viernes, 30 de enero de 2015
“Por primera vez en 500 años, América Latina ha comenzado a librarse del control imperialista”
Por Louisa Reynolds *
Las teorías de este lingüista, filósofo y activista norteamericano son referentes desde hace medio siglo en varios campos, pero sobre todo en los del lenguaje y la crítica de la política exterior estadounidense. Sus críticas al sistema capitalista y al sistema de manipulación de masas son implacables. Aquí se enfoca en la política estadounidense y América Latina, el legado de violencia de las guerras civiles en Centroamérica, el juicio por genocidio en Guatemala y los movimientos de resistencia popular que están cambiando el balance de poder en toda la región.
Llego al despacho de Noam Chomsky en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) unos minutos antes de la hora acordada. Mientras espero fuera de su oficina entran dos muchachos de Nueva Zelanda. “¿También vienen a entrevistar a Chomsky?”, les pregunto. “No”, me responde uno de ellos, blandiendo una copia de Control Mediático. Los Espectaculares Logros de la Propaganda. “Andamos viajando por Estados Unidos y vinimos para que nos firme este libro”. Después de unos minutos de nerviosismo, la asistente de Chomsky abre la puerta y los invita a pasar adelante.
Mientras Chomsky firma el libro en la antesala y posa para el selfie obligatorio, su asistente me dice que tome asiento en su oficina. Al pasar los escritorios de sus dos ayudantes, veo una estatuilla de un gnomo. Caricaturiza las facciones de Chomsky y tiene un letrerito que dice “Gnome Chomsky”, un juego de palabras que alude a la similitud fonética entre gnome (gnomo) y Noam en inglés.
En su oficina, en la parte superior de uno de sus libreros, hay una foto de Monseñor Romero, el obispo salvadoreño que fue asesinado por las fuerzas contrainsurgentes en 1980, con la siguiente cita: “Educar es crear un espíritu crítico y no sólo transmitir conocimientos”, y un mensaje de Crispaz, una organización religiosa salvadoreña, que le agradece al intelectual anarquista por su apoyo al movimiento salvadoreño a favor de las víctimas de la guerra civil en ese país.
Las teorías de Chomsky han revolucionado el campo de la lingüística, un marco científico que ha empleado para desarrollar sus teorías acerca de la propaganda y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación. Su abierta oposición a la Guerra de Vietnam en 1967 marcó el comienzo de su larga trayectoria de activismo político y, durante la década de los 80, se opuso con dureza a las intervenciones estadounidenses en Centroamérica a favor de las dictaduras militares.
Hoy, a sus 86 años, Chomsky luce relajado, afable y totalmente inconsciente de su estatus de celebridad. Cuando se van los jóvenes neozelandeses, Chomsky entra, me saluda y comenzamos la entrevista. Nuestra conversación se enfoca en la política estadounidense respecto a América Latina, el legado de violencia que dejaron las guerras civiles en Centroamérica y los movimientos de resistencia popular que están cambiando el balance de poder en toda la región. Le pregunto si ha cambiado significativamente la política estadounidense hacia América Latina desde que escribió La Intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la Paz, en 1985. Chomsky cree que existe, pero que “se debe a la creciente independencia de América Latina –principalmente Suramérica, porque Centroamérica tiene un menor grado de independencia debido a su debilidad y a su proximidad con Estados Unidos–, lo cual ha sido un fenómeno bastante notable. Durante la Cumbre de las Américas (de 2012)”, continúa, “Estados Unidos y Canadá adoptaron posturas diferentes a las que manifestaron todos los demás países del hemisferio sobre una serie de temas contenciosos. Uno era Cuba y el otro era la despenalización de la droga. Eso no hubiera ocurrido hace unos años. Además, Estados Unidos no es capaz de injerir directamente como hacía antes. Con la injerencia pasada lograron desarticular, en cierta medida, los movimientos populares. En el pasado, Estados Unidos reprimió prácticamente cualquier intento de independizarse, generar justicia social y establecer gobiernos democráticos. En la actualidad, Estados Unidos tiene menos capacidad, menos necesidad de intervenir, y la región se ha vuelto más independiente.
Estados Unidos apoyó significativamente el juicio por genocidio del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt…
Creo que decir “apoyó significativamente” sería una exageración…
La embajada estadounidense en Guatemala expresó un interés en que el juicio avanzara…
Querían una conclusión rápida que no implicara a Estados ni a sus aliados. Después de todo, Ríos Montt no actuó de manera aislada. Estaba recibiendo apoyo de la administración Reagan y cuando el Congreso impidió que Reagan siguiera participando directamente en la violencia genocida, Reagan mandó a llamar a su ejército terrorista internacional, Israel, para que entrenara a los militares guatemaltecos y les proporcionara armas, básicamente para que cumpliera el mismo papel que había fungido Estados Unidos.
¿Cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del apoyo estadounidese al juicio de Ríos Montt? ¿El temor de tener un estado fallido en su patio trasero?
Sin duda, había personas en la embajada estadounidense interesadas en apoyar el juicio pero en lo que respecta a la política exterior estadounidense, me parece que el juicio fue tolerado con tal de que no tocaran a Estados Unidos y a sus aliados; eso era sumamente importante. Estados Unidos no se opone a que estos crimenes sean juzgados en tribunales nacionales con tal de que no salga a colación la dimensión internacional del conflicto. Sucede en todas partes. Sucedió en el caso de Saddam Hussein, por ejemplo. Fue juzgado y sentenciado a muerte por crímenes de guerra cometidos en 1982 que de hecho fueron los menos graves que cometió. El año siguiente se produjeron crímenes mucho peores, como la masacre de Halabja y los ataques contra los Kurdos pero esos crímenes nunca se mencionaron porque fueron cometidos con el apoyo de los Estados Unidos. Ese fue el año en que Irak fue eliminado de la lista de países considerados como terroristas para que Estados Unidos pudiera seguir proporcionándole ayuda. Ese fue el año de la famosa foto en la que aparece Donald Rumsfeld dándole la mano (a Saddam Hussein) pero nada de eso salió a colación.
¿Debe Estados Unidos considerar la crisis de los niños migrantes no acompañados en la frontera sur como una consecuencia de sus políticas intervencionistas en la región y el impacto que han tenido en términos de exacerbar la violencia y la pobreza en los países del Istmo?
La mayoría de los niños proviene de Honduras. Eso no es coincidencia. La situación de Honduras ya era bastante mala pero después del golpe (contra Manuel Zelaya en 2009) se convirtió en una historia de horror. Los niños están viniendo como resultado de una situación doméstica espantosa que Estados Unidos contribuyó a crear. Aquí, en las cercanías de Boston, existe una comunidad Maya considerablemente grande que incluye a muchas personas que huyeron del altiplano. Estos jóvenes no saben que están huyendo del resultado de las atrocidades cometidas en los años 80 con el fuerte respaldo de los Estados Unidos. Estamos deportando en la frontera a las víctimas de nuestros propios crímenes.
Por una parte, Estados Unidos apoya a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por otra, un estudio publicado por el Wilson Center en 2013 señala que la mayoría de las armas de fuego utilizadas por grupos criminales en Centroamérica provienen de Estados Unidos. ¿No resulta contradictorio apoyar la lucha contra la impunidad cuando no se están tomando medidas para detener el flujo de armas que permite que sigan operando esos grupos criminales?
No veo ninguna contradicción. Estados Unidos no tiene ningún problema con perseguir a criminales que compran sus armas de fuego en ventas legales en Arizona y Texas. Pasan por alto el papel que juega Estados Unidos en el tema.
El FMLN se reeligió en El Salvador y Salvador Sánchez Cerén se ha convertido en el primer ex combatiente guerrillero en llegar al poder en El Salvador. Los sandinistas siguen gobernando en Nicaragua y Costa Rica recientemente eligió a Guillermo Solís, un presidente de centro-izquierda. Mientras tanto, Guatemala está siendo gobernada por un militar retirado de corte conservador y Honduras también tiene un gobierno de derecha. ¿Estamos ante una división ideológica del Istmo, en la cual Guatemala y Honduras permanecen como bastiones del conservadurismo militar?
Creo que es más complejo que eso. Mira el caso de Costa Rica. Es el único país de Centroamérica donde Estados Unidos no ha intervenido de manera directa y es el único país de la región que funciona. Por otra parte, los países más pobres de la región son aquéllos donde Estados Unidos ha intervenido, como Haití, Guatemala y Nicaragua. ¿Eso no te sugiere algo?
¿Podemos hablar de democracia en Centromérica cuando existen disparidades socioeconómicas tan grandes en la región?
¿Podemos hablar de democracia en los Estados Unidos cuando tenemos tanta desigualdad? La pregunta que hay que plantearse es: “¿Hasta qué punto el nivel socioeconómico de las personas incide en la formulación de políticas públicas? Un 70% de la población no tiene incidencia alguna en la formulación de políticas públicas porque sus representantes electos no les ponen atención. Uno adquiere más influencia en la medida en que avanza en la escala social. Mientras más desigualdad existe, menos democrático se vuelve el sistema. Estados Unidos es básicamente una plutocracia con una especie de democracia formal. Y esto se vuelve todavía peor en países más débiles.
Usted mencionó que durante la Cumbre de Cartagena se evidenció una ruptura entre Estados Unidos y Canadá y el resto del hemisferio sobre la despenalización de las drogas. ¿Cree que la despenalización reduciría los niveles de violencia en Centroamérica?
Sin duda. Esto no quiere decir que sea necesario legalizar la droga, únicamente despenalizarla. Lo que la mayoría de los países de las Américas –incluyendo Guatemala– favorecen es una reducción de la criminalización. La llamada guerra contra la droga no tiene prácticamente nada que ver con las drogas. Cuando las mismas políticas se implementan durante décadas sin que tengan un impacto sobre el objetivo planteado, hay que preguntarse: “¿Es el objetivo que se plantea públicamente el verdadero objetivo?” Probablemente no. El problema de la droga se encuentra en Estados Unidos. De aquí proviene casi toda la demanda. La guerra contra la droga es bastante racista. Está diseñada para criminalizar a un alto porcentaje de la población afroamericana, en su mayoría masculina, y en cierta medida a los hispanos. Esto es racismo puro y se remonta a los últimos 500 años de historia americana. Y en América Latina, la víctima es la población en general.
Hablando del impacto de la guerra contra la droga en América Latina, ¿por qué Estados Unidos ha mostrado indiferencia ante la crisis que atraviesa México a raíz de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de un cartel de droga vinculado a actores estatales?
Fue una historia verdaderamente horrible. No fue únicamente la masacre de los 43 estudiantes sino las revelaciones que salieron a luz relacionadas con la existencia de fosas clandestinas y la brutalidad de la policía federal, cuyos vínculos con los carteles de droga han sido ampliamente documentados. Pero México es un aliado. Es un gobierno neoliberal apoyado por Estados Unidos y Estados Unidos no quiere decir nada que lo implique en sus crímenes.
De repente, un intruso merodea por la oficina olfateando la alfombra. Es un un cocker spaniel de color chocolate. La asistente de Chomsky aparece en el marco de la puerta para recordarme que la media hora que habíamos acordado para la entrevista ya se agotó…
La sociedad civil mexicana ha reaccionado con indignación ante la masacre de Ayotzinapa y al inicio de esta entrevista usted afirmaba que los países de América Latina están desafiando la hegemonía estadounidense cada vez más. ¿En qué medida esa resistencia ha sido liderada por los movimientos indígenas? ¿Es posible que esos movimientos puedan convertirse en una fuerza de cambio?
Lo que ha ocurrido en América Latina durante los últimos 15 años tiene un gran significado histórico e indica claramente que los movimientos populares pueden hacer una diferencia. Por primera vez en 500 años, desde el momento en que llegaron los Conquistadores, América Latina ha comenzado a liberarse del control imperialista. Los movimientos campesinos son actores significativos y los países con grandes poblaciones indígenas, como Bolivia y Ecuador, han hecho cosas bastante interesantes y están asumiendo el liderazgo a nivel global con relación al problema más apremiante que existe al día de hoy: la crisis ambiental.
Los movimientos indígenas se han opuesto fuertemente a los tratados de libre comercio y este año, en Guatemala, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales que había sido aprobada en el marco del DR-CAFTA fue derogada en el contexto de una fuerte oposición por parte de organizaciones indígenas y campesinas. ¿Qué impacto han tenido los tratados de libre comercio en América Latina?
Esa ley definitivamente no apoya el comercio, todo lo contrario. Resulta idónea para Monsanto pero no para los campesinos. Estos no son tratados de libre comercio, son una mezcla de liberalismo y proteccionismo. Son acuerdos para proteger los derechos del inversionista a costa de la población. El hecho de que cuando (Bill) Clinton comenzó a introducir con fuerza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también comenzara a militarizar la frontera no es coincidencia. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que los campesinos mexicanos no iban a poder competir con agroindustrias subsidiadas por Estados Unidos y que las empresas mexicanas no iban a poder competir con las multinacionales estadounidenses y era muy probable que esto ocasionara un fuerte éxodo.
Cuando apago la grabadora, Chomsky me cuenta que su hija es abogada y trabaja para ayudar a los migrantes guatemaltecos a regularizar su situación en el país. Su asistente se planta nuevamente en el marco de la puerta. Antes de salir, le pregunto si puedo tomarle una foto sentado en su escritorio con los enormes alteros de libros que amenazan con derrumbarse y sepultarlo. Sonríe y posa para la foto. Hubiera querido preguntarle más acerca de su hija, acerca del cocker de color chocolate, acerca de lo que le gusta hacer en su tiempo libre, y acerca de sus reflexiones sobre su legado como científico y pensador político. Pero esa tendrá que ser otra conversación.
* Louisa Reynolds realizó esta entrevista en el marco de la beca Elizabeth Neuffer Journalism Fellow (2014-15)
jueves, 29 de enero de 2015
Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo
Reynaldo Cruz Palma, líder comunitario de la colonia Planeta de SPS fue desaparecido por supuestos policías encapuchados
Si Honduras es el país más violento del mundo, ¿cabe pensar que aquí se reportan más desaparecidos que en otros lados por la violencia común, la furia de las pandillas, la ira del narcotráfico, la impunidad de los policías corruptos? Después de preguntar en todas las oficinas del Estado ligadas al tema aflora una conclusión que aflige: en Honduras los desaparecidos no importan ni tan solo para llenar una estadística. En Honduras quienes desaparecen es como si no existieran.
— Nubia, ¿puede llevarme a su casa?
— ¡Ni Dios quiera!
Nubia Carbajal repite en voz alta “¡Ni Dios quiera!” mientras da vueltas por la pequeña casa en la que está refugiada desde noviembre de 2011. 43 años, jeans ajustados, camisa de tirantes, piel blanca con pecas en los hombros, Nubia Carbajal es un torbellino, una mujer que todos los días piensa en una sola cosa: encontrar a su esposo desaparecido.
Estamos en una colonia que se comió a la mitad de un cerro en las afueras de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, la ciudad más violenta del mundo por su tasa de homicidios. Si la Organización Mundial de la Salud se lo propusiera, podría declararla como una ciudad pandemia. Más de 160 homicidios se cometieron por cada 100 mil habitantes en 2012 y 2013. El país entero no se queda atrás. Honduras, esta gran mancha de tierra que ocupa buena parte del ombligo de América Central, es el más violento del globo y desde que en 2009 los militares, aliados con los políticos, los policías y el poder judicial, sacaron de su casa y del país, a la fuerza y en piyamas, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, aquí reina el caos. Un caos que, como un virus, quiere arrasar con los hondureños y cada día los infecta, los daña. Es la violencia común, la furia de las pandillas, la bestialidad de los narcos y la impunidad de los policías corruptos. Es una embestida que el 31 de agosto de 2011 sacudió a Nubia Carbajal y a toda su familia cuando Reynaldo Cruz Palma, su marido, un líder comunitario, fue desaparecido por supuestos policías encapuchados.
***
Si Reynaldo Cruz Palma hubiera salido solo aquella mañana del 31 de agosto, de su secuestro y desaparición no hubiera ningún testigo. Pero Reynaldo y Nubia, 25 años de casados, aquella mañana iban juntos a pagar un préstamo al banco cuando Reynaldo observó que un vehículo los perseguía.
Días antes de su desaparición, agentes de la Policía Preventiva catearon, golpearon y capturaron a Reynaldo Cruz Palma en el su negocio familiar
Reynaldo y Nubia y sus cuatro hijos vivían en Ciudad Planeta, una comunidad de obreros mejor conocida como “La Planeta”. Es una comunidad dominada por la clica Hollywood Gangster de la pandilla Barrio 18. Desde la segunda mitad de los noventa se convirtió en una colonia estigmatizada debido a la fuerte presencia de pandilleros.
Cuando Reynaldo y Nubia salieron del banco, el vehículo seguía ahí. “Tranquila -le dijo Reynaldo-, no tenemos nada que temer porque nosotros no andamos en nada malo”. Precavidos, la pareja abordó un rapidito –microbús- en dirección al centro de la ciudad. Querían camuflarse entre los pasajeros. Cuando el carro dejó de perseguirlos, Nubia respiró en paz. Pero a un kilómetro antes de llegar a su destino el conductor del microbús frenó de súbito. Un picop doble cabina color gris, vidrios polarizados, se le atravesaba desde un costado. Nubia pensó que serían asaltados, pero rápido supo que los hombres encapuchados, armados con AK-47, iban por su marido. Ese instante fue un torbellino. Un encapuchado introdujo medio cuerpo en la cabina y arrancó las llaves del tablero. Otro encapuchado sacó a gritos a la gente. Un tercero jaló a Reynaldo mientras Nubia pedía clemencia. Uno más, quién sabe de dónde saldría, le puso a Nubia el cañón de su metralleta en la sien.
—¡Apártese que con usted no es! ¡Es con él! –le dijeron dos ojos furiosos.
Las últimas palabras que Nubia recuerda de su marido fueron estas: “¿Pero qué pasó?, si yo no ando armado…”.
Cuando Reynaldo levantó los brazos, uno de los encapuchados se los amarró atrás de la espalda. El otro le puso una manta negra en la cabeza. Ciego, atado de manos, Reynaldo cayó en el asiento trasero del picop. El vehículo arrancó con prisa. Nubia gritó tres veces “¡Auxilio!” antes de caer hincada, derrotada en la calle. Desde aquella vez, Reynaldo Cruz Palma se convirtió en la cara más conocida de los nuevos desaparecidos en Honduras.
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Nubia puso en la Policía una denuncia que nadie quería tomarle. En las semanas siguientes ella y sus hijos fueron perseguidos en la colonia por un picop doble cabina color gris. Al cuarto mes de acoso decidieron huir.
— ¿Le da miedo ir a su casa? –pregunto a Nubia, que todavía no se imagina viuda y vive con la angustia de no saber si su marido está vivo o muerto. A veces sueña: “Imagino que lo tienen preso en algún lugar, en alguna cárcel clandestina, haciéndolo sufrir, haciendo no sé qué cosa”.
Las palabras de Nubia remontan a un pasado común. En la década de los ochenta, desaparecer personas fue moda para las dictaduras de América Latina. En su contra, la causa de los desaparecidos fue una bandera de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos. En Panamá, el cantautor Rubén Blades hasta compuso una canción, Desapariciones, que a la fecha es como un himno para los miles de familiares errantes que viven en la incertidumbre de no saber qué pasó con sus parientes.
En agosto de 2014, la Morgue Judicial de San Pedro Sula levantó un primer registro de reportes de personas desaparecidas y un mural con las fotografías de 43 personas
En la región más violenta del mundo, en los ochenta, hubo millares de desaparecidos. Guatemala cuenta más de 40 mil; El Salvador, más de 10 mil; y Honduras, que no tuvo guerra, en 1993 individualizó 184 casos con el afán de investigar muchos otros casos más. Lo segundo nunca ocurrió. A más de 30 años de las dictaduras, en esta región hay nuevos desaparecidos. En el resto del mundo también. En 1980 Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Una oficina de monitoreo que también cuenta las desapariciones de hoy. Hasta agosto de 2014, esa oficina enumera más 50 mil personas desaparecidas en 80 países del mundo. En países con conflictos internos como Iraq, Siria, México o Colombia, muchos casos están relacionados con la desaparición forzada, la práctica de moda en las dictaduras militares de hace más de 30 años. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras, los nuevos desaparecidos se explican gracias a la violencia de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico… pero también por los viejos fantasmas del pasado. Al menos eso ocurre en Honduras. Naciones Unidas contabiliza solo 129 casos para Honduras como "el número de casos abiertos ante el Grupo de Trabajo desde su creación en 1980, es decir, aquellos que aún no han sido clarificados ya que la suerte o el paradero de la persona no han sido esclarecidos", dice Ariel Dulitzky, presidente de la oficina que monitorea la desapariciones en el mundo. La ONU se alimenta de los casos que presentan las oenegés o los familiares de los desaparecidos. Entre 2010 y 2014 el Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) reporta 10 nuevos casos de desapariciones forzadas. El de Reynaldo Cruz Palma es el caso insignia.
Los desaparecidos han vuelto al triángulo norte de Centroamérica, la región más violenta del mundo. El problema es cuantificarlos. Pero quizá también el problema sea que las autoridades reconozcan el fenómeno. En El Salvador, la Policía Nacional Civil creó una estadística hasta el año 2012. Tuvo que ver el hecho de que ese año se registraron más de 1,300 denuncias, de las cuales 600 casos siguen con la etiqueta de “desaparecidos” y 128 corresponden a personas que fueron encontradas muertas. En Guatemala hay una preocupación por la denuncia de miles de niños desaparecidos. Solo en 2013 se registraron más de mil casos, y las autoridades presumen que el robo de niños tiene que ver con la trata o incluso con el tráfico de órganos. Pero en Honduras, el país más violento del mundo, el cuento de Nubia Carbajal es como si fuera una mentira. Los desaparecidos son individuos que para el Estado están extintos y por lo tanto no importan. Pero para esta familia, Reynaldo Cruz Palma sí existió y sí importa.
— Nosotros ni locos vamos allá –me responde Nubia-. Lo hemos perdido todo. Allá están ellos, y desde que desaparecieron a Reynaldo nos persiguen, están como esperando encontrarnos para…
— ¿Para qué?
— Para que dejemos de incomodar.
***
Afuera de la Morgue Judicial de San Pedro Sula
Si alguien debería saber cuántos desaparecidos hay en San Pedro Sula, qué pasa con ellos, con sus casos, es el comisionado Manuel Calderón, jefe regional de la División Nacional de Investigación Criminal (DNIC). En la oficina del comisionado Calderón hay un altar a las armas. Es un barquito de madera y pequeñas velas de tela blanca que posa en el centro de unas tablas decoradas con balas de muchos calibres. Con un poco de imaginación, el barco navega sobre un turbulento mar de balas (o el barco navega sobre todas las muertes de Honduras, donde más del 80% de los asesinatos se cometen con armas de fuego). En un costado, las aguas mansas: “son balas punto veintidós”, dice el comisionado, mientras toma una pequeña bala entre sus dedos. “Esta le pega y es capaz de ahogarlo”. Él se coloca una mano en la garganta. En el resto del altar hay “nueve milímetros, punto cuarenta y cinco, las cuarenta y siete, una colección de siete punto sesenta y dos, tanques blindados, el efecinco”.
— Le gustan las balas, Comisionado.
El Comisionado ríe.
Si alguien tendría que saber cuántos desaparecidos hay en San Pedro Sula y en la región noroccidental de Honduras es el comisionado Caderón. 25 años como policía, un bajito y moreno oficial experto en labores de inteligencia. No por nada es el jefe de la DNIC, la división de investigación por excelencia. Por su oscuro pasado (en los ochentas era utilizada como policía de espionaje político) también es la más temida. Sin embargo, la DNIC lo investiga todo. O casi todo. O al menos su función es la de investigar, aunque en 2013 el Fiscal General, Luis Alberto Rubí, se atrevió a declarar que el 80% de los crímenes en Honduras quedan impunes por falta de investigación. “La criminalidad nos ha rebasado”, dijo ante el Congreso de Honduras, en abril de ese año. En el papel, la Fiscalía dirige la investigación, pero en la práctica es la Policía y la DNIC quienes mandan. Semanas después de su confesión, el fiscal Rubí fue destituido por una comisión interventora, ordenada por el mismo congreso hondureño que había aplaudido su dejo de honestidad.
— ¿Cuántos desaparecidos hay en esta ciudad, Comisionado?
— ¿Desaparecidos? Eso no existe acá. Acá tenemos muertos.
— ¿No hay desaparecidos?
— Eso siempre está en la mente de las mismas personas que dicen que lo que pasó aquí fue un golpe de Estado. Pero aquí por cuestiones políticas no hay desaparecidos. Eso está todo descartado. Aquí no hay desparecidos por ese tema. Aquí solo en la mente de ellos hay persecución.
Decoración de la oficina del comisionado Manuel Calderón, jefe regional de la División Nacional de Investigación Criminal (DNIC)
Por alguna razón, el comisionado Calderón relaciona el tema de los desaparecidos con las nuevas denuncias contra las autoridades por casos de desapariciones forzadas. Le hablo de los otros casos, casos que tengan que ver con las pandillas, los narcos, la violencia común centroamericana, y no necesariamente con acusaciones en contra de las autoridades.
— Aquí hay denuncias de gente que desaparece, pero hay varios motivos: o se van para Estados Unidos o una muchacha se va con un muchacho, o por maltrato se van los jóvenes... y hay un porcentaje que tiene que ver con las maras. Cuando los muchachos no se quieren meter con las maras, los raptan, los secuestran y los desaparecen. Es un porcentaje, poco.
— ¿Cuál es ese ese porcentaje? ¿Podría darme una cifra?
— Aquí el problema es que si hay un caso de desaparecidos que es de impacto entonces lo trabajamos hasta darle solución, ¿verdad? Pero ya llevar estadísticas, estadísticas...
— ¿No llevan estadística de denuncias de desaparecidos?
— Ya en sí, que yo le voy a decir "no, fíjese que hubieron 10 desaparecidos este mes". No. No es así la cosa.
— Aquí en San Pedro Sula al menos hay dos casos en los que se señala a la Policía como autora de desapariciones forzadas.
— No, eso ya pasó. Ahora son otros tiempos. Ahora la Policía tiene otra mentalidad que es la de servir. Lo que ha pasado es que varios delincuentes han utilizado el uniforme de la policía, incluso el de la DNIC. Entonces la gente cree que es la Policía…
***
Si el comisionado Manuel Calderón no tiene cifras y le cuesta hablar de casos, decido ir a la Ciudad Planeta, la colonia a la que tanto teme Nubia Carbajal, para que los vecinos y quizá los propios pandilleros me hablen de los desaparecidos. La Planeta es una vasta planicie salpicada con casas para obreros diseminada a la orilla de una carretera que conduce del municipio de La Lima hacia el municipio de San Pedro Sula. La entrada a la colonia es apenas un rótulo oxidado: “Ciudad Planeta”.
Cerca hay una funeraria desvencijada, con hollín en los techos, portones y verjas de metal. Un poco más adelante hay una escuela donde un director intentar salvar algo que pareciera ser insalvable. Muchos de sus alumnos acabarán convertidos, tarde o temprano, en pandilleros. Más adentro de La Planeta hay una posta policial. La “Sede Número Cinco”, dice el rótulo. Está aislada, sin casas a la par. Una imagen irónica: es como si ningún vecino quisiera vivir cerca de esta policía.
Entrar a La Planeta es como entrar a cualquier colonia de Centroamérica dominada por pandillas: hay miedo, hay miradas fijas, hay grafitis en las paredes de las casas. Un extraño rápido llama la atención, sobre todo uno que no conoce el camino hacia la casa de Reynaldo Cruz Palma. Un par de niños acompañan al rapidito montados en bicicletas. Más tarde una vecina me dirá que esos niños son vigías de los muchachos.
El rapidito se detiene. Me bajo. Una mano sale de la nada y me sujeta el antebrazo. En la calle apenas hay un par de almas, refrescándose bajo la sombra de unos árboles. Aun así, mi guía grita para que todos las escuchen: “¡Hola, Amigo!”, dice. “¡Venga le enseño la casa!”. Yesenia, una amiga de Nubia Carbajal, me conduce hacia un pasaje estrecho. En el centro del pasaje hay una casa de color verde, portón de rejas. Está abandonada. Adentro hay una fuente sin agua. Un amplio parqueo. El piso está cubierto por una densa capa de polvo.
— Bueno, periodista, bienvenido a La Planeta –dice Yesenia, en susurros-. Tiene cinco minutos para tomar las fotos. ¡Dese prisa! ¡Los muchachos ya vienen!
Esta fue la casa que Nubia hizo con su esposo durante 25 años. En una de las paredes hay cinco orificios que se asemejan a los orificios que provocan las balas.
— Los que se llevaron a Reynaldo vinieron a dispararle a la casa. Esas son las evidencias –dice Yesenia, antes de regresar a la calle principal. Yesenia hace de halcón, de vigía. Observa ambos lados de la avenida, mientras contemplo los detalles de la casa. En el reloj de Yesenia se detiene el tiempo y de nuevo aparece de la nada, me jala del brazo y me invita a salir. Le pido más tiempo, que quiero hablar con más vecinos, con los muchachos y ella responde que es imposible. “Ahorita le paro el rapidito. Súbase y no hable con nadie. Bájese en el centro. Los muchachos ya se alertaron”.
Hay dos muchachos a una cuadra de distancia. Camisas flojas, jeans, tenis blancas. Uno lleva una larga cola que contrasta el rape de los costados y el mohawk que tiene en medio del cuero cabelludo. Es moreno y bajito. El otro es delgado, rapado, cara de calavera, bigote ralo. El primero carga en la mano lo que sospecho es algún tipo de ametralladora. Parece una mini Uzi. Al otro, del cinto le sobresale lo que parece ser el mango de una pistola. El rapidito llega. Yesenia me sube. “¡Sáqueme a este muchacho!”, le dice al motorista. Yesenia ni se despide cuando el rapidito arranca. Cuando cruzamos a los muchachos, los muchachos no me despegan la mirada. El rapidito está haciendo la ruta para salir de la colonia y su trayecto va dibujando un cuadrado. Los muchachos corren y persiguen al rapidito, curiosos por el extraño que va en el asiento de la ventana, pero luego de dos paradas se cansan. Se rinden. Yesenia reaparece minutos después en el punto de microbuses. Se sienta a mi derecha, intento decirle algo y me calla con un susurro enfático: ¡guarde silencio!”. Cuando llegamos a la carretera, Yesenia se despide. “Que le vaya bien, muchacho. Ahora ya puede estar tranquilo”.
Le pregunto a Nubia por qué no cree que hayan sido los muchachos quienes desaparecieron a Reynaldo, si esa podría ser una explicación razonable. En La Planeta, o en otras comunidades parecidas de Honduras, es común que se reporten hallazgos de cementerios clandestinos, tumbas hechizas que las pandillas utilizan para esconder a sus víctimas. En El Salvador, por ejemplo, la mayoría de los casos de desaparecidos -que luego reaparecen, escupidos por la tierra- tienen que ver con la furia de las pandillas, con ese método de entierros para ocultar sus asesinatos. Las víctimas suelen ser el soplón que delató al barrio con la policía, un traidor que se quiso salir del barrio, la chica del barrio que se metió con un chico dela pandilla contraria, el extorsionado que no quiso pagar su cuota…
— Los muchachos no se meten con la gente de la comunidad. Nunca lo hicieron y a Reynaldo lo respetaban. A Reynaldo quienes lo amenazaron antes de desaparecerlo fueron los policías –insiste Nubia.
***
Si el comisionado Manuel Calderón, jefe regional de la DNIC, no tiene un dato sobre personas desaparecidas en San Pedro Sula y en La Planeta no se pueden hacer preguntas, decido ir a la Morgue Judicial de la ciudad para encontrar alguna cifra. En las morgues casi siempre hay una cifra sobre desaparecidos, amén de que es el lugar común al que van a preguntar los familiares que los andan buscando.
La morgue de San Pedro Sula es un pequeño edificio de dos plantas con un ala inservible en la segunda planta. No hay paredes ni ventanas y los techos han sucumbido quizá por las lluvias. En ese recinto huele a muerte, como se supone que deben oler todas las morgues, pero aquí el hedor es más fuerte. Honduras tiene solo tres morgues, y en esta se concentran casi el 50% de cadáveres que produce el país al año. En 2013, aquí se procesaron más de 3 mil 200 cuerpos. El 80% de los casos eran homicidios. Si esos casi dos mil cadáveres hubiesen sido encontrados en un solo sector, quien sabe si ajusticiados por las pandillas o los narcos o los policías corruptos, se habría dicho que aquí ocurrió una masacre.
Afuera de la morgue, El Tranca y un grupo de muerteros han encontrado negocio en la muerte. Las dueños de las funerarias para las que trabajan incluso han pactado repartirse el botín por horarios. El Tranca trabaja de seis a diez de la mañana. En esta ciudad hasta recoger un cadáver es peligroso. El Tranca lo sabe. A un amigo suyo lo mataron hace pocos días, mientras ofrecía servicios fúnebres a una familia que había llegado a recoger dos cadáveres “frescos”, según los términos de El Tranca. Se presume que fueron los mismos sicarios quienes decidieron acabar a toda esa familia.
El Tranca se enoja cuando el movimiento es lento en la morgue. Se enoja también cuando se da cuenta de que ofrece sus servicios en vano. Y eso, hablar por gusto, le sucede siempre que a la morgue se acercan familiares que llegan a preguntar por sus desaparecidos. El Tranca no puede vender un ataúd para un cuerpo que no existe, no puede ofrecer una velación para un cuerpo ausente. El Tranca, un viejo alto, espigado, escuálido, la viva cara de la muerte, es también como la mejor imagen del Estado hondureño, al que los desaparecidos también le importan poco.
En un lapso de tres horas, afuera de la morgue, aparecieron cuatro familias que buscaban a sus desaparecidos. Un vendedor a domicilio que entró en una colonia de la MS13 y ya nunca se le vio con vida; una chica que un día salió de su casa y jamás regresó del instituto; un taxista que salió a dar vueltas en una carrera, pero que al pasar las horas nunca más se supo de él; una mujer que salió a buscar a su hijo desaparecido por una colonia conquistada por pandilleros del Barrio 18, y por andar en esas vueltas terminó desaparecida también ella.
Fue hasta en agosto de 2014 cuando a un funcionario de la Morgue Judicial se le ocurrió levantar un reporte de personas desaparecidas. De esa idea surgió otra: crear un mural en el que se expongan las fotografías de los reportados como desaparecidos. La idea evolucionó: tomar datos a los familiares de los desaparecidos y crear un listado. 42 casos reportados hasta agosto de 2014. En esta esquina del mundo, que solo se registren 42 reportes en una oficina forense suena hasta descabellado. Porque en Honduras hay mucha violencia. La de las pandillas, que también tienen cementerios clandestinos. La de los narcos, que a cada tanto ajustan cuentas y, según el gobierno, son los responsables de la mayoría de los homicidios. La de muchos policías, denunciados como secuestradores, sicarios, extorsionistas… Que solo existan 42 reportes suena descabellado. Solo en El Salvador, en 2013, Medicina Legal registró 1,300 reportes de personas desaparecidas. La estadística importa. No solo para denunciar la violencia sino para exigir justicia. Importa para la causa de las familias, o al menos para que las familias encuentren un lugar en donde quede una constancia de que sus parientes estaban vivos hasta el día de su desaparición, o al menos para que si algún día llega un cadáver no identificado pero con las señas de “Juanito” o “María”, al menos exista un registro que haga pensar que ese cadáver es Juanito o quizá María.
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Reynaldo Cruz Palma, cuando lo desaparecieron, era el presidente del Patronato de la colonia La Planeta. En una comunidad dominada por pandilleros a un líder le toca mediar con las desconfianzas. La de la propia pandilla, capaz de matar si sospecha que alguien en la comunidad la traiciona con la policía; o viceversa, si los policías sospechan que los miembros de la comunidad están aliados con los pandilleros.
Reynaldo Cruz Palma era un mediador. Pedía paz para su colonia a cambio de exigir respeto a los derechos humanos. Eso cuentan tres familiares, una vecina y el alcalde del municipio de La Lima, Astor Amaya Fuentes, quien alguna vez empleó a Reynaldo para que promoviera convivencia en la comunidad.
Dos meses antes de su desaparición, la policía realizó un operativo en La Planeta que dejó un saldo de siete presuntos pandilleros abatidos en un “enfrentamiento”. Así se vendió en los medios hondureños ese episodio: como un enfrentamiento. Lo curioso es que los muertos aparecieron con disparos en las cabezas, en los pechos, o en las espaldas. Disparos que dejaron, al menos en una de las paredes, el dibujo de una media luna pintada con sangre. Es la trayectoria que tomó el cuerpo, deslizándose por la pared, hasta caer en el suelo. En 2013, por ese caso fueron condenados cinco policías por los delitos de allanamiento ilegal de morada, abuso de autoridad y asesinato, pero en 2011 hablar de ese “enfrentamiento” y señalar abusos de los policías era demasiado arriesgado, pero Reynaldo Cruz Palma se atrevió a hablar. A mediados de julio de ese año fue entrevistado por la cadena TVC de Honduras en la cancha de fútbol de la colonia. Recién había dicho Pepe Lobo, presidente de Honduras, que esa comunidad ya estaba “libre” de pandillas. El “enfrentamiento” no tenía ni un mes de haber ocurrido. En la entrevista, junto a Reynaldo, también estaba Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso de Honduras. Él había viajado desde Tegucigalpa, la capital, hasta La Planeta, en la ciudad industrial, para constatar lo que decía Pepe Lobo. Entre un punto y otro hay cinco horas de recorrido por carretera. Juan Orlando Hernández desde esas fechas ya estaba promoviendo su candidatura para las presidenciales de 2014. En aquel programa, sentado junto al presidente del Congreso, el futuro presidente de Honduras, Reynaldo denunció que en La Planeta lo que había ocurrido era una matanza. Exigió que se acabara la represión en La Planeta y exigió justicia para ese caso. Para muchos, Reynaldo Cruz Palma no midió sus palabras.
En las semanas siguientes, a Reynaldo Cruz Palma algunos policías lo persiguieron y lo hostigaron en la calle y en el negocio de su casa. Policías preventivos lo amenazaron y un agente incluso llegó a golpearlo en su negocio, antes de llevárselo detenido por incitar el desorden en la comunidad. Según Nubia Carbajal, la noche del 27 de agosto de 2011, cuatro días antes de desaparecer, Reynaldo atendía a los clientes del negocio y unos policías llegaron a darles toletazos a los clientes. Su esposo protestó y entonces se lo llevaron preso. Un vecino alcanzó a tomar una foto, un tanto borrosa, de ese altercado, en el que se ve a un policía forcejeando con Reynaldo, que ya está esposado. Nubia Carbajal todavía recuerda que esa noche presintió que algo más grave iba a ocurrirle a su esposo. Ella no se equivocó.
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Si el jefe de la regional de la DNIC en San Pedro Sula no tiene datos de desaparecidos, y en La Planeta nadie puede hablar, y la Morgue Judicial solo tiene un reporte de 42 personas desaparecidos, decido viajar a Tegucigalpa, la capital del país, para pedir a las autoridades alguna cifra más contundente. Nacional. Oficial.
Tal vez el Ministerio Publicó tiene esas cifras… pero no hay. El Ministerio Público dice que entre 2009 y 2014 solo contabilizan 23 casos de personas desaparecidas. Es decir, un promedio de un caso cada tres meses en los últimos cinco años. Si los 42 reportes que maneja la Morgue Judicial de San Pedro Sula se apocan, los 23 casos oficiales que contabiliza el Ministerio Público humillan.
Tal vez la oficina central de Medicina Forense tiene más datos… Pero no hay. Medicina Forense responde de manera oficial que lo más cercano al fenómeno de los desaparecidos es el número de cadáveres sin identificar que terminan sepultados en fosas comunes. En julio de 2014 reportó que 22 cuerpos fueron enterrados sin identificar en fosas comunes. En Octubre de 2014 reportó el enterramiento de 17 cadáveres sin identificar.
Para el Ministerio Público, para Medicina Forense, los desaparecidos no existen como problema. Si se pregunta por una estadística que los agrupe, que dimensione el problema, es como si se preguntara por el número de ardillas atropelladas en el Bulevar Francisco Morazán, la calle más turística de la capital. Es decir, un dato improbable. Imposible. Un dato que nadie recoge porque a nadie le importa si ocurre o no que cada día se atropellen tres, cinco, diez ardillas.
Si ni el jefe regional de la DNIC en San Pedro Sula tiene un dato ni el Ministerio Público ni Medicina Forense, tal vez la Policía Nacional lo tenga… Pero no hay. El comisionado Juan López Roche, vocero de la Policía Nacional de Honduras, responde que esa estadística sobre desaparecidos debería preguntarla al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. Le digo que quiero una respuesta del director de la Policía, el comisionado Ramón Antonio Sabillón, pero a la fecha el comisionado Sabillón sigue sin atender el teléfono.
Si ni la Policía ni la Fiscalía ni Medicina Legal tienen un dato, tal vez al que todos apuntan como chivo expiatorio, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos sí tenga algo. Quizá porque el término “desaparecidos” en Honduras remite a un libro, uno que en Honduras es como la biblia. En 1993, el entonces comisionado de Derechos Humanos publicó el libro Los hechos hablan por sí mismos. En él se narra la historia de 184 casos de desapariciones forzadas ocurridas en en la década de los ochenta. En ese libro se acusa al gobierno y a una élite especial del ejército, el comando 3-16, un escuadrón de la muerte - por el que desfilaron desde un ex ministro de Seguridad y muchos de los mandos que han dirigido la Policía en los últimos diez años- como los autores detrás de la mayoría de esas desapariciones.
Quizá Roberto Herrera, el nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos tenga un dato actualizado… Pero no hay. A través de su vocero, Julio Velásquez, el comisionado responde que “no existe una estadística sobre personas desaparecidas producto de la violencia actual. Ahorita estamos trabajando una estadística que diagnostique el caso de hondureños migrantes que desaparecen en el camino hacia Estados Unidos, pero de lo que usted pregunta no tenemos nada”.
Alejados de las cifras oficiales, hay otros dos listados de casos de desaparecidos manejados por dos organismos de derechos humanos. Uno es el del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). Entre 2009 y 2014, Cofadeh registra 10 casos de desaparición forzada en el que los familiares denuncian a policías o militares como autores intelectuales y materiales de las desapariciones. Entre estos casos está el de Reynaldo Cruz Palma. El otro listado lo maneja el Comité de Derechos Humanos del Valle del Aguán, que monitorea un conflicto por la tierra entre campesinos y terratenientes. Según este listado, entre 2009 y 2014 se han asesinado a más de 128 personas en batallas relacionadas a la lucha por las plantaciones de palma africana. Este comité también registra la desaparición forzada de cinco campesinos cooperativistas, presuntamente a manos de los guardias de los terratenientes.
Para casi todos en Honduras, desaparecido solo es aquel al que lo secuestra un agente del Estado o un grupo armado en contubernio con el Estado, como es el caso de los guardias de los terratenientes de las fincas de palmas africanas. Para casi todos en Honduras, la superviolencia ahoga a la violencia común. Para existir ya no basta ser víctima, sino ser una buena víctima. Si no es el Estado el que desaparece, qué importan todos los otros desaparecidos por las pandillas o el narco.
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Si nadie tiene una cifra oficial y contundente sobre los nuevos desaparecidos en Honduras, ya solo queda dejarse guiar por los familiares de los desaparecidos para encontrar junto ellos a otros familiares de desaparecidos. Decido seguirle el consejo de Nubia Carbajal, que en 2012 lideró a un grupo de madres, esposas y hermanas de personas desaparecidas.
Regreso al centro de San Pedro Sula, al comedor de un restaurante Kentucky, ubicado a un costado del parque central. Nubia Carbajal está acompañada por un grupo de amigas que parecen haber quedado para el almuerzo. Pero es hasta después de las presentaciones, de la aclaración de dudas – ¿usted de verdad es periodista? ¿Para qué quiere saber quiénes somos y lo que nos pasó?- que el grupo revela su verdadera identidad. A todas ellas las une un lazo no deseado: es como si fueran las integrantes de un club que en realidad no existe (al menos no formalmente): el club de las madres, esposas, hermanas, familiares de desaparecidos de San Pedro Sula, la ciudad en la que mueren más de 160 personas por cada 100 mil habitantes.
A Nubia ya sabemos qué le pasó. A Claudia le desaparecieron a Óscar, su hermano, en noviembre de ese mismo año. Al igual que Reynaldo, a Óscar se presume que lo desaparecieron policías. Gladys, una mujer de lentes, la mayor del grupo, perdió a sus hijos Abdalá, Ángel y Mario en septiembre de 2010. Nubia, que quizá haya dimensionado que aquellos desaparecidos que no acusan a las autoridades quizá no tienen el mismo peso para los medios de comunicación, pide que le ponga especial atención al caso de Gladys. Incluso más atención que al de Reynaldo, porque sabe que al menos el suyo ha escalado en las vitrinas de los periódicos nacionales, de los organismos de derechos humanos y de la prensa internacional. El de Gladys, sin embargo, es un caso en el que desaparecieron 10 personas, pero ni eso, que desaparezcan 10 personas, impresiona a San Pedro Sulas ni a Honduras.
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— ¿De qué caso me habla?
El abogado René Díaz, coordinador regional de fiscales en San Pedro Sula está sorprendido. El abogado René Díaz es la última esperanza para que aparezca alguna cifra oficial sobre los nuevos desaparecidos en Honduras… Pero no la hay, y el abogado desanima desde el inicio de nuestra la conversación. Él ya ni siquiera recuerda un caso de película, en el que 10 personas desaparecieron en una noche sin dejar rastro. El abogado mira como quien quiere encontrar arriba de su cabeza los retazos perdidos de su mala memoria y las imágenes y los recuerdos no llegan. La Cumbre, hermanos Triminio, septiembre 2010, diez personas… Todas esas piezas no le significan nada.
Le digo que este es un caso que sorprende. Un día desaparecen diez personas, una de ellas una figura con presencia mediática, un joven líder empresarial, y aquí es como si no hubiese ocurrido nada.
— Es que ha pasado tanto tiempo. ¿2010 dice?
— Sí. Entre los desaparecidos había unos ciudadanos mexicanos.
¡Mexicanos! Esa pieza del rompecabezas provoca que el coordinador de fiscales frunza el ceño, arqueé las cejas y enderece la espalda. Al fin recuerda el caso.
— Es un caso complicado –dice-. Creemos que detrás está el narco.
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En septiembre de 2010, Abdalá Triminio, el hijo de Gladys Villalta, la mujer mayor del club de madres, esposas y hermanas de los nuevos desaparecidos, lideraba el negocio de bienes raíces de la familia. Un día, un ciudadano mexicano buscó a los Triminio para arrendar una lujosa casa ubicada en un sector conocido como La Cumbre, rodeado de comunidades marginales. Un territorio de la Mara Salvatrucha.
El alquiler de la casa fue un negocio exprés. Un viernes pagaron y un sábado los mexicanos se instalaron. El lunes 13 de septiembre, uno de los mexicanos llamó a Abdalá Triminio para reportarle un problema. Le pidió que subiera a La Cumbre, pero Abdalá Triminio no podía en ese momento. A los minutos de la llamada lo llegaron a recoger a la oficina, porque querían solucionar ese problema con los vecinos. Abdalá se fue con ellos, pero pasaron las horas y nunca más se comunicó con su esposa.
A las seis de la tarde de ese lunes, Ángel, el hermano de Abdalá; y Carlos Coello, el amigo de infancia de ambos, subieron hasta La Cumbre para traer de regreso al desaparecido. Los Triminio y su amigo probablemente sean los sujetos con menos suerte en el mundo. O quizá solo estuvieron a la hora y en el momento menos indicado. Ángel iba comunicándose con su cuñada, a través de un celular, cuando de repente la llamada se cortó. La última frase que ella escuchó fue un grito: “¡Yo no me voy de aquí sin mi hermano!”.
A las siete de la noche la familia se acercó a “La Primera”, como se conoce a la delegación de la Policía Preventiva en la ciudad de San Pedro Sula y puso la denuncia. Un agente oficial de turno recibió la denuncia, pero dijo que no podía enviar patrullas a ese sector porque era demasiado peligroso. Hasta las 11 de la mañana del día siguiente los policías montaron un amplio operativo que muchos recuerdan como de película. Eso dicen dos periodistas que cubrieron la nota para las secciones judiciales de sus periódicos: “fue un operativo de película, duró unas tres horas y no encontraron nada, más que tres documentos en uno de los techos”, dice uno de los periodistas. A los hermanos Triminio y a los mexicanos se los tragó la tierra en menos de 24 horas. La teorías más conspirativas, algunas incluso manejadas por la Fiscalía, indican que ese operativo en realidad era para ocultar lo que había en esa casa, incluidas las diez personas, cinco de ellas ciudadanos mexicanos.
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El narco, en Honduras, también desaparece gente. Hace un año, el jefe de la Policía en San Pedro Sula dijo a El Faro que esta ciudad es como el cerebro, la base neurálgica del tráfico de drogas que desde Suramérica hace escala en Honduras para luego intentar dar el salto a México. Naciones Unidas ha dicho que el 80% de la droga que se consume en Estados Unidos pasa primero por Honduras, la gran bodega centroamericana. Desde el departamento de la Atlántida, en línea recta hacia puerto Cortés, Honduras es un río revuelto de narcos, policías coludidos y bandas que se dedican a hacer tumbes o pongas a los negocios del narco. Ora robarse la droga que quiere llegar al norte, ora robarse los pagos que viajan al sur. En los últimos dos años, los periódicos de Honduras han reportado la desaparición de media docena de pilotos mexicanos que aterrizaron en los aeropuertos de Golozón (en la ciudad de La Ceiba, Atlántida) o en aeropuerto de Roatán (isla del caribe). De los pilotos no se ha sabido nada ni Honduras ni en México. Su último rastro han sido las avionetas que piloteaban antes de aterrizar y desaparecer.
El abogado Nery Díaz le habla por teléfono al fiscal que llevó el caso de los hermanos Triminio. Lo que su subalterno le cuenta por teléfono le hace recordar otro episodio. A los días de la desaparición, un contingente compuesto por forenses y detectives subió a La Cumbre para identificar un cementerio clandestino. Encontraron el cementerio y los montículos de tierra que señalaban los puntos de enterramiento. Sin embargo, lo que había debajo de la tierra eran los cuerpos en descomposición de unos perros callejeros. Para el abogado Nery Díaz aquello fue un mensaje que los captores le estaban enviando a alguien más.
— La familia de los desaparecidos denuncia que en este caso hubo negligencia de la policía. Por ejemplo, que no atendieron la denuncia hecha el día de la desaparición –le digo al abogado Nery Díaz.
— La Policía tenía que haberse desplazado. Porque era la Policía Nacional Preventiva. Tuvieron que haberse desplazado.
El abogado Nery Díaz, para cuando ocurrió esta desaparición, estaba adscrito a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. De hecho, estuvo en ese cargo casi cuatro años. Esta unidad está compuesta por fiscales especiales que investigan denuncias emitidas contra policías. Nery Díaz sabe muy bien cómo son y cómo actúan los malos elementos de la policía hondureña.
— Los familiares también denuncian que hubo negligencias en las investigaciones, como el hecho de cambiar la denuncia de la familia Triminio. La familia reportó tres personas desaparecidas, pero la denuncia que guardó la policía solo daba cuenta de dos personas desaparecidas.
— Habría que ver si hay algún tipo de responsabilidades. De repente han salido muchas conjeturas que en el momento no se dieron.
— ¿Qué había en esa casa, aquella noche, que provocó que la policía se quedara de brazos cruzados? ¿Por qué se movieron hasta tan tarde, desplegando incluso un operativo con helicópteros?
— Esa es una zona de pandillas de la MS y muy fuerte. A cualquiera que entra se la hacen... Tiene que entrar un buen contingente. Si entra usted solo no creo que regrese. La geografía del terreno es quebrado. Laderas, cerros…
— ¿Usted que ha levantado casos contra policías, ¿los cree capaces de alterar una escena, una investigación, de obstaculizar un operativo con dolo?
— No voy a aventurarme a sacar conjeturas. Habrá que ver qué dicen las investigaciones.
— ¿Pero los cree capaces? O, como en otros casos denunciados, como el caso del líder comunitario de La Planeta, Reynaldo Cruz Palma, ¿cree que hay policías capaces de desaparecer personas?
Al fiscal Nery Díaz le sorprende escuchar el nombre de Reynaldo Cruz Palma. La Planeta. Él conoce muy bien ese caso.
— Cómo le digo, hablan las investigaciones. Tendría que verse en las investigaciones. Ahora, en el caso del señor Cruz Palma, no le puedo decir si efectivamente fueron policías o pandilleros vestidos de policías. La denuncia es que posiblemente fueron policías. No hemos logrado detectar quiénes fueron. Pero la investigación está abierta.
— Déjeme insistirle: ¿Usted cree que algunos policías hondureños son capaces de desaparecer gente?
— Sería irresponsable tirar un comentario que no esté amparado en una investigación. Yo le puedo hablar de un caso y decirle: sí, fue la Policía, si está documentado. Como en el 2011, el 25 de mayo, policías mataron a siete personas, siete pandilleros en La Planeta. Yo trabajé esa investigación y en La Planeta acusamos a siete miembros de la corporación policial por esos muertos.
El fiscal Nery Díaz se refiere a los ajusticiamientos que alguna vez denunció Reynaldo Cruz Palma, el esposo de Nubia Carbajal, antes de que supuestos policías encapuchados lo desaparecieran.
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La casa de Gladys Villalta está ubicada en una colonia de clase media alta de San Pedro Sula. Por fuera la casa tiene un jardín bien cuidado y una pequeña terraza para tomar el aire fresco. Por dentro, todas las paredes de la casa, las puertas de los cuartos, la de la cocina, las ventanas, están tapizadas con manuscritos hechos por ella, de su puño y letra, con ruegos a Dios. “Nunca se ha visto a un justo quedar sin respuesta”, dice en uno de los carteles, bajo la fotografía de sus dos hijos desaparecidos.
La última vez que vi a Nubia Carbajal, la esposa de Reynaldo Cruz Palma, ella me encomendó darle seguimiento al caso de su amiga Gladys Villalta. Entre los familiares de los desaparecidos se crean una especie de hermandad. En el 2012, Nubia y Gladys organizaron marchas en San Pedro Sula y Tegucigalpa para exigir justicia en sus casos. Incluso marcharon hasta la Casa Presidencial, pero el entonces presidente Porfirio “Pepe” Lobo no las recibió. Nubia y Gladys buscaron apoyo en el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). Nubia y Gladys se hicieron grandes amigas, pero con el tiempo sus fuerzas se apagaron, sus miedos crecieron, la violencia que denuncian se ha convertido en una sombra que les sopla la espalda.
Hoy día, en las cuatro paredes de la sala de Gladys, en las puertas y ventanas, en los corredores, en las ventanas de la cocina, en las puertas de los cuartos y los baños, ella todavía mantiene los carteles blancos con oraciones a Dios escritas con su puño y letra. Todos ruegan lo mismo: que Dios le regrese con vida a sus hijos. “Pero ya han pasado cuatro años, y yo no quiero pensarlo, pero… Al menos quiero que me digan dónde están”, dice Gladys.
Gladys, a diferencia de 2012, ahora tiene miedo de seguir denunciando. Nubia Carbajal, su amiga, ahora ha tenido que desaparecer a voluntad. En el 2013, a Nubia casi le matan a uno de sus hijos. Sujetos desconocidos le dieron persecución y le dispararon nueve veces. El muchacho se salvó de milagro. Meses más tarde, su yerno fue asesinado por sujetos desconocidos. Ella cree que fueron policías. Los mismos que desde 2011 la estuvieron persiguiendo por denunciarlos, por exigir la ubicación del paradero de su esposo. Nubia ahora reside fuera de Honduras en un lugar desconocido, exiliada, escondida, desaparecida del radar de sus enemigos.
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Si nadie en Honduras tiene datos sobre los desaparecidos, decido regresar de nuevo a la Morgue Judicial de San Pedro Sula. A las morgues de la región más violenta del mundo es adónde, tarde o temprano, las familias llegan a buscar a sus parientes desaparecidos.
En uno de los postes de la parada de buses contigua a la Morgue alguien ha pegado dos fotografías. Son las caras sonrientes de dos jovencitos. Osmany, 15 años. Freddy, 17.
A un restaurante de comida china cercano al centro de la ciudad, la madre de Freddy llega acompañada de otra mujer. La conoció hace más de un mes, en unos montarrascales, mientras buscaba alguna pista sobre el paradero de su hijo. La otra mujer, una simpática madre, muy joven, auxiliar de enfermería, es la madre de Osmany.
La madre de Fredy es otra Nubia. La madre de Osmany es otra Gladys. Son las nuevas integrantes del club de madres de desaparecidos en San Pedro Sula.
¿Fuerzas Armadas paralelas? La policía militar
Por Galel Cárdenas *
Oposición y oficialismo se disputan perpetuidad de Policía Militar
Desde cualquier ángulo que se observe, la constitucionalización de la policía militar es una fuerza armada paralela, con todas las prerrogativas de la carta fundamental del país.
Su dependencia emocional, constitucional, del poder ejecutivo, es para preocupar a unas fuerzas armadas que conquistaron ese espacio al servicio de la élite política nacional, desde que fueron fundadas como tales, y que desempeñaron el rol de “garantes de la Constitución de la República”.
Ahora con la incorporación en el estatuto jurídico de la carta magna de la nueva policía militar ¿quién garantizará la incolumibilidad del fundamento elemental de la nación? ¿Estos o aquellos?
El uso exclusivo de esta prerrogativa que tiene actualmente las fuerzas armadas queda derogada a partir de la intención maleva de JOH, si logra la pretendida constitucionalización de la policía en referencia.
Perder esa exclusividad es como perder la virginidad de un hombre o una mujer. Es que ese privilegio de virginidad al perderse es para siempre, ya nunca más tal naturaleza puede volver a su valor inicial.
A nadie —en ningún momento de la historia de los últimos 50 años— se le había ocurrido despojar a las fuerzas armadas de tal dimensión. Este asalto a tal excepcionalidad solo se le puede ocurrir a un hombre que esté fuera de sus parámetros normales de inteligencia, o que esté tan obsesivamente compulsivo pretendiendo poseer su propio ejército en una república organizada según la democracia que imprimieron los ideólogos del liberalismo de antaño y de hogaño.
No se necesita más allá de un dedo de frente para colegir las pretensiones que JOH está impulsando contra viento y marea, usando su manida frase “haréloquetengaquehacer”, que es ya un síntoma de su enfermizo pensamiento político psiquiátrico, dado que entonces no tendrá ningún límite moral para emprender cualquier acción política que convenga a sus intereses y ambiciones personales.
Pasarse por encima de toda una institución tan sólidamente arraigada en la carta básica que le da origen al país, es realmente algo inaudito, por cuanto, su propio partido compuesto por obedientes y no beligerantes líderes sumisos, asumen que este pensamiento estratégico del JOH es algo correcto y además necesario.
Al pretender sembrar la fuerza personal militar de su conveniencia en la Constitución es desfacer toda una visión organizacional de la república del siglo pasado, diseñada con racionalidad, como un contrapeso en los poderes republicanos.
El problema con la fuerza armada constitucional es que sobrepasaron sus delimitaciones a lo largo de la historia y se dedicaron a aplicar una política de seguridad nacional impartida por la Escuela de Las Américas, antes que reforzar la democracia representativa y promover una nueva democracia participativa.
Su rol en el decurso del devenir fue romper el orden democrático electoral, cuantas veces así lo quisieron las élites fácticas, podemos decir sin temor a equivocarnos que hicieron de esa práctica un festín de corrupciones y represiones.
Pero volviendo al asunto primario, introducir la figura de la policía militar inscrita en la Constitución Nacional en competencia con las fuerzas armas arrebatando su exclusividad constitucional es un desafuero por el lado en que se le quiera mirar.
El mandatario nacionalista, ultra conservador, está fuera de la racionalidad obligatoria, y ya se comporta como el niño caprichoso que ahora es un adulto obsesivo compulsivo; a lo mejor esa naturaleza psicológica ya la trae en su personalidad un tanto distorsionada.
Todas sus acciones han sido funestas para la patria, él está fundando otro país, el país de los despojos, que está siendo conducido hacia un nuevo estadio político, la dictadura ya estructurada, ahora solo falta su policía, su reelección y su tiranía.
Crear una competencia a las fuerzas armadas del país tiene un doble fin que cualquier persona de sentido común puede prever, intuir y deducir. Hay un objetivo subliminal, que se desentraña si volvemos a las frases continuas de JOH en su ambición política desmedida: gobernar 50 años, reelegirse, continuar —al estilo Tiburcio Carías— los períodos presidenciales que se le ocurran, en fin, establecer la dictadura de 50 años soñada por su maniático cerebro, como si el Partido Nacional no hubiese gobernado el país por mayor tiempo que ese.
Una fuerza armada paralela, llamada policía militar constituye un grave conflicto de intereses, que podría poseer consecuencias terribles para la vida pacífica de la nación en el futuro.
El artículo 272 es claro en establecer que las fuerzas armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, profesional, apolítica, obediente y no beligerante. Esos caracteres se compartirán con la policía militar, y que conste, que las fuerzas armadas son un conjunto de unidades como el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval, la fuerzas de seguridad pública, y los organismos supletorios.
Le tocaría a don JOH hacer un conjunto de maniobras de redacción lingüística para quitarle prerrogativas a las fuerzas armadas y compartirlas o quitarles las funciones que él desea cumpla su policía militar. De hecho la policía militar está subordinada en esta constitución vigente y mejor expresado, adscrita al ente castrense por antonomasia.
Por ahora según el artículo 273, solo existe un alto mando, ¿qué sucederá entonces, habrá otro alto mando para la policía militar independiente del que ahora es único? ¿La fuerza de seguridad pública sólo obedece al alto mando, habrá dos altos mandos?
El segundo párrafo del artículo 272, manda a las fuerza armadas a defender la integridad territorial, la soberanía republicana, el mantenimiento de la paz, del orden público, los principios del libre sufragio, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Este párrafo tendría que ser replanteado, indica que toda policía actual o futura será siempre subordinada al alto mando de las fuerzas armadas.
Y de acuerdo con el artículo 274, ¿qué pasará con la Ley Constitutiva que poseen las fuerzas armadas, habrá dos leyes, cómo se regularán las interacciones de la ambigüedad constitucional?
El artículo 277 establece que las fuerzas armadas estarán bajo el mando directo del jefe de las fuerzas armadas, y que por este organismo el presidente ejercerá la función de comandante general.
La constitucionalización de la policía militar tendrá un diferente alto mando, y con el tiempo disputará a la entidad castrense primigenia, funciones y demás otras funciones privativas a las actuales fuerzas armadas.
Con esta pretensión orlandeana habrá dos fuerzas armadas, se debilitará la unidad interna de este ente castrense. Definitivamente habrá conflicto de intereses entre las instituciones que deberán aparecer en la carta magna.
El artículo 278, expresa que el presidente dará órdenes a unas originarias fuerzas armadas, con la pretendida constitucionalización descrita, habrá dos órdenes a dos altos mandos.
En fin, allá los leguleyos que le han preparado a JOH las redacciones pertinentes para satisfacer su capricho.
Después no digan moros y cristianos que no se les advirtió lo que habría de pasar.
Si se constitucionaliza esta policía militar, la dictadura viene y nadie la detiene.
* Galel Cárdenas es escritor hondureño
Militarización, Democracia, Estado de Derecho y Constitución
Caminan 18 kilómetros para protestar contra aumento en peaje de San Pedro Sula
No se puede negar que Honduras está viviendo una grave crisis de violencia que se agrava con una debilidad crónica de las instituciones del sector justicia y de seguridad debido, entre otras cosas, a su involucramiento en actos de corrupción, impunidad y colusión con el crimen.
Y se debe reconocer que existen escenarios en los que los grupos criminales ostentan un poder de fuego y un control territorial que no es posible neutralizar solo con las capacidades policiales, ya de por sí deslegitimadas y vistas con desconfianza por la ciudadanía.
En estos casos muy excepcionales, es posible comprender la intervención de las Fuerzas Armadas, ya sea a través de una policía militar o del ejército, pero de forma acotada y transitoria, bajo el más estricto control civil, judicial y legislativo.
Pero sobre todo, dicha intervención debe ser acompañada de una pronta estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las Fuerzas Armadas por el servicio policial y por el resto del aparato público, incluyendo los servicios judiciales, educativos, de vivienda, de recuperación de espacios públicos, de participación ciudadana y de salud.
En consecuencia, la pretensión de normalizar y constitucionalizar el uso de militares en tareas de seguridad pública socava las bases del Estado democrático de derecho que limita y distingue los roles militares en defensa nacional de los policiales en seguridad ciudadana.
Además, permitir que los militares asuman funciones policiales permanentes los distrae y los debilita de su papel constitucional de defender la soberanía nacional, y los coloca en una situación proclive a violentar los derechos humanos de la población, ya que están acostumbrados a tratar con enemigos de guerra y no con la ciudadanía.
Sin duda alguna, detrás de toda esta discusión existe el grave peligro de la existencia permanente de una policía militar con rango constitucional bajo el control y discreción de un presidente con ínfulas de dictador.
EE.UU. define a los pobres como “terroristas”
Por Jeremy Keenan
Cerca de dos tercios de los incidentes terroristas citados por el Departamento de Estado estadounidense provienen de “conflictos armados”, la mayor parte de los cuales se vinculan a disputas étnicas, insurgencias locales, desposesión de tierras.
La mayor parte de la llamada actividad “terrorista” es un producto derivado de la actual crisis del neoliberalismo y de la marginación de una creciente proporción de la población mundial que éste produce. En 1997, un grupo de estadounidenses neoconservadores (neocons) establecieron un centro de estudios (think-tank) conocido como “Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense” (en inglés, “Project for the New American Century o PNAC”). Su objetivo era la dominación mundial por parte de los Estados Unidos de América. Sus miembros formaron la retaguardia de la administración Bush, que accedió al poder en 2000, con al menos 18 de ellos colocados en posiciones clave en esta administración.
En septiembre del 2000, apenas cuatro meses antes del acceso a la presidencia de Bush, la PNAC publicó un informe llamado “Reconstruyendo las Defensas de EE.UU.: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo” (en inglés, “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a new Century”). Consagrado a asuntos tales como el mantenimiento de la preeminencia estadounidense, como la frustración de potencias rivales y como la formación de un sistema global de seguridad de acuerdo con los intereses estadounidenses. La sección V del informe, llamada “Creando la Fuerza Dominante del Mañana” incluye una frase torpemente escrita: “Además, el proceso de transformación, incluso si aporta un cambio revolucionario, parece que será largo, salvo que ocurra algún evento catastrófico y catalizador –como un nuevo Pearl Harbor–”.
Existen numerosas teorías acerca del 11-S. Lo que resulta claro es que cumplió ampliamente la mencionada función de “nuevo Pearl Harbor”, presentando a los neocons –quienes efectivamente controlaban el Pentágono y gran parte del resto de posiciones más altas en la Administración de Estados Unidos– la oportunidad que deseaban. La puesta en marcha de la Guerra Global contra el Terrorismo (En inglés Global War on Terror o GWOT) era el medio ideológico necesario para asegurar la militarización de regiones como África, requerida por los intereses imperiales estadounidenses. En efecto, Deepark Lal, asesor económico del Banco Mundial y un economista íntimamente relacionado con los think-tanks conservadores, dijeron que la Guerra Global contra el Terrorismo podría ser percibida como “simplemente una extensión de la defensa del mercado capitalista”.
Durante las primeras dos semanas de su mandato, el Presidente Bush estableció el Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional (En inglés National Energy Policy Development Group), presidido por Dick Cheney. Su informe publicado en Mayo de 2001, cuatro meses antes del 11-S, resaltaba que el petróleo africano pronto cubriría del 25% de las necesidades energéticas estadounidenses. La importancia del petróleo africano para los Estados Unidos en aquel momento era tal, que el Senador Ed Royce, Presidente del Subcomité de África en el Congreso, pidió que el petróleo africano fuera “considerado como prioritario para la seguridad nacional post 11-S de los Estados Unidos” y el presidente Bush definió el petróleo africano como un “interés nacional estratégico”, y por tanto, un recurso que los Estados Unidos podían optar por controlar mediante la fuerza militar.
Gracias a la producción estadounidense de petróleo de esquisto bituminoso, la dependencia de provisiones energéticas extranjeras es algo del pasado, pero es ya muy tarde para salvar a África de su destino.
En lugar de reconocer que la intervención militar estadounidense en África tenía que ver con el control de recursos, la administración Bush usó el pretexto de la reciente puesta en marcha de la Guerra Global contra el Terrorismo para justificar su militarización de África. Sin embargo, con la falta de incidencia del terrorismo en África –en el sentido del término dado tras el 11-S–, esta actuación era difícil de sostener. Por ello la solución fue fabricar este terrorismo.
En 2002, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld creó un “Grupo de Operaciones proactivo y preventivo” (Proactive, Preemptive Operations Group, P2OG), una organización encubierta para llevar a cabo misiones secretas para “estimular reacciones” en los grupos terroristas, incluyendo el incentivo para llevar a cabo actividades terroristas.
La primera operación de este Grupo, a principios de 2003 supuso el secuestro de 32 turistas europeos en el Sahara argelino, por parte del “Hombre de Bin Laden en el Sahara”, tal y como lo apodó George Bush. El hombre era en realidad un oficial del servicio de inteligencia argelino, que en aquel momento trabajaba para Estados Unidos en el marco de la Guerra Global contra el Terrorismo. Esta operación de “bandera falsa” fue empleada para justificar el lanzamiento de un nuevo frente africano (del Sahara-Sahel) en la Guerra Global contra el Terrorismo.
Al mismo tiempo, el Pentágono elaboró una serie de mapas de África, caracterizando toda la región del Sahara-Sahel como un “espacio incontrolado”, un “Corredor Terrorista” y un “Área Terrorista”. Antes de esta operación P2OG, no había terrorismo en el Sahel. Pese a estar sumida en la pobreza, se trataba de una de las regiones más seguras de África.
Hoy en día, después de 10 años de falsa política antiterrorista en África, la profecía del Pentágono se ha cumplido. El Sahel se ha convertido en una zona de guerra. Alrededor de 4.000 Fuerzas Especiales francesas están “combatiendo el terrorismo” en Mali, Niger y Chad. En total, Francia tiene actualmente 10.000 tropas en África. Aproximadamente 8.000 tropas de mantenimiento de paz de la ONU se encuentran en Mali. Cerca de 1.000 “instructores” europeos y estadounidenses están proporcionando respaldo a los servicios de inteligencia y “entrenamiento”. Alrededor de 10.000 tropas nacionales se encuentran en alerta. Varios miles de personas han sido asesinadas.
Incluso con anterioridad al cambio de milenio, los límites del neoliberalismo habían sido puestos de manifiesto. “Globalización”, palabra de moda de los noventa, no se caracterizó por una expansión del capitalismo mundial sino por su implosión. La mayor parte de segmentos de la humanidad, el “Cuarto mundo” de Manuel Castells, ha sido excluida de los mercados mundiales, tanto como productores como consumidores. En “La globalización y el Mundo post-colonial” (“Globalization and the Poscolonial World”), Ankie Hoogvelt sugiere que al menos la mitad de la población mundial ha sido excluida del sistema global.
El milenio actual es un milenio de políticas de exclusión y contención. Mark Duffield, por ejemplo, teorizó que la “nueva agenda de asistencia” invierte los anteriores objetivos desarrollistas de “incorporación” de áreas periféricas en el sistema mundial y por el contrario hoy sirve como una política de dirección y contención de territorios políticamente inseguros situados en los límites de la economía global. En el ámbito militar, Africom, el nuevo Comando de combate estadounidense para África, acogió con entusiasmo el lenguaje del nuevo discurso del “desarrollo de la seguridad” (Security-development) propio de la Comisión por África de Tony Blair, que nos lleva a hablar de “militarización del desarrollo”.
Durante el período colonial y finales del precolonial, los remanentes de modos de producción precapitalistas procuraron cierta seguridad a aquellas secciones de la población excluidas del sistema capitalista. Sin embargo, dado que las industrias extractivas y la agroindustria se expandieron e hicieron mella en las reservas tradicionales, a través de lo que podemos considerar una “acumulación primitiva”, la supervivencia de los excluidos se ha tornado todavía más precaria.
La gente, sin embargo, ni se rinde ni muere. Tienen esa cualidad humana fundamental de resistencia. Se organizan, generalmente de forma democrática, para luchar por sus derechos humanos, sus derechos indígenas, derechos de propiedad y su derecho a una buena gobernanza. Sus gobiernos, agentes del sistema neoliberal, regímenes autoritarios represivos preocupados por su propia supervivencia, sirven para contenerlos. En esta tarea de convención, les asiste la Guerra Global contra el Terrorismo, que sirve para deslegitimar las organizaciones civiles, con el consecuente desgaste del empoderamiento de la sociedad civil y sus demandas de “gobernanza democrática”.
Una de las características de la Guerra Global contra el Terrorismo ha sido que numerosos de estos gobiernos se han vuelto aún más represivos, sabiendo que tienen tras ellos a los estadounidenses y a “Occidente”.
Los gobiernos, como los del Sahel, Argelia y demás, han buscado “rentas terroristas” a través de la generosidad militar y financiera por parte de Estados Unidos. Mauritania, Mali, Níger y Chad, entre otros, son acusados de haber provocado a las minorías étnicas y a la sociedad civil para que tomen las armas, de haberlos “criminalizado” y de designarlos no ya como “rebeldes”, término que reviste cierta dignidad, sino como “terroristas” o, en palabras del Departamento de Estado estadounidense, como “terroristas putativos”.
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