ahora en lugar de los puntos suspensivos, usted puede poner "la superioridad de la raza aria", "la defensa del creacionismo frente a la teoría de la evolución", "la prohibición del voto para las mujeres" o "el internamiento de los homosexuales". Todo sea por la defensa de la libertad de expresión y en contra de la censura.
Propuestas y debates inverosímiles e inaceptables por una sociedad civilizada surgen válidos en nombre de la libertad de expresión, por mucho que su mera evocación suponga la negación de la ciencia, de los derechos humanos o la apología de racismos o crímenes contra la humanidad.
Con la libertad de expresión está sucediendo lo mismo que con el concepto de libertad. En nombre de ella José María Aznar, en 2007, ante la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, dijo: "A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, debe usted evitar esto y, además, a usted le prohíbo beber vino". Y añadió: "En eso consiste la libertad y en eso consiste la responsabilidad individual".
Latinoamérica, paradojas en red
Por Rosa Miriam Elizalde
Una estructura de dominación donde el poder de la araña depende de la capacidad de la red para encadenar a los dominados, también puede animarlos a desatar su resistencia.
América Latina es el continente de las paradojas en término de redes sociales. La región está retrasada frente a la extensión de los servicios de conectividad y es la más dependiente de Estados Unidos en cuanto a tráfico de datos, pero muestra un crecimiento récord de usuarios enganchados a las plataformas tecnológicas, fundamentalmente a Facebook.
El Digital Report 2019, informe anual de las empresas Hootsuite y We Are Social, registra que entre los diez países que más tiempo pasan conectados a las redes sociales, hay cuatro latinoamericanos: Brasil, México, Argentina y Colombia. El promedio de horas dedicadas al mes a redes sociales asciende en el mundo a 5.2 horas. En América Latina es de 8.1 horas.
Si nos dejamos llevar por el pensamiento ciberutópico, hay una línea recta entre la socialización en red y el progreso. Todavía queda bastante del espíritu ácrata y tecnócrata, cuyos gurús son los grandes patrones del capitalismo digital (Google, Facebook, Amazon, Microsoft…), que ha encandilado a multitud de profesionales urbanos. Pero la realidad es terca y el optimismo sobre la tecnología como motor para el bienestar pasa por una mala época.
La convivencia digital no está reduciendo la brecha entre ricos y pobres, sino que podría estar haciéndola mayor, de acuerdo con el Digital Report 2019: mientras más de 80 por ciento de los internautas latinoamericanos están en las redes sociales, algunas economías fuertes muestran niveles particularmente bajos de uso de estas plataformas –Alemania, con 40 por ciento, y Japón, con 39 por ciento, entre ellas.
Es la prueba de que Internet no es como algunos piensan un territorio desordenado, llevado y traído por impulsos ciegos, en el que cualquiera se hace rico con la magia de los algoritmos. El mundo que se abrió a la promesa del ciberespacio obedece a una rigurosa lógica, a una fórmula estricta y coherente: la desigualdad.
Fuente: CEPAL (2018)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha llamado la atención sobre el acceso de las tecnologías digitales en la región, un proceso fundamentalmente exógeno y que se vincula a la estructura económica casi únicamente mediante el consumo privado. Las capacidades de producción de equipos, software y aplicaciones son muy débiles en comparación con las economías avanzadas. La falta de una estrategia de cambio estructural hacia actividades más intensivas en tecnología determina, a la par, un lento e inestable crecimiento económico.
La promesa tecnológica no ha salvado al continente de su condición colonial, del desarrollo con pie de arcilla. Las redes sociales, con Facebook y sus empresas asociadas Instagram y Whatsapp, van a seguir dominando la vida cotidiana de los latinoamericanos, que está marcada a fuego por el nivel socioeconómico de la gente, más que por franjas etarias. Una encuesta reciente en Argentina, por ejemplo, registró que cinco de cada 10 jóvenes de clase alta utiliza tecnología casi todo el tiempo en su trabajo, mientras en los sectores más desfavorecidos lo hace sólo uno de cada 10. La marcada brecha entre los millennials, tanto en el acceso como en conocimiento informático según nivel socioeconómico, permite predecir que las asimetrías antes descritas no van a cambiar ni a corto ni a mediano plazo si perviven las condiciones actuales.
Pero hay más en el Digital Report 2019. Las acusaciones de violación de la privacidad, las multas millonarias y la caída del valor en bolsa de Facebook no han provocado una estampida de los usuarios en compañía fundada por Mark Zuckerberg. Todo lo contrario, aumentaron casi un 10 por ciento el año pasado.
La Universidad de Columbia, en un estudio titulado What is the future of data sharing?, aporta otra evidencia significativa: en una variedad de países, comenzando por los latinoamericanos y caribeños, la gente está dispuesta a ceder datos a cambio de los potenciales beneficios que recibe por participar en las redes sociales.
Gran parte de los servicios de estas plataformas se basa en el acceso y la transmisión de información de terceros, la mayoría de los cuales ocurren detrás del escenario y sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios, alienados en esta gran sociedad moderna que predica el individualismo, pero –otra paradoja– instituye la despersonalización del ser humano, su sutil mudanza en robot. En tiempos de hipersegmentación de audiencias, lo que Marx llamó fetiches –la publicidad, por ejemplo– pretende transformar a la ciudadanía digital de nuestros países en comunidades abstractas, desagregadas de su unidad, rehenes de lo que, en el siglo XVI, el humanista francés Étienne de la Boétie denominó la servidumbre voluntaria.
Pero ojo, una estructura de dominación donde el poder de la araña depende de la capacidad de la red para encadenar a los dominados, también puede animarlos a desatar su resistencia. Lo hemos visto antes.
martes, 28 de mayo de 2019
Por defender sus derechos estudiantes son reprimidos
Un contingente de la Policía Nacional y Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), dieron persecución a centenares de estudiantes de educación media que movilizaron este día en protesta para que se derogue los decretos que atentan contra los derechos a la salud y la educación.
La movilización que era pacífica en las calles de Tegucigalpa, concluyó con disparos de bombas lacrimógenas desde las inmediaciones del Congreso Nacional, fuertemente resguardado por elementos policiales y TIGRES, debidamente equipados para reprimir.
Un agente, en cuya gorra policial decía “Mejía” daba órdenes para que se movilicen en grupos de diez, hacia diferentes calles y avenidas del casco histórico de la ciudad, mientras que, desde las once de la mañana los establecimientos comerciales cercanos habían cerrado, como medida de seguridad.
La mayoría de jóvenes cubrían sus rostros con camisetas, también como medida de seguridad personal, y así evitar ser criminalizados por expresar su inconformidad con las daciones del régimen de Juan Hernández y el Congreso Nacional, encaminadas a privatizar derechos fundamentales.
“Quieren privatizar la educación y la salud, quieren que paguemos el estudio y no podemos, hay estudiantes que usan el mimo uniforme del año pasado y se movilizan con pasaje que personas buenas les dan”, denuncio un estudiante mientras escaba de los químicos.
“Denunciamos que la policía utilice gases lacrimógenos porque de alguna manera eso nos afecta la salud”, afirmó el adolecente identificado con su uniforme de educación física.
Dato: En Honduras hay más de dos millones de estudiantes de los niveles pre básico, básico y medio, que iniciaron clases este año, según fuentes de la Secretaria de Educación. Esta población es atendida por unos 60 mil maestros y maestras, quienes se distribuyen en 21 mil establecimientos educativos a nivel nacional.
Según la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud, aprobada en abril, autoriza a la Secretaria de Finanzas a que realice las modificaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias para alcanzar los objetivos mencionados en los decretos referentes a cada Secretaria.
Aunque los decretos fueron archivados en el Congreso Nacional, no han sido derogados, por lo que más manifestaciones pacíficas convocadas por la Plataforma en defensa de la salud y Educación han sido constantes, y hoy las apoyó el sector estudiantil del nivel medio, mientras los gremios médico y magisterial continúan con asambleas informativas, huelgas de brazos caídos y otras acciones encaminadas a que se respeten los derechos humanos.
En los hospitales solo se atienden emergencias y los centros educativos están cerrados, hasta que se deroguen, según la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, los decretos PCM 26-2018 y PC 27-2018 y desaparezca el fantasma de las masacres laborales en contra de los médicos y de los profesores, por lo que seguirán en las calles.
El periódico digital Criterio.hn hace un recuento del fundamento de la lucha librada por los maestros, médicos y empleados de la salud, en la presente década:
PCM-016-2011: Decreta Estado de Emergencia en la Educación Pública, establece que los maestros que abandonen sus centros educativos serán objetos de deducción de su salario y con las mismas deducciones se le pagará a personal temporal que podrá quedarse de forma permanente si así se amerita.
PCM-040-2012: Se criminalizan las tomas de centros educativos, direcciones departamentales u otras dependencias de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ya sea por padres de familia, estudiantes o docentes.
PCM-026-2018: Crea la Comisión para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, nombrada por el presidente de la república. Con potestades para proponer reestructuración y transformación del sistema de salud (privatización).
PCM-027-2018: Crea la Comisión para la Transformación de la Secretaría de Educación, nombrada por el presidente de la república. Con potestades para proponer y ejecutar a través del ministro la transformación y reestructuración del sistema educativo público y definir un nuevo modelo de prestación de servicios en el sistema educativo (privatización). Declara nuevamente estado de emergencia en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.
PCM-005-2019: Ratifica el decreto PCM-026-2018
PCM-006-2019: Ratifica decreto PCM-078-2018, en el que se declara en Estado de Emergencia al Hospital Escuela Universitario, para intervenirlo.
“El forense de la memoria histórica” estará en Honduras
Con la Conferencia Internacional sobre Desaparición Forzada e Impunidad, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) conmemorará la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
El evento se desarrollará el día miércoles 29 de mayo en el Hotel Honduras Maya, donde participaran como panelistas connotados expositores nacionales e internacionales.
La Semana Internacional del Detenido Desaparecido se conmemora cada año en la última semana de mayo, y este año se realizará desde el lunes 27 al viernes 31.
Desde España llega Francisco Etxeberria Gabilondo, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense. Especialista en Antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid.
Francisco Etxeberria se encargará de exponer sobre los Métodos de exploración antropológica forense: su implementación en cementerios y centros clandestinos de detención.
En la Universidad del País Vasco el doctor Francisco Etxeberria se desempeña como Profesor Titular de Medicina Legal y Forense en la Facultad de Medicina en la que imparte docencia ininterrumpida desde el curso académico 1983.
También es profesor de Medicina Legal del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco desde 1985 hasta la actualidad, en donde ha sido Secretario y Subdirector.
Su labor ha sido reconocida y fue galardonado en el 2006 con el Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y además su equipo recibió en el 2007 el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Desde 1973 es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, donde ha desempeñado distintos cargos y actualmente es presidente.
En el seno de esta Sociedad dirige el grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil que ha colaborado con distintas asociaciones de Memoria Histórica en más de un centenar de exhumaciones en España.
En el año 2000, Francisco Etxeberria encabezó el equipo de voluntarios que realizó la primera exhumación científica de España en Priaranza del Bierzo (León), lo que daría origen a la Asociación para la Memoria Histórica.
Por su labor se le conoce con el apelativo de “el forense de la memoria histórica”.
Dirige el grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil, que ha colaborado con distintas asociaciones de Memoria Histórica en más de un centenar de exhumaciones en España.
Francisco Etxeberria también es miembro de la comisión de expertos de la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Chile para la investigación de los desaparecidos durante la dictadura.
Ha actuado como perito independiente en múltiples casos comprometidos (como el caso Lasa y Zabala o el caso Bretón) y en investigaciones como el asesinato de Víctor Jara, el suicidio de Salvador Allende o la muerte de Pablo Neruda, así como en la búsqueda e identificación de personajes históricos como el último rey de Granada, Boabdil el Chico, en Marruecos. En el momento actual coordina la segunda fase de los trabajos de búsqueda de los restos de Cervantes en el convento de las Trinitarias del madrileño barrio de Las Letras.
Retos comunicacionales de la integración soberana de América Latina y el Caribe
Rebelión
Por Javier Tolcachier *
Para apresar la dimensión del desafío comunicacional de la integración soberana de América Latina y el Caribe, debemos comenzar por el tema más elemental: la difusión. El grado de difusión depende en primera medida de las agendas mediáticas y las agendas dependen del interés de los propietarios de los medios masivos de comunicación y la internet. Aún cuando todos conocemos su grado de concentración, bien vale un brevísimo muestreo.
Según una clasificación de Mastrini y Becerra pueden diferenciarse tres niveles en los grupos informacionales comerciales. En el nivel global operan grupos trasnacionales cuya lógica se construye a partir del funcionamiento del mercado estadounidense. En un segundo nivel hay 50 grandes grupos con sede en Europa, Estados Unidos o Japón, que operan a nivel regional. En el tercer nivel confluyen grupos líderes en mercados domésticos nacionales o subregionales, estando éste conformado por unas 90 corporaciones.[1]
Bien vale actualizar este escenario según el monitoreo realizado por Reporteros sin fronteras con aliados locales como Intervozes, Tiempo Argentino, Cencos, Ojo Público, y otros. Tomemos lo que sucede en Brasil, México y Argentina a modo de ejemplos significativos:
En Brasil, “a pesar de toda la diversidad regional existente en el país y de las dimensiones continentales de su territorio, los cuatro principales grupos de medios concentran una audiencia nacional exorbitante - que supera el 70% en el caso de la televisión abierta, medio de comunicación más consumido en el país. El Grupo Globo alcanza por sí solo una audiencia mayor que las audiencias sumadas del 2º, 3º, 4º y 5º mayores grupos brasileños.”
En México, 11 familias controlan más de la mitad de los medios más importantes con las mayores audiencias y, además, reciben la mitad del presupuesto de publicidad oficial. De 42 medios con amplia influencia se encontró que en el 84% de los casos, los dueños tienen relaciones familiares o de negocios con políticos reconocidos.
En Argentina, los cuatro principales grupos de televisión (entre canales abiertos y señales de pago) concentran el 56,7% del encendido en la zona de Bs As y Gran Bs As. Los mayores grupos en la industria televisiva son Clarín y Viacom. El Grupo Clarín domina el 43% del mercado de diarios. En radio los cuatro principales grupos empresariales detentan el 53% del encendido. Entre los seis medios digitales informativos de mayor audiencia, cuatro pertenecen al Grupo Clarín.
Varios de los multimedios mencionados actúan a su vez en el mercado de las telecomunicaciones, con posiciones dominantes en el tramo final de acceso a internet. A todo esto se suma la operación de grupos trasnacionales, fundamentalmente estadounidenses y españoles.
Por otro lado, el entretenimiento constituye la mayor parte de la programación de estos conglomerados. Por ejemplo en Ecuador, según datos relevados por Cordicom en 2018, la porción dedicada al entretenimiento es del 48,91%, los contenidos de tipo formativo, educativo y cultural representan el 24,30%, la programación de tipo informativo es del 13,76%, mientras los demás contenidos no superan el 13,02% en su conjunto. Una matriz que encuentra réplica en otros países.
De la pequeña porción informativa, a su vez, el contenido se dedica en gran parte a temas locales y nacionales. Y del segmento internacional, la mayor parte está dedicada a desastres o noticias de alto impacto.
Nuestros sueños no caben en sus canales
Si la cantidad de notas en las que se difunde la integración regional es muy reducida, la misma estrechez caracteriza el signo de las mismas. Dada la proporción de medios dominados por grupos empresariales, es obvio que sus agendas muestran apenas lo ineludible en el ámbito institucional señalando tan sólo aquellos aspectos que favorecen sus intereses. En la mira de estos conglomerados, la integración es tan sólo la posibilidad de hacer buenos negocios transfronterizos.
El Informe sobre Integración regional y medios de comunicación realizado por el Observatorio de Política Internacional (Noviembre 2013) se dedicó a rastrear la visibilidad periodística de los organismos regionales oficiales de integración soberana, como Mercosur, Unasur, Celac, Caricom, Petrocaribe y ALBA, para lo cual monitoreó durante 6 meses 100 medios y 34 agencias en 2013, un momento en que la integración institucional tenía fuerte empuje. Entre otros hallazgos, señaló ...”Registramos que un amplio grupo de medios gráficos tienen una visión crítica de los procesos de integración mencionados y reflejan claramente una visión política de estos procesos. Su postura editorial es ideológicamente opuesta a procesos como el Mercosur o Unasur. En algunos casos, estos medios críticos evidencian una nostalgia de dispositivos como el ALCA y, en la mayoría de ellos, surge una defensa cerrada de otras iniciativas como la Alianza del Pacífico”.
“Asimismo, un dato llamativo es que las noticias positivas que puedan surgir de la integración (acuerdos comerciales, integración tecnológica, convenios en materia turística o educativa) aparecen fuera de las secciones duras de los diarios y son publicadas en aquellas de menor impacto.
Otra particularidad detectada es la retroalimentación de las críticas hacia estos procesos políticos en diarios y periódicos que comparten una misma postura en distintos países de la región.”
En la misma línea, los medios hegemónicos han ponderado excesivamente cada tratado de libre comercio, han saludado el realineamiento geopolítico de algunos gobiernos con EEUU y Europa, han sido pilares fundamentales para el resurgir de la alicaída OEA y se han hecho eco de la ofensiva contra las instituciones de integración generadas en la Década Ganada.
Es importante agregar que en su propia estrategia los organismos de integración no lograron ir más allá de una concepción comunicacional de relaciones públicas, emitiendo señales formales incapaces de penetrar en las agendas populares. Sus sitios webs, por ejemplo, contienen profusa documentación, organigramas y abundancia de fotografía protocolar. Se entiende que tengan escaso tráfico. Si bien cuentan en las redes sociales comerciales con varias decenas de miles de seguidores, su actividad en ellas es intermitente y con poca visualización y retroalimentación.
Como excepción pueden señalarse algunas acciones de interacción con la comunidad, entrevistas de sus secretarios generales, funcionarios, parlamentarios y actividades culturales o relacionadas con el ámbito académico.
La grandeza de varias iniciativas emprendidas en los Consejos sectoriales de UNASUR, propuestas como la nueva arquitectura financiera regional o la construcción de un anillo de fibra óptica Suramericano, el Foro de Participación Ciudadana, la Escuela de Defensa, el instituto de Salud, la Escuela de Mediadores de Paz, la ciudadanía Suramericana o en el marco de la CELAC, el tremendo significado de la declaratoria de América Latina como Zona de Paz y el Plan para la erradicación del hambre en conjunto con la FAO, la solidaridad energética de PetroCaribe, la institucionalidad de los Derechos Humanos del Mercosur o el espíritu de cooperación en el marco de ALBA por sólo mencionar algunas, no han tenido la cobertura que se merecen o han sido distorsionadas.
Los medios de propiedad estatal tienden a reproducir un esquema similar, asimilando en sus noticias la integración regional a cumbres de mandatarios y a firmas de acuerdos, de los que luego generalmente nadie se acuerda. Sólo las agencias de noticias en países gobernados por la izquierda y los medios afines a la emancipación como Telesur, continúan con permanencia la cobertura de eventos de integración soberana, aunque muchas veces reproduciendo el mismo esquema.
Como consecuencia de todo esto, la percepción que tiene la ciudadanía de a pie de la integración regional es una nebulosa distante, poco atrayente, poco comprensible y a cargo exclusivo de actores institucionales y gobiernos de turno.
Comunicación democrática o nada
Por su parte, un gran número de medios comunitarios, universitarios, cooperativos y alternativos, portales de noticias dedicados a América Latina y el Caribe, agencias de información regionales, redes radiofónicas y de educación popular, televisoras comunitarias y articulaciones regionales de medios se esfuerzan en abarcar la región y sus procesos de integración. En el caso de los medios comunitarios, la intención de aportar a la construcción de una Patria grande es manifiesto y su esfuerzo doblemente valorable, ya que por sus características tienden a priorizar los contenidos de proximidad.
Por esto mismo, la comunicación popular ha construido un extenso tejido colaborativo, que le permite cubrir y difundir con solidez aunque con menor impacto de audiencia, lo que los medios hegemónicos no muestran. En las agendas comunitarias existen no solo los eventos y actividades oficiales interestatales, sino una nutrida pauta de acciones colectivas de integración desde los pueblos, en sus diversas facetas. En este tejido deberían apoyarse los gobiernos progresistas y de la izquierda fortaleciendo su funcionamiento a través de una alianza público comunitaria, en vez de continuar alimentando a los enemigos de la democracia, los medios del gran capital, con pautas fabulosas.
La estrategia de insertar publicidad oficial en los medios dominantes para propagandear la actividad de gobierno es una visión de corto plazo, ya que da sustento económico a quienes nunca estarán del lado del pueblo.
Del mismo modo, la partidización de los medios públicos como aparatos de propaganda de las acciones de gobierno y la promoción institucional de la integración regional a través de ellos se ha demostrado ineficiente.
Así, llegamos a algunas conclusiones estratégicas:
1) La difusión de procesos de Integración regional emancipadores con sentido social está unida por un mismo eje a la lucha por la desconcentración del poder mediático o la democratización de la palabra.
2) Los medios comunitarios, alternativos, cooperativos, universitarios, indígenas pueden constituirse en eje difusor de la integración regional desde la perspectiva de los pueblos formando redes, articulaciones y alianzas comunicacionales permanentes de colaboración.
3) Los movimientos populares, la izquierda y el progresismo deberían ver a estos medios como sus aliados estratégicos para la emancipación. En el caso de llegar al gobierno, debería establecerse una alianza comunicacional público comunitaria, en la que el grueso de la pauta publicitaria, el apoyo tecnológico y otros convenios colaborativos, fortalezcan a los medios democráticos y representativos de la base social. Así cobrará más cuerpo la comunicación para la integración.
Luz, cámara y acción
Al mismo tiempo hay una gran disputa de sentido en el microrelato mediático cotidiano. Esta es una batalla que debemos dar. Mientras los medios monopólicos actúan como caja de resonancia de la desintegración y la xenofobia, distorsionando por ejemplo los efectos del aumento en la migración, la estrategia comunicacional integradora debería aprovechar todos los espacios para ponderar las buenas prácticas.
Tan sólo a modo de muestra, podríamos citar entre los efectos positivos inmediatos y directos de la colaboración entre naciones y la integración regional, reconocibles por la población, la cooperación en la atención médica, la preservación de la paz, el abastecimiento petrolífero a precios subvencionados y con facilidades crediticias, mejoras en la infraestructura y el transporte, la validación recíproca de estudios, la facilitación de la movilidad humana, el aporte cultural de los migrantes, facilidades de intercambio comercial para pequeñas empresas y cooperativas de producción, el intercambio de experiencias positivas en diversos campos, etc. La idea central debiera ser acercar las bondades de la integración y los efectos nefastos de la desintegración a la vivencia cotidiana de los pueblos.
Pero más allá del aspecto meramente informativo, son las acciones de articulación de los movimientos sociales, las organizaciones políticas y las redes sectoriales las que logran generar conciencia popular sobre la integración soberana. La capacitación de los militantes, los encuentros permanentes, las acciones comunes, la solidaridad recíproca en las luchas locales, las Cumbres de los Pueblos en paralelo a las de los estamentos oficiales, han ido forjando un entramado social de producción de sentido integrador, al par de posicionarse enfáticamente contra los repetidos embates neocolonizadores.
Importante es también el aporte realizado por la academia, que ya ha comprendido que debe rebasar su propio ámbito de producción de conocimiento para interactuar más efectivamente con las comunidades y los pueblos.
Al mismo tiempo, el arte y las diferentes manifestaciones culturales forjan conexiones profundas, divulgando y aunando en sonido y estética las historias de la región.
En la gente va creciendo una mayor comprensión sobre cómo los conflictos trascienden las fronteras de los países y ya hay una búsqueda persistente de convergencia en las luchas. La agresión que sufren hoy Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, el encarcelamiento de Lula, de Milagro Sala y tantos otros prisioneros políticos, el asesinato de líderes sociales en Colombia, el fraude hondureño, la asfixia del pueblo haitiano, las protestas campesinas en toda la región, los peligros para la paz, el reclamo del estudiantado en Chile, la corrupción, las reivindicaciones indígenas, la persecución mediático- judicial a líderes progresistas, el ataque a las conquistas sociales, los feminicidios, todas son causas comunes para buena parte de los sectores populares organizados de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, nuestro objetivo debe ir más allá de la reivindicación o el beneficio de coyuntura, debe ser más que una reacción ante la brutalidad del intento neocolonizador. Nuestro relato tendría que tender a la ampliación del sentido de identidad, a la construcción intencional de un hogar latinoamericano caribeño en el que la injusticia de siglos pueda ser reparada y nuevas injusticias prevenidas, un espacio amable y protector para todas y todos. Ese es el reto y el sentido histórico de la integración regional, la unidad soberana y solidaria de todas las naciones y pueblos que habitan América Latina y el Caribe.
Esta ponencia fue expuesta en el Seminario internacional “El Dilema de la Integración y la Desintegración en América Latina”, Biblioteca de la Universidad Central de Ecuador, Quito, 15/06/19.
* Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza.
Nota:
[1] Extraído de Brieger, Pedro et al. Cuaderno de trabajo Nro. 1: Integración regional y medios de comunicación. Observatorio de Política Internacional. H. Senado de la Nación Argentina – Universidad San Martín. Noviembre 2013
Trump, émulo de Hitler
Rebelión
Por Atilio A Boron
Los acontecimientos de estos últimos días en Venezuela corroboran, por enésima vez pero ahora con total descaro, la intención de Washington de apoderarse de aquel país estableciendo allí un protectorado neocolonial a cualquier precio. La rueda de prensa de John Bolton del 30 de abril es prueba fehaciente de lo que decimos. Mentiroso serial, actuó y habló con absoluto desprecio por la Carta de las Naciones Unidas que establece claramente el principio de la autodeterminación de las naciones y condena toda tentativa de someter una de ellas a la voluntad de otra. Lo que dijo ese cobarde hampón de opereta -de quien se puede decir lo que Jorge Luis Borges dijera de los militares argentinos: "no oyó en su vida silbar una sola bala"- reposa sobre una premisa excluyente: “Maduro debe irse” y Juan Guaidó, que según Washington es el presidente legítimo de Venezuela, debe asumir sus funciones cuanto antes.
Según este turbio Consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump los días de Maduro están contados y apenas se sostiene en el poder gracias a una constelación de fuerzas internacionales completamente ajenas al juego democrático y a la voluntad de la ciudadanía venezolana. En su exposición este despreciable supremacista señaló a los tres actores que según él sostienen a Maduro: las tropas cubanas, unas 22 o 25.000 y que son las que realmente controlan a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, transformando a los médicos cubanos en tropa de combate; los Colectivos, esas “pandillas de matones en motocicleta”, también ellos creación de La Habana y “otras fuerzas externas” que, poco más adelante, sugeriría que entre ellas sobresale Rusia. “Nosotros necesitamos” –dijo en su declaración inicial antes de las preguntas- “una Venezuela gobernada por su pueblo y no por fuerzas externas, y eso es lo que estamos buscando”.
En su intervención Bolton mencionó once veces a Cuba o “los cubanos”, algo absolutamente inusual y que revela que el objetivo de esta escalada de agresiones y de intervencionismo trasciende la patria de Bolívar y Chávez y tiene objetivos múltiples que incluyen a la isla rebelde y Nicaragua, explícitamente fulminadas como “la troika de las tiranías” en las Américas. El presidente Trump, dijo Bolton, “quiere ver una transferencia de poder pacífica de Maduro a Guaidó” sin más dilaciones. Quienes apoyen a Maduro, y muy particularmente los que no son venezolanos, deben saber que “todas las opciones están sobre la mesa.” Al día siguiente Mike Pompeo, otro hampón - que por su apellido y hasta por su apariencia física parece un sobreviviente de la banda de Al Capone- que para vergüenza de EEUU funge como Secretario de Estado avanzó en su ataque a otro de los “factores externos”, Rusia. Esto motivó la contundente respuesta de la Cancillería de ese país que le recordó que “la injerencia de Washington en los asuntos de Venezuela es una violación flagrante del derecho internacional …. esta influencia destructiva no tiene nada que ver con la democracia. ” Su mente crecientemente ofuscada por sus palabras hizo que Bolton tornara cada vez más frecuentes sus ataques a Cuba. Los Colectivos supuestamente creados por los cubanos fueron mencionados cinco veces en la rueda de prensa, y también dijo otro disparate mayúsculo: que el General Padrino López y el Estado Mayor de las FAB reportan a La Habana y que es desde allí donde reciben las órdenes para actuar. Rusia también fue objeto de críticas y comentó que se le había advertido al impertérrito Vladimir Putin que su involucramiento con el “régimen” venezolano era motivo de enorme preocupación en Estados Unidos. Ya mencionamos la respuesta del gobierno ruso a esta sarta de dislates.
De lo anterior se infiere que estamos aproximándonos a una situación decisiva para el futuro de las luchas emancipatorias en América Latina y el Caribe. No sólo Venezuela sino Cuba y también Nicaragua están bajo la mira y son ya un objetivo militar de Estados Unidos. La complicidad de los “demócratas” de la región con este intento de apoderarse de Venezuela es repugnante, como también lo es el silencio cómplice y cobarde de los gobiernos europeos, vasallos indignos de un Calígula desquiciado y su entorno de fanáticos criminales dispuestos a lo que sea. Mienten impúdicamente y a sabiendas, pero mentir y difamar es un capítulo crucial del manual de operaciones de desestabilización que la Casa Blanca ha leído y aplicado en innumerables ocasiones. Recuérdese que hablaban del sofisticado armamento que Cuba y la URSS habían introducido en República Dominicana durante el corto gobierno de Juan Bosch. Cuando en Abril de 1965 se produjo la invasión los 44.000 marines se encontraron con un ejército dominicano munido de armas obsoletas, rezagos de la Segunda Guerra Mundial, y un pueblo que los repelía con machetes, piedras y palos. Mintieron para crear un clima de opinión favorable al golpe contra Joao Goulart en Brasil en 1964, contra Salvador Allende en 1973, contra Maurice Bishop y el Movimiento Nueva Joya en Granada en 1983, cuando también se habló de la presencia cubana y de sofisticados armamentos cuidadosamente ocultos en casas especialmente adaptadas para tal fin. Nunca se las encontró. Y mintieron también cuando denunciaron la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que jamás fueron halladas. Y antes, en 1945, cuando dijeron que no había rastros de radioactividad en Hiroshima y Nagasaki luego del bombardeo atómico. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos, maldición de todos los pueblos libres del mundo, miente por default.
Y ahora están mintiendo alevosamente sobre la situación en Venezuela y el papel de Cuba en ese país. Cuentan para ello con la complicidad de los medios hegemónicos, convertidos en pestilentes cloacas donde se dice cualquier cosa que pueda destruir la reputación de un enemigo del imperio. Día y noche sin parar excretan sus mentiras con indignante impunidad y con total desprecio de lo que debería ser un juramento hipocrático de periodistas (y también de académicos e intelectuales) que no puede ser otro que “decir las verdades y denunciar las mentiras”, en la sucinta enunciación hecha por Noam Chomsky. Pero no. Las voces de tantos y tantas vestales de la república y la democracia que han acosado a cuanto gobierno progresista se haya asomado en esta parte del mundo permanecen en ignominioso silencio. Revelan de ese modo su deshonrosa condición de lenguaraces a sueldo del imperio. Desnudan que su independencia y profesionalismo no es tal y que sus palabras están fatalmente contaminadas con el sucio dinero del gangster de la Casa Blanca que quiere culminar el latrocinio que ya ha comenzado en Venezuela apropiándose de sus activos internacionales (oro en Inglaterra, la CITGO en Estados Unidos, etcétera). Y lo mismo vale para los responsables de los organismos internacionales. ¿Qué dice el señor Antonio Gutérrez, Secretario General de la ONU ante groserías como las pronunciadas por Bolton? Para ni hablar de Luis Almagro, el Secretario General de la OEA que compite cabeza a cabeza con Lenín (a) “Donald” Moreno en la torva disputa para establecer quién es el traidor y el corrupto mayor de Nuestra América. La lista sería interminable.
Cómplices todos: el periodismo “serio”, los intelectuales sofisticados y de refinados modales que hacen gala de una falsa objetividad, los domesticados académicos del mainstream, los burócratas internacionales y los gobernantes de aquí y de Europa nada dicen de una operación que cada día más se asemeja a la anexión de Austria y de los Sudetes por Hitler en 1938, ante la pasividad -y con la complicidad- de la “comunidad internacional”, eufemismo para evitar hablar de los lacayos del emperador. Partícipes necesarios y encubridores de un crimen porque lo que ya ha ocurrido en Venezuela con las sanciones económicos, el despojo de sus riquezas en el exterior y la agresión a la vida cotidiana de venezolanas y venezolanos, privados de energía eléctrica, agua, transporte y otros bienes básicos configura un crimen de lesa humanidad. Martí, en su deslumbrante clarividencia, denunció la adicción de la Casa Blanca el saqueo y el pillaje. Los norteamericanos, aseguraba el Apóstol, “creen en la necesidad, en el derecho bárbaro como único derecho: esto es nuestro, porque lo necesitamos.” Necesitamos el petróleo de Venezuela porque es un insumo irremplazable de nuestra maquinaria militar y cuando en el mundo no haya una gota de ese recurso, cuando nuestros enemigos se queden sin él, nosotros lo tendremos y podremos imponer nuestro dominio mundial sin contrapesos. Como lo necesitamos, será nuestro, por las buenas o por las malas. Esta y no otra es la razón excluyente por la que el noble y bravo pueblo venezolano está sufriendo la agresión del imperialismo. En su célebre libro Hegemonía o Supervivencia, Noam Chomsky sentó la tesis de que Washington tiene un proyecto de dominación mundial aún más ambicioso que el Tercer Reich de Hitler. Muchos pensaron en su momento que el gran lingüista norteamericano deliraba. Sin embargo, los hechos posteriores le dieron la razón. Contra ese plan que hoy lideran Trump y sus compinches se enfrentan los pueblos libres de todo el mundo, con el de Venezuela en la primera línea de combate. Por consiguiente, la solidaridad internacional con su lucha es un imperativo moral inescapable para todas las mujeres y todos los hombres de buena voluntad.
Latinoamérica, paradojas en red
Por Rosa Miriam Elizalde
América Latina es el continente de las paradojas en término de redes sociales. La región está retrasada frente a la extensión de los servicios de conectividad y es la más dependiente de Estados Unidos en cuanto a tráfico de datos, pero muestra un crecimiento récord de usuarios enganchados a las plataformas tecnológicas, fundamentalmente a Facebook.
El Digital Report 2019, informe anual de las empresas Hootsuite y We Are Social (https://bit.ly/2G0KvFD), registra que entre los 10 países que más tiempo pasan conectados a las redes sociales, hay cuatro latinoamericanos: Colombia, Brasil, Argentina y México. El promedio de horas dedicadas al mes a redes sociales asciende en el mundo a 5.2 horas. En América Latina es de 8.1 horas.
Si nos dejamos llevar por el pensamiento ciberutópico, hay una línea recta entre la socialización en red y el progreso. Todavía queda bastante del espíritu ácrata y tecnócrata, cuyos gurús son los grandes patrones del capitalismo digital (Google, Facebook, Amazon, Microsoft…), que ha encandilado a multitud de profesionales urbanos. Pero la realidad es terca y el optimismo sobre la tecnología como motor para el bienestar pasa por una mala época.
La convivencia digital no está reduciendo la brecha entre ricos y pobres, sino que podría estar haciéndola mayor, de acuerdo con el Digital Report 2019: mientras más de 80 por ciento de los internautas latinoamericanos están en las redes sociales, algunas economías fuertes muestran niveles particularmente bajos de uso de estas plataformas –Alemania, con 40 por ciento, y Japón, con 39 por ciento, entre ellas.
Es la prueba de que Internet no es como algunos piensan un territorio desordenado, llevado y traído por impulsos ciegos, en el que cualquiera se hace rico con la magia de los algoritmos. El mundo que se abrió a la promesa del ciberespacio obedece a una rigurosa lógica, a una fórmula estricta y coherente: la desigualdad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha llamado la atención sobre el acceso de las tecnologías digitales en la región, un proceso fundamentalmente exógeno y que se vincula a la estructura económica casi únicamente mediante el consumo privado. Las capacidades de producción de equipos, software y aplicaciones son muy débiles en comparación con las economías avanzadas. La falta de una estrategia de cambio estructural hacia actividades más intensivas en tecnología determina, a la par, un lento e inestable crecimiento económico.
La promesa tecnológica no ha salvado al continente de su condición colonial, del desarrollo con pie de arcilla. Las redes sociales, con Facebook y sus empresas asociadas Instagram y Whatsapp, van a seguir dominando la vida cotidiana de los latinoamericanos, que está marcada a fuego por el nivel socioeconómico de la gente, más que por franjas etarias. Una encuesta reciente en Argentina, por ejemplo, registró que cinco de cada 10 jóvenes de clase alta utiliza tecnología casi todo el tiempo en su trabajo, mientras en los sectores más desfavorecidos lo hace sólo uno de cada 10. La marcada brecha entre los millennials, tanto en el acceso como en conocimiento informático según nivel socioeconómico, permite predecir que las asimetrías antes descritas no van a cambiar ni a corto ni a mediano plazo si perviven las condiciones actuales.
Pero hay más en el Digital Report 2019. Las acusaciones de violación de la privacidad, las multas millonarias y la caída del valor en bolsa de Facebook no han provocado una estampida de los usuarios en compañía fundada por Mark Zuckerberg. Todo lo contrario, aumentaron casi un 10 por ciento el año pasado.
La Universidad de Columbia, en un estudio titulado What is the future of data sharing?, aporta otra evidencia significativa: en una variedad de países, comenzando por los latinoamericanos y caribeños, la gente está dispuesta a ceder datos a cambio de los potenciales beneficios que recibe por participar en las redes sociales.
Gran parte de los servicios de estas plataformas se basa en el acceso y la transmisión de información de terceros, la mayoría de los cuales ocurren detrás del escenario y sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios, alienados en esta gran sociedad moderna que predica el individualismo, pero –otra paradoja– instituye la despersonalización del ser humano, su sutil mudanza en robot. En tiempos de hipersegmentación de audiencias, lo que Marx llamó fetiches –la publicidad, por ejemplo– pretende transformar a la ciudadanía digital de nuestros países en comunidades abstractas, desagregadas de su unidad, rehenes de lo que, en el siglo XVI, el humanista francés Étienne de la Boétie denominó la servidumbre voluntaria.
Pero ojo, una estructura de dominación donde el poder de la araña depende de la capacidad de la red para encadenar a los dominados, también puede animarlos a desatar su resistencia. Lo hemos visto antes.
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