miércoles, 28 de noviembre de 2018

Fondo Social Departamental no fue aprobado, dicen diputados oficialistas



Pese a las denuncias de un reducido grupo de diputados de oposición, en las que aseguran la aprobación de 400 millones de lempiras, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Mario Pérez, afirma que en el proyecto de Presupuesto General 2019 no se contempla una partida para la reactivación del Fondo Social Departamental.

“Ante la situación que se ha dado, confusa o por un mal entendido, hemos querido dejar muy claro que ni en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo ni en el dictamen que vamos a discutir se contempla alguna partida presupuestaria que vaya encaminada a la creación de un Fondo Departamental o de subsidios para diputados”, aseveró Pérez, en el marco de las jornadas de revisión del proyecto de Presupuesto de la República 2019.

Por su parte y en la misma línea del diputado Mario Pérez, la ministra de finanzas, Rocío Tábora, dijo que las inversiones para proyectos de infraestructura vial, en los próximos tres años, serán ejecutadas desde el gobierno central.

“No hay Fondo Departamental en el Presupuesto 2019. Es importante mencionar que nosotros sabemos que las comunidades tienen demandas, que las hacen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, también a los alcaldes, y en este presupuesto 2019 están contemplados proyectos en materia de infraestructura vial, prevemos poder llegar a una inversión de hasta 23 mil millones de lempiras”, apuntó Tábora.

Por su parte, Antonio Rivera Callejas, vicepresidente legislativo, manifestó que los proyectos aprobados en el Congreso Nacional, sean carreteras, centros de salud, escuelas, serán coordinados con la Secretaría de Finanzas de acuerdo con la capacidad económica del Estado.

Para aumento de salario
Para el dirigente liberal Darío Hernández el Fondo Social Departamental además ha sido utilizado en el aumento de salario a los diputados y diputadas, por tanto es una trampa para el pueblo hondureño: “esa ha sido una actitud incorrecta, no importa quienes hayan votado a favor y de qué partido, el tema fue que no aprovecharon el Fondo Departamental éste año y lo utilizaron para el aumento, de tal manera que fue una trampa y tomadura de pelo para el pueblo hondureño”.

El sociólogo y analista Julio Navarro señala que los diputados y diputadas deben dedicarse a legislar y no a administrar fondos públicos. “Yo creo que en eso los diputados deberían de ser conscientes, porque parece como un privilegio cuando ellos que elaboran las leyes son capaces de legislar para beneficiarse personalmente”.

Navarro recuerda que el Fondo Departamental nunca ha desaparecido, ya que ha estado en manos del Poder Ejecutivo: “ahora que el señor Oliva –presidente del Congreso Nacional, va adquiriendo más independencia es capaz de replantearse hoy en día el funcionamiento del Fondo Departamental para que los diputados puedan seguir ayudando a las comunidades”.

Juventud debate sobre igualdad de género



 Cuando una mujer está embarazada y se conoce el sexo del bebé, la familia y amigos por defecto comienzan a expresar: “Una niña vendrá ayudar con los quehaceres de la casa. Hay que comprar todo color rosa. El niño tiene que parecerse al papá y trabajar como él. Será el encargado del negocio”. Los roles de género que impone la sociedad siguen marcando una vida desigual para hombres y mujeres en pleno siglo XXI.
La desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social. Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, ellas son la mitad del potencial para el avance de la sociedad.

Jóvenes de las áreas de gastronomía y barbería del Centro Técnico Loyola, de la red de institutos de Fe y Alegría en Honduras, desarrollaron un debate sobre la igualdad de género en las instalaciones de Radio Progreso. Era la primera vez que los jóvenes desarrollaban un debate público sobre esta temática.

Los jóvenes llegaron muy temprano y nerviosos al salón antes de comenzar el debate. Unos estaban a favor y otros en contra. “Está bien que la palabra género y sexo sean utilizadas como sinónimos”, de esa forma comenzó el debate. De entrada, ambos grupos coincidieron.

Si bien la palabra género y sexo, a menudo, son utilizadas como sinónimos; estos conceptos presentan características totalmente distintas. Así, cuando se habla de “sexo” se hace referencia únicamente a las características biológicas. Género consiste en asumir que no hay conductas exclusivas de un sexo, sino comportamientos influidos por los procesos sociales.

Los jóvenes que participaron en el debate son parte del programa “Jóvenes Constructores”. El programa forma parte de la iglesia católica. Jóvenes Constructores ofrece habilidades para la vida y para el trabajo. Con capacitación en temas de realidad nacional formando a hombres y mujeres que trabajan por mejorar sus condiciones de vida.

Al inicio, el debate parecía estar marcado por posiciones a favor y en contra. Sin embargo, la educación Jesuita que los jóvenes han recibido hizo que la jornada concluyera con opiniones consensuadas. “Es difícil ocultar que vivimos en una sociedad machista, que mata a las mujeres”, expresó Brayan Mathew estudiante de barbería quien participó activamente en el debate. Los jóvenes identifican claramente que históricamente las mujeres han estado en desventaja en la sociedad.

Esta jornada fue acompañada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, quien trabaja procesos de formación con enfoque de género. Desde el Eric se apuesta por por la construcción de una sociedad justa, equitativa y soberana.

Honduras, en los últimos años, ha sido colocado a la cabeza de las listas de los países más violentos de América Latina y el resto del mundo. Un claro ejemplo de ello es el asesinato de una mujer cada 16 horas, según las organizaciones de derechos humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras –CONADEH-  ha detallado que unas 6 mil mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018, y más del 90 por ciento de los casos está impune por “falta de investigación”.

Diversificar los cultivos ayuda a superar las sequías en Brasil


Por Mario Osava

Tocones de cocoteros que se perdieron durante la última sequía en São Gonçalo, en el municipio de Sousa, en el nordeste de Brasil. En 2012, las autoridades hídricas suspendieron la irrigación, para asegurar el suministro de agua para consumo humano, ante la fuerte caída del agua embalsada, que se prolongó por cinco años más. Crédito: Mario Osava/IPS

Decenas de camiones salían cada día de São Gonçalo, llevando su producción agrícola, principalmente cocos, a los mercados de todo Brasil, incluso a las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, distantes más de 2.000 kilómetros.

La prosperidad de ese distrito de Sousa, un municipio del nororiental estado de Paraíba que engloba unos 70.000 habitantes, terminó en 2012, cuando las autoridades hídricas suspendieron la irrigación agrícola con aguas del embalse local, al empezar la sequía que se prolongó por seis años.

El agua de coco es un producto de gran consumo en Brasil y la de Sousa disfrutaba de la preferencia de muchos por su calidad. Pero el cultivo de cada cocotero exige 200 litros de agua al día, más que un ser humano, una temeridad en un clima semiárido sujeto a sequías cíclicas, como el interior de la región del Nordeste.

El cultivo único de coco quebró a muchos agricultores que lo adoptaron dentro del llamado Perímetro Irrigado São Gonçalo (PISG), implantado en 1973 con 480 familias asentadas en terrenos de 4,3 a 16 hectáreas cada una.

São Gonçalo, un distrito del municipio de Sousa, en la ecorregión del Semiárido brasileño, se convirtió en una localidad de jubilados, por el éxodo de los jóvenes ante el colapso de la agricultura de irrigación, según Francisco Honorato Filho, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Sousa. Al fondo una cisterna de captación de agua de lluvia para beber y cocinar, de las que ya hay un millón en la región y que alivian la escasez del recurso. Crédito: Mario Osava/IPS

“El perímetro, que en realidad contaba con 1.100 familias ‘irrigadoras’, más del doble de las legalmente asentadas, se convirtió en un desierto”, según Francisco Honorato Filho, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales del municipio.

“La agricultura local empleaba de 3.000 a 4.000 trabajadores. Con la sequia que diezmó el ganado y los cocoteros, se fueron todos. Quedaron los ‘irrigadores’ viejos que sobreviven con la jubilación, los jóvenes sin empleo engrosaron el éxodo”, explicó a IPS el sindicalista de 72 años.

Los tocones de palmeras, quemados en muchos casos, ocupan extensas áreas como testimonios de un pasado de bonanza.

La llamada Carretera de la Producción, de 14,5 kilómetros, que une la ciudad de Sousa al distrito de São Gonçalo, tuvo su pavimentación inaugurada en 2014 para facilitar el transporte de cosechas que ya no existían.

El distrito rural de más de 7.000 habitantes, divididos en tres núcleos habitacionales, nació de la construcción, en las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado, de la represa en el río Piranhas que abastece la ciudad de Sousa, de unos 55.000 habitantes.

Con la sequía iniciada en 2012 y culminada el año pasado, se tuvo que priorizar el agua para el consumo humano, en desmedro del PISG. Por primera vez en sus 80 años, el embalse prácticamente se secó en 2016. Pozos artesianos y la desviación de aguas de otra represa salvaron la ciudad del colapso pero puso en jaque la agricultura de cultivos únicos que se priorizó en las áreas rurales del municipio.

São Gonçalo también resistió. Se perforaron cerca de 3.000, pero solo un tercio resultó productivo y gran parte con agua muy salobre como es frecuente en la ecorregión del Semiárido brasileño, un territorio de 1,1 millones de kilómetros cuadrados en que llueve un promedio máximo de 800 milímetros al año.

Diversificar, sembrando hortalizas y frutas, fue una alternativa de relativo éxito, observó José Bernardo da Silva, de 68 años y presidente de la asociación comunitaria hace 27 años.

José Cardoso da Silva, campesino asentado en el distrito de Varzea de Sousa, en el Nordeste de Brasil, junto a algunas palmas de coco que logró salvar de la última sequía de seis años, concluida en 2017, gracias a un pozo de agua salobre que perforó en sus tierras. Además diversificó su producción con hortalizas y árboles frutales. Crédito: Mario Osava/IPS

“La esperanza es que vuelvan las lluvias y se pueda reanudar la siembra del banano, maíz, frijoles y huertos, preferiblemente cultivos temporales, que permiten adaptarse a tiempos secos”, sin pérdidas totales como las del coco, comentó a IPS.

Monocultivos que dependen de mucha agua, como los cocoteros y el arroz que se sembró mucho en el inicio del proyecto, suponen riesgos fatales donde ocurren sequías con frecuencia.

Claudete da Silva, de 32 años y tres hijos, creó con seis socias una fábrica de pulpa de frutas en una vivienda adaptada para el emprendimiento, cuya ganancia neta alcanza 4.000 reales (1.080 dólares) mensuales.

Problemas burocráticos para obtener los permisos sanitarios, a causa de insuficiencias en los servicios de la municipalidad, impiden un incremento de la producción y de los ingresos, se quejó la empresaria, nacida en la localidad.

Gran parte de su materia prima son frutas cosechadas en los patios de los vecinos, algunas nativas del Semiárido como el cajá (Spondia macrocarpa y Spondia mombin).

En general son frutas que, sin valor comercial o sin producción suficiente para la venta en la ciudad, se pierden en propiedades familiares dada su rápida maduración.

“Hortalizas y cultivos de rápida cosecha son más seguras” en climas inestables, explicó Rogerio Junqueira, agrónomo de 62 años, 30 de ellos dedicados a la gestión de proyectos de irrigación en el Nordeste.

Claudete da Silva, junto a los congeladores donde almacena la pulpa de frutas que produce en la fábrica creada con seis socias como alternativa a la producción agrícola afectada por la sequía, en Varzea de Sousa, un distrito del municipio de Sousa, en el estado de Paraíba, en la ecorregión del Semiárido, en el noreste brasileño. Crédito: Mario Osava/IPS

Desde 2012, es la autoridad de otro distrito, Varzea de Sousa, a unos 25 kilómetros al oeste de São Gonçalo, donde el drama se repite, pero de forma atenuada.

Un sistema hídrico distinto, abastecido por otro embalse, menos afectado por la sequía, y por medio de tuberías, le permite mantener el suministro de agua, aunque reducido a tres días en la semana, lunes, miércoles y viernes.

São Gonçalo era abastecido por canales a cielo abierto que generan más pérdidas y menos control. Y en su caso es difícil que sean reactivados.

Varzea de Sousa, instituido en 2006, logró mantener su buena producción los tres primeros años de la sequía, pero ella cayó en 2015 a casi a la mitad y a casi un tercio un año después, según Junqueira.

El proyecto suma tres extensos predios empresariales, de 113 a 1.025 hectáreas, dedicadas a soja, maíz y alimentos orgánicos, y 178 áreas de cinco hectáreas destinadas a agricultores familiares, donde el coco fue el principal cultivo, “ahora 90 por ciento perdido”, detalló el gerente.

“Adherí a la horticultura por necesidad”, ante la pérdida del coco, admitió a IPS el pequeño agricultor José Cardoso da Silva, de 52 años. Además tuvo suerte de perforar un pozo muy productivo, cuya agua “muy alcalina” sirvió para “mantener vivo algunos cocoteros” y sembrar árboles frutales y frijoles.

El canal aún sin llenar del proyecto del trasvase del río São Francisco para mantener perennes las aguas del río Piranhas, que abastece numerosas ciudades de la ecorregión del Semiárido brasileño. La conclusión de las obras, prevista para 2010, aún no tiene fecha definitiva. Crédito: Mario Osava/IPS

La diversificación y la poca agua recibida por la red de tuberías ayudaron a mantener a flote a los campesinos locales. Para agua potable, cerca de 20 por ciento de ellos cuentan con cisternas para almacenar agua de lluvia, un recurso que ya beneficia a más de un millón de familias en el Semiárido brasileño.

Los agricultores tanto de Varzea de Sousa como de São Gonçalo esperan ahora que el trasvase del São Francisco, el gran río que cruza el sureste del Semiárido, recupere la capacidad de los embalses que aseguran la irrigación.

Canales, túneles, estaciones aductoras y embalses componen el Eje Norte del trasvase, que reforzará la represa de São Gonçalo y otros embalses que deberán convertir en perenne al río Piranhas, beneficiando a numerosos municipios.

“Resuelve la escasez actual, pero una solución definitiva exige integrar el río Tocantins”, sostuvo a IPS el alcalde de Sousa, Fabio Tayrone, refiriéndose a la idea de traer al Semiárido también las aguas del río que cruza el centro de Brasil hacia el norte amazónico.

Además la postergación del trasvase “dejó daños casi irrecuperables”, acotó, al frustrar sus beneficios cuando más serian necesarios, durante la sequía de 2012 a 2017. Y su conclusión sigue incierta.

De todas formas, el que fue el periodo seco más prolongado de su historia no provocó en el Semiárido brasileño las tragedias ocurridas en los anteriores, los últimos de 1979-1983, de 1990-1993, de 1997-1998 y de 2001, con miles de muertos, saqueos en las ciudades y éxodos humanos masivos.

Las cisternas para almacenar agua de lluvia y políticas sociales, como la jubilación rural y el subsidio de la Beca Familia para hogares en pobreza, ya permiten convivir con las sequías, aunque estas sean ahora más frecuentes que en el pasado.

Edición: Estrella Gutiérrez

Descolonizando lo decolonial desde los territorios


Rebelión

Por Andrés Kogan Valderrama *

A propósito de la realización de la III Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial en Venezuela y la creación del Instituto Nacional para la Descolonización en dicho país, en un contexto regional marcado por la profundización del extractivismo, se hace necesario preguntarse qué estamos entendiendo por dichas nociones y si están siendo o no útiles para las luchas de los movimientos socioambientales existentes o más bien funcionales a lógicas depredatorias como lo son la megaminería, el agronegocio, la explotación petrolera, el negocio forestal, los proyectos energéticos, etc.
En primer lugar, resulta llamativo que en la discusión que se ha llevado a cabo en Venezuela en dichos espacios académicos y políticos a nivel institucional por algunos de las y los investigadores del llamado giro decolonial (Ramón Grosfoguel, Enrique Dussel, Juan José Bautista, Karina Ochoa, Houria Bouteldja, Sabelo J Ndlovu- Gathseni, José Romero- Losacco), no ocupen un lugar central las implicancias racistas y ecocidas del proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual pone en riesgo la principal fuente de agua del país y el futuro de comunidades indígenas completas.

De ahí que la crítica decolonial a un sistema mundo occidentalista cristiano-céntrico capitalista/patriarcal moderno/colonial no solo deba tomar en consideración sus bases eurocéntricas sino también antropocéntricas, ya que son la base de la colonización de los territorios en Abya Yala que se originan con la minería en Potosí en 1545 y que tienen su continuación en proyectos como el Arco Minero del Orinoco.

No se entiende por tanto una idea decolonialidad desterritorializada, ya que termina siendo una concepción funcional a la dualidad moderna cultura-naturaleza y a la destrucción misma de la vida, en donde en la región se han disparado el número de conflictos socioambientales y de muerte de defensoras y defensores de los territorios, dentro de un marco mundial de cambio climático, antropoceno y capitaloceno.

Afortunadamente, en Abya Yala existen múltiples organizaciones socioambientales de defensa de los territorios, las cuales no solo están resistiendo a megaproyectos extractivistas en esta civilización de la muerte, sino también planteando alternativas al desarrollo y la idea de un crecimiento económico sin fin, desde ontologías relacionales que no ven a los seres humanos como el centro del planeta, sino como parte de un ser viviente que puede ser llamado Madre Tierra, Pachamama, Gaia, etc.

Lo mismo con distintas corrientes provenientes del Ecofeminismo, Decrecimiento, Ecología Política, Ontología Política, Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Agroecología, los cuales junto a investigadores y activistas de toda la región están haciendo un tremendo aporte para la descolonización de los territorios, la cual debiera ser la prioridad de aquellos intelectuales que están participando en III Escuela de Pensamiento crítico Descolonial en Venezuela y del Instituto Nacional para la Descolonización.

A su vez, llama la atención que aquellos investigadores banalicen cualquier tipo de cuestionamiento al proceso interno en Venezuela, como ha pasado con miradas críticas del proceso bolivariano y también cercanos a lo decolonial (Emiliano Terán Montovani, Edgardo Lander, Alicia Moncada, Esther Pineda, Jose Angel Quinteros Weir, Francisco Javier Velasco, Juan Carlos La Rosa), señalando que estarían haciendo el juego a la derecha imperial de aquel país. Estos últimos han sido férreos críticos del proyecto del Arco Minero del Orinoco y se han comprometido con las comunidades más afectadas.

No es casualidad entonces que se plantee desde los gestores de aquel Instituto de Nacional para la Descolonización en Venezuela una idea de imperialismo que solo contempla el nefasto rol de Estados Unidos en el capitalismo histórico, descuidando completamente el rol de China en la actualidad en un sistema mundo cada vez más destructivo y peligroso para la supervivencia de los seres humanos y no humanos de la Tierra.

Al parecer, esos investigadores no se dan cuenta que el centro del capitalismo si bien se está desoccidentalizando, seguirá recolonizando territorios sin parar a través de la hegemonía de China, como pasa con la extracción de oro en el Arco Minero del Orinoco, en donde el país asiático tiene un rol central. Sus miradas por tanto siguen siendo eurocéntricas y antropocéntricas, ya que cometen los mismos errores de muchas izquierdas del siglo XX, al no ver que el extractivismo es intrínseco a la colonialidad.

Por tanto, se hace urgente descolonizar lo decolonial desde los territorios, sino el extractivismo seguirá destruyendo los bienes comunes o las fuentes de vida, mal llamados recursos naturales por la lógica moderna. De ahí la necesidad de un nuevo giro ecoterritorial de algunos investigadores decoloniales, los cuales no están situándose en el planeta actual, sino por el contrario, están más bien reforzando ideas que nos llevarán a la catástrofe socioambiental si no actuamos a tiempo.
  • Andrés Kogan Valderrama, Sociólogo / Editor Observatorio Plurinacional de Aguas



martes, 27 de noviembre de 2018

“Sin cambios estructurales la gente seguirá huyendo”


Rebelión

Por Giorgio Trucchi

Bartolo Fuentes salió de Honduras el mes pasado por la creciente presión y el temor a ser arrestado. Se hacía cada vez más fuerte el rumor sobre la intención del gobierno de acusarlo de ser el instigador de la primera caravana de migrantes que en estos días ha llegado a la frontera con Estados Unidos.
Tras cubrir una distancia que parecía interminable, más de 2000 integrantes de la primera Caravana Migrante -la inmensa mayoría de nacionalidad hondureña- llegaron a Tijuana, frontera con Estados Unidos.
En la próximas horas, unas 3000 personas más huyendo de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades podrían ingresar a la ciudad fronteriza. Su objetivo es solicitar que se les conceda el estatus de refugiado o solicitar asilo.
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump, ‘secundado’ por el alcalde panista de Tijuana Juan Manuel “El Patas” Gastélum, no para de lanzar mensajes xenófobos contra los integrantes de las caravanas, desplegando miles de soldados en la frontera y advirtiendo que prohibirá las solicitudes de asilo a quienes crucen a Estados Unidos de forma irregular, paradójicamente centenares de tijuanenses se han movilizado para rechazar la presencia de “migrantes ilegales hondureños” en la ciudad.
Una campaña de estigmatización, avalada por medios mainstream, que pretende politizar y sacar provecho de la tragedia y la crisis humanitaria.
La situación podría complicarse aún más en los próximos días cuando la segunda y tercera caravana de migrantes llegarán a Tijuana.
Derecho a la verdad
Quien no ha dejado un solo momento de acompañar a su pueblo es Bartolo Fuentes. Periodista y ex diputado del opositor Partido Libertad y Refundación (LibRe), Fuentes es también experto de larga trayectoria en temas migratorios. 
El pasado 13 de octubre se sumó a la primera caravana de migrantes. Su intención era acompañar y documentar la travesía de miles de hondureños y hondureñas que huían de la violencia y la miseria.
Llegando a Guatemala fue detenido. Estuvo encerrado varios días en un albergue de migración y, finalmente, fue deportado a Honduras.
Al llegar al aeropuerto de la capital hondureña, Bartolo Fuentes denunció una campaña de mentiras y desprestigio montada por el gobierno contra él, donde se le acusa de organizar y hasta financiar la caravana por motivos políticos. 
Ante la posibilidad real de que las autoridades maniobraran para que se librara un requerimiento fiscal y se consiguiera una orden de captura, el 30 de octubre el periodista decidió salir del país. 
-Con tantos medios cubriendo lo que estaba pasando, ¿por qué crees que se ensañaron contigo? 
-Hay una presión muy fuerte de Estados Unidos para que los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México detengan las caravanas.
El gobierno hondureño necesitaba reaccionar y mostrar a su amo que estaba haciendo algo. Buscó a alguien de izquierda y familiarizado con el tema migratorio a quien culpar de lo que está pasando. De manera muy burda están intentando demostrar que la gente que se va es víctima de un engaño, y que detrás de todo está una campaña política orquestada por la oposición. 
-Pese a las amenazas del presidente Trump y las falsas promesas de los gobiernos, la gente sigue juntándose y emprendiendo el viaje hacia Estados Unidos. 
-Es lo que ha estado pasando todo el tiempo. Lo que ocurre ahora es que las personas se han dado cuenta que salir todos juntos es una forma de protegerse.
Esto contribuyó a que más personas se sumaran y que los medios comenzaran a interesarse a lo que estaba pasando, dando visibilidad a las razones que motivaban la salida de tanta gente del país, es decir el fracaso de las políticas gubernamentales. 
-¿Por qué se va la gente? 
-Principalmente por la falta de oportunidades y por la inseguridad que hay en el país. El empleo es precario, los salarios son de miseria y no permiten cubrir el alto costo de los servicios básicos. Las inmensa mayoría de las familias hondureñas viven en pobreza y no tienen acceso a salud, ni a educación, ni a vivienda.
Huyen también de la criminalidad y la violencia, del flagelo de la extorsión, del hecho que niños, niñas y adolescentes no tienen futuro. Los padres saben que, ante la falta de alternativas, hay una alta posibilidad de que sus hijos sean forzados por la mara[1] a convertirse en delincuentes.
El año pasado la población decidió que había llegado el momento de un cambio y votó masivamente por el candidato de la oposición. Pero se robaron las elecciones y reprimieron a sangre y fuego la protesta. Les quitaron la esperanza y ya no quieren saber nada de programas asistencialistas, ni de tantas mentiras, de tanta corrupción, de tanta violencia.
-La crisis de institucionalidad profundiza la desesperación de millones de personas. 
-Fortalecer la institucionalidad es fundamental para poder generar desarrollo y prosperidad para las familias. Lamentablemente en Honduras las instituciones trabajan para garantizar los intereses de una pequeña cúpula que se ha impuesto a través de un golpe, dos fraudes electorales, la militarización de la sociedad, la criminalización y represión de la protesta.
Todo esto va a generar más migración porque la gente no tiene alternativas. 
-¿Qué hacer para que la gente deje de huir? 
-En lugar de gastar millones en armamento y en la militarización del territorio, hay que crear de inmediato programas de generación masiva de trabajo decente y con salarios dignos.
Hay que garantizar el crédito y fomentar la producción de granos básicos, invertir masivamente en salud, educación, vivienda. Hay que romper el círculo vicioso de la pobreza. Hay que crear las condiciones para que la gente no tenga la necesidad de huir. 
-¿Cuál es tu futuro? 
-Por el momento no voy a volver, porque todavía el riesgo de ser acusado injustamente y ser capturado es muy alto. Sin embargo voy a continuar con mi trabajo y también a acompañar a los migrantes para que estén bien informados de cuáles son sus derechos. 
Nota:
[1] Pandilla/Banda juvenil

Alcalde manda a arrestar a director de escuela en La Unión, Lempira



El alcalde municipal de La Unión, Lempira, al occidente de Honduras, mandó a arrestar al profesor Marco Antonio Reyes, director de la escuela “Lucila Pérez”.

Según datos premilitares ofrecidos por la Red de Defensores de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira), a Reyes se le acusa por la construcción de una pared móvil, sin el permiso de la municipalidad que dirige Giovanny Reyes.

El delito es daños a la propiedad del Estado, en este caso la escuela, denunció la Red de Lempira, quien ha acompañado y denunciado otros casos de violaciones a derechos humanos y abuso de autoridad.

Además, se denunció que el docente ha sido víctima de persecución estatal, hasta permanecer sin salario por 14 meses.

El mentor se encuentra en la posta policial del municipio de La Unión, al norte del departamento de Lempira, por el momento se está dialogando con las autoridades policiales, sobre su situación.

La denuncia la hizo la Red-Lempira, en horas de mediodía, ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que acompaña y forma a los y las defensoras de derechos humanos, que hoy denuncian este abuso de autoridad.

Casa Alianza: En octubre se registraron 74 muertes violentas de jóvenes



Por Sobeyda Lovo

Si se comparan las muertes violentas de octubre (50 casos) con las de septiembre (44 casos) se registra un aumento de 6 casos.

El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que sólo en el mes de octubre del año en curso, se han registrado 74 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante octubre los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 155 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 140 fueron del sexo masculino y 15 del sexo femenino.

De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza – Honduras, 74 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 47.7 por  ciento de las víctimas.

Un 70.3 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas alcanzaron el 22.4 por ciento, las provocadas por un objeto contuso con el 2.5%, y finalmente las producidas por asfixia o estrangulación con el 4.5%.

En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para octubre se registró un total de 50 casos, de los cuales, 43 corresponden al sexo masculino y 7 al sexo femenino.

De los 50 casos registrados en octubre, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 82%, seguida por las causas no determinadas con el 6%, las producidas por arma blanca con el 2%, la asfixia por estrangulamiento con el 10%.

Si se comparan las muertes violentas de octubre (50 casos) con las de septiembre (44 casos) se registra un aumento de 6 casos.

Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante octubre, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 3 matanzas, detalla el informe de Casa Alianza-Honduras.

Casa Alianza asegura que de acuerdo al monitoreo realizado en el periodo comprendido entre enero de 2016 a octubre de 2018,  los medios de comunicación escrita del país registraron un total de 181 matanzas con un saldo de 652 decesos.

Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son:  El Distrito Central con 14, y Choloma con 10 casos.

Entretanto los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son:  Francisco Morazán y Cortés con 15 y 22 casos respectivamente. Entre los dos departamentos concentran el 72% de los sucesos a nivel nacional.

Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en octubre se contabilizaron 12 sucesos, diez de ellos de sexo masculino y dos de sexo femenino, 1 persona pertenecía a menores de 23 años y se identificó de sexo femenino.

De la información recopilada durante octubre, en el 90% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan  quienes cometen estos crímenes.

En el régimen de JOH se han registrado 3 mil 622 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.

Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y octubre de 2018 se han registrado en el país 12,736 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

En el transcurso de los cincuenta y siete meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,622 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.

Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido, destaca el informe de casa Alianza-Honduras.

El agronegocio gana fuerza en el gobierno Bolsonaro



AFP / Sergio LIMA La diputada Tereza Cristina da Costa, futura ministra de Agricultura del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro

La jefa de la bancada del agronegocio en la Cámara de Diputados, Tereza Cristina da Costa, será ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro, embanderado con las causas de ese sector motor de la economía brasileña frente a sus tradicionales "enemigos": los ambientalistas "radicales" y las invasiones de los sin tierra.

Costa, una agrónoma de 63 años, declaró su apoyo al candidato ultraderechista durante la campaña, junto a una bancada que abandonó a un candidato de la derecha tradicional al ver que Bolsonaro despegaba en las encuestas.

El viraje no fue difícil, dado que ya en su programa el excapitán del Ejército respaldaba reivindicaciones de siempre de este sector, que según datos oficiales representa un 23,5% del PIB y un 44% de las exportaciones de la mayor economía latinoamericana.

"Históricamente, la bancada ruralista es muy activa, muy eficaz y hace avanzar [en el Congreso] su propia agenda de intereses", apunta el politólogo André César, de la consultora Hold de Brasilia.

Y ese poder, todo indica, tiene gran potencial de avanzar. El propio Bolsonaro ya señaló que buscaría el apoyo de grupos transpartidarios -como los ruralistas, los evangélicos o el lobby de la seguridad- para sortear las negociaciones con los desprestigiados partidos.

En las elecciones generales de octubre, que provocó la mayor renovación del Congreso en dos décadas, la bancada ruralista logró la reelección de apenas 99 de sus 218 diputados (de un total de 513).

Pero con el inicio del nuevo período legislativo, los sobrevivientes esperan que muchos de los nuevos congresistas adhieran a ese grupo de presión.

"Vamos a tener un ministerio de Agricultura mucho más fuerte por la convicción de nuestro gobernante [Jair Bolsonaro]. Él tiene una gratitud con el campo y eso nos va a ayudar", dijo al canal rural del sitio UOL el diputado Jerónimo Goergen tras la victoria de Bolsonaro.

Musa del veneno

Costa, oriunda del pujante estado agroganadero de Mato Grosso do Sul, se reunió con Bolsonaro el jueves en Brasilia y en declaraciones a la prensa se mostró abierta en algunos de los temas polémicos con los que tendrá que lidiar cuando asuma el cargo, el 1 de enero. Pero sin ceder terreno en las cuestiones de fondo.

Defendió en particular el trabajo de la comisión legislativa que bajo su dirección aprobó reglas para flexibilizar el registro de agrotóxicos, base del sistema de siembra directa que le ha permitido a Brasil volverse una potencia agrícola mundial.

La batalla por esa ley, que aún debe ser votada en el plenario, le valió a esta mujer de baja estatura, cabellos cortos y ojos sonrientes bajo unos lentes rojos de marco grueso el apodo de "Musa del veneno", según la prensa brasileña.

"A diferencia de lo que muchos dicen, la comisión especial trajo una modernización, dio al productor brasileño la opción de usar las mismas moléculas que en el exterior, con agilidad, transparencia y gobernanza", declaró.

Ahora, añadió, la prioridad será otro proyecto de ley que flexibiliza los procesos de licencias ambientales. De ese modo, se pretende dar "mayor celeridad" a la construcción de carreteras, obras de energía o saneamiento, dentro de las propiedades agropecuarias de Brasil.

Costa reforzó también sus posiciones sobre la demarcación de tierras indígenas y la ocupación de tierras por parte de movimientos campesinos, dos banderas asociadas a la izquierda, a las que Bolsonaro ha prometido poner fin en nombre del "progreso".

Aunque la futura ministra dijo que tiene "dudas" sobre la propuesta de Bolsonaro de catalogar como "terroristas" las ocupaciones llevadas a cabo por el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST). 

 'Moderando' a Bolsonaro

No fue la única ocasión en que los ruralistas actuaron ya como 'moderadores' de algunas de las propuestas más polémicas del presidente electo.

Así, Bolsonaro abandonó la idea de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, aunque no por las protestas de los ambientalistas.

"Los propios ruralistas sugirieron que no era lo mejor, para evitar presiones internacionales, entre otras cosas, y yo dije que estoy pronto para dar marcha atrás", contó Bolsonaro.

Y Costa afirmó el jueves lo que Bolsonaro ha repetido hasta el cansancio: que quien asuma la cartera de Medio Ambiente no será un "radical" de la causa.

"Tiene que ser un perfil como el gobierno quiere. Que acabe con la industria de las multas [ambientales], sin sesgo ideológico, altamente técnico", afirmó.

Los exportadores agropecuarios expresaron además sus temores de que los mercados de Medio Oriente se cierren a sus carnes, si Bolsonaro cumple su promesa de trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.


El capital y la democracia descartable


Rebelión

Por Santiago Mayor

El triunfo de Bolsonaro en Brasil trajo a nuestras fronteras el debate sobre el reimpulso de las derechas abiertamente xenófobas, misóginas y racistas que por ahora parecía un fenómeno del primer mundo (Trump, Le Pen, etc.). ¿Que expresan en nuestra región y cómo enfrentarlas?
Como bien desarrolló Ricardo Aronskind en un artículo publicado en El cohete a la luna, el nuevo presidente de Brasil no es fascista ni busca un régimen de esas características. En el mismo sentido advirtió que “muchas veces en nuestro país” esa categoría “fue incorrectamente utilizada por sectores progresistas, para cualquier personaje que resultara desagradable, o demasiado conservador según los parámetros de ese sector. Pero no cualquier derechista o reaccionario, es fascista”.

Efectivamente, tampoco Mauricio Macri o cualquier otro miembro del staff de Cambiemos podría ser calificado como tal. Ni siquiera le cabe al mucho más reaccionario diputado Alfredo Olmedo.

Es por eso que el “son lo mismo” no es un error atribuible solo a cierta izquierda trotskista, sino también a otros sectores más amplios del campo popular. Comprender la naturaleza de estos gobiernos es fundamental para saber como enfrentarlos.

El fascismo de la Europa de entreguerras fue una de las respuestas del capital ante la amenaza de la Revolución Soviética de 1917 y su expansión continental. Se trataba de proyectos nacionalistas, fuertemente intervencionistas en la economía y cuestionadores del orden global vigente. A su vez se apoyaban en sectores de la burguesía nacional e internacional (Coca-Cola y Ford financiaron a Adolf Hitler), las clases medias y la movilización de masas.

Por el contrario, el gobierno de Bolsonaro, si bien aún no ha asumido, ya ha dado muestras de tener un carácter diferente.

La designación del neoliberal Pablo Guedes al frente del Ministerio de Economía; los anuncios de privatizaciones futuras (incluida Petrobras); el alejamiento de espacios de integración multilaterales como los BRICS o el Mercosur que daban a Brasil una mayor autonomía y capacidad de influencia, expresan otro proyecto.

Al igual que Macri -y aquí sí hay una coincidencia- el nuevo presidente brasileño es la expresión política que halló la burguesía (ante el fracaso de las derechas “moderadas”) para reorientar a la principal economía de Sudamérica en el camino de ser un país periférico y productor de materias primas.

La democracia ya no (es) funciona(l)

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 se proclamó el “fin de la historia” en la cual el capitalismo se imponía como único sistema económico posible y la democracia liberal representativa era su pata política. Sin embargo, más temprano que tarde, esta fórmula mostró ser una falacia.

Para ese entonces ya el Estado de Bienestar, esa versión “con rostro humano” del sistema (un fenómeno que duró apenas cuatro décadas y en un pequeño puñado de países) estaba en franco retroceso. La ofensiva conservadora y neoliberal avanzaba sin pudor, arrasando derechos y conquistas populares. Ahora sin siquiera tener enfrente un modelo alternativo que sirviera como contrapeso.

Frente a esto, los pueblos del mundo, presentaron su impugnación. En América Latina, vanguardia de esta lucha, lo hicieron mediante la lucha popular y la vía democrática. Las elecciones, los partidos políticos, de pronto fueron insuficientes para sostener la dominación.

Fuerzas progresistas y de izquierda llegaron al gobierno como expresión y canalización de levantamientos populares previos que rechazaron el neoliberalismo: el Caracazo (1989); el alzamiento zapatista (1994); la rebelión popular en Argentina (2001); la guerra del agua (2000) y del gas (2003) en Bolivia.

Durante algunos años distintos proyectos alternativos se gestaron en esta parte del mundo. Sin embargo, rápidamente el capital lanzó su contraofensiva. Mediante una alianza con las burguesías locales, los medios de comunicación y, más recientemente, el Poder Judicial, fomentó la desestabilización de los gobiernos que plantearon distintos niveles de soberanía y, en algunos casos, llegó a propiciar golpes de Estado.

La democracia dejó de ser un punto de apoyo intocable. Por eso, ya no resulta un problema recurrir a mecanismos que violen sus principios (la proscripción de candidatos o los golpes) e incluso a políticos y partidos que niegan cuestiones tan elementales como la pluralidad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a huelga y protesta, etc.

Como señalábamos tras el triunfo de Mauricio Macri en 2015, esto se enmarca en una necesidad sistémica. Como salida a la crisis de 2008/2009 las grandes multinacionales buscan avanzar aún más en el control de los recursos naturales que generan renta extraordinaria (como la minería y el petróleo). Asimismo, ante la necesidad de mercados para insertar sus productos industriales, fomentan tratados de libre comercio desiguales que tienen como resultado la desindustrialización de los países emergentes cuando en el centro aplican distintos niveles de proteccionismo.

Finalmente se dio una manipulación del dólar que es, además de la moneda mundial de intercambio, una mercancía en sí misma cuyo precio es manejado desde Washington para presionar a las economías locales.

De tres modelos a dos

La primera década del siglo XXI vio en América Latina el desenvolvimiento de tres grandes modelos (con sus particularidades nacionales). Por un lado aquellos proyectos neoliberales que no lograron ser derrotados continuaron como aliados del imperialismo estadounidense.

Asimismo surgieron gobiernos progresistas con un modelo neodesarrollista que basó su proyecto en una reindustrialización sostenida en la venta de las commodities; la intervención del Estado en la economía para controlar, principalmente, la esfera del consumo y con reducidas acciones de transformación estructural; y una política de distribución de la renta generada. Argentina y Brasil fueron los principales exponentes.

Finalmente, el tercer modelo y más radical fue aquel que se nucleó tras la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) impulsada por Cuba y Venezuela que puso al Socialismo del Siglo XXI como horizonte. Es decir una alternativa al capitalismo en sus distintos matices (neoliberal o con inclusión) y el proyecto que implicó la contradicción principal con el imperialismo.

No casualmente fueron estos últimos los que resistieron la avanzada neoliberal. Por el contrario el agotamiento del neodesarrollismo no presentó una salida por izquierda si no un regreso a las políticas conservadoras y de ajuste.

Esta crisis de los modelos neodesarrollistas puso de relieve, además, que la alianza entre las burguesías locales y los sectores populares fracasó. Pero esta derrota del “capitalismo serio” no fue una decisión de la clase trabajadora, si no de las propias burguesías que, al no obtener ya las ganancias extraordinarias que pretenden en el mercado interno, se volcaron al rentismo.

El panorama plantea entonces un dilema para las fuerzas populares. Por un lado, la necesidad imperiosa de poner freno al neoliberalismo. En el caso argentino, el próximo año será central. Una derrota electoral del macrismo supondría un triunfo importantísimo y para eso, una alianza política lo más amplia posible, es necesaria. Sin embargo, vale recordar que los procesos electorales condensan acumulaciones políticas y ponen de manifiesto relaciones de fuerzas sociales que los exceden.

A su vez, el sistema ya demostró que no depende de la formalidad democrática para sobrevivir y reproducirse. Es por eso que la lucha no se agota en unos comicios.

Ante la agonía de la democracia liberal -nuevamente por decisión de la burguesía y no del pueblo- la respuesta debe ser profundizarla. El carácter protagónico de las masas en la toma de decisiones tiene que ser parte de cualquier programa político que busque una salida alternativa. Allí están Bolivia, y sobre todo Venezuela -constantemente asediada-, como ejemplo. En ese sentido en nuestro país la organización feminista y de la economía popular son puntos de apoyo absolutamente necesarios.

Pero también, habrá que descartar planteos moderados que pretendan simplemente administrar mejor lo existente. Sin reformas estructurales que busquen romper la dependencia y que avancen en un sentido integrador de nuestras economías, no será posible pensar y sostener un proyecto de largo plazo. La historia reciente lo dejó en claro.

@SantiMayor

lunes, 26 de noviembre de 2018

Redehsur documenta violaciones a derechos humanos en Choluteca



Por Sandra Rodríguez

Persecución, vigilancia, falsos perfiles entre otras acciones intimidatorias, documentó la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), este día en Choluteca a varias personas que participan en protestas sociales contra el régimen desde hace un año.
Sin duda, el imponer temor entre la población de parte de la policía y militares hace impacto entre sus víctimas, quienes no denuncian ante las autoridades porque temen que sean los mismos que los persiguen.

Las protestas van dirigidas por los abusos de poder, alto cobro de la energía eléctrica y desde ayer, por la instalación del Congreso Móvil, sesión que realiza el Poder Legislativo fuera de la sede en Tegucigalpa.

La manifestación organizada por el grupo ciudadano ha estado en los lugares donde se agendó las actividades de los parlamentarios, y desde anoche se cerró el paso principal en el puente de Choluteca, desviando el tráfico por el puente Sol Naciente, ya que el primero está vigilado por la policía preventiva y de tránsito.

En horas de la noche nuevamente los pobladores fueron al puente, que es un estilo similar al Golden Gate Bridge, de California, Estados Unidos. La obra hondureña fue construida durante la dictadura del nacionalista Tiburcio Carías Andino, y declarado Patrimonio Nacional a iniciativa del también nacionalista Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y nativo de Choluteca.

Cerca del puente Choluteca o “Carías” está el hotel donde los diputados sesionan y afuera un ataque con gases lacrimógenos y disparos que, según la REDEHSUR dejó dos menores de edad heridos de bala quienes fueron llevados al Hospital del Sur, y un menor detenido.

La REDEHSUR también denunció que la policía se ensañó con un vendedor de paletas (helados), quien responde al nombre de Martín Ramírez, él fue golpeado por elementos de la Policía Nacional, en la entrada de la ciudad y le lanzaron gases lacrimógenos. En un video difundido en redes sociales el señor de edad avanzada muestra los golpes en el costado de su espalda.

Defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones acompañaron a estas nuevas víctimas de la represión a la protesta social de parte de policías y militares, que cerraron el paso de la vía púnica porque en la entrada de la ciudad sesionaba el Congreso Nacional, y para los manifestantes era una oportunidad de expresar su descontento al régimen de Hernández.

Parte del trabajo de la REDEHSUR desde su creación en el 2012, es la documentación, acompañamiento y asesoría en casos de violaciones a los derechos humanos y según lo requiera la víctima, informó la abogada Cinthia Turcios, del Área de Acceso a la Justicia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que acompaña a la Red en el sur de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle.

Procesos contra campesinos

Mientras que, en Isla de Tigre, Amapala, se llevaba a cabo la audiencia inicial contra cuatro defensores/as por el derecho a la tierra en Zacate Grande: Oneida González, Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y Jacinto Hernández.

Allan Torres, integrante de la REDEHSUR, y representante de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, se movilizó hasta el Juzgado de Letras de Amapala, e informó que, según las conclusiones, el Ministerio Público solicitó sobreseimiento definitivo para doña Veneranda Cruz, y orden de captura ante la ampliación del requerimiento por daños contra el defensor de ddhh de miembro de la REDEHSUR y ADEPZA Abel Pérez, Santos Hernández y su compañera de hogar María Concepción Martínez, en perjuicio de empleados del terrateniente Jorge Luis Cassis, quien llegó también a la isla.

Siempre que hay audiencias contra compañeros campesinos, viajan en lancha varias personas, integrantes de ADEPZA, como muestras de solidaridad con los y las criminalizadas, y con el temor de que vengan más procesos judiciales.