Indignados en huelga de hambre envían mensaje a Ban Ki-moon

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

Un mes de la huelga de hambre 11 indignados caminaron desde la llamada "zona CICIH" a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Tegucigalpa, que dista a unos cinco kilómetros entre un lugar y otro. Pese a que el día inició con una brisa, no se detuvieron, y fueron apoyado en su paso con un paraguas.

A paso lento pero seguro, el recorrido que duró 2 horas, concluyó en la gradas del edificio, donde se les recibió una carta en la que solicitan al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon tres puntos por lo que es su lucha:

1. La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras.

2. Destitución del Fiscal General y Fiscal Adjunto

3. Juicio político para los responsables de actos de corrupción en el país, especialmente en el descalabro financiero del Instituto Honduras de Seguridad Social (IHSS) que provocó mas de 2800 muertes entre 2012-2014.

Al solicitar entrar al edificio de la ONU- Tegucigalpa, solo se le permitía a uno de ellos, por lo entregaron todos el documento afuera de la instalación.

Hace unas semanas el grupo de Tolupanes en huelga de hambre, también fueron a la oficina de la ONU, a entregar una carta dirigida a la Comisión Exploratoria que vino al país, se reunión con diferentes sectores sociales, civiles, políticos y empresarios, pero no escuchó a dicho grupo étnico, según denunciaron.

En la caminata participaron lo que tienen menos de 15 días con una dieta liquida:

01. Haide Paz - El Progreso

02. Cristian Fernando Castro - Intibucá

03. Elver Osorio - Olancho

04. Daniel Pineda - Bajo Aguán

05. José Chávez - Bajo Aguán

06. Denis Calix - Nacaome, Valle

07. Wilfredo Mendez - Tegucigalpa

08. Alexander Salgado - Sonaguera, Colón

09. Angel Hernandez. Sonaguera, Colón

10. Vitalino Alvarez - Bajo Aguán

11. Emilco Smith - La Mosquitia

En el trayecto hicieron dos estaciones de descanso, pues la falta de alimentos sólidos les ha causado fatiga y debilidad. Al grado que uno de los manifestantes, que se apoya en un par de muletas, continuó en silla de ruedas, y al final don José Chavez (62) fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja que los acompañó en el recorrido, además los para médicos iban chequeando los signos vitales de los caminantes.

también iban custodiados por una patrulla motorizada de la Policía Nacional de Transito, que les facilitaba el recorrido en la carretera.

Ya con mucho cansancio y debilidad, los demás retornaron en carros de paila, a la vista del pueblo, con destino al campamento, a unos 200 metros de la entrada principal del Casa Presidencial, donde continúan las demandas de justicia.

Para mañana se anuncia el acompañamiento de integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Populares Indígenas y Negras (COPINH), quienes caminarán mas de 15 kilómetros desde la entrada norte de Tegucigalpa, para solidarizarce y apoyar esta acción ciudadana.

El Posicionamiento Público fue consensuado con las y los abajo firmantes, que libran la lucha contra la corrupción y permanecen en huelga de hambre.

Firman esta comunicación

Denis Ramón Calix

Ángel Hernandez

Jose Maria Pineda

Sergio Avila

Elmer Garcia

Alejandrina Cabrera

Santos Córdoba

Juan Matute

Darling Soto

Jose Rodriguez

Adan Rodriguez

Christian Castro

Juan Rodriguez

Orlando Rodriguez Medina

Ramon Matute

Minilio Zelaya

Keyrin Salgado

Aide Paz

Daniel Pineda

Vitalino Alvarez

Jose Santos Chavez

Wilfredo Mendez

2015 año de la Minería, año de la indignación ciudadana

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

“JOH creía que todo le iría bien este año, que todo lo había preparado de la mejor manera para que cada municipio de Honduras cediera sus cerros a la actividad minera, por esa razón declaró el 2015 como el año de la minería”.

Más del 35 por ciento del territorio hondureño esta concesionado, pese a que es de vocación agrícola forestal, el paisaje ha sido modificado y deteriorado por la explotación minera y otros proyectos de empresas transnacionales, que se imponen si el consentimiento de la población, violentando convenios internacionales como el 169 de la OIT.   

En estos días se lleva a cabo en Tegucigalpa el Primer Congreso Internacional sobre Minería, organizado por la Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI, y gobierno a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN.

La Coalición Nacional de Redes  y Organizaciones Ambientales de Honduras, CONROA, no acepta la explotación irracional de los bines comunes y la concesión del territorio hondureño a compañías transnacionales mineras.

Según denuncias de dirigentes ambientales, actividades como este congreso minero, promueven la concesión del territorio nacional y venden la idea como oportunidad de inversión, generación de empleo y desarrollo para la comunidad, como son los mitos de la explotación minera.

El rubro minero a lo largo de historia solo ha ofrecido unos mil 743 empleos, mientras que en la agricultura hay un millón 200 mil plazas. Pero la explotación minera daña el suelo, los cultivos, el agua y la salud de los seres vivos.

Hace un año, en el Corpus, Choluteca, 11 hondureños fueron soterrados en una mina, tres de ellos fueron rescatados con vida, el resto no tuvo igual suerte, y sus familiares continúan esperando dar una digna sepultura a sus cuerpos.   

Con todo este ambiente, se desarrolla este congreso en el marco del programa “Honduras lista para la minería” por lo que también se ha pronunciado la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, en el contexto de una “indignación generalizada por el descalabro de las instituciones del Estado y la galopante corrupción orquestada por Juan Orlando Hernández y la estructura nacionalista que gobierna con ilegalidad y violencia”, manifiesta en un comunicado.

En la denuncia pública, lamentan que por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, que supera los 7 mil 300 millones de lempiras y que provocó la muerte de más de 2800 personas entre el año 2012 al 2014.  

Agrega que “Rechazamos de manera absoluta este evento que expresa la corrupción política patrimonial del gobierno al poner en manos de compañías explotadoras extranjeras la venta de nuestros bienes naturales, la soberanía de nuestro territorio y el destrozo del presente y el futuro de nuestras comunidades”.

Su indignación por esos actos de corrupción crece al igual que el “Movimiento de Indignados” a nivel nacional, que se manifiesta con movilizaciones alumbradas con antorchas desde finales de mayo, y que desde hace 17 días inició una huelga de hambre, a la que se han unido tres compañeros campesino y defensores de derechos humanos del Bajo Aguan.

Ellos son Vitalino Álvarez, Obed Ulloa y José Chávez quien hace tres años perdió a su hermano el líder campesino Gregorio Chávez, desaparecido y encontrado muerto en la finca Paso Aguán, propiedad de Miguel Facussé (fallecido hace unas semanas) y que permanece militarizada y custodiada por guardias de seguridad privada.   

“Por lo tanto no claudicaremos en nuestra lucha por la instalación de la CICIH en nuestro país, la implementación del juicio político para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, la destitución del Fiscal General, el Fiscal Adjunto y el coordinador de Fiscales”   

También repudian los ataques mediáticos provenientes del gobierno de JOH y sus voceros en los medios corporativos, en contra de los seis compañeros y una compañera indígena de la Etnia Tolupan, que se encuentran desde hace diez días a la huelga de hambre en las cercanías de Casa Presidencial, pues son legitima y dignamente representantes de la tribu de San Francisco de Locomapa en la montañas de Yoro, quienes son víctimas de persecución por defender sus tierras, y además beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.  

Con la criminalización de quienes defienden los bienes comunes, el Estado avanza en su negocio de la explotación minera, el cual se ha fortalecido con JOH en la presidencia, poniendo el país al servicio de las empresa mineras, hidroeléctricas, monocultivistas y en general de toda acción extractiva como la exploración petrolera en el caribe hondureño, manifiesta en un documento la CONROA.     

JOH declara 2015 como el año de la minería

JOH creía que todo le iría bien este año, que todo lo había preparado de la mejor manera para que cada municipio de Honduras cediera sus cerros a la actividad minera, por esa razón declaró el 2015 como el año de la minería y conjuntamente con el alcalde de San Pedro Sula y con un grupo de sus allegados, a impulso del Banco Mundial, estableció que en el mes de agosto se llevara a cabo un encuentro mundial que declarara a esa ciudad como la ciudad mundial de la minería, para ello el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ofreció financiar el evento con al menos 15 millones de Lempiras en espera de una cantidad similar por parte del Estado hondureño.

Previo a este encuentro el gobierno de JOH, en coordinación con el Banco Mundial, realizó un evento a inicios de año en un hotel de Tegucigalpa, en el cual reunieron a alcaldes, diputados, empresarios nacionales e internacionales, iglesias, etc. para hacer ver al mundo que en Honduras la mesa está servida para la inversión minera.

Desafortunadamente para ese grupo la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) se hizo presente con algunas comunidades afectadas por la actividad minera y denunció que había mucha oposición de las comunidades, entre ellas muchos municipios que han declarado sus territorios libres de actividad minera y de represamientos hidroeléctricos.

Las acciones ciudadanas continuarán en resistencia, durante los meses de julio y agosto de 2015. Siempre que las circunstancias aso lo exijan, campesinos, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos en general, demostraran al mundo entero que apenas es un pequeño grupo de falsos hondureños que busca cambiar el paisaje de Honduras destruyendo los bosques los cerros y acabando con los ríos y la disponibilidad de agua para la población mediante la actividad minera a cielos abiertos, han afirmado en las calles capitalinas, cientos de manifestantes, mientras en el interior de un lujoso hotel, exponen sobre la minería expertos de Chile, Perú y Canadá, entre otros.

Y a sólo tres cuadras, el número de indignados por tanta corrupción aumenta, ya sumas 19 hombres y mujeres en huelga de hambre, exigiendo al gobierno continúe con los trámites para la instalación de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, CICIH, mientras permanece en el país, una misión exploratoria de la Organización de Nacionales Unidas, ONU, evaluando el tema.  

Un sistema judicial carcomido

Radio Progreso

Oposición y analistas no descartan injerencia política en elección de la nueva CSJ

Las respuestas que las autoridades dan al conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH-, es el ejemplo claro de las salidas que se brindan en el país. Ante cualquier opinión distinta a la oficial se cierran, parece que vieran en el estudiantado una amenaza.

Los estudiantes universitarios son criminalizados y sancionados como delincuentes, cuando lo que piden es ser escuchados y que se inicie un diálogo franco que conduzca a solventar la crisis que tiene a más de una docena de jóvenes condenados y con medidas judiciales que jamás se han dado a los verdaderos criminales que matan, roban y violentan en Honduras.

El sistema de justicia nos da una nueva clase de cómo se utiliza la institucionalidad para beneficiar a los poderosos y ensañarse con los desposeídos. En este caso sí vemos la eficacia de fiscales del Ministerio Público, en estos casos las medidas se dictan inmediatamente, nos muestran cómo son de agiles para condenar y castigar, eso sí, las condenas son para los más pobres, jamás piense usted que llegarán a los poderosos.

Nos preguntamos, ¿por qué esos fiscales y jueces tan eficientes y comprometidos no actúan para condenar y llevar a la cárcel a los saqueadores del IHSS?, ¿por qué nuestro sistema de justicia no nos demuestra todo lo eficaz que es, realizando una verdadera investigación que lleve a la cárcel a los que con dinero del seguro hicieron mansiones, compraron voluntades, llegaron al poder e hicieron un sinnúmero de atrocidades?, ¿por qué ese sistema de justicia que ahora condena y castiga a los universitarios no juzga a sus propios funcionarios que están denunciados por ser parte de esa corrupción que carcome Honduras?. Señores jueces y fiscales contéstennos.

Utilizar la criminalización en este conflicto estrictamente entre estudiantes y universidad, demuestra la poca tolerancia, incapacidad y los abusos que se comenten en Honduras. El no estar de acuerdo en temas académicos debería ser la oportunidad para sentarse y construir la universidad pública que Honduras necesita. Un centro universitario que desarrolle las capacidades de jóvenes comprometidos con su patria, estudiantes críticos al sistema, jóvenes con capacidad de análisis y propositivos.

Estamos en el momento de sentarnos, estudiantes y autoridades para trabajar en la universidad que queremos. Abrirnos al diálogo será una nuestra de ese compromiso por cambiar la realidad de conflictividad que vive el alma mater, pero también un ejemplo para todo el país que en momentos críticos requiere de diálogos sinceros que buscan construir mejores derroteros. Hagámoslo aún estamos a tiempo.

Diálogo, protesta social y democracia universitaria

Radio Progreso

La presentación de requerimientos fiscales contra varios estudiantes que mantuvieron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en varias regiones del país, refleja, por un lado, el alto grado de discrecionalidad con la que actúan los operadores de justicia para perseguir las manifestaciones sociales, y por otro, la necesidad de las autoridades universitarias de replantearse lo que entienden por libertad de expresión.

Por ello es fundamental recordarles a las autoridades de la UNAH y al mismo Ministerio Público que el derecho a la protesta está expresamente reconocido por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, y está íntimamente vinculado con las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica.

En nuestro país, la protesta social generalmente es la única forma a través de la cual ciertos sectores de la población que sienten que han sido excluidos del debate público, han conseguido vincular sus derechos o, al menos, han logrado que sus puntos de vista sean escuchados.

Si bien es cierto que se pueden dar excesos en el ejercicio de este derecho, el Estado no puede reaccionar con el Código Penal en la mano, ya que como lo señala el destacado jurista argentino Raúl Zaffaroni, “el uso de la sanción penal frente a la protesta social solo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable”.

La protesta social que se mantiene dentro del ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede ser objeto de persecución criminal, ya que como lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso del derecho penal tiene un efecto disuasivo “particularmente grave cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente”.

Las autoridades universitarias y el Ministerio Público deben comprender que en una sociedad democrática, la criminalización de la protesta social violenta los principios más básicos del derecho penal, como el de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad.

La UNAH tiene ante sí una oportunidad para que, como rectora de la universidad superior que promueve el debate democrático, la tolerancia y la diversidad, insista en la construcción de un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Si no lo hace, estaremos asistiendo a un tránsito por el camino del autoritarismo y la imposición que caracterizan a prácticamente todas las instituciones del Estado hondureño.

Guste o no, la libertad de expresión también protege aquellas ideas que ofenden, chocan, inquietan o perturban a las autoridades. Por ello es que el respeto y la tolerancia frente a la diversidad de ideas es un termómetro esencial para medir los niveles democráticos de una persona o institución.

"EE.UU. cambió su política hacia Cuba al verse aislado en América Latina"

Jornada

Por David Brooks

El giro en la política exterior estadunidense hacia Cuba es resultado de que, con los cambios notables en América Latina de los últimos años, Washington se vio cada vez más aislado en su propio traspatio y se vio obligado a cambiar su posición respecto a la isla, afirmó Noam Chomsky.

En una entrevista con La Jornada en torno a la inauguración de las nuevas embajadas de Cuba en Washington y la estadunidense en La Habana este lunes, se le preguntó a Chomsky sobre la decisión de Estados Unidos de restablecer relaciones diplomáticas después de más de medio siglo.

"La razón del cambio en la política estadunidense es bastante clara. Desde hace décadas en las encuestas, la población estadunidense ha favorecido proceder hacia la normalización de relaciones. Sin embargo, es la norma que la opinión pública sea ignorada. Aún más interesante es que sectores mayores del capital estadunidense han estado en favor (de la normalización): farmacéuticas, energía, agroindustria, entre otros. Usualmente estos son, en efecto, los que toman las decisiones, pero cuando son ignorados, eso demuestra que está en juego un interés de Estado aún mayor", señaló el lingüista y magno intelectual público, uno de los críticos más reconocidos sobre asuntos del poder y las relaciones internacionales de Estados Unidos

Explicó: "Ese interés (supremo) de Estado se define muy claro en documentos oficiales internos que lo resumen así: El desafío exitoso cubano a la política exterior estadunidense, que surge de la Doctrina Monroe, no puede ser tolerado".

"Doctrina de la mafia"

Caracterizó esta política como básicamente la doctrina de la mafia, que busca imponer ese orden mundial y es entendible: según es explicada con frecuencia en los documentos oficiales internos, establece que la desobediencia (a esta doctrina) potencialmente se vuelve lo que Kissinger llamó ‘un virus’, el cual puede propagar infección, que podría desenredar al sistema de control entero”.

Por lo tanto, en el caso de Cuba, esta doctrina estaba basada en aislar y controlar ese virus a toda costa desde los tiempos de la revolución hasta recientemente, pero algo cambió.

Chomsky señaló que "esta política se encontró ante un gran problema. En la Cumbre de las Américas en Colombia, Estados Unidos (junto con Canadá) se encontró completamente aislado en todos los temas cruciales, incluyendo Cuba. Al acercarse la siguiente Cumbre en Panamá (celebrada en 2014), hasta era posible que Estados Unidos quedara efectivamente excluido del hemisferio. Algo se tenía que hacer."

Continuó: "Fue entonces cuando Barack Obama predicó dramáticamente que las políticas estadunidenses de llevar la democracia y los derechos humanos a Cuba no habían funcionado y teníamos que encontrar alguna otra manera de lograr nuestros objetivos, nobles por definición. Por lo tanto, de manera magnánima permitiríamos que Cuba se escapara de su aislamiento internacional, un tantito".

Agregó que “esta nobleza (la de Obama) fue elogiada calurosamente en los medios de opinión de izquierda liberal, notablemente en el New York Review of Books, el cual explicó que Obama ‘valiente e inteligentemente, pero con un considerable riesgo político, decidió restablecer relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, lo que el presidente de Estados Unidos ha caracterizado como un medio más efectivo para empoderar al pueblo cubano. Obama ha dado un paso verdaderamente histórico’ y llegará a la conferencia de la OEA en Panamá con ‘mayor legitimidad moral’”.

Chomsky ofrece traducir toda esta retórica así: “Los cambios notables en buena parte de América Latina durante los últimos 10 a 15 años dejaron a Estados Unidos bastante aislado en su ‘traspatio’ tradicional”.

Y con tono ferozmente irónico, concluyó su explicación: "ya que las políticas de terror y estrangulamiento económico habían fracasado, Estados Unidos tendría que intentar emplear otros medios para llevar a Cuba a las normas elevadas de Honduras, Guatemala y otros países tradicionalmente beneficiados por la 'nobleza estadunidense'".

Syriza, una mirada en el “largo plazo”

Rebelión

Por Enric Llopis

Gala

El día a día de la información sobre Grecia deja poco tiempo para la reflexión pausada y la mirada en el “largo plazo” (Braudel). La apertura de los bancos, los límites para la extracción de capitales, el aumento en el IVA para los productos básicos o el pago del ejecutivo de Tsipras a los acreedores internacionales son informaciones de interés, pero requieren antecedentes y un  contexto adecuado para no incurrir en juicios apresurados que hablen, sin más, de “rendición”. El libro del periodista Antonio Cuesta Marín, publicado en la colección “A Fondo” de Akal, introduce elementos indispensables para el análisis, como las divisiones seculares entre la izquierda griega, los orígenes y consecuencias de la hecatombe económica en el país heleno, la génesis y consolidación de Syriza como “alternativa”, y los “enemigos” tanto internos como externos a los que se ha enfrentado la coalición de izquierdas.

La historia de la izquierda griega no nace con Syriza. El corresponsal de Prensa Latina en Grecia desde hace cuatro años, Antonio Cuesta Marín, se remonta a la lucha antifascista contra la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial, que terminaría en un conflicto (1944-1949) entre monárquicos apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos, y los partisanos. También cita las querellas entre las corrientes pro-soviéticas del partido comunista y las que abrazaron el eurocomunismo. Recuerda además el travestismo del PASOK después de vencer en las elecciones de 1981 prometiendo sacar a Grecia de la OTAN y de la CEE. Junto a la deriva derechista de Papandreu y la corrupción de su gobierno, cabe destacar la influencia y el espacio importante ocupado por el KKE entre las capas populares y la juventud universitaria.

Representa un hito la constitución para los comicios legislativos de 1989 de la Coalición de Izquierda y progreso (Synaspismós), que logró el 13% de los sufragios y 28 escaños, con los que se integró en un gobierno anti-PASOK. El KKE abandonó Synaspismós unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, pero muchos cuadros comunistas se enrolaron en la coalición izquierdista. En este punto el autor ofrece una clave explicativa que perdura hasta hoy: puede observarse “una larga raya, al parecer insalvable, entre las posiciones maximalistas de la organización comunista y las seguidas en aquel momento por Synaspismós y posteriormente por Syriza”.

Con vistas a las elecciones legislativas de 2004, la coalición de izquierdas decidió la refundación, lo que dio lugar a Syriza. El objetivo era fraguar un polo anticapitalista que combinara el acceso al gobierno por la vía de las urnas, con un anclaje pleno en las organizaciones populares. A Syriza se acercaron corrientes trotskistas, maoístas, internacionalistas y, en una ampliación progresiva de la organización por la base, trabajadores cualificados y estudiantes universitarios. La izquierda trataba de superar, así, un periodo difícil, marcado por la defensa de posiciones a contracorriente como la denuncia de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia o el rechazo de las olimpiadas de Atenas en 2004 (“un inmenso botín”, según el autor).

En las elecciones municipales de mayo de 2006, Syriza alcanzó el 10% en Atenas y El Pireo. En el quinto congreso (febrero de 2008), Alexis Tsipras es elegido presidente de la coalición. El 6 de diciembre del mismo año la policía asesinó a Andreas Grigorópoulos, de quince años, tras una protesta estudiantil. “El decidido apoyo de Syriza al movimiento estudiantil frente a la represión policial, explica Antonio Cuesta, tuvo un alto coste político y social”. La coalición sufrió una relevante pérdida de votos en las elecciones de 2009. Pero la crisis (económica y del bipartidismo), la llegada de los hombres de la Troika (mayo de 2010), las políticas austeritarias, las movilizaciones en la Plaza de Syntagma (correlato del 15-M en mayo de 2011), y la dimisión de Papandreu tras su frustrado intento de referéndum contra la austeridad viraron las perspectivas de Syrza.

A ello contribuyó sobremanera el trabajo de la formación de izquierdas en los barrios, y su vinculación tanto a organizaciones sindicales como a iniciativas de autogestión (clínicas sociales, comedores populares o redes de intercambio, entre otras). En los siguientes comicios (mayo de 2012), Syriza logró la segunda posición tras Nueva Democracia, al multiplicar por cuatro el número de sufragios. El discurso de Tsipras apelaba a un “gobierno de izquierdas antiausteridad”. El paciente y tortuoso recorrido de la coalición izquierdista hasta llegar al gobierno superó los últimos escollos en mayo de 2014 (victoria en las elecciones europeas y acceso a importantes alcaldías y gobiernos regionales). En las elecciones legislativas del 25 de enero de 2015, Syriza superó definitivamente a Nueva Democracia en ocho puntos y quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pero la explicación de Antonio Cuesta, miembro del Consejo Editor del periódico Rebelion.org y autor del libro “Solidaridad y autogestión en Grecia. La hora de las alternativas”, resultaría alicorta si se limitara a describir el ascenso de Syriza. Por eso el autor introduce abundante aparato estadístico que da cuenta de la profundidad de la gran recesión. En el periodo 2009-2012,  la “brecha” entre el 20% de la población con más recursos y el 20% más necesitado aumentó en casi un 18%. Los activos de los multimillonarios helenos (445 personas disponían en 2010 de un patrimonio superior a los 30 millones de dólares, 505 personas en 2013) eran el equivalente al 24% del PIB griego a finales de 2013.

Además, comenta Antonio Cuesta, “Grecia se convirtió en el laboratorio neoliberal europeo, para experimentar con las políticas de ajuste que habrían de ser trasplantadas a otros países”. Con el etiquetaje “liberalización de la economía” se certificaban medidas como la liquidación de los convenios colectivos, la desaparición de los subsidios públicos a los medicamentos o la desregulación de los horarios comerciales. Se creó en el Banco de Grecia una cuenta específica para el servicio de la deuda. ¿Para qué sirvió la “ayuda” financiera y los planes de “rescate”? Recuerda Antonio Cuesta que la deuda pública “no conoció un minuto de descanso”: pasó del 129,7% del PIB en 2009 al 175% del PIB en 2013. La economía del país adquirió perfiles de tiempos de guerra (entre 2009 y 2013 el PIB griego se redujo en un 26%). Mientras el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuyó en un 40% (el mismo porcentaje en que se redujo la financiación pública de los hospitales entre 2011 y 2014) o un tercio de los ciudadanos se encontraba en situación de pobreza y endeudamiento (finales de 2014), las grandes corporaciones aumentaron sus beneficios un 26% durante 2013.

El periodista penetra en los pliegues de Syriza, puntea los jalones que llevaron a que la coalición de izquierdas cuajara, y se situara en condiciones de echarle un pulso al Eurogrupo. Cuando se presentó el Programa de Tesalónica, en la Feria Internacional de Comercio de 2014, se estaba explicitando lo que tópicamente hoy se llama una “hoja de ruta”. Se proponía, por ejemplo, la reestructuración de la deuda dentro de una Conferencia Internacional, que recordara cómo en 1953 (“Acuerdo de Londres”) se le canceló a Alemania el 62,6% de su deuda. Además, se planteaba una moratoria de la deuda, vinculada al crecimiento de la economía helena, y la compra de bonos por el BCE. Se añadía un Programa de Trabajo (público) Garantizado y otro de “emergencia” (tasado en 2.000 millones de euros), líneas maestras que Syriza empezó a aplicar donde alcanzó los gobiernos locales en las municipales de 2014 (Islas Jónicas y Ática).

Es bien sabido que todas estas medidas contaron con un gigantesco rechazo, sobre todo tras la victoria de Syriza en los comicios legislativos de enero de 2015, de las instituciones europeas y el FMI. Antonio Cuesta Marín agrega otro factor: “La labor de zapa que llevaron a cabo los medios de comunicación corporativos y las oficinas de prensa de las instituciones europeas”; “Si el gobierno no podía ser caracterizado como el peor de los males, entonces debía ser presentado como uno más en la larga lista de los que traicionan sus promesas al llegar al gobierno”. En los titulares se calificaba la acción del gobierno de Tsipras como “claudicación”, “entrega” o “renuncia”.

Las posiciones políticas de los acreedores, y tanto los gobiernos como los economistas que las sustentan, se asocian habitualmente a expresiones como “seriedad”, “rigor”, y pertenencia a una suerte de club en el que los socios respetan las normas. La conclusión palmaria es que no hay “alternativa” al eje de la austeridad encabezado por Alemania. Sin embargo, el autor subraya los testimonios de economistas como James K. Galbraith, Krugman, Stiglitz y Jacques Sapir, quienes rechazaron el modo de afrontar la deuda y la austeridad fiscal.

Señala Antonio Cuesta que las instituciones europeas se niegan a una reestructuración de la deuda con el ejecutivo de Tsipras, cuando en 2012 llevaron a término una quita de 51.000 millones de euros (el 14% del total de la deuda griega) por iniciativa propia; el resultado fue que los bancos endosaron estos bonos “problemáticos” a las instituciones y estados europeos. Además, la UE destinó más de 4,5 billones de euros (el 37% del PIB de la UE) para salvar el sistema financiero (a Grecia se destinaron 300.000 millones de euros; el 92% de los préstamos fueron a parar a los acreedores o “atribuidos” a los bancos, según la campaña “Cancelar la Deuda Griega Ahora!”). El exsecretario del Tesoro estadounidense, Timote Geithner, calificó en 2010 el rescate del país heleno como “punitivo”. En una entrevista con el autor (febrero de 2015), el dirigente de Syriza, Errikos Finalis, afirmó que en los últimos cinco años Grecia fue  “una colonia postmoderna en el siglo XXI”.

La Relatoría Especial insta al Estado de Honduras a investigar el asesinato de varios periodistas cometidos este año bajo la hipótesis de ataque a la libertad de expresión

Defensores en Línea

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la sucesión de asesinatos a periodistas y comunicadores en Honduras e insta al Estado a que investigue exhaustivamente bajo la hipótesis de que estos crímenes estuvieron motivados por el ejercicio de la actividad periodística.

De acuerdo a la información disponible, ocho comunicadores fueron asesinados en el correr del presente año: los periodistas Carlos Fernández, del Canal 27 de Roatán, y Juan Carlos Cruz Andara, del canal Teleport de Puerto Cortés, el comunicador Artemio Deras Orellana, de la radio 94.1 La Voz de los Profetas de Lempira, el locutor Franklin Johan Dubón, de Radio Sulaco de Yoro, el operador Erick Arriaga, de Radio Globo de Tegucigalpa, los camarógrafos Deibi Adalí Rodríguez, del canal 13 Telemás de Copán, y Cristel Joctán López Bermúdez, del Canal 12 de Comayagüela, y el empresario Aquiles Torres Alvarenga, propietario del canal 67 Taulavisión de Comayagua. También fue asesinado Jacobo Montoya Ramírez, hermano de dos periodistas de San Pedro Sula, en circunstancias que podrían estar vinculadas con la actividad laboral de sus familiares. 

Esta serie de asesinatos podría formar parte de una situación de ataque a la prensa que se ha registrado en Honduras desde 2009.

Aún no es posible afirmar si los crímenes tienen una conexión con el trabajo de estas personas como periodistas y comunicadores sociales. Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.

Al respecto, Frank la Rue, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, recomendó al Estado de Honduras en el marco de una visita oficial realizada en 2012 que “todo caso de violencia contra periodistas, así como contra defensores de derechos humanos, debe presumirse inicialmente como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario”.

La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como implementar los mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística.

Tras la visita in loco a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH reiteró que “es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes de campesinos, personas privadas de libertad, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores, mujeres, personas LGBT, y a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos. El mantenimiento de la impunidad no sólo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el Estado”.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Río Blanco sigue resistiendo a dos años de lucha

Radio Progreso

Dos años han pasado del asesinato de Tomás García a manos de un militar. También dos años han pasado desde que el pueblo lenca de Río Blanco en Intibucá sacó a la empresa DESA de su río ancestral, el Gualcarque. 

El pueblo indígena aguerrido de esta comunidad celebra pero llora al mismo tiempo en estas fechas sabiendo que esta batalla la ganaron pero tuvieron muchos caídos. 

“Hemos decidido como pueblo indígena no aceptar proyectos pero por esto nos han matado a nuestros compañeros Tomás y Paula, William Jacobo, Maicon y hasta ahora los asesinos andan libres. Estas empresas no vienen a traer desarrollo sino a traer muerte y amenazas. Para nosotros como pueblo indígena nos trae división, apartarnos de nuestros amigos, eso no lo íbamos a permitir”, expresó el presidente del consejo indígena Francisco Sánchez. 

Sin embargo Sánchez asegura que siempre están alertas ya que les han informado que DESA está desarrollando los preparativos  para instalar el proyecto hidroeléctrico en el sector de la comunidad San Ramón, unos dos kilómetros arriba del primer punto que fue expulsada. 

La comunidad organizada realiza recorridos cada semana para vigilar que todo en el río Gualcarque esté en orden y van al gran roble que les dio fuerzas durante la toma de carretera que mantuvieron más de un año. Bajo ese roble las amenazas se superaban.

“Nos sentimos disgustados con estas empresas, alcaldes, autoridades que nos venden el territorio. La toma siempre la mantenemos hoy dicen que van a empezar fuerte la represa que están instalando al lado de santa bárbara pero nosotros siempre estamos pendientes aunque digan que nos van a matar.  

EL territorio se defiende, dice Francisco. “Esta empresa nos trajo problemas, nos afectó nuestro río, bosques, territorio. Estamos con dolor de recordar a nuestros compañeros asesinados más porque estos asesinos han quedado sin aplicarse la ley. El que mató a Tomás sigue en el batallón de Siguatepeque, hemos andado en los juzgados pero no hay resultados”.

Espíritu de Lempira revive en Río Blanco que sigue resistiendo ante amenaza de hidroeléctrica

Con el orgullo de su identidad, con la memoria insurgente  y con sentido de la historia que están protagonizando; el pueblo Lenca de la comunidad Río Blanco, Intibucá,  acompañados de una pequeña llovizna y los rayos del sol,  ratificaron su accionar en la  defensa del territorio y del sagrado Río Gualcarque, amenazado por la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca. 

“Las comunidades en asambleas hemos hablado y decidido hacer el  ejercicio de poder y soberanía indígena.  Nosotros mismos expulsamos desde el año pasado  a las empresas DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) y SINOHYDRO. Sin embargo el proyecto hidroeléctrico se pretende construir más arriba del lugar”, indicó Adelaida Gómez, del Consejo Indígena Lenca de Río Blanco Intibucá.    

La dirigente indígena aseguró que hace más de un mes la empresa DESA está desarrollando los preparativos  para instalar el proyecto hidroeléctrico en el sector de la comunidad San Ramón, unos dos kilómetros arriba del primer punto que fue expulsada. 

“El problema es que es nuestro río el que se pretende represar no importa el lugar donde se quiera instalar la represa hidroeléctrica, pero nosotros vamos a luchar hasta expulsar definitivamente de nuestra zona a la empresa DESA”, aseguró Adelaida Gómez.   

“Nuestras acciones nacen por la negligencia, la complicidad y la falta de respuesta de las autoridades centrales a las demandas legítimas de nuestras comunidades, que hace años  estamos exigiendo pacíficamente la salida definitiva del proyecto hidroeléctrico”, manifestó Tomás Gómez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).  

Indicó que “este tipo de proyectos representa la entrega de nuestros ríos a manos privadas, violentando nuestra coexistencia, nuestra vida comunitaria y cultural. Ante todo esto no estamos dispuestos a dejar que nos arrebaten lo que es y ha sido ancestralmente de las comunidades indígenas”.  

El  rechazo de las comunidades al proyecto hidroeléctrico se fundamenta según Gómez,  en que el mismo agrede el hábitat, privatiza el Río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, y significa la pérdida del derecho humano al agua. 

“La privatización del río constituye también una abierta violación a los derechos individuales y colectivos del Pueblo Lenca y violenta los convenios internacionales en los que se protege a los pueblos indígenas”, indicó Gómez.

Lucha permanente 

Las mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas de las comunidades de Río Blanco, están firmes en su puesto y  llevan más de dos años  montando vigilancia  en la ruta que va hasta el río Gualcarque, para impedir la instalación del proyecto hidroeléctrico.  

Esta lucha la realizan conscientes de su decisión, que ya les dolió la muerte de una hermana lenca, Paula (en un accidente en la carretera mientras participaba en una acción de práctica de soberanía); y el asesinato de un líder de la comunidad, Tomás García, fusilado por el Ejército hondureño, que también hirió a su hijo, Allan García, mientras participaban en una protesta contra el proyecto hidroeléctrico.

“La criminalización de la protesta indígena, la persecución   de muchos modos, la estigmatización de sus líderes en los medios de comunicación, intentando desprestigiarlos, y presentarlos al mismo tiempo como violentos, corruptos, inflexibles y negociadores de la lucha, son parte de una operación de manual contra  las comunidades y contra el Copinh  quienes hemos sostenido con firmeza la defensa de nuestros territorios, de los bienes comunes, de nuestra  identidad y dignidad”, indicó Tomás Gómez.  

Pero todas esas campañas  y amenazas  se olvidan y desvanecen, cuando  las comunidades están en su lugar luchando  por su presente y por su futuro. Por la continuidad de una lucha que no nació hace dos años, cuando decidieron defender el río sagrado Gualcarque. Es una lucha que nació hace más de cinco siglos, y que tiene nombres emblemáticos en la memoria colectiva: los nombres de los caciques Lencas Lempira, Etempica y Mota, quienes se enfrentaron a los invasores hasta el final.

Se agudiza la crisis en la UNAH tras la criminalización de los estudiantes

Radio Progreso

Doce estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH vs), cuatro del Centro Regional del Atlántico (CURLA) y tres de Ciudad Universitaria fueron requeridos por la fiscalía ayer y hoy por los delitos de usurpación de un bien del Estado y detentación de espacios públicos. Esto en el marco de la huelga en la que estudiantes llevan 17 días tomada la Unah vs y 5 días Ciudad Universitaria y demás centros regionales. 

Los estudiantes a nivel nacional protestan por la tabla de unidades valorativas aprobada en el decreto 029 de la reforma universitaria según la cual se limitará el número de clases a matricular según el índice académico. Asociaciones estudiantiles han catalogado esta medida como violatoria al derecho a la educación y parte del proceso de privatización del alma máter. Los estudiantes también han unido la lucha por una CICIH y el juicio político contra saqueadores del IHSS en instituciones del Estado, se ha conformado una Mesa de estudiantes indignados que le da seguimiento a estas demandas. 

En San Pedro Sula, la toma fue comenzada por la Asociación de estudiantes de la carrera de Odontología hace 17 días, y entre sus demandas también está el mejoramiento del equipo de trabajo que usan para dar servicios odontológicos al público general. Sayra Rodríguez, presidenta de esta asociación asegura que su lucha es justa y que las medidas de las autoridades universitarias van más en vía de reprimirlos que de cumplir con demandas que son justas. “Siguen prometiendo pero nosotros ya no creemos”, expresó a Radio Progreso minutos antes de enterarse que ella misma enfrentaba a una citatoria por los delitos antes mencionados.

La Corte Suprema de Justicia además ordenó el desalojo de estudiantes de la UNAH para el próximo domingo a partir de las seis de la  mañana. Mientras que para uno de los tres estudiantes que no se presentó a declarar este día a la audiencia de declaración de imputados, emitieron orden de captura por  el delito de usurpación.

Los estudiantes de odontología de las Unah vs alegan que para hacer su trabajo la universidad no les dota de equipo moderno, que las clases las reciben en precarias condiciones y que con esto hasta se pone en riesgo la vida de pacientes que reciben el servicio odontológico. Además que si las autoridades universitarias pretenden aumentar el porcentaje para el ingreso y acceso a la educación en este centro, se deben crear condiciones pedagógicas para que los estudiantes puedan cumplir con méritos sus estudios.

“La posición la mantenemos, la derogación del 029, la restauración del periodo académico a odontología, todo esto mediante un consejo extraordinario donde tengamos participación. Es un proceso de acumulación de frustraciones a nivel nacional, esto es cuestión de dignidad estudiantil y vamos a seguir, porque aquí se sentó un precedente, se nos canceló el periodo a los de odontología y ahora amenazarán con eso a todos los estudiantes que quieran protestar”, expresó Brayan Ochoa, estudiante de odontología en la UNAH VS. 

La rectora del alma máter, Julieta Castellanos expresó hoy en conferencia de prensa que los requerimientos fiscales y la cancelación del periodo de odontología no tienen marcha atrás. 

“Los administradores somos responsables de los bienes de la institución y ahora no lo somos porque estos estudiantes tienen retenida la universidad. Tuvimos que acudir al Ministerio Público para decir que si hay daños en la U no somos nosotros. En La Ceiba no se ha alimentado al ganado, un vivero de 80 mil dólares se puede perder, esto es para los agricultores del Aguán, como autoridades no podemos dejar pasar un hecho como este, ni hacernos responsables de los daños en los bienes dela universidad”, expresó Castellanos. 

Agregó que la universidad paga 4 millones de lempiras en salarios, las pérdidas son millonarias en todos los centros universitarios del país por las protestas. “No están ingresando pacientes a la sala de rehabilitación y fisioterapia, ni a las salas odontológicas, hay daños a las personas. Ni trabajadores que reparan instalaciones pueden entrar”, concluyó.

Por su parte el abogado Eddy Tábora, defensor de los estudiantes, aseguró que la orden de captura solicitada por la Fiscalía no procede, en vista de que el delito de usurpación contempla penas de cinco a seis años y "ni siquiera puede tener prisión preventiva". "Estamos sumamente preocupados por esta situación, es la primera vez que se usa esta figura penal desde 1984. Nos preocupa la represión usando el derecho penal", expresó a medios capitalinos.

Lucha nacional

Esta semana así como Ciudad Universitaria y los demás centros regionales del país se tomaron las instalaciones, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa vivió lo mismo. En esta universidad un grupo de estudiantes cerró portones en protesta contra el plan de arbitrios y la falta de consulta y participación a las asociaciones estudiantiles. 

Un estudiante que estuvo presente en esta toma denunció que guardia privada del rector de la universidad disparó contra quienes estaban en el portón, además que inmediatamente la policía se puso a su servicio para desalojarlos. “Nos tildan de vándalos, los vándalos son ellos porque ingresan a la fuerza, nos agreden, arbitrariamente llaman la policía para que entre y la constitución dice que la policía no puede ingresar a una casa de estudio”, expresó.

Por su parte, el estudiante Engels López de Ciudad Universitaria asegura que “es la exclusión de esta reforma académica, que lleva al autoritarismo, el cierre de espacios para participación estudiantil y al proceso de mercantilización de la reducación superior por lo que protestamos. No es posible que autoridades universitarias sigan desprestigiándonos, se nos tilda como mediocres, haraganes, cuando siempre hemos hecho propuestas pero son invisibilidades”. 

La rectora de la universidad, Julieta Castellanos esta semana publicó los índices académicos de varios estudiantes, la mayoría por debajo del 60%. Los estudiantes han expresado que esto es usurpación a su privacidad y solo parte de una estrategia de desprestigio de la lucha.  

“No se trata de índice académico sino índice de violencia académica”

El ex rector de la Universidad Autónoma, Juan Almendarez dijo en entrevista a Radio Progreso que el conflicto en la UNAH tiene que ver con una violencia académica ejercida desde las autoridades hacia los estudiantes y la criminalización de la protesta ha sido la punta de lanza.

“Criminalizar la protesta de los jóvenes es violatorio a los derechos y está en contra de los principios académicos de una universidad, está en contra de lo que la U promueve que es el dialogo. En este caso los estudiantes quieren dialogo y las autoridades represión”, dijo el defensor de derechos humanos. 

Para Almendarez todo lo que exigen los estudiantes es posible, pero en esta coyuntura no prevalecen los principios académicos por eso se agudiza; primero se desacredita a los estudiantes en lucha, luego se les criminaliza.

“La evaluación debe ser horizontal, hay que evaluar a las autoridades, es hasta falto de ética que publiquen índices académicos cuando allí hay estudiantes de diferentes categorías, quizá lo que más prevalece allí son los de excelencia académica. Todo esto es elitista, exclusivista, por el lado de la privatización, lo que esta defendiendo la universidad es el neoliberalismo, la educación-mercancía, por eso es la extrema subjetividad del yo, de la persona o institución que considera que todo debe obedecerse”, explicó Almendarez.

Para el ex rector del alma máter los estudiantes están luchando por un derecho que le pertenece al pueblo hondureño en general, la educación superior de calidad. 

Estudiantes con requerimiento fiscal:

Tegucigalpa: Cesario Alejandro Félix Padilla, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Luis Ulloa Rivera 

San Pedro Sula: Sayra Rodríguez, Consuelo Melara, José Daniel Morales, Edwin Dionel Molina, Heydi Paz Navarro, Jose Luis Peña Tabora, Marcio Lennin Mondragon, Jennifer Nicole Rodriguez, Marco Tulio Rubi, Saul Ovet Cordova, Hugo Armando Lemus, Mario Roberto Orellana.

Lea también: Tabla de unidades valorativas genera nuevas protestas en la UNAH

Tomar partido contra la indiferencia

Rebelión

Por Enric Llopis

Kalvellido

El año 1917 pasó a la Historia por el asalto al Palacio de Invierno, la entrada de Estados Unidos en la primera guerra mundial, la entrada de las tropas del imperio británico en Jerusalén o el comienzo de la última gran epidemia en Europa. Son años de plena conflagración en los que el político comunista, filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci se libra de la guerra (por una discapacidad física) y escribe un polémico y brillante texto de juventud, “Odio a los indiferentes” (3 de abril de 1917). En Turín el protagonismo de las fábricas, el proletariado, el hambre y el agotamiento evidencian una dura realidad.

Se ha reproducido muchas veces el párrafo que encabeza el texto gramsciano: “Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebbel, que “vivir significa tomar partido”. No pueden existir quienes sean solamente “hombres”, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes”. Gramsci termina el alegato confesando su posición: “Vivo, soy partisano”. Lejos de afectar sólo al individuo que la practica, la indiferencia produce efectos muy perniciosos en el colectivo. Es más, todo lo que sucede en el contexto social no responde tanto a lo que unos pocos quieren, como a que la masa de los hombres “abdica de su voluntad” y “deja hacer”.

Parecería, así pues, que la historia discurre por el camino de la fatalidad, como si el azar gobernara el rumbo de la política (en sentido lato). Sin embargo, opina el joven autor, “los hechos maduran en la sombra, entre unas pocas manos, sin ningún tipo de control” debido a la indiferencia y la despreocupación de la masa. Cuando las cosas son irreversibles, llegan los lamentos que se achacan al fracaso de los ideales o a la ruina de los programas. Gramsci se muestra implacable con este “lloriqueo de eternos inocentes”, a quienes pide cuentas. El texto viene a ser, en definitiva, un alegato a favor de la responsabilidad personal, para que la “cadena social” no pese sobre unos pocos, sino que responda a “la obra inteligente de los ciudadanos”.

El libro de 103 páginas, publicado por Ariel, proviene de los escritos del comunista italiano editados por Sergio Caprioglio para Giulio Einaudi Editore, sobre todo de la colección “La Ciudad futura. Escritos 1917-1918”. En los textos seleccionados, Gramsci disecciona la Italia que le toca vivir (los males de la burocracia, la vuelta al trabajo de los obreros de la FIAT, los privilegios de la escuela privada en manos de la iglesia o la censura); pero también reflexiona en pocas líneas sobre cuestiones más generales: la relación del socialismo con la institución familiar, la propensión de la literatura italiana por los enredos amorosos o la idea de Jesús de Nazaret como mito.

Después de la resistencia de un mes, los obreros de la FIAT (“hombres de carne y hueso”) volvieron al tajo. “No hay ninguna vergüenza en la rendición”, comentaba Gramsci el 8 de mayo de 1921, “aquello que debía ocurrir ha ocurrido implacablemente”. Frente a las visiones idílicas del movimiento obrero y la sacralización del proletariado, afirma: “Se trata de hombres comunes, reales, sujetos a las mismas debilidades que todos los hombres comunes que se pueden ver en las calles, bebiendo en las tabernas, hablando en grupos en las plazas, que tienen hambre y frío, que se conmueven al oír llorar a sus hijos y al oír a sus mujeres lamentarse amargamente”.

La última parte del libro recoge textos de Gramsci contra la guerra, escritos en 1917, de lleno en la primera guerra mundial. El autor y militante italiano afirma que los conflictos bélicos son una realidad secular, siempre han existido los profesionales de la guerra. Recuerda que antes de 1914 ya se informaba de las relaciones mercantiles entre las corporaciones Krupp, Creusot, Putiloff, Armstrong, que fabricaban armas en Alemania, Francia, Rusia e Inglaterra. Son “sembradores de pánico”. Al igual que las portadas sensacionalistas que apelaban a las amenazas de naciones antagonistas y nuevos proyectos bélicos. El ejemplo es de 1913-1914 pero es válido para cualquier periodo histórico: un periódico inglés alertó varias veces de la amenaza de unos “dirigibles” sobre las ciudades del este, informaciones a las que se sumaron otros medios pidiendo más inversiones “defensivas”.

En el capítulo dedicado a “los males del estado italiano” Gramsci arremete, en páginas no exentas de ironía que recuerdan algunos artículos de Larra, contra la burocracia y la censura. Con una pluma fresca y directa, se ensaña con lo que considera una de las lacras del país. Gramsci pondera a un ujier del Ministerio de Educación que hurtaba papeles del funcionariado con el fin de venderlos (en una época de papel caro) y así poder comer. El texto se subtitula “Elogio de un ladrón”. Pero “si la justicia fuera, al menos ésta, menos burocrática y menos fósil, ese desconocido debería ser absuelto y elogiado”. El punto álgido de la crítica, rotunda y acerada, tiene como destinatarios a los funcionarios censores, que justifican su oficio “blanqueando”. Se divierten, por ejemplo, haciendo de “dentista” y extrayendo términos como “capitalismo” y “capitalista” cada vez que los términos aparecen en un texto.

Otro artículo sugerente es el dedicado a la reflexión sobre la Historia, en el que Gramsci se suma a las tesis del filósofo Benedetto Croce: La Historia únicamente puede ser Historia Contemporánea. De lo contrario se convierte en una disciplina fósil, en mera erudición, en un ejercicio hueco de mnemotecnia. En otro artículo (“El capitalismo fuera de control”) el filósofo rechaza, a la hora de analizar la realidad, “las abstracciones de los genéricos difusos”. Llevado el caso al extremo, “los detenidos deberían ser inmediatamente liberados, y debería ser detenido el señor capitalismo, vagabundo sin vivienda fija, que se encuentra un poco en todos los países del mundo a la vez”. Gramsci prefiere la investigación, el análisis de los hechos y la historia. Así las cosas, el proletariado tendría como objetivo “presionar” para que crezca la producción y la riqueza, y cobren protagonismo los sectores de la burguesía coherentes con este crecimiento.

Junto a la burocracia, el dirigente comunista señala a los políticos del gobierno como otro de los grandes estigmas de la realidad italiana. Todas las medidas llegan tarde, o se han de modificar y después ser anuladas, porque en lugar de beneficiar al colectivo aumentan el malestar. El siguiente párrafo (dirigido a la “clase” política) tiene una actualidad demoledora: “Ignoran la realidad, ignoran la Italia que está formada por hombres que viven, trabajan, sufren, mueren. Son diletantes: no tienen simpatía alguna por los hombres. Son retóricos llenos de sentimentalismo, no hombres que sienten de manera concreta. Obligan a sufrir innecesariamente al mismo tiempo que se derriten ante himnos alados a la virtud, a la fuerza del sacrificio del ciudadano italiano”; “son crueles porque su imaginación no imagina el dolor que la crueldad termina por despertar”. La frialdad del acero llevada a la política.

En el artículo “Ideas para el futuro” puede encontrarse un alegato a favor de la claridad, la verdad desnuda y simple que se contrapone a las jerigonzas y las piruetas intelectuales: “Prefiero repetir una verdad ya conocida que devanarme la inteligencia para fabricar paradojas brillantes, ingeniosos juegos de palabras y acrobacias verbales que hagan sonreír pero no pensar”. Gramsci lo compara a la jardinera plebeya, siempre la sopa más nutritiva porque está formada por las legumbres más comunes. En una reflexión posterior, después de prevenir ante el relativismo de los “conversos” (que ya han conocido una vez el error), señala que a los escépticos les falta el valor para la acción. Los compara con las clases populares, en las que el autor italiano vuelca su sensibilidad y afecto: “Las almas vírgenes de los hombres de campo, cuando se convencen de una verdad, se sacrifican por ella, hacen todo lo posible para ponerla en práctica”. Señala su preferencia por un campesino si tiene que elegir entre éste y un profesor de universidad.