viernes, 29 de marzo de 2019
El manual de las abstracciones
Por Carolina Vásquez Araya
Como un ejercicio indispensable de supervivencia emocional hemos ido adaptando nuestro mundo interior con el propósito de protegernos contra la fuerza de las circunstancias. Vemos la miseria y el dolor de otros –y muchas veces de nosotros mismos- con un filtro contradictorio de resignación y optimismo, único recurso posible para protegernos de emociones demasiado intensas y devastadoras. Así vamos dejando atrás aquello potencialmente letal para nuestro equilibrio interno. Por ello, quizá, nos hemos convertido en una especie de “procesadores” cuyo objetivo es seguir adelante, no ver lo que no nos toca de manera directa y abstraernos de toda experiencia traumática.
En países como los nuestros, con pasados y presentes cargados de violencia y destrucción, este mecanismo viene instalado desde la infancia. Dotado de un velo de indiferencia que muchos llaman “resignación cristiana” o “así es la vida” nos hemos acostumbrado a tolerar el abuso y el vasallaje de los más débiles como parte de la tradición y la costumbre. En ese conglomerado de seres indefensos ante sistemas adversos al goce de sus derechos humanos elementales están las mujeres, las niñas, niños y jóvenes como los principales actores de esta comedia patética, una comedia cuyo guión nos induce a alterar nuestra escala de valores para acomodarnos lo mejor posible en el estrato que nos toca, siempre con la ambición de trepar al superior.
De este modo, pasan por nuestro lado sin dejar huella acontecimientos cuyo impacto nos debería obligar a reaccionar, participar y dedicar un esfuerzo adicional para hacer de nuestra sociedad un conjunto de seres humanos y no un montón de islas blindadas contra la realidad. El mecanismo de la negación ha sido perfeccionado de tal modo que después de un tiempo -y con el correspondiente abrigo emocional de la negación- tanto las víctimas inocentes de los conflictos armados como aquellas condenadas al hambre y la miseria por el abuso político y económico de las élites dejan de ser personas para convertirse en una masa abstracta y anónima, cuyo destino estaba supuestamente marcado por fuerzas superiores o por dioses inclementes.
¡Qué excelente recurso el de la abstracción! Si no contáramos con ese maravilloso truco de la mente, quizá no hubiéramos podido soportar la visión de las niñas calcinadas ante la vista impávida de los policías en un “hogar seguro” del Estado de Guatemala. Tampoco nos hubiéramos sobrepuesto al dramático relato de las mujeres ixiles violadas por los soldados durante el conflicto armado interno de ese país. O, para verlo más de cerca, si no fuera por los filtros contra la emoción, los muertos que se acumulan en las calles haitianas o palestinas nos impedirían disfrutar del almuerzo dominical. Pero no. Gracias a nuestra valiosa capacidad para obliterar todo aquello que nos cause dolor o siquiera malestar, cerramos el acceso a la solidaridad natural de la especie humana y condenamos a “los otros” a vivir lo suyo sin dedicarles un solo pensamiento.
¿Será esto un mecanismo de protección emocional o con esa actitud carente de valor humano nos condenamos a ser las siguientes víctimas en esa escalada de indiferencia? Al no involucrarnos, no participar y dejar que otros decidan, abandonamos un principio fundamental de toda sociedad organizada y violamos una de las reglas fundamentales del sistema democrático al cual nos adherimos. La realidad actual, por lo tanto, nos obliga a quitar los velos y observar, sentir y comprender el origen, las causas y las posibles consecuencias de cerrar los ojos y dejar pasar.
jueves, 28 de marzo de 2019
El sistema penal hondureño coarta la libertad de expresión
La sentencia contra del periodista David Romero Ellner, en la que se le condenada a 10 años de prisión por seis delitos de difamación, abre el debate y los análisis jurídicos en torno a la despenalización de las infracciones contra el honor, es decir la calumnia e injurias.
En marzo de 2016, un tribunal de sentencia encontró responsable de seis delitos de difamación constitutivas de injurias a Romero Ellner, en perjuicio del honor de Sonia Gálvez Ferrari, esposa del entonces Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, imponiéndole la pena de un año con ocho meses de reclusión, por cada uno de los delitos, sumando un total de diez años de privación de la libertada en la Penitenciaría Nacional.
Dicha sentencia fue ratificada luego de finalizado el proceso de casación el pasado 11 de enero. Ante la determinación de la justicia, el periodista David Romero Ellner tomó la decisión de someterse a la “clandestinidad” por considerar que su vida está en amenaza de muerte si llega a un centro penal, y responsabilizó al mandatario Juan Orlando Hernández.
Para la ex ministra de derechos humanos, abogada Ana Pineda, los delitos contra el honor deben subsanar en el ámbito civil, es decir que la persona presenta el daño y en la estimación en que le fue afectada, le corresponderá al juez determinar si hubo una afectación a título de perjuicios y consecuentemente el juez resuelve en función de ello, sin pasar por un proceso penal.
Pineda señala que los procesos penales para los delitos contra el honor mandan un mensaje inhibitorio para la prensa en general e impide la transparencia y el escrutinio público.
Ana Pineda recuerda que, en su mandato como secretaria de derechos humanos, en el año 2013 se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar dichos delitos y que pudieran diferirse en el ámbito de lo civil.
“Desde entonces este proyecto se encuentra en el Congreso y no fue objeto de discusión en ningún momento, a pesar que vinieron los relatores de la Naciones Unidas, como el relator de la Comisión Interamericana y tuvieron encuentros, inclusive, con diputados y diputados del Congreso Nacional haciéndole ver la necesidad de transformar la legislación y avanzar hacia los estándares internacional”, dijo Pineda.
Callar a periodistas
Tras su ocultamiento, Romero Ellner comenzó a acusar a Hernández y su esposa Ana García de blanqueo de capitales y sobrevaloración de fondos públicos, y de otros actos de corrupción, de los cuales asegura tener pruebas en proceso de investigación.
Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), desde el año 2013 se registran 41 procesos penales por los delitos contra el honor, de los cuales 13 casos involucran a periodistas y comunicadores sociales, cuatro a defensoras de la tierra y el territorio, y dos a defensores de derechos humanos.
La abogada penalista e integrante de C-LIBRE, Kenia Oliva, señala que el sistema penal hondureño ha servido para coartar la libertad de expresión, porque atemoriza a los periodistas, a los comunicadores y a cualquier persona que quiera emitir una información.
Oliva comenta que tanto en el caso del periodista David Romero y la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, el mensaje del gobierno es claro: “no se quiere que se hable del mandatario, pero tampoco de lo que hacen sus poderes facticos, entonces el mensaje es que no debemos de cuestionar ni las investigaciones del Ministerio Público ni a los allegados al presidente de la república”.
A criterio del analista político Fernando García, no puede haber democracia política sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión y libertad de reunión y de asociación, por consiguiente los delitos de injuria y calumnia deben ser manejados en el ámbito civil y administrativo.
“No podemos seguir penalizando a quienes luchan por la verdad, a quienes luchamos por la justicia, por la equidad, y también eso debe llevar a evitar que sigan incrementando reformas legislativas en el Código Penal”, dice García, quien manifiesta las acciones penales del actual gobierno consolidan el tránsito de la democracia hacia una dictadura en la que indiscutiblemente se va a recriminar, a perseguir, a vigilar a investigar, judicializar y encarcelar a todo aquel que se oponga a los criterios del régimen.
Ante los escenarios de criminalización contra los sectores de oposición, el analista Fernando García comenta que la población hondureña debe articularse a través de las organizaciones sociales y las políticas, porque ambas son expresiones ciudadanas y buscan una transformación profunda del país que incluía la justicia, la verdad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos que pasa por la libertad de expresión y pensamiento.
Las analistas concluyen que el derecho penal no debe ser un instrumento de la clase política para premiar o castigar a alguien, por lo que haga o por lo que diga o por lo que deje de decir.
Defensores recuperan quebrada en Rancho del Obispo
Pobladores de la comunidad Rancho del Obispo, a 55 kilómetros de Tegucigalpa, lograron demostrar que una corriente de agua es propiedad de la comunidad y no de carácter privada.
Es un conflicto que se llevó algún tiempo resolver, por lo que, tras varias citaciones y la unidad del pueblo ahora la quebrada de donde extraen arena y grava para consumo personal ha sido nuevamente recuperada.
La comunidad de Tierras del Padre libra una lucha por la defensa de la Tierra y Territorio desde el año 2012, y el mismo tiempo de enfrentarse a demandas por usurpación que tiene a cinco campesinos condenados.
Por lo que, para defender el Agua, siguieron procedimientos pertinentes citando y atendiendo citaciones entre la comunidad y quienes habían construido un muro que cerca la quebrada.
La presidenta del Patronato de Rancho del Obispo, Patricia Eguigure, a inicios de marzo compareció ante una citatoria de parte de la alcaldía municipal de Yuscarán, cabecera departamental del departamento de El Paraíso, al oriente del país, llamada por la supuesta dueña del predio, a quien identificó con el nombre de Liliana Grádiz, oriunda de la localidad.
Según el relato de Eguigure, quien es integrante -además- de la red de defensores, defensoras y comunicadores sociales de El Paraíso; de la Iniciativa Mesoamericana y de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), hace dos años el señor Maximino Flores originario y residente en Tegucigalpa, junto a Grádiz, construyeron un muro en ambos lados de la única quebrada que baña a la comunidad.
Para ese entonces, en el 2018, el presidente de la comunidad (vale mencionar hermano de Grádiz) intentó solucionar el problema con la ayuda de algunos miembros del Patronato “lo que le fue imposible ya que fue hasta amenazado”, supuestamente por los interesados, y se detuvo el proceso, detalló el actual patronato.
Al juramentarse un nuevo patronato, en septiembre pasado, en una asamblea comunitaria surgió la petición para citar el 10 de febrero del año 2019 a las diez de la mañana, al señor Maximino Flores, en búsqueda de entablar un diálogo acerca del tema de la quebrada Salada, y se le informó sobre la intención de la comunidad para recuperar ese predio, compartió Eguigure.
Según el relato patronal, él (Flores) dijo que había solicitado al Patronato se le permitiera construir esos muros de piedra, a lo que el Patronato había hecho caso omiso y, que él no estaba robando nada a la comunidad.
Pese a un acuerdo de visitar el lugar en conflicto, para el domingo 17 de febrero, donde convergería Flores, el Patronato y los tres auxiliares de la localidad, Flore no se presentó, por lo que, “el jueves 21 de febrero llamamos al juez de policía para que fuera al lugar acompañado de nosotros e instalamos una hebra (línea) de alambre, señalado por donde él tenía que colocar su cerca, y para sorpresa de nosotros, tres días después parte de la hebra de alambre había sido removida”, continuó la lideresa comunal.
Eguigure se vió en la obligación de informar al juez de policía lo que estaba sucediendo, y recordó que el seis de febrero se presentó a la oficina de jefatura municipal citada por Liliana Grádiz, para expresar que ella no quería problemas con nadie, y que había construido los muros para que no le lanzarán basura a su propiedad; Agregó que, quien le vendió a ella, de nombre Marcelino Valle, le había dicho que podía cercar esa área porque le pertenecía a él, “cosa que es mentira porque los que nacimos aquí, sabemos que le pertenece a la comunidad”.
Ya para el 14 de marzo, se reunieron el Patronato, los tres auxiliares parte de la comunidad, el juez de policía y el jefe de Catastro para ponerle fin al problema, y se recuperó el predio, al menos en un 95 por ciento, afirmó Patricia Eguigure, defensora de la tierra y el territorio.
Demandan agilizar investigación de casos de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández y familia
En los últimos días el periodista David Romero a través de Radio Globo y el periódico El ConfidencialHN presentó un nuevo acto de corrupción que tiene como principales responsables a Juan Orlando Hernández, la madre de la primera dama, Ana García Carias, y a otros funcionarios del partido de gobierno.
Según los datos revelados se sustrajo del Estado más de cuatro mil millones de lempiras, a través de varias Organizaciones no Gubernamentales. En uno de los casos que forman parte de este desfalco millonario figuran los nombres de la señora Victoria Isabel Madison de Chávez, madre del diputado nacionalista David Chávez.
La denuncia hecha pública esta semana, asegura que Victoria Isabel Madison de Chávez, usó la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), ambas controladas por la primera dama Ana García de Hernández, para recibir dinero proveniente de proyectos para obras sociales.
Los casos los conoce a profundidad la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la UFECIC. El fiscal de esta entidad Luis Javier Santos confirmó que en el año 2018 se incautaron más de 60 mil folios de documentación de las oficinas de ambas organizaciones ubicadas en la colonia Las Lomas en Tegucigalpa.
Las autoridades de la UFECIC pidieron tiempo para seguir trabajando en el análisis de la documentación y de esa forma poder elaborar requerimientos fiscales con suficiente fundamento.
A pesar que los medios de comunicación han mantenido absoluto silencio ante estas denuncias realizadas por Romero, varios analistas han salido al paso y han opinado sobre el tema.
El analista Raúl Pineda dice que estos actos de corrupción son muy comunes en el país, lo lamentable es que hasta el momento la Fiscalía no haya actuado al respecto. Pineda asegura que la MACCIH- UFECIC conoce perfectamente el caso, también lo conoce el Consejo Nacional Anticorrupción, por lo tanto cuestiona que hasta el momento hayan actuado con lentitud ante las pruebas que mantienen en su poder.
Por su parte el ex fiscal Jari Dixon Herrera cree que analizar un tema tan complejo relacionado a la corrupción lleva mucho tiempo, pues se debe analizar cada documento, hacer cruce de información, pedir informes a la banca privada, y hacer auditorias.
Para Dixon, quien forma parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, se debe dar tiempo, espacio y confianza a la UFECIC para que ejecute su trabajo, el diputado no duda de la capacidad y compromiso del titular de esa institución, el abogado Luis Javier Santos, por lo que cree que ya llegará el momento en el que se presentarán los requerimientos.
En los últimos casos: “Fraude sobre el Gualcarque” y “Patuca tres”, la MACCIH ha sido cuestionada y criticada por la ciudadanía, pues en sus requerimientos no presentó ninguno contra un pez grande de la corrupción.
El analista Heriberto Baquedano manifestó que es evidente que en muchas de las decisiones de la MACCIH- UFECIC se nota la mano interventora del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de quien afirmó tiene un pacto de impunidad con Juan Orlando Hernández.
Misma perspectiva tiene el analista político Luis Méndez, quien afirma que es urgente que la MACCIH- UFECIC avance más allá en la lucha contra las redes de corrupción y que de una vez por todas demuestren independencia y que ningún pacto de impunidad les podrá evitar enfrentar a los grandes peces de la corrupción en el país.
Para ambos analistas, los límites de este pacto se refleja en los tipos de requerimientos presentados en los casos anteriores, pues en muchos de ellos tuvo que ser citado para comparecer ante la justicia el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández y el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
“Le quedan pocos meses a la MACCIH en el país, se habla de diez casos más que van a trabajar, debido a esta situación nos preguntamos si en estos diez casos está el de la primera dama, madre y familia, o si quedará en la impunidad, es tiempo que la MACCIH- UFECIC demuestren lo contrario”, valoró Luis Méndez.
El abogado Raúl Pineda cuestionó esta lentitud de la MACCIH- UFECIC, afirmando que tienen un despliegue considerable para que ya empiecen a darle las respuestas que la gente demanda en la lucha contra la corrupción, además Pineda admitió que, sin la MACCIH estuviéramos peor, pero enfatizó que le quedan algunos casos donde debe reivindicarse con la exigencia ciudadana.
“Casos como este que denunció Romero deben ser investigados con agilidad por la MACCIH- UFECIC, es parte del mandato que le demanda la gente, enfrentar y desarticular a los líderes de estas redes de corrupción que han vivido en impunidad permanente”, dijo el abogado Rasel Tomé.
Tomé, analista en temas jurídicos, cree urgente que se amplíe en estas investigaciones y a la mayor brevedad posible se presenten los requerimientos, y que en los mismos no se excluya a nadie, sin importar el nombre o el cargo que represente.
Mencionados se defienden
No solo Ana García de Hernández y su madre son las mencionadas en este último caso de corrupción, sino también el exministro de Educación, Marcial Solís, quien lideró la Fundación Juan Manuel Gálvez, la que también se vio beneficiada por depósitos a sus cuentas por parte de fondos de inversión social.
A la par de ellos, también se suma la posible responsabilidad de la madre de David Chávez, en el manejo de las dos Organizaciones que fueron intervenidas en 2018 por la UFECIC-MACCIH, en ese sentido, el diputado nacionalista David Chávez, salió al paso a defenderse a capa y espada.
“Esa denuncia es una vil mentira, David Romero debe revisar lo que dice, por eso es que actualmente está enfrentando un proceso judicial que lo tiene a las puertas de la cárcel”, comenzó argumentando el parlamentario.
Chávez amplió asegurando que, en ningún momento su madre a pesar que si fue presidenta honorífica de una de las Fundaciones mencionadas, desvió dinero para otras cosas, mucho menos para actos de corrupción o para desfalcar el Estado.
El nacionalista culminó diciendo que debido a estas revelaciones presentadas por Romero, no descartaría interponer una querella en su contra.
Por su parte el periodista Romero, en su programa Interpretando la Noticia de Radio Globo, se refirió a las declaraciones de Chávez, manifestando que sus argumentos solo le recordaban los que en su momento usó el exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, quien convocó hace unos años a una conferencia de prensa donde expuso que no tenía ningún vinculo con el narcotráfico. En la actualidad Tony Hernández está preso en Estados Unidos, enfrentando un proceso judicial por el delito de narcotráfico.
Para Romero las pruebas que ha presentado son contundentes y prueba de ello es que esa documentación y con mayor detalle están en manos de la MACCIH- UFECIC, de la cual también critica que no haya hecho nada al respecto hasta el momento.
¿Y la ciudadanía?
A partir de estos nuevos datos de actos de corrupción, la población sigue apática e indiferente a la realidad de país, una realidad que mantiene secuestrado al Estado por un régimen ilegal que sigue saqueando dinero público con total impunidad, tal como ha quedado claro en varios casos de corrupción revelados.
El analista Luis Méndez cree que esta es una nueva oportunidad para que la población salga a las calles, se manifieste en contra de la corrupción y vuelva a demandar de forma seria la salida de Juan Orlando Hernández del poder.
Para Méndez es necesario que la movilización ciudadana se retorne y que se encienda el fuego de las antorchas que en su momento puso en aprietos a la administración de Hernández.
Por su parte Raúl Pineda, también se refirió al tema, asegurando que la gente a pesar de tener estas denuncias que vienen de diversos sectores sigue mostrando apatía e indiferencia, por lo que de continuar este tipo de reacción ciudadana la realidad de país no cambiará.
“Es tiempo de vencer el miedo, miedo generado por la represión de la dictadura, pero debemos salir con dignidad y retomar la lucha para presionar a la MACCIH- UFECIC que denuncie a los líderes de las redes de corrupción y también para demandar cambios estructurales para el país”, enfatizó Méndez.
El "New Deal" ecológico pone en peligro de extinción a los dinosaurios del Congreso
Por Amy Goodman y Denis Moynihan
En las últimas semanas, un vórtice polar que azotó Estados Unidos causó la muerte de al menos 20 personas. Al mismo tiempo, los científicos del gobierno estadounidense informaron que 2018 fue el cuarto año más caluroso desde que se lleva registro y que los últimos cinco años han sido los más cálidos de la historia reciente.
Un enorme agujero en uno de los glaciares más grandes de la Antártida está causando un derretimiento acelerado, mientras que, en todo el continente, grandes lagos de agua de deshielo se desplazan y amenazan con hacer colapsar estas vastas capas de hielo, lo que conduce a un rápido aumento del nivel del mar en todo el mundo. El derretimiento de los glaciares del Himalaya genera riesgo de inundaciones y problemas en el suministro de agua que podría afectar a decenas de millones de personas.
A modo de prueba de que el planeta está experimentando lo que se ha llamado “la sexta gran extinción”, un análisis reciente de datos científicos concluyó que el 40% de los insectos del mundo están al borde de la extinción.
Ante todo esto, ¿cuál fue la respuesta del presidente Donald Trump? En medio de la ola de frío extremo causada por el vórtice polar, tuiteó: “¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve pronto, ¡te necesitamos!”. Pero, pese a todo, hay esperanzas. Dos demócratas, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el senador de Massachusetts Ed Markey presentaron una resolución en el Congreso que establece “el deber del gobierno federal de crear un New Deal ecológico”. La Resolución 109 de la Cámara de Representantes tuvo una notable cifra de 67 copatrocinadores en esta cámara, todos demócratas, y se ha enviado a once comités distintos de la Cámara de Representantes para su consideración.
Al anunciar la presentación de la resolución, Ocasio-Cortez expresó: “Hoy es el día en que realmente nos embarcamos en una agenda integral de justicia económica, social y racial en Estados Unidos de América. El cambio climático y nuestros desafíos ambientales son una de las mayores amenazas existenciales para nuestra forma de vida; no solo a nivel nacional, sino mundial”.
El New Deal ecológico hace referencia al New Deal original, esto es, el contundente plan de gobierno implementado en Estados Unidos por el presidente Franklin Delano Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Además de imponer una serie de políticas regulatorias para restringir el poder de los grandes bancos que fueron en gran parte responsables del colapso financiero, el New Deal permitió al gobierno federal contratar directamente a millones de trabajadores para hacer todo tipo de tareas, desde construir carreteras y puentes hasta escribir poesía. También se creó el sistema de Seguridad Social para proteger a los ancianos de los estragos de la pobreza. Desde entonces, el New Deal se ha vuelto sinónimo de una intervención a gran escala del gobierno para resolver problemas grandes y aparentemente inabordables con éxito.
Las resoluciones paralelas del Senado y la Cámara de Representantes presentadas por Markey y Ocasio-Cortez —quien es conocida como “AOC” por sus partidarios— son un llamado a la acción para que el Congreso elabore leyes que implementen un auténtico New Deal ecológico, que pueda cambiar rápidamente el curso económico del país a otro que sea alimentado por energía renovable, de una manera limpia, justa y equitativa.
Anderson Cooper, presentador de la CNN , le preguntó a Alexandria Ocasio-Cortés en el programa “60 Minutos” acerca de la propuesta: “¿Se refiere a que todo el mundo tendrá que conducir un automóvil eléctrico?”. La representante respondió: “Se van a necesitar muchos cambios rápidos que ni siquiera concebimos como posibles en este momento. ¿Cuál es el problema de tratar de llevar nuestra capacidad tecnológica lo más lejos posible?”
Cooper también la interrogó sobre el costo de llevar a cabo un New Deal ecológico que, en parte, AOC propone financiar con un aumento del impuesto marginal a los súper ricos: una tasa impositiva del 70% sobre los ingresos obtenidos por encima de los diez millones de dólares, por ejemplo. Varias encuestas nacionales insinúan un fuerte apoyo a tal impuesto.
Si bien casi todos los aspirantes demócratas a la presidencia han abrazado el New Deal ecológico, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se burló del plan al responder la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que la propuesta sea tratada en el Congreso: “Será una de varias o, quizá, de muchas sugerencias que recibamos. El sueño ecológico, o como lo llamen; nadie sabe lo que es, pero están a favor, ¿no?”
Después de que el senador Markey presentara su resolución ecológica, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, declaró a los medios: “Vamos a votar sobre la propuesta en el Senado para darles a todos la oportunidad de dejar asentadas sus declaraciones”. McConnel, junto con el Partido Republicano, están calculando que un voto a favor podría perjudicar políticamente a los demócratas que están actualmente en funciones cuando llegue el momento de su reelección.
Pero McConnell está equivocado. La mayoría de los estadounidenses cree que el cambio climático es real, que representa una amenaza para la humanidad y que hay que hacer algo al respecto. Es hora de que los dinosaurios del Congreso y la Casa Blanca se desprendan de los combustibles fósiles y apoyen el New Deal ecológico, o se enfrenten a la extinción.
© 2019 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
- Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
La guerra como avanzada de las corporaciones
CLAE / El Cohete a la Luna
Por Jorge Elbaum *
La ayuda humanitaria propuesta por Estados Unidos para morigerar la crisis económica y social y social que vive Caracas ha sido precedida por un programa orientado a disciplinar a la República Bolivariana, y a toda la región, con el objeto de evitar caminos soberanos alternativos al neoliberalismo.
Más allá de las controversias acerca de la existencia o no de responsabilidades de gestión y/o ineficiencia de las políticas del chavismo en la situación interna de Venezuela, la fingida ayuda humanitaria desplegada por la fuerza militar del Comando Sur del Pentágono no responde a los protocolos demandados por los organismos de cooperación internacional para ser catalogados como una contribución destinada a paliar el sufrimiento de los venezolanos.
El domingo 10 de febrero, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló en un informe público que dicha ayuda carece de todo carácter humanitario dado que no está gestionada por organismos específicos dedicados a ese tipo de cooperación. Además, está gestionada por fuerzas militares que amenazan con invadir un territorio soberano, agregó.
Tanto la Asamblea de las Naciones Unidas como su Consejo de Seguridad –los pilares de la arquitectura institucional global— han rechazado, por mayoría, la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, los países que fueron derrotados en las votaciones de ambas organizaciones multilaterales, entre ellos EEUU y una parte de los integrantes de la Comunidad Económica Europea, continuaron la ofensiva injerencista desconociendo los acuerdos internacionales y el principio de no injerencia suscripto en la carta fundacional de la ONU.
En ese marco, el Presidente Donald Trump abandonó el anunciado aislacionismo prometido en su campaña electoral y anunció que no descarta la intervención militar o la colaboración con las fuerzas militares de los países limítrofes de Venezuela, dispuestas a contribuir a la liquidación de la resistencia chavista.
En la última semana, el primer mandatario colombiano Iván Duque viajó a Washington para someterse a los planes resueltos por el Departamento de Estado. En forma paralela, el ex embajador de Estados Unidos asignado en Caracas, William Brownfield, subrayó que “quizá la mejor solución sería acelerar el colapso de la economía”, o sea aislar y producir una crisis terminal a la población caribeña. Por su parte, el canciller ruso Serguei Lavrov acusó a Trump de disimular una intervención militar en Venezuela a través de la llegada de ayuda humanitaria. Subrayó en total coincidencia con Brownfield, que se busca “camuflar provocaciones (…) con el envío de ayuda humanitaria, como medio para desestabilizar la situación en Venezuela y obtener el pretexto para una intervención militar directa”.
El posicionamiento de Rusia coincide con el de China y el de dos tercios de los países adscriptos a la ONU. En ese marco, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephan Dujarric, aseguró que el organismo reconoce la legitimidad del Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, como única autoridad de la nación. A través de su vocero, Antonio Guterres rechazó las demandas de Estados Unidos para validar al diputado de la Asamblea Nacional, en desacato, Juan Guaidó. (1)
Humanismo del garrote
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), una de las voces más representativas de la catalogación de emergencias internaciones, consigna 7 situaciones de gravedad humanitaria en el mundo durante 2018: Irak, Nigeria, República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur, Yemen y Myanmar (en relación a los rohingyas) (2). En todos esos escenarios se han denunciado masacres, desplazamientos de población y crímenes de lesa humanidad.
} En tres de ellos (Irak, Siria y Yemen) las acusaciones de matanzas a población civil involucran a las fuerzas militares de Estados Unidos ya sea por bombardeos de su fuerza aérea y/o por asesoramiento, financiamiento o provisión de armamento a los grupos implicados en los respectivos crímenes masivos. En el caso específico de Siria han impulsado las operaciones de los grupos fundamentalistas islámicos (del ISIS), repitiendo el modelo de apoyo a Al Qaeda, en Afganistán, en su guerra contra la ex Unión Soviética en los años ’80.
La última emergencia internacional consignada por ACNUR se desarrolla en la actualidad muy cerca de la frontera de Estados Unidos y abarca al 50 % de la población de Haití, que sufre una situación de violencia interna, hambrunas y posibles pandemias capaces de extenderse peligrosamente a su vecina República Dominicana. En los últimos días las oficinas de las Naciones Unidas instaladas en su capital contabilizan 52 muertos y casi 300 heridos, en el marco de una confrontación social que incluye el pedido de renuncia de su primer mandatario dictatorial, Jovenel Mouse, curiosamente avalado por el Departamento de Estado, quien llegó en el marco de un fenomenal fraude electoral digitado desde Washington (3).
Las denominadas guerras democratizadoras impulsadas por Washington desde 1945 han impuesto dictaduras, como en Corea del Sur, o generado millones de muertos como en Vietnam, Afganistán, Irak, Somalia o Libia. La pretendida ayuda humanitaria es la fase actual de un proceso de larga duración que se inició en 2002 con el golpe de Estado al entonces presidente Chávez.
La ofensiva se complementó con una campaña mediática orientada a socavar las decisiones soberanas del gobierno venezolano, proceso que incluyó la protección a empresarios denunciados por Caracas que hallaron refugio en Miami. La campaña de desestabilización se completó con la aceptación por parte de los organismos de control de Washington de una gigantesca fuga de capitales canalizados por las entidades bancarias offshore, que administran capitales estadounidenses y británicos asentados en islas del Caribe y en el estado de Delaware. Las etapas posteriores incluyeron un progresivo bloqueo, que impidió la importación de medicinas y alimentos y un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro mediante la utilización de drones explosivos.
Las máscaras se derriten
La fase actual de la promocionada ayuda humanitaria abarca el intento de duplicidad del Poder Ejecutivo venezolano con el reconocimiento del auto erigido presidente Juan Guaidó (4) . En las cercanías de las oficinas de los congresistas estadounidenses circulan humoradas respecto a la crisis humanitaria que implicaría, para los empresarios norteamericanos, desaprovechar negocios respecto a la mayor reserva certificada de petróleo de mundo, la tercera de gas, la tercera de oro, la quinta de hierro y la hipótesis de contar con los yacimientos de coltán más importantes a nivel global, mineral vital para la elaboración de las futuras baterías de los dispositivos electrónicos necesarios para la cuarta revolución industrial.
Las bromas esparcidas en los despachos del Capitolio se hicieron más ácidas cuando se difundió que el jefe de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Lance Engel, descartó la autorización de su bancada, que posee la mayoría de los escaños, para una intervención militar en Venezuela, como la que sugirió reiteradamente el presidente Donald Trump.
Las humoradas se vieron justificadas por la intervención de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien recientemente se refirió al rol de las corporaciones trasnacionales monopólicas, y sobre todo las petroleras y aquellas que producen aparatología bélica, para inficionar el sistema político estadounidense y lograr intervenciones militares e invasiones dirigidas a lograr ventajas estratégicas en el acceso a materias primas y control logístico territorial. Ocasio-Cortez también apeló al humor para desenmascarar el mecanismo por el cual parlamentarios y miembros del poder ejecutivo buscan ventajas basadas en la corrupción corporativa y empresarial. Frente a un comité de expertos en ética, convocados en una audiencia de la comisión de vigilancia del Congreso, pareció explicar las motivaciones últimas de la injerencia sobre Venezuela.(5)
Los mandatos del capitalismo monopólico global al interior de la política estadounidense. Una explicación de cómo funciona la ofensiva injerencista.
A fines del siglo XX Hugo Chávez inauguró una etapa enfrentada al neoliberalismo que tuvoecos, continuadores y socios en varios países de América Latina . Ese proceso se condensó en 2005, en la ciudad argentina de Mar del Plata, con el “No al ALCA”, que significó un límite preciso a la manipulación de Washington en la región. La irrupción del supremacista Trump profundizó la guerra de baja intensidad basada en sanciones financieras, la pretendida dualización y la restricción a recuperar reservas de oro y divisas depositados en Gran Bretaña y Estados Unidos. }
Según un pormenorizado análisis reciente divulgado por el CELAG, el aislamiento humanitario –mejor denominado asfixia programada— supuso la pérdida de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017. “Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013, el sector público venezolano dejó de recibir, en términos netos, flujos que en el quinquenio 2008-2012 habían supuesto más de 95.000 millones de dólares, es decir, unos 19.000 millones de dólares anuales” (6).
El bloqueo económico y la amenaza de la guerra civil para generar el colapso, la imposición de un imaginario justificador de la existencia de un poder dual y la invasión estadounidense que se anuncia entre los opositores con fecha precisa el 23 de febrero, disimulada en el caballo de Troya de la supuesta ayuda humanitaria: todo para terminar, de forma ejemplarizante en la región, con el virus de la Revolución Bolivariana.
Años atrás, un importante funcionario de la cancillería argentina participó en Washington de la presentación del libro de Henry Kissinger Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones, por entonces un best seller mundial. Luego de las acotaciones elogiosas de dos comentaristas y la pausada alocución del autor, se autorizó una ronda de preguntas los presentes. El funcionario diplomático argentino inquirió, respetuosamente, al autor: “¿Cuál es la razón, señor Kissinger, por la cual usted se refiere a América Latina en forma tangencial y exigua en su texto?” El ex jefe del Departamento de Estado apeló a una risa disimulada y respondió: “Porque America Latina no es un problema de política exterior de los Estados Unidos. Es una cuestión doméstica de nuestro país”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Notas
1.- No todos los países de la Unión Europea (UE) se suman al desconocimiento de Maduro. Hasta el momento Italia, Grecia, Rumanía, Irlanda, Bulgaria, Chipre, Malta y Eslovaquia han omitido la legitimación de Juan Guaidó. En total, sólo 40 países de las 193 reconocidas por las Naciones Unidas avalaron al autoproclamado primer mandatario Guaidó.
4.- El bloqueo proscribe el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, lo que impide renovar sus títulos de deuda pública o solicitar nuevos. Imposibilita la compra de crudo liviano para la refinación de la materia prima lo que genera fuertes caídas en la generación de divisas. Un proceso generado por Estados Unidos para empujar el colapso.
5.- El video de Alexandria Ocasio-Cortez sobre la corrupción institucionalizada se convirtió en el video político más visto de la historia de Twitter con 40 millones de reproducciones. Ver: https://youtu.be/8xBUJGdy3GU
Jorge Elbaum: Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la ). Publicado en cohetealaluna.com
miércoles, 27 de marzo de 2019
Delegación internacional acompaña a comunidades que resisten a modelo extractivo
La presencia de más de 75 personas representantes de varias organizaciones de derechos humanos, religiosas y religiosas de Estados Unidos, es una muestra de la preocupación que muchos sectores internacionales tienen sobre lo que ocurre en Honduras.
Esta semana la denominada Delegación de embajadores por la paz visitó varias regiones del país, para compartir con las comunidades que viven en medio de la violencia generalizada, la violencia que provoca el modelo extractivo y la pobreza en que se vive en Honduras, donde 6 de cada 10 familias se encuentra en estas condiciones, tal como lo confirman datos del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, Fosdeh.
En un comunicado publicado el día de su llegada, la delegación ecuménica aseguró que estaba integrada por espacios que trabajan por los derechos de las personas migrantes, y que busca conocer los factores que están obligando a las personas a huir, entre ellos, la violencia, la degradación ambiental; y los efectos del golpe de Estado de 2009, el cual acentuó la entrada de los cárteles de la droga, el crimen organizado, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la casi total impunidad ante las violaciones a derechos humanos.
Luego de una visita a las instalaciones de Radio Progreso-ERIC en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras salieron en rutas que los condujeron al departamento de Santa Bárbara, Colón, Cortés y Yoro.
Occidente lucha contra las represas
Un grupo de la delegación llegó hasta Minas de Santa Cruz, una de las 10 comunidades en el municipio de Quimistán, que se oponen a la instalación de la empresa hidroeléctrica San Lucia I y II, proyecto que se pretende instalar sobre las aguas del río Cuyagual, principal afluente de agua para los vecinos y vecinas de la zona.
Por su rechazo a la construcción de la represa, los líderes y pobladores de la comunidad enfrentan hostigamiento, amenazas a muerte y militarización de la zona. La delegación puedo constatar esta realidad que se repite en otras comunidades de Honduras, quienes rechazan la presencia de la industria extractiva por ser una amenaza directa para la ciudadanía.
Guapinol
Otro grupo de la delegación llegó hasta la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, una región que en los últimos años su población ha sido víctima de conflictos de tenencia de tierra, presencia del narcotráfico y más recientemente la amenaza que supone la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, anteriormente Montaña Botadero.
Las comunidades del municipio de Tocoa han sido víctimas de desalojos, asesinatos y criminalización, así lo comprueba la acusación que existe para 32 defensores del río Guapinol, 13 de ellos declarados inocentes por un juez nacional.
La delegación tuvo la oportunidad de conocer la comunidad de Guapinol, donde platicó con su gente, escuchó sus argumentos para defender la fuente de agua, pero también pudieron ver el proceso de militarización que existe en la región.
El día que la delegación visitó la comunidad y pretendía celebrar un acto espiritual en honor al agua limpia y pura del río Guapinol, los militares de la zona lo imposibilitaron a través de la amenaza e intimidación, alegando que esa zona era propiedad de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Ante esta situación la comunidad en un comunicado dijo: “Seguiremos defendiendo nuestro derecho de forma pacífica como siempre lo hemos hecho, porque la empresa se victimiza haciendo quedar mal a la comunidad en resistencia, que lo único que hace es defender el derecho al agua”.
Otra parte de la delegación compartió con la población abandonada y excluida de la denominada ciudad industria de Honduras, San Pedro Sula. Se escuchó a los hombres y mujeres a quienes se les niega un pedazo de tierra, y que se han visto obligados a vivir en casas improvisadas a las orillas de los ríos, en los denominados bordos. Otra de las realidades que conocieron fue lo que viven niños, niñas y jóvenes en las colonias calificadas de violentas, exactamente el sector Rivera Hernández, en el programa socioeducativo Paso a Paso.
En su paso por Tegucigalpa, capital hondureña, la delegación realizó una vigilia en las afueras de la embajada de Estado Unidos, para luego mantener una reunión con la representación de este gobierno.
Entre los puntos y peticiones que realizaron a esta embajada está el daño que para los defensores de derechos humanos y del ambiente significa que el gobierno de Estados Unidos y su embajada esté dando respaldo público a un gobierno violador de derechos humanos.
Realidad que seguirá provocando migración y Caravanas que salen huyendo de la realidad, por lo que urge abordar de manera efectiva las causas de raíz de la migración, y la realidad que demuestra que las estrategias hasta ahora no han funcionado. Un tercer tema fue la demanda de apoyo de la embajada a la UFECIC y a la MACCIH, y la preocupación de los mensajes de altos funcionarios que no quieren la continuidad de la misma.
San Romero
La visita de la delegación coincide con el 39 aniversario del martirio de San Oscar Romero, que fue asesinado por su defensa de la mayoría empobrecida y por denunciar la represión por parte de las fuerzas del gobierno de El Salvador el 24 de marzo de 1980. La delegación conmemorará este fin de semana el aniversario con un foro de reflexión teológica sobre la vigencia del pensamiento y actuación de San Romero en la Honduras actual.
“Vamos a Honduras con el espíritu de San Oscar Romero y Berta Cáceres, en el aniversario de su martirio. Ambos exigieron el fin de la represión”, dijo José Artiga, director de la Fundación Share, que tiene 40 años de experiencia acompañando y defendiendo los derechos humanos en El Salvador. “San Romero está hoy con los hondureños y hondureñas que luchan por tener una vida digna y un futuro y medioambiente sostenible para el país entero”.
El padre Ismael Moreno, director del ERIC y Radio Progreso dijo que la presencia de la Delegación es una muestra de solidaridad que existe con Honduras y su gente. “Una presencia internacional de embajadores por la paz y la justicia que vienen en solidaridad con Honduras y en recuerdo al legado de monseñor Romero”.
Frente a la Embajada de EEUU se realizó Vigilia Ecuménica por los presos y perseguidos políticos
Una jornada de oración y actos culturales se desarrolló frente a la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, denominada “Vigilia Ecuménica por los presos y perseguidos políticos en Honduras”.
En la actividad, organizada por la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, participó una delegación religiosa internacional de Estados Unidos conformada por unas de 75 personas, entre líderes y lideresas religiosas y defensores de los derechos de las personas migrantes.
La delegación internacional, que finaliza su visita al país el domingo 24 de marzo, visitó distintas regiones, donde conocieron la realidad que enfrentan las comunidades a las industrias extractivas y a las violaciones de derechos humanos, que están obligando a las personas a huir de sus hogares y del país.
La delegación internacional, que acompañó en la vigilia ecuménica a la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, escuchó testimonios de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por el régimen de Juan Orlando Hernández.
La crisis política post electoral de 2017 dejó al menos 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 175 criminalizados, de los cuales tres aún permanecen privados de libertad.
La vigilia comenzó a eso de las 6:30 de la tarde con actuaciones artísticas, como la cantante Karla Lara, el grupo de la Iglesia Ágape y el poeta y pintor Roger Robelo, para luego darle paso al acto religioso que estuvo a cargo del padre jesuita Ismael Moreno y del pastor de la Iglesia Ágape, David del Cid.
“Invocamos por nuestros hermanos que están privados de libertad por su compromiso con la justicia aquí en Honduras y por eso gritamos con más fuerza libertad para los presos políticos”, señaló el padre jesuita Ismael Moreno.
Los asistentes se hicieron acompañar con velas encendidas, incienso, con pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos, principalmente de Raúl Álvarez, Edwin Espinal y Gustavo Cáceres, únicos que aún permanecen privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva y en el centro penal de El Progreso, respectivamente.
En las mantas y carteles se podían leer mensajes como “Libertad para los presos políticos”, “En Solidaridad con los defensores”, “Protejamos el agua, la tierra y la comunidad”, “Libertad Ya”, entre otros.
Asimismo al unísono, y con música de fondo que proclama la lucha de los pueblos, se escuchaban las consignas de exigencia de justicia y repudio al gobierno de Juan Orlando Hernández por violentar los derechos humanos de las personas que se manifiestan en contra de su régimen.
En su intervención el padre Ismael Moreno expresó que “yo estoy aquí para exigir que salga ese régimen usurpador y estoy feliz de estar con ustedes porque me siento parte de la comunidad de la rebeldía hondureña”.
Añadió “me siento más hermano de los que son parte de la Iglesia Evangélica que están aquí, que de un montón de católicos y católicas de que no me siento identificado”.
Por su parte la coordinadora del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembra de la coordinación general de la Convergencia contra el Continuismo señaló “estamos aquí para decirle al gobierno de los Estados Unidos que cese el apoyo económico para seguridad y defensa, porque en el país lo que menos tenemos es seguridad y defensa”.
Agregó la defensora de los derechos humanos que no queremos más militarización porque solo nos dejan más dolor.
Asimismo sostuvo que habían llegado hasta ese lugar para protestar porque “la dictadura de Juan Orlando Hernández se ha consolidado por la determinación del gobierno de Estados Unidos con nuestro país”.
La Reverenda Deborah Lee, Directora Ejecutiva del Movimiento Inter religioso para la Integridad Humana, comenzó su intervención con el grito “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Seguidamente indicó que es una fuerza grande la que ustedes tienen aquí en la calle, en los campos, que hay en los valles y en las montañas; nos han inspirado y vamos a llevar un mensaje fuerte a nuestro Gobierno”.
Añadió que “estamos aquí para aprender del pueblo y no de lo que dice el Gobierno; estamos aquí para escuchar sus historias y sus testimonios, las que vamos a llevar a los líderes de nuestro Gobierno porque juntos a su lado podemos amplificar sus voces allá en los Estados Unidos”.
Expresó su solidaridad con el pueblo hondureño que está sufriendo por la violencia económica, la violencia política, la militar y la violencia de la destrucción y el robo de sus territorios, de sus ríos y su bienestar.
Tenemos el compromiso de estar con ustedes, finalizó diciendo la religiosa.
Campamento de Pajuiles: Dos años construyendo soberanía popular
Dos años han pasado desde que un grupo de ciudadanas y ciudadanos tomaron la decisión de instalar un campamento en el sector de Pajuiles, Tela, Atlántida, en defensa del río Mezapa, amenazado con la instalación de una represa por parte de la empresa Hidroeléctrica Centrales de El Progreso Hidrocep, del empresario progreseño Jason Hawit.
A pesar de la criminalización de la protesta pacífica y legítima; del hostigamiento; la represión y desalojos, el campamento de Pajuiles permanece allí, está vivo, en un acto continúo de resistencia al extractivismo.
En el Día Mundial del Agua, resaltamos la lucha de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa del agua, quienes desde la colectividad construyen soberanía, y marcan el camino en defensa del agua.
A 43 años del Golpe de 1976
Rebelión
Por Julio C. Gambina
Resulta de interés recuperar los objetivos del poder económico, político, social y cultural para el Golpe del 24 de marzo de 1976, con antecedentes inmediatos en el “rodrigazo” [1] del mes de Julio de 1975; y aún antes, con la instalación del terror parapolicial y paramilitar de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) desde el propio Estado, luego continuado y exacerbado ya como terrorismo de Estado con la asunción de la Junta Militar.
Esos propósitos del Poder solo fueron posibles por el uso de la violencia estatal del golpe genocida, que buscó frenar la acumulación de poder popular, cultural, sindical y territorial del movimiento social en el país. Se buscó con el Golpe “des-acumular el poder popular” conquistado en décadas anteriores con la lucha social, política y cultural en la Argentina. Había que transformar regresivamente a la sociedad para recuperar el proyecto de acumulación capitalista.
Vale mencionar el poder popular acumulado, que era en rigor un clima de época, con extensión planetaria del anticapitalismo, incluso por el socialismo.
Evidencia de lo dicho pasa por el triunfo entre 1973-75 de Vietnam sobre la invasión militar de EEUU; y por cierto la situación latinoamericana y caribeña con la experiencia de Cuba desde 1959 y su objetivo por el socialismo luego de la invasión estadounidense a Playa Girón en 1961, lo que convalidaría la Constitución cubana de 1976.
A mediados de los 70 se verifican un conjunto de crisis simultáneas en el orden capitalista (monetaria, energética, medio ambiental), las que se manifiestan con una fuerte caída de la tasa de ganancia de los capitales más concentrados. Había que revertir esa situación e ir contra las políticas económicas del reformismo capitalista para reinstalar una lógica de libre mercado.
El diagnóstico de los monetaristas y neoliberales, con Milton Friedman a la cabeza, que fuera Premio del Banco de Suecia de 1976 (Nobel), uno de los padres del neoliberalismo, convocaba a desarmar el Estado del bienestar, a bajar el gasto público social y a dar aliento a la iniciativa privada y retomar la máxima del libre cambio.
Fueron postulados que se conocerán y generalizarán luego en los años 90, bajo la denominación del “Consenso de Washington” para aplicar en la región latinoamericana y caribeña.
Había que desarmar las políticas keynesianas aplicadas a la salida de la segunda posguerra en todo el sistema mundial. Ese era el objetivo del neoliberalismo.
El keynesianismo fue la política hegemónica en el mundo luego de 1945, asumida para contrarrestar la emergencia del socialismo desde 1917 en Rusia, en la URSS desde 1922 y en el campo socialista de Europa desde 1945, acrecido en 1949 en China. Hasta se podría considerar el carácter keynesiano de las políticas en el este de Europa y el llamado sistema socialista.
Por eso, el neoliberalismo hoy vigente como corriente principal de las políticas económicas surge en respuesta y para desarmar la política keynesiana y cualquier sentido de un rumbo socialista, aún de carácter reformista. Trump y Bolsonaro en su reciente encuentro manifestaron su apuesta por el fin del socialismo en la región.
Ofensiva capitalista
El neoliberalismo emergió con las dictaduras del Cono Sur de América entre 1973/76, como ensayo que coronaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 80, más allá de matices actuales con los libertarios (Milei, Espert, Boggiano), liberales a ultranza, enemigos del propio Estado capitalista.
Las políticas de cuño neoliberal se consolidaron en los 90 en la Argentina, y ahora pretenden no solo afirmar el cambio estructural en materia de las relaciones entre el trabajo y el capital, con mayor flexibilidad salarial y laboral; sino también, avanzar con la reforma reaccionaria del Estado vía reformas laborales, previsionales o impositivas; tanto como profundizando la dependencia a la política exterior imperialista, especialmente estadounidense, siendo ese el caso de la agresión e injerencia en Venezuela.
Resulta de interés pensar estos temas de cara a la campaña electoral, con un gobierno que presenta nefastos resultados económicos y sociales para la mayoría empobrecida, combinando inflación con recesión, y una ofensiva ideológica y política, descalificando adversarios como expresión lo viejo, relativo a lo ocurrido entre 1945 y 2015.
Por eso aluden a que los problemas argentinos se remontan a los 70 últimos años, supuestamente hegemonizados por el “populismo”, forma de atacar la orientación keynesiana, hegemónica en el mundo para esos años, por lo menos hasta comienzos de los años 80. Claro que omiten los tiempos neoliberales bajo la genocida dictadura (1976-1983) o la década del noventa (1989-2001) del siglo pasado.
Convengamos que la respuesta no es volver hacia atrás, a repetir cualquier experiencia de orientación keynesiana o populista, aun cuando puedan demostrarse experiencias pretéritas de gobiernos con una progresiva distribución del ingreso, ya que los modelos de industrialización por sustitución de importaciones y sus Estados correspondientes en los 50/70, ya no se compadecen con ciclos productivos encadenados mundialmente bajo cierto desarrollo tecnológico unificado.
Lo que hace falta es gestar un proyecto que supere al orden capitalista, en momento donde los propios consultores del sistema, el FMI por ejemplo, aluden a las dificultades para superar los obstáculos que instaló la crisis del 2007/09, que todavía continua y que provoca el desorden político global con emergencia de gobiernos autoritarios, como Trump o Bolsonaro, o el mismo Macri, con destino para afirmar mecanismos represivos que limiten y superen la resistencia a los cambios que pretenden implementarse en un segundo turno de gobierno, entre 2019 y 2023.
Nota:
[1] Celestino Rodrigo era Ministro de Economía del Gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón, quien en Julio de 1975 impulsó una serie de medidas de política económico de carácter antipopular para desarmar la lucha sindical por mejoras del ingreso. Ese conjunto de medidas de ajuste y shock fueron denominadas: “rodrigazo”.
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