martes, 29 de agosto de 2017
Seis años sin saber ¿dónde está Óscar?
Por Sandra Rodríguez
Se cumplió seis de la desaparición Óscar Elías López Muñoz (49), en San Pedro Sula, Cortés, hasta el día de hoy, su familia no solo sufrió desintegración, sino que vive la incertidumbre de lo que sucedió con su padre, hermano, esposo e hijo.
Don Óscar fue sacado de su casa de habitación en horas de la noche del 21 de agosto del 2011, sin importar que estaba presente su hija menor de edad. De este hecho las autoridades encargadas no dan respuesta, no han dado indicio de su paradero, lamentan sus familiares.
A su casa, ubicada en la colonia Suyapa, de Chamelecón, zona norte de Honduras, también le secuestraron la alegría, el calor de hogar se apagó. Al presidente de ese entonces, que era Porfirio Lobo Sosa, se le envió información sobre el caso, hay un nuevo gobierno y del mismo partido político, pero sin respuesta alguna.
En misiva le explicaron que López Muñoz, fue sacado de su casa por seis hombres con porte militar, vestidos de negro y chaleco anti balas, portando armas de cañón largo (con un foco o mira en la parte superior), quienes cubrían su rostro con pasamontañas; allanaron ilegalmente la vivienda de Oscar, presentándose como agentes de la DNIC, que se transportaban en tres vehículos, entre estos un pick up, doble cabina, color gris; y un Hilux, color morado, vidrios polarizados.
Además que en la detención, la víctima de desaparición forzada, fue golpeado reiteradamente porque sus captores no aceptaban su identidad como Oscar Elías López Muñoz, insistían en que ese no era su nombre. Ante los gritos y golpes, su pequeña hija gritó que su papá se llamaba Oscar López, por lo que un supuesto agente se le acercó para consolarla y decirle que se calmara que no les iba a pasar nada.
“Los supuestos agentes de investigación, permanecieron en el lugar aproximadamente media hora, luego se marcharon llevándose detenido a nuestro querido Oscar Elías López Muñoz, de quien hasta el día de hoy desconocemos su destino final”, se lee en uno de los párrafos.
A pesar de las denuncias interpuestas ante autoridades policiales, Ministerio Público y organismos de derechos humanos, aún no se sabe nada acerca de su pariente, lo que los tiene en desesperación y aflicción familiar.
El articulo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, establece que “los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponer una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
Agrega que “Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona”.
Sin embargo, “no tengo ninguna respuesta” declaró su hermana Kathy López. A ella en el Ministerio Público, le dijeron que iban a cerrar el caso, pese a no saber nada de lo sucedido.
“Es difícil cómo recordarlo, pues entra la controversia si hacerle o no una misa, porque mi mami reclama que él no está muerto. Ella afirma que su hijo volverá, pues nunca se ha resignado a creer que esté muerto, o en un fosa común”, declaró su hermana Katy López, en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, organización que representa el caso.
La exigencia de la familia no ha cambiado, pues no aparece López Muñoz, no hay respuestas, no se ha hecho valer el derecho a la verdad que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos. Cuando preguntamos a las autoridades competentes no nos dicen nada, y pasa el tiempo y no hay respuesta, es doloroso e inexplicable lo que vivimos, agregó Katy.
Coalición Contra la Impunidad denuncia a autoridades por ataque en Pajuiles
Por Sandra Rodríguez
Esta mañana, la Coalición contra la Impunidad, presentó una denuncia en contra de todas las autoridades de justicia del municipio de Tela, desde el jefe de la policía preventiva, el jefe de investigación, la fiscal, el titular del proyecto hidroeléctrico que afecta a las comunidades de Pajuiles, detalló Víctor Fernández, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que a su vez forma parte de la Coalición.
El abogado Fernández, declaró que esta denuncia está situada en los hechos que se produjeron el 15 de agosto, el cual el MADJ lo conceptualiza en un ataque sostenido a la comunidad de Pajuiles, que duró varias horas y hubo lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las viviendas de los y las defensoras del ambiente en la costa norte de Honduras, específicamente los bienes de la Montaña Gracias a Dios.
Agregó que, ese día, el nivel de hostilidad constituyó actos de tortura, actos de allanamiento ilegal de moradas de habitantes que forman parte de los núcleos del Movimiento Amplio, y refleja la instrumentalización el sometimiento absoluto del sistema de justicia, a los intereses de este empresario de Hidroeléctricas de El Progreso (HIDROCEP).
“Y nosotros venimos insistiendo que no guarda ninguna proporción un proyecto como este que va a producir 1.4 megavatios de energía, en términos económicos-comerciales es insignificante en relación con las miles de personas que están siendo afectadas en sus derechos humanos al agua, a la participación y a la decisión sobre la riqueza natural de sus comunidades. Este es un caso testigo como el poder económico subyuga a la institucionalizad entre estos pequeños hasta los grandes proyectos”.
No tenemos otra institucionalidad, no confiamos en ella, pero hay que venir a reclamarles, es la denuncia número 11 en relación con el conflicto en Pajuiles, tenemos el silencio cómplice o la coparticipación de los funcionarios del Ministerio Público, junto al empresario. Nunca prosperan las acciones contra esta empresa, ni en contra de quienes abusan contra la comunidad en Pajuiles, pero la gente de la comunidad si tiene 10 causas penales en su contra y el próximo lunes vamos a defender otras cinco, puntualizó Fernández, cuando se presentaba la denuncia en Tegucigalpa.
Continuación compartimos el comunicado difundido por el MADJ, con respecto a esta denuncia.
Denuncia en contra de Policías y Funcionarios públicos por represión y desalojo ideal el 15 de agosto:
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la Coalición contra la Impunidad, integrada por 54 organizaciones más, además del MADJ en todo el país, acudieron esta mañana al Ministerio Público en Tegucigalpa a interponer denuncia en contra agentes policiales y funcionarios públicos involucrados en los hechos violentos protagonizados por la policía nacional el pasado 15 de agosto en Pajuiles, quienes haciendo uso de bombas lacrimógenas, llevaron a cabo un desalojo ilegal de los dos campamentos, detuvieron a 5 integrantes del Movimiento Amplio, incluyendo la detención ilegal de un menor de edad.
Dentro de los detenidos, se encuentra Albertina López, quien fue sometida a condiciones adversas a pesar de su evidente estado de embarazo. Como consecuencia de toda la ilegalidad desde la cual opera la policía nacional e confabulación de la empresa HIDROCEP y el Ministerio Púbico, hoy suman 17 personas criminalizadas en Pajuiles por defender el agua, acusadas de los delitos de usurpación por detentación de espacios públicos y coacción, y el otro grupo de los capturados el 15 de agosto, acusados de participación en reuniones ilícitas y daños.
Hoy se ha denunciado formalmente estos hechos, indicando agentes identificados quienes reiteradamente han hostigado a las comunidades del Sector Pajuiles por defender el agua y se ha exigido al Ministerio Público investigue a los demás funcionarios quienes desde su pasividad y permisividad han permitido y provocado la escalada de violencia en la zona.
Los honorables delincuentes corruptos lo saben
Esta semana, los liderazgos comunitarios de Pajuiles, en Tela, Atlántida, eran encarcelados y criminalizados por defender la cordillera donde nace el Río Mezapa, mientras en el Congreso Nacional los amigos de Hawit y del alcalde de Tela que los persiguen, modificaban el acta de la sesión anterior para reducir penas a todos los corruptos del país.
Esta misma semana, en el sur de Honduras, los dirigentes comunitarios Abel Pérez y Santos Hernández de la Península de Zacate Grande recibían penas individualizadas de cinco años y un mes de cárcel por aprovechar una playa pública, mientras el Congreso Nacional reducía de 9 a 6 años la pena por malversación de caudales públicos a los ricos, famosos y corruptos que le robaron el golfo a los pescadores nativos.
Por eso el reconocido sacerdote jesuita, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y filósofo de nuestro tiempo, escribía en su muro de facebook que “los honorables delincuentes ablandan penas para delinquir con elegancia, y las endurecen con el pueblo desempleado y defensores de derechos humanos”.
En la radio y en la tele, el continuador del golpe de Estado que se impone en el poder dibuja un falso país de empleo y oportunidades, mientras en Atlántida, la Policía Militar que él creó persigue al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que rechaza la depredación ambiental que empobrece más a la gente.
En los medios de comunicación al servicio del ejecutivo, las mismas fuerzas militares, policiales y del sistema nacional de inteligencia, que obedecen también como mercenarias, golpearon brutalmente a los estudiantes que exigen participación en el gobierno universitario, bajo el supuesto que la prolongación de este conflicto afecta la campaña del reeleccionista – continuista.
Como dicen en el pueblo, algo han olfateado por ahí los señores de la elite liberal nacionalista que continúa atenazando el Presupuesto Nacional, al extremo que buscan protegerse criminalmente con la modificación del Código Penal.
Mala señal para el país”, advirtió en su cuenta de Twitter el peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la Misión Internacional contra la Corrupción, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La alerta fue recogida en varios medios internacionales que saben de la intervención de la OEA y de la ONU en Honduras por ser – lamentablemente – un país degradado por la corrupción y la violencia.
El Excélsior, de México, reproduce un cable de la agencia francés de prensa – la AFP – que reportó desde Tegucigalpa que el Congreso hondureño aprobó aminorar las penas por corrupción en un nuevo Código Penal concebido irónicamente para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El diputado opositor Rasel Tomé explicó a la AFP que, en una rectificación del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las penas sin que trascendiera a la prensa.
Es una práctica gansteril del partido oficialista porque el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve”, detalló Tomé.
En la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.
La reducción de las penas fue propuesta por el diputado oficialista Agapito Rodríguez, cercano al presidente Juan Orlando Hernández.
Como hemos apuntado al inicio de esta columna, causa indignación el doble racero de la elite corrupta del país, que criminaliza con penas agravadas la defensa de la tierra y el territorio por las familias que habitan allá, y reduce las penas a los burócratas y políticos ladrones.
Cabe, entonces, recomendar a la MACCIH que, si una acción verdadera está dispuesta a realizar en Honduras, que utilice el texto de la Convención contra la Corrupción, ratificada por ese mismo Congreso Nacional, y que proceda a requerir a los líderes de la pacotilla de ladrones que degeneró la vida de la sociedad hondureña. Y que se llevaron el Seguro Social a la Presidencial…
Así como se abrió con urgencia un mecanismo de extradición de nacionales hacia Estados Unidos por actividades de narcotráfico y lavado de activos, debe agilizarse un mecanismo de extradición por malversación de dineros del pueblo, con el objetivo de aplicar las máximas penas que en el entramado hondureño es imposible lograrlo.
No cabe aquí ninguna alegación de soberanía nacional ni de respeto a la autodeterminación popular ni es momento de discursos patrioteros; la sociedad se enfrenta en desigualdad a violadores de lessa humanidad, ladrones del Presupuesto Público, delincuentes con poder político, asociaciones ilícitas del crimen organizado enraizadas en el Estado. Esa es la verdad.
Por estas razones es que Honduras está intervenida formalmente por la comunidad internacional a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y la MACCIH de la OEA. Pero la sociedad exige pronta acción.
Por ello no puede, por ejemplo, la Cooperación Española estar activando la promoción de un nuevo Código Penal adaptado a la realidad hondureña y, permitiendo a la vez, ojalá por omisión, que los diputados que controlan el Congreso utilicen su financiamiento para hacer lo contrario: proteger a la banda oficial del crimen y castigar a la población general.
O el Banco Interamericano de Desarrollo estar apoyando con entusiasmo un proceso de mediación del conflicto entre la Corporación Dinnant y los movimientos campesinos en el Aguán, y estar al mismo tiempo apoyando la implementación de una nueva ley turismo que arrasará con parques nacionales, zonas protegidas y territorios indígenas y garífunas.
O Estados Unidos estar promoviendo duros golpes a las mafias del narcotráfico que controlan alcaldías, ministerios y poderes del Estado Hondureño, al mismo tiempo que alcahuetea el continuismo de los golpistas corruptos por la vía de la ilegal reelección presidencial.
Basta de doble agenda!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 19 de agosto 2017
La crisis universitaria toma nuevos rumbos
Luego de conocer el informe del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el que válida 4,133 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana, y después de 60 días de agudización de la crisis, la junta directiva del Congreso Nacional nombró una Comisión Especial para estudiar y dictaminar el ante proyecto de ley presentado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
El MEU propone la instalación de un gobierno provisional para iniciar la salida a la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que tendrá como finalidad “la restauración de la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario”.
Integran la Comisión Especial de dictamen los diputados Edwin Pavón, Edgardo Casaña, Carmen Rivera, Liberato Madrid, Maynor Vargas, Audelia Rodríguez y Renán Inestroza.
El diputado de Libertad y Refundación (LibRe), Edgardo Casaña, expresó su preocupación al nombrarse una Comisión Especial que no está integrada por legisladores que han sido docentes. “Al no tener experiencia, con todo el respeto, será muy difícil aportar a la solución de la crisis”.
Casaña propone la instalación de un gobierno de transición que esté integrado por los principales actores internos de la UNAH y que “inmediatamente inicie con el proceso de elección del nuevo gobierno universitario, mientras en el Congreso se trabaja en la reforma del decreto 46-2013 que mató la representación estudiantil”.
En marzo de 2013, el Congreso Nacional aprobó las reformas al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante las cuales se faculta a los miembros del Consejo Universitario a nombrar la representación estudiantil en ese organismo.
Piden entregar aulas de clase
La comisión legislativa al iniciar la primera jornada de reuniones con los actores del conflicto universitario planteó al Movimiento Estudiantil entregar las aulas de clase que se encuentran tomadas en Ciudad Universitaria y los Centros Regionales, para reanudar el periodo académico.
“Respetamos la forma de pensar y otras alternativas de ellos, pero igualmente los invitamos a que piensen que el Congreso abrió este espacio para encontrar una solución de interés nacional; un buen paso sería el reinicio de las clases y las próximas semanas será clave”, dijo Edwin Pavón, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión Especial.
Sin embargo, Andrés Oseguera, representante del MEU, dijo a Radio Progreso que “el Movimiento Estudiantil no llevamos un planteamiento de acciones a tomar, pero en este momento no vamos a dar nuestra vía de presión solo por capricho del sector legislativo, el que en 2013 en menos de ocho horas aprobó el proyecto de reforma presentado por la rectora Julieta Castellanos”.
Ese mismo día -16 de agosto-, una hora después de la reunión entre diputados y dirigentes del MEU, la Policía Nacional, a través del Escuadrón Cobras, desalojó a los estudiantes en huelga de hambre con una lluvia de bombas de gas lacrimógeno. La represión duró cuatro horas.
Al anunciar la cancelación del tercer periodo académico en Ciudad Universitaria, la rectora Julieta Castellanos, aseguró que los únicos responsables de la situación son los dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
“Es responsabilidad exclusiva de los dirigentes del MEU Fausto Cálix, Héctor Ulloa, Cristian Sanabria, Marcos Rubí y Héctor Estrada, estos son los responsables que por segundo año consecutivo estudiantes universitarios estén sin posibilidad de un tercer período en Ciudad Universitaria y con riesgo de tener solo un período en el 2017”, enfatizó Castellanos, en una conferencia de prensa.
Héctor Ulloa, vocero del Movimiento Estudiantil, manifiesta que las acusaciones de las autoridades universitarias son parte de una “campaña de apología al odio”, autoridades que “han sido incapaces de solventar la crisis ante sus intenciones de continuar dirigiendo la universidad”.
“Ellos son funcionarios públicos y son ellos quienes tienen obligaciones y deberes con el Estado; deberes que han incumplido debido a negligencia e incompetencia, les ha quedado grande esta crisis que se viene arrastrando desde hace ocho años”, agregó Ulloa.
Otra determinación de la rectoría universitaria fue la cancelación de los salarios, conforme a los días trabajados, del segundo periodo académico a los docentes contratados por hora. En ese sentido, René Centeno, vicepresidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH), señala la precarización laboral de los catedráticos al no ser nombrados en plazas permanentes después de tres contrataciones por hora: “ seguramente estos docentes van a apelar en base a ley, y sucederá como ha ocurrido en incontables situaciones bajo las actuales autoridades, en la cual han despedido de manera arbitraria, utilizando recursos ilegales, y han tenido que pagar salarios caídos, además de las multas.
El vicepresidente de la ADUNAH detalló que los docentes que se mantienen bajo contratos por hora no están facultados para votar en los claustros de profesores, medida que “cercena la opinión sobre las decisiones dentro de la universidad”.
Ley Orgánica y participación estudiantil
Al finalizar una reunión con las autoridades universitarias, Edwin Pavón, presidente de la Comisión Especial, dejó claro que al dictaminar la iniciativa ciudadana presentada por el Movimiento Estudiantil respetarán la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y garantizarán la representación estudiantil en los gobiernos universitarios.
“La Universidad también ha presentado una propuesta muy completa. Hay un signo importante, ambos quieren elecciones. Yo no miro de que otra manera se pueden integrar los órganos donde tienen que tener representación los estudiantes, todo tiene que hacerse de manera transparente”, dijo Pavón.
El vicerrector de asuntos estudiantiles, Áyax Irías, cuestionó que los procesos eleccionarios no se han desarrollado ante la falta de consensos entre estudiantes para concretar un reglamento; “pasaron los años, desde el 2010 hasta la fecha, sin que lograran el reglamento y si no pueden ni ellos y la Universidad no tiene esa facultad, pues, el Congreso tendrá que resolver”.
En relación al reinicio de clases, la rectora Julieta Castellanos aseguró que depende del acceso a las aulas, tomadas como acción de presión por el Movimiento Estudiantil.
Castellanos insiste en que el origen del conflicto no es académico: “ellos están en un proceso de quitar del camino a todo el que no piensa como él y si no piensan como ellos usan el garrote. Así que no podemos decir que son temas académicos”.
Aseguró que desde el “conflicto anterior” como autoridades “siguen esperando” el reglamento estudiantil y la propuesta de normas académicas.
La comisión especial legislativa anunció que sostendrán una reunión para definir encuentros con actores que convergen en el accionar de la comunidad universitaria, entre ellos docentes y expertos académicos que puedan aportar para el dictamen final que presentarán al pleno del Congreso Nacional.
Silvia Federici: “La desvalorización está en el núcleo de la violencia”
La pensadora Silvia Federici estuvo de recorrida por el Conosur y dictó un seminario abierto y gratuito los días 25 y 26 de julio en la ciudad de Montevideo. Relató la historia de su obra fundamental Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, y compartió miradas y reflexiones sobre la lucha feminista en la actualidad.
“La rebeldía de las mujeres se sancionó como de ‘malas mujeres’,
mientras que los trabajadores rebeldes son ‘revolucionarios’”. S.F
Mientras está sentada, esperando para comenzar a conversar, sea en el Seminario de dos días “Ni caza de brujas, ni brujas en las casas. Tiempos de luchas feministas” o en intercambios más informales, Silvia Federici se ve como una mujer tranquila y silenciosa en su delgadez y sobriedad. Es difícil imaginar que esa misma mujer, que está en la séptima década de su vida, va a dejar esa templanza para convertirse en una leona, que no pierde la alegría en cada concepto o historia que explica.
Invitada por el Colectivo Minervas, la investigadora y militante feminista venía de realizar, en Brasil, la presentación de una de sus obras más importantes: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004), en portugués. La estadía en Montevideo sería de pocos días, pero intensos, en los que Silvia, acompañada por su compañero de vida George Caffentzis recorrería locales de colectivos militantes, espacios universitarios, charlas entre mujeres de diferentes organizaciones de Latinoamérica, y brindaría un seminario de dos días en el Centro Obrero Alpargatas, lugar donde se realizan diversas actividades sociales y culturales en barrio Aguada, de la capital uruguaya. Desde Paysandú, Colonia, Maldonado, y diferentes ciudades del vecino país; así como desde Córdoba, integrantes del Encuentro de Organizaciones, acudieron al convite.
Estuvimos compartiendo dos jornadas, junto a otras 400 personas -en su mayoría mujeres- que se acercaron para escuchar a la escritora italiana, radicada en Estados Unidos desde hace décadas. La propuesta de Federici consistió en conversar durante el martes 25 de julio, sobre la historia de su obra de 2004, y abordar el miércoles 26 diferentes miradas sobre la vigencia de las ideas de Calibán y la bruja, en la actualidad. Ambos días destinó una hora para exponer lo que había guionado cuidadosamente, luego se dispuso atenta para responder las consultas que venían del público.
La historia que no nos contaron
"La historia es escrita por los vencedores,
y hay muchas historias que han sido destruidas”. S.F.
El libro Calibán y la bruja nació con un objetivo político: debatir sobre las raíces y causas de un tipo específico de opresión hacia las mujeres en el capitalismo. Así, la obra es un riguroso recorrido histórico sobre el paso del feudalismo al capitalismo, centrando su análisis en Europa señalando las espiraladas consecuencias que ocurrieron en diferentes puntos del globo. Su autora fue una de las fundadoras de la Campaña Internacional por un salario para el trabajo sin sueldo (1972), uno de los fundamentos nodales de dicha campaña se deja ver en el libro.
Silvia Federici está sentada sobre una mesa. Apenas la acompaña un vaso de agua, y en su mano derecha empuña el micrófono. Se embravece al explicar esta historia, que debe haber relatado centenares de veces. Se apasiona, y es contundente: “el capitalismo robó la tierra a los hombres, pero les dio una sirvienta en compensación”. Es en este momento histórico en el que comienza el proceso de dependencia económica de las mujeres y el mandato sobre sus cuerpos: “las mujeres no pueden vivir solteras, deben vivir bajo la autoridad de un hombre”.
En esta investigación la autora inaugura un nuevo concepto, otro nuevo inicio: el patriarcado del salario. Mientras en el período feudal el salario era vivido como liberación, porque a la vez que trabajaban para el Señor Feudal, mujeres y hombres tenían su parcela de tierra para proveerse; con el despojo de las tierras en el capitalismo, el salario comenzó a ser el único acceso al sustento, un modo de esclavitud solo para varones. Federici contó que se agarraron la cabeza junto a sus compañeras cuando lo descubrieron. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes?, dijeron. ¿Cómo aún hoy cuesta darnos cuenta? decimos.
El trabajo productivo (masculino) produce autos, herramientas, alimentos, y es retribuido con salario. El trabajo reproductivo (femenino) es el que produce a esos trabajadores que necesita el capitalismo, los viste, alimenta, educa, mantiene saludables; es invisibilizado y no pagado. Serían estos algunos de los olvidos o miopías de los grandes Engels y Marx. Es en el nuevo sistema político económico que el Estado comienza a apropiarse del cuerpo de las mujeres, imponiendo a través de la división sexual del trabajo, la idea de que las mujeres son “seres inferiores, débiles, sin razón y entonces más vulnerables y más seducidas por el diablo, por lo que deben estar subordinadas. Otros deben pensar y decidir por ellas”.
También entonces las mujeres se organizaron y resistieron, en un momento de transformación social que implicó no sólo una nueva organización política, económica y social, sino que también trajo como consecuencia “el rompimiento de solidaridad entre mujeres y varones, debilitó la lucha de las clases dominadas, y perjudicó más profundamente a las mujeres”.
Nótese aquí un detalle importante, no son las luchas de mujeres las que dividen la solidaridad entre sexos y géneros, sino consecuencia del implacable y silencioso avance del capital sobre las clases dominadas. Con la complicidad de la iglesia, las clases dominantes buscaron “ubicar” a las mujeres en el nuevo rol asignado para ellas: la caza de brujas fue la herramienta para aleccionar.
Aisladas ya estamos derrotadas
“El discurso de la igualdad es un discurso fraudulento,
no estamos en igualdad de condiciones”. S.F
La criticidad y crudeza para pensar la realidad no convierten a Federici en una persona pesimista. Entre las charlas que tuvimos de manera informal compartió algunos de sus recorridos personales, individuales pero siempre junto a otras. Nos dijo que el feminismo le salvó la vida, que la potencia de crear, reflexionar y luchar con otras mujeres fue uno de los motores más importantes.
Silvia condensa la lucidez de los años vitales transitados de manera atenta y permeable, con la sensibilidad para conocer historias, para dejarse atravesar por las voces y recorridos ajenos, y la fortaleza teórico política para reflexionar y aprender en ese proceso. Cada pregunta, cada intercambio, o reflexión compartida fue recibida desde un lugar atento y respetuoso. La caza de brujas, de la que empezó a hablar en Calibán y la bruja, tuvo sus momentos de mayor calma, pero nunca desapareció, asegura. “Hoy estamos viviendo una nueva ola de acumulación originaria” en la que el capital necesita nuevamente nutrirse de fuerza y trabajo, requiere la expropiación de la tierra, la precarización del trabajo y el corte de servicios.
Entonces, sostiene, hay una fuerte conexión entre el proceso extractivista de bienes comunes y la violencia en contra de las mujeres; ya que son ellas (nosotras) las que dan y conservan la vida, las que mantienen a la comunidad unida, las que son más fuertemente golpeadas por los avances del capital, y quienes sostienen las luchas por la vida y el territorio.“Estamos viviendo una nueva caza de brujas” asegura, y destaca que se han incrementado los feminicidios en número pero también en crueldad. Recupera el concepto“pedagogía de la crueldad” de la antropóloga Rita Segato, que sostiene que hay un mensaje en torturar los cuerpos de las mujeres, y mostrarlos.
Hay una lección sobre lo que las mujeres debemos ser y hacer. Comparte el caso de Ciudad Juárez, donde los feminicidios y el trabajo en la maquila están fuertemente conectados, y aclara que el ingreso de las mujeres al trabajo asalariado puede habernos independizado de los varones, pero no nos dio autonomía frente al capital. También relata la nueva caza de brujas que está ocurriendo en África e India, de la cual poco sabemos en este rincón del mundo occidental.
Somos las nietas
“Globalización es el proceso en el que todo cambia,
pero se mantiene la estructura de dominación”. S.F.
Llamarnos brujas es, nuevamente, desmantelar los lazos de solidaridad e intentar mantener las distancias entre generaciones. Necesitamos conocer la historia de otras mujeres, qué han hecho, cómo se han organizado y cómo han resistido; así cree, esta pensadora, que es posible construir y sostener el tejido económico y cultural. Es necesario “no enfrentar la cotidianeidad aislada” sino pensar la reproducción de la vida en solidaridad y apoyo mutuo, para conocernos, compartirnos, escucharnos y para “emprender prácticas que revaloricen las prácticas de las mujeres, porque la desvalorización está en el núcleo de la violencia”.
Pasaron cuatro días, en los que la cabeza y el corazón se agotaron haciendo recorridos de mundos posibles. Doliendo a todas las que no están, pero sabiendo que en el encuentro podemos crear y volver a crearnos, desde las mujeres completas, valientes y poderosas que somos. Podemos gestar un Paro Internacional de Mujeres y ocupar todas las calles como el 8 de marzo pasados. Ruedan las lágrimas por nuestras mejillas, se alzan los puños de todas y todos los que asistieron al seminario de dos días, y vibramos en un canto común: “somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”.
Sonreímos y sabemos que ninguna, ninguno, será el mismo después de estos días. Nos queda la inquietante sensación de injusticia y el necesario deseo de construir algo nuevo, pero sentimos que hay algo que ya tenemos, como dijo Silvia Federici en sus palabras de cierre: “aisladas, aislados no podemos tener nada. Aislados, ya estamos derrotados”. ¡Todas juntas! ¡Todas libres!.
Good bye, Unasur
Por María Laura Carpineta
La organización que supo ser estrella del consenso regional en la última década cayó en desgracia y su ausencia suma otro capítulo a una Venezuela que parece condenada al abismo.
La Unasur, la organización que fue el foro predilecto para expresar el consenso, por mínimo que fuera, de los doce países de América del Sur durante gran parte de la última década, está cayendo en desuso, ignorada por las agendas que defienden los nuevos liderazgos de la región, principalmente Mauricio Macri y el brasileño Michel Temer, quienes prefieren llevar los conflictos regionales ante la OEA o impulsar la integración con los vecinos y el mundo desde el Mercosur.
“La Unasur nació en un momento en el que varios gobiernos compartían cierta ideología, pero ahora ha habido este reposicionamiento, que explica en buena parte lo que está pasando”, sostuvo recientemente el analista Francisco López-Bermúdez, de la privada Universidad San Francisco de Quito, en diálogo con la agencia de noticias AFP.
Un argumento similar utilizó el ex ministro de Hacienda de Colombia, Rodrigo Botero Montoya, cuando escribió una columna de opinión en el diario brasileño O Globo titulada “Enterrar a la Unasur” y citada por el sitio Nodal: “La Unasur surgió como una iniciativa para promover la revolución bolivariana a través de un foro regional en tiempos de un boom del petróleo y cuando la proximidad ideológica de Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner le permitía a Hugo Chávez hablar del eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. (…) La Unasur es un producto de un momento histórico particular, que desapareció. Hoy es un cuerpo que reclama un entierro piadoso”.
El último secretario general de la organización, el colombiano Ernesto Samper, en cambio, cree que se trata sólo de “un momento de dificultades”. “Este momento no difiere de otros que la Unasur vivió en el pasado”, opinó. El ex presidente colombiano explicó aZoom que “la situación de la organización no tiene ninguna justificación en las circunstancias actuales de la región” y responsabilizó a “las normas del consenso, que están previstas en los estatutos fundamentales y que obligan a que cualquier decisión deba ser tomada con la aquiescencia de los doce países que integran la comunidad”. “Esto hace muy difícil ponerse de acuerdo sobre un nombre para cualquier tipo de nominación”, completó el veterano dirigente latinoamericano.
Samper reconoce que Unasur nació en un momento político muy particular, pero no cree que ese contexto defina a la organización. “Nació como una respuesta política a una coyuntura política que reflejó los efectos que el modelo neoliberal, que privilegió el crecimiento sobre la inclusión social, tuvo sobre la gobernabilidad y el agotamiento de los mecanismos del sistema interamericano, liderado por la OEA (…) Esa coyuntura fue superada, a pesar de que existían diferencias ideológicas entre los países” sudamericanos. Para el politólogo argentino, Alejandro Frenkel, ‘Brasil abandonó el proyecto sudamericano, aún cuando Dilma (Rousseff) estaba en el poder”.
Cuando la Unasur nació, formalmente en marzo de 2008, la integraban presidentes que estaban muy lejos, ideológicamente hablando, del llamado eje bolivariano o de los gobiernos de centro izquierda de la época. El colombiano Álvaro Uribe, el paraguayo Nicanor Duarte y el peruano Alan García no sólo firmaron el acta que constituyó la organización regional, sino que se sometieron a ese foro para dirimir los conflictos más calientes y sensibles de aquellos años. Sin duda la cumbre que quedará para la historia fue la de agosto de 2009 en Bariloche.
Por primera vez, los máximos líderes del subcontinente discutieron sus diferencias frente a las cámaras de televisión durante horas, sin disimular broncas, malos humores y viejas enemistades, y, principalmente, sin la presencia de Estados Unidos. El tema central, la firma de un tratado de cooperación de defensa entre Colombia y Estados Unidos que le habilitaría a este último numerosas bases militares en el territorio sudamericano (lo que finalmente no sucedió), desnudó una grieta que aún divide la región: la alineación de países con Estados Unidos y su consecuente injerencia en la política y economía locales.
Los colores políticos cambiaron para muchos de los gobiernos que protagonizaron la cumbre de Bariloche y las diferencias ideológicas aún enfrentan, de la misma manera enardecida, a muchos de los países miembros de la región; sin embargo, hace tiempo que no utilizan la Unasur como foro para debatir y buscar el más mínimo consenso.
El politólogo argentino y becario del Conicet, Alejandro Frenkel sostiene que lo que cambió en estos últimos años fue la agenda política de la mayoría de los países. “Unasur nació con una agenda que hoy los gobiernos sudamericanos no tienen interés en profundizar. No tienen intención de regionalizar la defensa y la energía, de hacerlo a través de proyectos de desarrollo industrial”, explicó el especialista que ofició entre 2009 y 2013 como delegado argentino del Consejo de Defensa Sudamericano, uno de los doce órganos en los que está dividido el trabajo técnico de la Unasur.
Las principales iniciativas industriales de Unasur, por ejemplo en materia de defensa, quedaron truncas.
Uno de los proyectos más importantes que se llegó a aprobar en el pico de actividad del Consejo de Defensa Sudamericano fue la construcción de un avión de entrenamiento para pilotos, con diseño y producción completamente latinoamericanos. Fue una iniciativa argentina a la que luego se plegó Brasil. Hubo reuniones técnicas en la Fábrica Argentina de Aviones –la empresa que reestatizó en Córdoba en 2009 Cristina Fernández de Kirchner de manos de la estadounidense Lockheed Martin– pero nunca llegó a concretarse. “Brasil puso palos en la rueda e incluso llegó a presentar otro proyecto, el de fabricar drones”, contó Frenkel. Ninguna de las iniciativas se hizo realidad.
Para el politólogo argentino, “Brasil abandonó el proyecto sudamericano, aún cuando Dilma (Rousseff) estaba en el poder”. “La Unasur fue un proyecto que impulsó Brasil para fortalecer su rol de potencia regional, pero muy pronto muchos otros países asumieron un rol protagónico que Brasilia no esperaba. Entonces se estableció como árbitro, no tenía una agenda propositiva, sino que mediaba. Brasil es bastante responsable del declive de la Unasur”, sentenció el ex delegado argentino.
En abril pasado, cuando la Argentina asumió la Presidencia pro témpore, la Cancillería del gobierno de Macri prometió liderar la organización “con el espíritu de elaborar planes concretos que nos acerquen a los ideales de integración regional que fundamentaron la creación” del bloque sudamericano. Para Samper, el valor que dio origen a Unasur y que sigue siendo su mayor ventaja es dar “un enfoque político a los temas económicos y sociales y eso es lo que permite que juegue un rol de liderazgo político en la región”. La ex canciller argentina, Susana Malcorra, en cambio, consideró que “las bases de la idea original de la Unasur” estuvieron marcadas por el deseo de “integrar la infraestructura para propiciar el aumento del comercio intra región y el aumento a la inversión directa en la región”, según explicó en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín junto a la directora del Foro Económico Mundial para América Latina, Marisol Argueta de Barillas, en el inicio de lo que los medios bautizaron como el Mini Davos.
En esa misma conferencia de prensa, opinó que hasta ahora “ha habido mucha dialéctica de integración pero poca práctica” y prometió “ir de los dichos a los hechos y empezar trabajar”. Como ejemplo de cómo Argentina, la actual presidente temporal de Unasur hasta abril de 2018, buscará liderar la organización sudamericana, Malcorra mencionó al Mercosur como “una forma de potenciar las economías”. En paralelo, anunció que el Mercosur y la Alianza del Pacífico comenzarían a “trabajar para encontrar mecanismos de acercamiento y de estructuración de nuestro vínculo”.
Desde que Argentina asumió la presidencia de Unasur su única iniciativa ha sido impulsar la candidatura del actual embajador en Chile, José Octavio Bordón, como secretario general. Según la prensa brasileña, Temer le habría dado el visto bueno al ex embajador en Estados Unidos de Néstor Kirchner y ex consultor de la OEA durante los años de Cristina Fernández. Sin embargo, el nombre de Bordón no parece conseguir el consenso de los doce países de América del Sur.
En mayo pasado, al mismo tiempo de la asunción presidencial de Lenin Moreno en Quito, la Unasur había convocado una cumbre de presidentes para tratar la crisis en Venezuela y en Brasil, dos temas urgentes que encabezan la agenda regional hace un tiempo ya. Sin embargo, la falta de consenso hizo que la cita se cayera nuevamente. Desde entonces, Argentina, como país que ocupa la presidencia de la organización, no ha impulsado, al menos públicamente, el foro de la Unasur. Sí lo hizo con Mercosur o con la OEA al llevar Malcorra personalmente varias iniciativas para presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
No hace mucho, el ex canciller de Lula, el veterano diplomático Celso Amorim, dijo en una entrevista: “El hecho de no dar énfasis a un determinado proceso también lo debilita. No se necesita acabarlo formalmente, basta con no querer más resolver los problemas de América del Sur en la Unasur y llevarlos directamente a la OEA”.
En ese sentido, hace sólo unos días el propio Samper reconoció que la mediación de Unasur en Venezuela, a través de la cual la organización intentó crear una mesa de diálogo entre gobierno y oposición el año pasado, “está absolutamente congelada”. El entonces secretario general había impulsado una misión integrada por los ex presidentes de España, Jose Luís Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. El esfuerzo diplomático fracasó en diciembre pasado, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) abandonó la mesa de negociación por considerar que el gobierno de Maduro había incumplido lo pactado.
Rápidamente, el gobierno paraguayo del empresario Horacio Cartes se apuró a proponer una alternativa. Su canciller Eladio Loizaga sugirió crear “un grupo de amigos” de Venezuela. No detalló, sin embargo, quiénes podrían ser los países amigos del país caribeño. Uno de los elementos que enturbia aún más el horizonte político de Venezuela hoy es que no parece haber gobiernos extranjeros u organizaciones regionales con la legitimidad para llevar a la mesa de negociación tanto al gobierno como a la oposición y evitar un conflicto armado de proporciones imposibles de pronosticar. Los gobiernos de las cuatro principales potencias del continente –Brasil, Argentina, México y Estados Unidos– fueron claros en su apoyo a uno de los dos grandes actores de la crisis, la oposición; la OEA, dirigida por Luis Almagro, se convirtió en el enemigo más acérrimo de Maduro; el Mercosur coquetea con la posibilidad de expulsar a Venezuela y la Unasur, tras reconocer un primer fracaso, parece haber quedado en silencio.
A lo largo de la última década, los países de América del Sur, sin importar su identificación ideológica de turno, demostraron que la región tiene la capacidad política de gestionar sus propias crisis y de mantener una zona de relativa paz, un logro nada pequeño en este mundo convulsionado. Pero para mantener esta capacidad política los gobiernos deben interponer una visión regional por sobre los cálculos individuales de cada país.
Trump, la CIA y los publicistas
Por Fernando Vicente Prieto
Las acciones de guerra convencional siempre vienen precedidas por declaraciones y acciones político diplomáticas. En el caso de las potencias con escala imperial también son habituales las sanciones o los boicots económicos, dentro y fuera del país.
Todas ellas, a su vez, son anticipadas por operaciones de prensa que invariablemente se mantienen hasta el final y a cada momento realizan balances y proyecciones de cara a la opinión pública.
Por debajo de la trama más visible se encuentra una tarea decisiva, que tiene que ver con el conocimiento y la operación sobre el terreno y los diversos actores. En este plano actúan principalmente las oficinas de relaciones exteriores, las agencias de inteligencia y las fuerzas especiales de los diferentes componentes militares. Si hablamos de EEUU, las más conocidas son el Departamento de Estado, la CIA, aunque hay varias otras estructuras y unidades involucradas, como los SEALs y Fuerza Delta.
La guerra híbrida implica, básicamente, la combinación de todos los elementos mencionados hasta aquí, pero además le otorga un creciente peso relativo a las operaciones encubiertas. Es decir, a las que nadie reconoce como propias, porque la publicidad de estas acciones -tipificadas en el código penal de cualquier país como actos criminales- restaría legitimidad a los argumentos oficiales, que se refieren a nobles objetivos como promover la libertad y la democracia o atender crisis humanitarias.
En el libro Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (2007), el teniente de marina retirado Frank Hoffman, con larga experiencia en academias de Defensa norteamericanas, es uno de los primeros en conceptualizar la nueva doctrina. “Las amenazas híbridas incorporan una gama completa de modos diferentes de guerra que incluye capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas con violencia e intimidación indiscriminada, y desorden criminal. (…) Estas actividades multimodales pueden ser realizadas por unidades separadas o por la misma unidad, pero generalmente son dirigidas y coordinadas (…) para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones física y sicológica del conflicto”, sostiene allí.
La descripción cuadra exactamente con la situación que se desarrolla en Venezuela desde hace muchos años, y que tiene como momentos de máximo tensión al primer semestre de 2014 y a la actualidad.
Guerra económica, desconocimiento de las instituciones y llamados a la insurrección, sicariatos y acciones paramilitares, atentados con explosivos, destrucción del transporte público, entre otros, son ejemplos de acciones políticas encaminadas al mismo objetivo, que se realizan con el ocultamiento -o la justificación- de los medios más poderosos del mundo.
Esa es la base sobre la que se montan las declaraciones político-diplomáticas y en un extremo, cuando ya sea evidente o no quede ninguna otra opción, la declaración de guerra, convencional o como “fuerza de paz y estabilización”, que es lo mismo que la declaración de guerra pero con mejor cobertura, sobre todo si es asumida entre varias naciones y amparada por algún organismo multilateral.
¿Hasta dónde llegará Trump?
A la par de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el debilitamiento en número (y crecimiento en violencia) de las protestas opositoras, en los últimos días se registró una intensificación de las amenazas de carácter militar por parte de EE.UU.
El 20 de julio, en el Aspen Security Forum 2017 realizado en esta ciudad estadounidense de Colorado, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, aseguró que tenía que ser cuidadoso en sus palabras: “Estamos muy esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela”.
“Desde la CIA estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la dinámica allí, para comunicársela a nuestro Departamento de Estado y a otros, como los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México y en Bogotá la semana pasada, hablando sobre este tema, tratando de ayudarlos a entender las cosas que ellos podrían hacer para tener un mejor resultado en su porción del mundo y en nuestra porción del mundo”, dijo.
Pompeo no hizo más que blanquear algo que era bastante obvio, y que se puede observar a partir de la ofensiva que estos países, acompañados por Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Honduras, entre otros, desarrollan en la OEA, en el Mercosur y en todos los foros posibles.
En este contexto es significativo analizar una entrevista a Eric Vergara, presentado como ex agente de inteligencia norteamericana y “experto en seguridad nacional”, realizada el 27 de julio por el canal El Venezolano TV, que tiene sede en Miami y filiales en Madrid y en Panamá.
Vergara aseguró que tiene fluida comunicación con varias fuentes de la “comunidad de inteligencia” y que EE.UU. se apresta a realizar una intervención militar junto a “unidades de asunto civil” del Departamento de Estado.
“En 72 horas tenemos a Venezuela controlada, tácticamente y estratégicamente con control de su gobierno, junto al Departamento de Estado, el de Justicia de EE.UU. y asuntos civiles comenzamos a implementar control de los gobierno locales y a meter lideres”, alentó Vergara, quien considera que esa es la única solución para impedir que Venezuela se transforme en una nueva Cuba.
“(Después del ataque militar) lo primero que se hizo en Irak fue mandar unidades de asuntos civiles”, relató. “Luego se establece un gobierno intermediario y allí el Departamento de Estado empieza a trabajar no solamente con líderes de la oposición en Venezuela, sino también con los que están en el exilio, para implementar un gobierno temporario y (después de todo eso) tener elecciones libres”, dijo. Nadie mencionó que en los últimos 18 años en Venezuela se hicieron 21 elecciones y que el período presidencial en curso, según mandato constitucional, recién finaliza en abril de 2019.
Pero si faltaba algún elemento para preocuparse, lo ofreció el New York Times el 1 de agosto. En un artículo firmado por Nicholas Casey, el influyente periódico analizó que las elecciones de la Asamblea Constituyente representaron “un golpe dramático a la oposición venezolana”, que “no había estado en un punto tan bajo” desde el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
El análisis, que no considera como posibilidad el establecimiento de un diálogo sobre la base del reconocimiento del chavismo y el respeto a la votación popular, plantea que las alternativas de la oposición son “limitadas”, pero sólo desarrolla explícitamente una: intensificar las protestas en las calles.
“Aunque dado que el gobierno comenzó a prohibir las manifestaciones callejeras el fin de semana de la votación constituyente -afirma falsamente-, no queda claro si esa opción siquiera será viable”. Así finaliza el artículo, dejando abierta la pregunta de cuál será entonces la opción que “le queda” a EE.UU. para derrocar el gobierno de Venezuela, como en las últimas semanas han exigido Pompeo, el secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio presidente Donald Trump.
@FVicentePrieto
Foto: Ariana Cubillos / AP
lunes, 28 de agosto de 2017
Buscan blindar a actuales funcionarios del Estado
La discusión y aprobación del nuevo código penal en el Congreso Nacional está llegando a su final en medio de una fuerte polémica por la decisión del Partido Nacional de rebajar las penas en los delitos vinculados con la corrupción.
“De acuerdo a mi experiencia como fiscal, no era necesario un nuevo código penal, yo creo que con simples reformas a algunos delitos que no estaban contemplados, como los delitos informáticos por ejemplo y otros que andan allí rondando en otras leyes especiales se puede manejar la criminalidad en Honduras”, explicó el ex fiscal del Ministerio Público y diputado, Jari Dixon Herrera.
La discusión de la ley ha tenido sus momentos tensos y calmos. En los últimos días la polémica se ha disparado en relación a la reducción de las penas para delitos vinculados a la corrupción e impunidad.
Blindaje
Diferentes sectores se han pronunciado sobre la reducción de penas, han condenado al Partido Nacional por asumir esas posiciones y a la vez han coincido que lejos de bajarse, debería incrementarse los castigos contra los que le roben y abusen del Estado.
Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia, señala que el poder Legislativo se muestra tolerante ante las conductas ligadas a la corrupción. “Al disminuir las penas entonces muchas personas pudieran quedar en libertad o podrían, mediante una conmuta, andar tranquilamente y habiendo cometido actos que son detestables para la ciudadanía, no es un buen mensaje”, dijo el juez Díaz.
Las penas de 6 a 9 años contempladas en los artículos 475, 476 y 477 fueron reducidas de 4 a 6 años por los delitos de malversación por apropiación, malversación por uso y malversación por aplicación oficial diferente.
En el artículo 478, las penas de 6 a 9 años fueron reducidas de 4 a 6 años por el delito administración desleal del patrimonio público, y en el artículo 479, la pena de 9 a 12 años fue reducida de 6 a 9 años por los delitos anteriores con agravantes específicos.
El Partido Nacional, a través de sus dirigentes en el Congreso Nacional, ha explicado públicamente que no se trata de una reducción de penas, como lo denuncian los diputados de la oposición, sino que se trata de una readecuación de penas en el nuevo código penal.
“Esto es simple matemáticas. Si antes tenían de 6 a 9 y hoy tiene de 4 a 6, a dónde está la readecuación de las penas, a dónde está ese término readecuación de penas, lo que hicieron fue reducir lo que se había aprobado. Lo que hicieron fue aprovecharse de una ratificación del acta para reducir penas”, explicó el diputado Jari Dixon Herrera.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, dijo desconocer muchas interioridades de lo que en el Congreso Nacional se estaba aprobando. “Nosotros no hemos sido integrados por parte de la comisión de asuntos penales del Congreso. Nosotros no podríamos hablar, porque el conocimiento que ha tenido el Colegio de Abogados es que precisamente el código penal estaba contemplando procesos más rigurosos y penas más rigurosas”, aseguró José María Díaz.
Contradicción gubernamental
“El mensaje que tiene que enviarse es un mensaje fuerte, de combate fuerte, de sanciones drásticas porque la corrupción, en todo los países del mundo, es combatida de la manera más fuerte posible”, dijo el juez Mario Díaz.
En el nuevo código penal, que se discute y aprueba en el Congreso Nacional, ya no existe la conmuta, que era el pago de 10 Lempiras por cada día en prisión cuando sobre la pena que le habían aplicado al acusado llegada hasta cinco años. Ahora el juez puede aplicar el “reemplazo” que podría ser casi lo mismo, un arresto domiciliario, asistir a firmar al juzgado, hacer trabajo comunitario.
“El mensaje es que la ley solamente se hizo para las grandes mayorías, y las grandes mayorías desposeídas, el que tiene poder económico y político en el país tiene licencia para delinquir. Ellos, con este nuevo código penal, se están blindando para las acciones penales que pudieran venir en el futuro”, manifestó el abogado Jari Dixon Herrera.
Herrera aseguró que las penas muy bajas ahora estarán sujetas a conciliaciones y también a la suspensión de la acción penal. El diputado explicó que cuando se da la conciliación o la suspensión de la acción penal, según el código procesal penal, la persona podría incluso quedar sin antecedentes penales.
¿Bofetada a la Maccih?
Varios sectores de la sociedad opinan que la decisión del Partido Nacional en el Congreso de la República es una contradicción con lo que pregonan tanto dentro como fuera del país. Hablan de una lucha fuerte contra la corrupción y la impunidad poniendo como ejemplo de esa voluntad la llegada, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih.
“Es una bofetada en la cara, a la Maccih le están diciendo señores ustedes no valen nada, ustedes no tienen ningún poder, a ustedes no los respetamos, ustedes vinieron aquí por una estrategia política para calmar a los indignados, el tratado o el convenio no les da poder inclusive ni de actuar dentro de los procesos penales. Ustedes están aquí para ganarse un buen sueldo, andar en carros de lujo, para hacer reuniones en hoteles de lujo, pero aquí no nos van a venir a molestar” analizó Jari Dixon Herrera.
El coordinador de los Tribunales de Sentencias, Mario Díaz, también analizó que las nuevas disposiciones en las penas por corrupción entran en choque con la Maccih. “La Maccih aboga para que tengamos sanciones fuertes, para que no haya criterios de oportunidad en casos de corrupción y porque muchas prebendas que han tenido diferentes acciones criminales como éstas no sigan ocurriendo, por lo tanto, creo que habrá un choque muy fuerte, muy frontal contra la Maccih”, vaticinó el juez Díaz.
El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y enlace de ese poder del Estado con la Maccih, Rafael Bustillo, calificó de cuestiones políticas la reducción de penas por delitos conexos a la corrupción aprobadas por el Congreso Nacional en el nuevo código penal.
“Esas son cuestiones de los políticos, yo creo que lo que hay que hacer siempre es atacar el problema, si ellos tuvieron a bien reducir penas pues esa es decisión de ellos, habrá que ver por qué lo hicieron. Siempre hay que atacar el problema no solamente incrementando penas es que se combate el delito y la corrupción”, dijo el Magistrado Bustillo.
¿Rectificarán?
Los expertos en leyes cuestionan fuertemente la decisión del Partido Nacional de bajar las penas contra los corruptos y abonar más caldo a la impunidad.
“Para nosotros es novedad que se estén disminuyendo las penas. En las situaciones y con las estadísticas de crímenes que hay en el país, no creemos que la tendencia sea a disminuir las penas cuando más bien tenemos que, de alguna forma, sentar un ejemplo e incrementar las penas tal y como se discutió con el caso de la niñez”, dijo el presidente de los abogados en Honduras, José María Díaz.
El director de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, es de la idea que, ante la vinculación de integrantes del Partido Nacional y ex funcionarios públicos a los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el mensaje del partido de gobierno es equivocado razón por la cual debe buscar la manera de anteponer la ética.
“El Congreso Nacional de la República, por cuestiones éticas, no puede tomar este tipo de decisiones de reducción de penas puesto que no podemos desconocer que en los últimos cuatro años ha sido un tema constante en la agenda pública”, dijo Hernández.
Transparencia Internacional espera que se tome la decisión de revertir esa situación y poder buscar los mecanismos para generar procesos de integridad pública sin abandonar las sanciones y condenas contra los corruptos.
Todas esas expectativas se contradicen con lo que analiza el abogado Jari Dixon, diputado al Congreso Nacional. “En el Congreso Nacional no se respeta absolutamente nada, no se respeta ni lo que se aprueba adentro del hemiciclo legislativo. Y no se respeta porque venimos de un proceso de incumplimiento de hace muchos años donde a los incumplidores de la ley, a los incumplidores de los procesos nunca se le ha llamado a la justicia hondureña, nunca se le ha resarcido responsabilidad”, finalizó Dixon Herrera.
Se alarga proceso de criminalización estudiantil contra 15 universitarios en Choluteca
Por Sandra Rodríguez
La audiencia se pospuso por que las Autoridades Universitarias piden cambiar a Juez, que lo vinculan -supuestamente- a trafico de influencias con organismos de DDHH Y estudiantes, así lo informó al COFADEH un integrante del MEU-CURLP.
La cita judicial, acompañada legalmente por ACI-PARTICIPA, estuvo respaldada por madres y padres de familia, compañeros docentes y alumnos del Alma Mater, amigos y defensores se DDHH entre ellos de la REDEHSUR.
No pudo faltar la presencia policial, que se ha hecho común en los juzgados cuando hay audiencias contra líderes estudiantiles.
El Curlp Choluteca exige la salida de su directa Alina Molina, la rectora Julieta Castellanos, un gobierno estudiantil provisional y la instalación de la Asamblea Constitucional Universitaria ACU para solventar la crisis en la UNAH.
Hace un mes, Julieta Castellanos canceló el actual período de clases en el sur del país. Y la semana anterior desalojó con la presencia policial a los estudiantes que mantenían una toma de las instalaciones por 40 días, desde el 17 de junio.
Luchar por los bienes comunes y la vida no es delito
LINyM
Por Giorgio Trucchi
Comunidades de Pajuiles e Jilamito resisten y luchan contra la imposición de proyectos hidroeléctricos
Unas veinte comunidades del sector Mezapa y Pajuiles, en el norteño departamento de Tela, están siendo afectadas por dos proyectos hidroeléctricos. En más de una ocasión, la lucha y la resistencia de sus pobladores ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.
Pocas horas después del más reciente ataque de los cuerpos policiales contra los “campamentos dignos por el agua y la justicia”, miembros de las comunidades de Pajuiles e Jilamito se presentaron en Tegucigalpa ante medios nacionales e internacionales, para denunciar -una vez más- el fracaso de la institucionalidad pública y de su política represiva contra procesos de organización, movilización y protesta ciudadana.
Unas veinte comunidades del sector de Mezapa y Pajuiles han venido denunciando los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la Cordillera Nombre de Dios, por los proyectos hidroeléctricos “Los Planes” e “Jilamito”, así como la falta de consulta previa y la realización por parte de la alcaldía de Tela de cabildos abiertos manipulados y amañados.
Dichos proyectos son impulsados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), respectivamente propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.
Pese a que los daños ocasionados por los proyectos hidroeléctricos -en particular la contaminación de agua para consumo humano y la devastación del territorio- fueron confirmados por la Fiscalía Especial del Ambiente en agosto de 2016 y que las comunidades organizadas presentaron varias denuncias, el Ministerio Público nunca actuó contra las empresas.
Hostigamiento y represión
Ante esta situación, habitantes organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) decidieron instalar tres campamentos en las entradas de Pajuiles e Jilamito, impidiendo el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña para continuar las obras.
La respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia.
En diferentes ocasiones los “campamentos dignos por el agua y la justicia” fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados con las empresas.
Uno de los dos campamentos en Pajuiles fue saqueado e incendiado, decenas de personas fueron agredidas, golpeadas y detenidas. Actualmente, 17 de ellas están siendo perseguidas judicialmente.
Durante los ataques fueron heridos Martín Fernández, coordinador del MADJ, y Óscar Martínez, miembro de la comunidad de Pajuiles.
Una vez más se demuestra como proyectos enmarcados en la profundización del modelo extractivista, además de acaparar territorios y saquear bienes comunes, generan conflictos, crisis, divisiones y fragmentación del tejido social. Asimismo, queda expuesto el fracaso de la institucionalidad.
“Hay una fuerte estigmatización de las y los defensores, que profundiza aún más las confrontaciones, las divisiones y la fragmentación. Además, se criminaliza y judicializa a quienes se oponen a los proyectos extractivos, acusándolos de usurpación, coacción, daños a la propiedad y celebración de reuniones ilícitas”, explicó Ariel Madrid, del área legal del MADJ.
“Hay una manifiesta colusión de las autoridades policiales con las empresas. La Policía está sirviendo como medio para que las empresas puedan continuar a desarrollar sus actividades ilegales dentro de la montaña”, manifestó el abogado defensor de las comunidades en resistencia.
Madrid tiene temor que en los próximos días pueda haber una escalada de la violencia.
“Hay una política evidente de hostigamiento, criminalización, judicialización y represión hacia las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta. Debemos estar atentos”, advirtió.
“La lucha nos fortalece”
Albertina López es una lideresa natural. Desde hace varios meses integra el grupo de personas que ha instalado los campamentos en Pajuiles.
“Ya me han detenido dos veces, pero la lucha nos fortalece. No sentí miedo, solo preocupación por mi embarazo. Todo esto nos motiva a seguir adelante y a seguir luchando. La violencia, la persecución, los desalojos no nos van a detener. No es fácil, pero tampoco es imposible”, dijo la activista.
“Ahora entiendo las palabras de la compañera Berta Cáceres. Su asesinato fue algo que me tocó el corazón, pero nunca pensé que nos iba a tocar estar en la misma lucha, que nos iba a tocar sacar el mismo coraje que ella mostró para defender el río Gualcarque.
Hoy nos toca a nosotros defender la Cordillera Nombre de Dios, el río Mezapa y todos los ríos de Honduras que han sido vendidos y saqueados”, concluyó López.
Naciones Unidas se pronuncia
Sobre esta situación se ha pronunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Oacnudh, llamando al diálogo y al respeto para restaurar la convivencia pacífica.
“La Oficina lamenta que la problemática persista y que las comunidades hayan tenido que llegar a este nivel de confrontación, en donde inclusive, han resultado personas agredidas (…). Lamentamos la demora en la resolución de la cuestión de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades”, señala la Oficina del Alto Comisionado.
De acuerdo con esta instancia de Naciones Unidas, el origen del conflicto está en el otorgamiento de la licencia ambiental a Hidrocep y la estimación del impacto que sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las comunidades.
“El desalojo de hoy (10/8) es una medida que no resuelve la situación de fondo (…). Condenamos tanto la violencia como las agresiones entre comunidades (…). Esperamos una investigación exhaustiva e imparcial de todos los hechos vinculados con esta concesión, así como la atención de todas las denuncias recibidas”, señaló la Oacnudh.
Finalmente hizo un llamado a la calma y al diálogo e instó a las autoridades locales y nacionales a “promover y facilitar la comunicación entre las partes para prevenir más enfrentamientos”.
Asimismo consideró necesario trazar “una hoja de ruta que permita una salida consensuada”, enfatizando la importancia de asegurar que los proyectos de desarrollo económico se den en el marco de concesiones “otorgadas legalmente en cumplimiento con la legislación nacional y los estándares internacionales, la consulta con las poblaciones afectadas”.
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