Un paso atrás para los derechos de las mujeres

Rebelión

Por Julia Evelyn Martínez *

La XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe convocada por la CEPAL con el tema “Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y tecnologías de la información y las comunicaciones”, recién ha finalizado en República Dominicana con resultados que marcan un franco retroceso en el reconocimiento y defensa de la igualad de las mujeres latinoamericanas. Estos resultados contrastan con los avances alcanzados apenas tres años antes en la XI Conferencia realizada en Brasilia, capital de Brasil.

En efecto, la Conferencia de Brasilia concluyó con la suscripción de una histórica declaración que incluyó en el capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos un compromiso de los gobiernos de la región sobre la necesidad de:

“Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”. La inclusión de este acuerdo generó un intenso de debate y presiones de muchos grupos presentes en la conferencia, pero finalmente fue aprobado.

Cuatro años después, y a pocos días de que el gobierno de Ecuador se negará a incluir la despenalización de los abortos en casos de violación sexual en las reformas al Código Penal, las delegaciones gubernamentales participantes en la XII Conferencia Regional de la Mujer aprobaron una declaración final en la cual se omite cualquier referencia o cualquier compromiso sobre la necesidad de revisión de la legislación que penaliza la interrupción de embarazos, incluyendo los casos en embarazos que pongan en peligro la vida de las mujeres y los embarazos en casos de violación. El texto aprobado fue el siguiente: “Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursen embarazos no deseados y no aceptados”. 

Las razones que provocaron este retroceso en el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres de la región son muchas y variadas. 

En primer lugar, los gobiernos cedieron nuevamente a la tradicional oposición de la iglesia católica y de los grupos conservadores, que intensificaron su lobby antes y durante la conferencia para impedir que en Santo Domingo se repitiera el avance logrado cuatro años antes en Brasilia. Estos grupos usaron todos los medios a su alcance para incidir en las delegaciones oficiales, para que se abstuvieran de reconocer la necesidad de cualquier tipo de revisión a las leyes punitivas que se aplican en contra de las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo no planificado o no deseado. 

En segundo lugar, se debe reconocer que las estrategias de género de algunos gobiernos de la región (como el gobierno de El Salvador y el de Nicaragua), fundamentadas en programas de ayuda social a las mujeres madres, representan un obstáculo para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto debido a que estos programas sociales para las mujeres madres si bien les producen a estos gobiernos altos niveles de aceptación en las encuestas de opinión pública, les impiden al mismo tiempo comprometerse con acciones estratégicas como la despenalización del aborto, en la medida que estos compromisos pueden empañar sus altos niveles de popularidad, a causa de las críticas que inevitablemente surgirán en las filas de sus opositores y/o de sus aliados políticos. 

Asimismo, debe mencionarse la responsabilidad que en este retroceso han tenido los movimientos de mujeres de Mesoamérica, Sur América y el Caribe, que no pudieron articular un frente común y efectivo de lucha para defender los mínimos, pero simbólicos avances, logrados en el Consenso de Brasilia en materia de autonomía personal de las mujeres. Muchos de estos movimientos se han abstenido durante y después de la XII Conferencia, de criticar públicamente la postura de los gobiernos que suscribieron la declaración final, para no romper con las alianzas políticas con los partidos políticos en los gobierno “progresistas” y/o para no provocar en sus países la repetición del “efecto Correa”.

Se ha dado pues un verdadero paso atrás para la igualdad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, que no podrá ser compensado con las campañas, proyectos o acciones gubernamentales que seguramente se financiarán en los próximos años para aumentar el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías ayudarán muy poco a las miles de mujeres pobres que continuarán muriendo en los próximos años por abortos practicados en condiciones inseguras y/o que continuarán siendo encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado. La igualdad real y el empoderamiento de las mujeres, pasa por el reconocimiento y tutela del derecho a elegir libremente la maternidad, y mientras esto no sea asumido por los gobiernos y Estados de la región, las promesas y discursos sobre igualdad y sobre derechos, seguirán siendo solo palabras que se lleva el viento.

* Julia Evelyn Martínez es economista feminista salvadoreña, profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.

Libia y el “social imperialismo”: Dos años después

Punto y Seguido

Por Nazanín Armanian

Lenin llamó social-imperialistas a los socialdemócratas alemanes que en su rechazo hacia el zar de Rusia defendieron la guerra del 1914; Mao adulteró el término en sí peyorativo para referirse a la Unión Soviética y así justiciar su alianza con EEUU, el imperialismo “decadente”. Hoy, aquel término puede transmitir la hipocresía de las “intervenciones/guerras humanitarias” y la imposible unión entre dos ideas contrarias.

Dos años después del ataque indiscriminado de la OTAN contra el Estado libio que acabó con la vida de miles de personas —¡para liberarlos de Gadafi!—,destruyó buena parte del país y acabó con Libia como Estado, se van conociendo las falsedades vertidas por los enemigos extranjeros del país (Ver Complot contra Libia). Obama y Cameron, en su propaganda de guerra, acusaron a Gadafi de cometer “genocidio” (aniquilación sistemática de un grupo étnico, racial o religioso” sucedido en Ruanda, Congo o Darfur) contra su pueblo, término escogido cuidadosamente que permitía a la OTAN intervenir en Libia aplicando la doctrina de los huevos de oro de la Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU —¡que no se ha aplicado a la población de Gaza o de Bahréin. Poco importó que el propio Robert Gates, secretario de Defensa de EEUU, confesara que no habían podido confirmar tal hecho. Luego, exageraron con “la muerte de decenas de miles de civiles”, a la vez que Amnistía Internacional desmentía a personajes como el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno-Ocampo la “violación de mujeres libias” por los soldados que encima llevaban viagra en sus bolsillos.

Así, la OTAN se lanzó a salvar el pueblo libio, mientras sus barcos dejaban morir en alta mar a los que huían de la guerra, denunció The Gardian.

El colmo de la hipocresía fue acoger al ex jefe de la inteligencia de Gadafi y a Abdul Jalil, ministro de justicia del régimen, que en vez de ser enviados a la Corte Penal Internacional por ser integrantes de la dictadura, se les ofreció colaborar con aquella alianza militar. ¡Que la bandera negra de Al Qaeda fuera izada en el Palacio de Justicia de Bengasi tras asesinar a Gadafi y que Jalili fuera designado por los occidentales a liderar la transición libia hacia la “democracia” fueron la guinda del desparpajo sin rubor!

EEUU, sus socios europeos e Israel, en la aplicación de la política del “control de daños” ya habían canalizado las rebeliones espontáneas en Egipto y Túnez, las habían contenido en Irak, Yemen, Arabia Saudí y Bahréin, y ahora en Libia se quitaban la hoja de parra, exhibiendo su poderío.

Derrocar a un aliado

Libia, el país del milenario pueblo Libu, habitado por un centenar de tribus árabes y bereberes, de religión musulmana sunita, experimentó un giro radical en su política a partir del fin de la Guerra Fría. Muamar Gadafi, un dictador y un férreo anti comunista, empezó a coquetear con Occidente: en 2002 pagó unos 2.940 millones de euros a las víctimas de Lockerbie (a la vez que negaba su implicación en el atentado) y aceptó “la legalidad internacional, pese a que esté falseada e impuesta por EEUU”. El nombre de su país estaba incrustado en la lista del Eje del mal y en el ataque devastador angloamericano a Irak en 2003, hacía pedagogía del terror. Aceptó desarmarse —por las presiones de Israel, país con armas nucleares, biológicas y químicas—, para pasar a ser comprador de armas a los mismos países que años después bombardearían su indefenso país. [Pasa lo mismo con Siria. Ningún dictador es mínimamente inteligente, sino no sería dictador]. Entre 2005 y 2009 Europa le vendió 834,54 millones de euros en armas (España, 2.000 millones). Colaboró con la “guerra contra el terror” de la CIA llenando sus cárceles con personas sin ningún derecho a defenderse. Los bancos occidentales, que le recibían con la alfombra roja e implantaban su haima en los palacios, estaban haciendo su agosto con los depósitos de Libia. Para colmo, el líder de la república “socialista” libia financió al candidato de la extrema derecha francesa, Nicolás Sarkozy.

Cierto. Estamos ante un personaje complejo que, por desgracia para los analistas maniqueos, abundan en el Sur. Dictadores autoritarios o totalitarios y nacionalistas —que se encuentran fuera de la órbita de EEUU—, pero comparten la cama con otros imperialistas: Reino Unido, Alemania o Francia.

Aun así, EEUU decidió matarlo (recordad el “Vini vidi vinci” de Hillary Clinton) porque:

1.- Occidente tenía más miedo a un Gadafi capaz de usar el “poder blando” que al Gadafi “loco”.

2.- Aplastar la futura Primavera Libia, antes de que se complicara la situación, como sucedió en Egipto. En Libia, EEUU no tenía ninguna influencia sobre el ejército y no podía recurrir a un golpe de estado.

3.- Gadafi no se convirtió en un títere. Además, su carácter imprevisible generaba inseguridad para sus planes militares y económicos en África. Dijo Marco Rubio, el senador republicano estadounidense que su “ interés nacional pide la eliminación de Gadafi del poder”. Había bloqueado las oportunidades de EEUU en Libia. Bechtel (gigante en ingeniería) y Caterpillar (fabricante de equipos de construcción) habían sido excluidas en favor de las compañías rusas, chinas y alemanas. Ya en septiembre de 2011, el embajador de EEUU, Gene Cretz, anunciaba que un centenar de empresas de su país planeaban hacer negocios en Libia post Gadafi. También, el secretario de Defensa británico Philip Hammond, nada más asesinar al líder africano, invitó a los empresarios a ir a reconstruir lo que la OTAN destruyó: eso se llama “capitalismo buitre” o “destrucción creativa”. La compañía General Electric sueña con ganar hasta 10.000 millones de dólares invirtiendo en el devastado país.

4.- Proclamaba una África con una identidad política integrada, no dividida entre una “África blanca, civilizada mediterránea” y otra “negra bárbara”. Defendió su autosuficiencia, desligada de las instituciones financieras occidentales.

5.- Contener el incremento del poder e influencia del propio Gadafi en el continente, que impedía la libre circulación del capital occidental por la región. Libia, bajo su liderazgo, tenía unos 150.000 millones dólares invertidos en África.

6.- Fue visto por Washington como el principal obstáculo para el dominio militar de EEUU en África. 45 países se habían negado a ser sede de Africom. Ahora, Libia es una candidata para albergar el comando militar de EEUU. Además, la OTAN puede hacerse con el levante mediterráneo: sólo queda eliminar al sirio Bashar Al Asad para “atlantizar” la cuenca de este mar.

7.- Se convirtió en el principal aliado de los BRICS, sobre todo de China. Los contratos de unas 70 empresas chinas cuyo valor ascendía a 18.000 millones dólares fueron congelados tras la guerra.

Rusia también perdió unos 4.000 millones de dólares en contratos de armas (ver Libia: un negocio de guerra redondo)

El especial papel de Israel

Lo primero que la futura Nueva Libia recibía de los israelíes fue las smart-bomba lanzadas desde la aviación de la OTAN en 2011. Mientras Mossad y otros servicio aliados iban detrás de un Gadafi anti-israelí, los rebeldes negociaban el intercambio de embajadores con los hebreos.

Tel Aviv, tras acabar con Irak como Estado rival —a través del “papá EEUU”— y mientras seguía debilitando a Irán, canalizando la rebelión popular contra Mubarak en Egipto, incitó y participó activamente en acabar con la poderosa Libia y su líder. En 2007, Goldman Sachs, una de las instituciones financieras del lobby judío, se quedó con la totalidad de los 1.500 millones de dólares invertidos por Gadafi, quien no pensaba perdonárselo.

El papel del lobby pro israelí en la ONU y en los medios de comunicación (entre ellos Al Jazira) fue determinante para demonizar al jefe del Estado libio ante la opinión pública.

Israel, en su avance por África, la divide por el color de la piel de sus gentes, las creencias religiosas y grupos etnolingüísticos, apoyando la “África negra” contra la “árabe-musulmana” (ver El bombardeo de Sudan por Israel).

El chovinismo del régimen israelí, dirigido por los europeos ashkenazíes, alcanzó en la década de los 90 a los mizrahíes, judíos “impuros” del norte de África y Medio Oriente: sometió a cientos de mujeres judías etíopes solicitantes de emigración a una esterilización oculta y forzosa antes de admitirlas.

Hoy, y tras perder a su firme aliado Husni Mubarak, Netanyahu intentará convertir a la “nueva” libia en un apoyo estratégico.

¿Qué pasó con el petróleo libio?

Dueña de la primera reserva de hidrocarburo de África y además de alta calidad, Libia exportó 379.5 millones de barriles de petróleo en 2012.

A pesar de EEUU y la UE, la Libia de hoy manda más petróleo a China que en la era de Gadafi: si en 2010 el 30% de su Oro Negro iba Italia, el 16% a Francia y el 11% a China, un año después China ocupaba el lugar de los franceses, comprando hasta 100.000 barriles al día. El trato de favor lo recibe Eni, la compañía de la vieja metrópoli. Las compañías Shell y BP no han ganado el concurso de licitación para explotar el petróleo: curiosa paradoja.

La producción del crudo ha caído de 1,4 millones de barriles al día en 2010 a unos 500.000 a causa de la marcha de los técnicos de las compañías extranjeras, del sabotaje en los oleoductos por los grupos opositores y la venta de fuel en el mercado negro por las mafias armadas. Ni los 18.000 vigilantes contratados por el gobierno han conseguido que el aceite fluya con seguridad: muchos de ellos son contrarios a los dignatarios de Trípoli. Situación que, si por un lado ha induciendo al coma a una economía dependiente de la venta de hidrocarburo, por otro obliga a los clientes como Turquía a recurrir a la energía nuclear. Ankara está construyendo una planta en Akköy, ubicado en una región sísmica.

A la deriva

Destruir Libia es otro de los logros de Barak Obama. Este hijo traicionero de África, que apoya a los dictadores del continente, ha balcanizado a Sudan, ha desestabilizado Somalia y ha desviado las “primaveras árabes” respaldando a los militares o al sector más reaccionario de los islamistas.

La ola de violencia contra la población negra del país, el personal diplomático y los organismos internacionales no cesa: empezó con la matanza de miles de ciudadanos negros y/o defensores de Gadafi y continuó con el asesinato del embajador de EEUU, el ataque al cónsul italiano, el atentado contra las embajadas de Francia, de Rusia y las edificios de la ONU, y está terminando en una guerra civil y la desintegración del país. Aún puede ir a peor.

Organizaciones declaran emergencia de derechos humanos a 30 días de las elecciones en Honduras

Defensores en Línea

La creación del espacio llamada la Mesa de Análisis sobre la Situación de Derechos Humanos antes, durante y después de las elecciones generales para monitorear las diferentes violaciones que se están generando fue anunciado el viernes 25 de octubre por cinco organizaciones que la conforman y que estarán realizando diferentes acciones de denuncia como una estrategia preventiva para proteger a las víctimas de la barbarie que desde el estado de Honduras se echó a andar en los últimos meses previos a las elecciones generales del 24 de noviembre próximo.

Esta mesa está integrada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS; el COFADEH, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.

“Estamos en la capacidad de decirle a la comunidad nacional e internacional que Honduras ha entrado en un estado de emergencia nacional en materia de derechos humanos, eso lo hemos estado analizando diferentes organizaciones que integramos la mesa, basadas en las denuncias que se han venido  dando a nivel nacional y las campañas de desprestigio y de odio que se han generado en el actual momento” dijo Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH quien se dirigió a periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en una conferencia de prensa en la capital.

Otro de los problemas señalados es la militarización que ha generado varias intimidaciones que colindan con el delito y el crimen, por lo que las organizaciones antes indicadas consideran que Honduras está viviendo en emergencia de derechos humanos.

“Estamos a 30 días de las elecciones generales y están indicando el contexto grave de militarización seguido de violación a los diferentes actores sociales. Según el monitoreo, las mayores víctimas hasta estos momentos han sido los miembros del Partido LibRe, no queremos decir con esto que no hay otros miembros de los diferentes partidos que les han violentado sus derechos,  agregó Oliva.

Informó que la mesa va a asacar los resultados de las denuncias que tenemos y que vamos a dar a conocer con el propósito que la comunidad nacional e internacional esté al día de lo que está pasando y nunca lo vamos a hacer con el objetivo de sembrar el terror porque estamos consientes que todo esto se está generando para que la población hondureña sienta terror, entre en el proceso de desmovilización para que en estos 30 días lo medite de ir a ejercer el sufragio.

Argumentó que la mesa de análisis se conformó para que la población tenga conciencia y sepa en el momento que se está moviendo para que actúe con conciencia pero con decisión, es necesario que sepan que la mesa estará con esta tarea y además que se están preparando delegaciones internacionales que no solo vienen a observar el proceso electoral sino que acompañarán el monitoreo de la situación de los derechos humanos.

La mesa de análisis creada estará convocando con frecuencia para dar a conocer los casos de violaciones a los derechos humanos, pero la situación hasta estos momentos es alarmante y por eso decimos que hay emergencia en derechos humanos, señalaron.

Entre los casos presentados está el relacionado con el SITRAPANI ha venido siendo víctima de amenazas e intento de muertes. “Casualmente cuando se emitió un requerimiento fiscal contra las autoridades que han cometido Abuso de Autoridad contra los miembros de este sindicato y  el día que se presentó ese requerimiento la casa del vicepresidente de esta organización fue allanada por la Policía Militar que lo sometieron a él junto a su familia a los más crueles vejámenes, indica que están actuando muy coordinadamente para que los sindicalistas se queden en calma, expresó la Coordinadora del COFADEH.

Relacionó asimismo el caso de Edwin Robelo Espinal, “que le venimos dando seguimiento desde el 2009 cuando fue asesinada su esposa Wendy Ávila y las medidas cautelares que él ha tenido por lo que ha sido sometido, pero ya se está configurando un patrón  donde colocan a las maras como quienes son los que hacen daño a las personas que están siendo perseguidos, pero se está claro que hay una acción directa de los operadores de justicia utilizando a la policía militar”.

Estamos preocupadísimas porque estamos en la obligación no solo de denunciar sino acompañar a las víctimas y hacer hasta lo imposible para que se frene esta cacería humanos y esta barbarie que ya está instituida, por eso esta mesa que va a tener vida activa las 24 horas del día destacó.

Pero también los periodistas han sido afectados, no podemos estar indiferentes ante esta situación, pues en el marco de la puesta en marcha de la Policía Militar también han sido visitados en sus hogares bajo el pretexto que su vehículo ha servido para transportar armas o que las tienen en sus casas. El objetivo es que en el futuro se pueda decir que aquí hay un plan de desestabilización y que hay terroristas, denunció.

Gilda Rivera, del CDM dijo que lo que están haciendo es evadir la responsabilidad en los delitos de las múltiples violaciones a los derechos humanos y entre estas algunas de las víctimas son miembras de organizaciones sociales que han estado activas contras las políticas de persecución y represión desde el golpe de Estado o sea personas ligadas a la oposición política.

Gladys Lanza del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla agregó que estamos en una emergencia que se ha agudizando desde el golpe de Estado, se ha venido acumulando una serie de violaciones a derechos humanos que el Estado como tal se muestra indiferente.

Hemos visto como se ha ido conformando un patrón por parte de los cuerpos represivos del Estado para ir justificando una serie de actos que van desde allanamientos, acusaciones falsa y crear expedientes que no tienen ningún fundamento, alertó.

Por su parte Carlos H. Reyes del STIBYS dijo que de lo que se trata es que la oligarquía no quiere hacer entrega del poder después de un golpe de Estado, no estamos hablando como del Partido LIBRE sino que estamos hablando que se quiere preservar el estatus quo implementando un modelo neoliberal que es criminal.

Esta acción de emergencia que estamos tomando es para que los hondureños tomemos conciencia que los que dieron el golpe, quieren seguir en el golpe y están violentando los derechos humanos para meternos temor, añadió.

“Estaba viendo en medios de comunicación que están haciendo entrevistas a personas para que digan por quién van a votar y ellas tienen miedo de hablar cuántos compañeros nos han asesinado diciendo que tenía un amante o que andaba en otras cosas, pero lo que se quiere es que se continúe el estado de cosas para poder seguir gozando de los recursos naturales”, expresó Reyes.

María Elena Méndez, del CEM-H manifestó que  esa estrategia que obedece a un poder económico que se quiere conservar con alianzas ultra conservadoras internacionales, pero la historia de este país está cambiando con toda la fuerza social que ha surgido hay un golpe para el bipartidismo.

“Es una base social de un pueblo que está indignado porque realmente porque todo el proceso de lo que ha significado el golpe de Estado con la criminalización de la protesta social como es el caso de Bertha Cáceres y Magdalena Morales y más de 600 más que están siendo criminalizadas por la lucha que están haciendo de sus territorios”, reflexionó.

Asimismo describió que hay un pueblo con una conciencia política que independientemente gane o no LibRe es un pueblo que se ha lanzado a un cambio y está desmontando toda esta campaña mediática de mentiras que se están dando.

En un comunicado de prensa entregado a los periodistas de los medios de comunicación señalan que hay una situación extremadamente peligrosa que impacta directamente sobre los derechos humanos.

Describieron diferentes casos de asesinatos, amenazas a muerte, hostigamiento, falsas acusaciones y la instrumentalización del Sistema de Justicia hondureño junto a la recién creada Policía Militar para desbaratar la disidencia política en el país.

Este es el texto completo del comunicado:

Proceso electoral: Un peligroso contexto para los derechos humanos

Las organizaciones que integramos la Mesa de Análisis Político de la Situación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Proceso Electoral, denunciamos que la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país,  impacta directamente en los derechos humanos, de acuerdo a los siguientes hechos:

En la última semana, prevaliéndose de la emergencia nacional generada por la inseguridad y violencia, el Partido Nacional a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos.

Además de usar esta dinámica de fuerza para generar voluntad electoral a 30 días de la competencia general, Hernández usa el Ministerio Público y los tribunales para fortalecer  su campaña.

Hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación, LibRe, el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista y presidente del Legislativo, a la vez.

Asesinatos políticos

El Camarógrafo Manuel Murillo Varela, quien gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue encontrado muerto de tres impactos de bala en el rostro, este 23 de octubre  en la Colonia Independencia, de la ciudad de Comayagüela. El se desempeñó en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. Cuando laboró para Globo TV , el 02 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado, y en los últimos años trabajo directamente con Rasel Tomé, aspirante a diputado  por parte del partido político Libertad y Refundación (LibRe).

A comienzos del mes de octubre, el 03, hombres fuertemente armados asesinaron en su labranza a Terencio Paz, Subcoordinador de LibRe en el Norte del Municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira; una semana antes encapuchados lo habían buscado afanosamente en la zona.

Allanamientos

El 23 de octubre de este año fue allanada  la casa de Edwin Robelo Espinal, miembro activo de la resistencia contra el golpe de Estado y simpatizante de LibRe, en la colonia Flor del Campo, de Tegucigalpa, se utilizó como actor principal a la Policía Militar recién creada y ésta, a su vez, utilizó al Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y Ejército.

Según el acta del allanamiento que autoriza como juez ejecutor a un sargento del Ejército, el Estado buscaba un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en la residencia de Espinal, al estilo de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe en Colombia, país con el que el régimen suscribió uno de sus primeros convenios en 2010 para interceptar a la resistencia anti golpista.

Con su rostro encapuchado, el sargento raso que ejecutó el atraco y todo el personal bajo su mando, actuaron por orden del Juez Claudio Aguilar, pieza clave del golpismo para usar el sicariato judicial contra la resistencia hondureña.

Otro allanamiento con las mismas características se produjo el 07 de mayo anterior en la vivienda de María Concepción Ortega Lanza. Unos 50 militares encapuchados, con perros amaestrados asaltaron su casa encañonando a toda su familia directamente en su rostro y generando el terror en todos los alrededores del sector de la colonia Kennedy donde habita la afectada quien es activista de LibRe y hermana de Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Estos militares son parte de la Operación Libertad,  que fue aprobada su existencia en Concejo de Ministros, el 02 de abril de este año.

El 11 de octubre pasado, a las 5:00 am, la Policía Militar también entró a la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, sin orden de allanamiento y saltando las paredes, diciendo que buscaba armas.

Después, el 12 de octubre, el sindicalista Pedro Elvir, también del SITRAPANI, fue objeto de persecución en el anillo periférico hasta interceptarlo con un vehículo, cuyos ocupantes lo amenazaron.

Amenazados a muerte y supuestos asaltos

En lo que va del año 20 personas entre activistas y miembros del Partido LibRe ha sido amenazado a muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara.

También se han documentado unos seis casos de supuestos asaltos contra personas vinculadas al activismo de este mismo partido político, en especial en Comayagua y Danlí.

Coinciden estas acciones de terror con una campaña hostil que incita el odio contra la membrecía de LibRe a través de los periódicos, la televisión, la radio, redes sociales y grafitis, que el Tribunal Supremo Electoral no ha detenido.  Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas en la década de los ochenta, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular,  que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y aplicaron a sus víctimas la Ley Fuga y les sacaron sus uñas en largas sesiones de tortura.

Paralelamente a este accionar, los “magistrados” del TSE afirman que la de 2013 es “una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en 1982 en Honduras”.

Hemos abierto un expediente para juntar y relacionar las acciones violentas e ilegales cometidas por las tropas militares electorales creadas para influir la campaña del candidato Juan Orlando Hernández y suplantar las instituciones de derecho.

Por este medio, advertimos a las misiones de observación electoral y de acompañamiento de derechos humanos que también el golpismo pretende cerrar las fronteras para impedir el ingreso de nuevas misiones y vigilar de cerca las que ya se encuentran dentro del territorio nacional.

El uso de fiscales y jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de octubre de 20137

Golpe, Matanzas y Elecciones en Honduras (I)

Diario 16

Por Francesca Emanuele

En Honduras, el 24 de noviembre se realizarán las primeras elecciones desde los comicios ilegítimos celebrados tras el golpe de Estado de hace cuatro años. Si las elecciones se desarrollan limpiamente, una mujer ganaría la presidencia por vez primera, y con ello se habría acabado la letanía de más de 100 años de bipartidismo en el gobierno.

Xiomara Castro –señalada por todos los sondeos como la próxima mandataria– es esposa de Manuel Zelaya, quien fuera presidente de Honduras desde 2006 hasta el 28 de junio de 2009, cuando fue secuestrado en su domicilio por militares encapuchados, obligado a subir a un avión y enviado a punta de pistola a Costa Rica.

Aquel golpe de Estado fue el perfecto coto que las élites burguesas y políticas, las fuerzas armadas y los Estados Unidos idearon para atajar las medidas –contrarias a sus intereses– que estaba aplicando Manuel Zelaya. Aparentemente, el desencadenante del golpe de Estado fue una consulta en la que se preguntaría a los ciudadanos su conformidad o no con agregar una cuarta urna en las elecciones de 2009, para decidir sobre una Asamblea Nacional Constituyente.

Se apunta a aquella consulta popular como el detonante de la asonada cívico-militar, pero ya Zelaya había estado “regando pólvora” desde mucho antes. Así, conforme iba pasando el tiempo de legislatura, el presidente hondureño del partido Liberal, en lugar de afianzar las políticas neoliberales y conservadoras de gobiernos precedentes (como uno que yo conozco que empieza con H), iba girando cada vez más hacia la izquierda.

Se opuso al proyecto de ley del Congreso que buscaba prohibir la píldora del día siguiente. Firmó acuerdos para impedir la explotación minera a cielo abierto. Se apoyaron medios de comunicación locales –además de crearse medios estatales– para diversificar la oferta informativa manejada por un oligopolio. Se incrementó en un 62% el sueldo mínimo, a pesar de que los grandes empresarios se opusieron tajantemente. Zelaya se negó a comprar, en muchas ocasiones, los excedentes de liquidez que los bancos hondureños venden tradicionalmente al gobierno. Así, obligó a los bancos a reducir el interés de los préstamos al por mayor del 18% al 12%, beneficiando especialmente a los pequeños y medianos empresarios.

Promovió diversos mecanismos para reducir el precio de los combustibles, si bien las transnacionales siempre obstaculizaron sus proyectos. Finalmente, modificó la fórmula que determina el precio de combustibles, contrayendo las ganancias de las transnacionales para reducir el precio final del consumidor. Honduras se incorporó en 2008 a PETROCARIBE, de titularidad venezolana, por lo que compraría petróleo con importantes facilidades de pago. Aquel mismo año se unió al ALBA, organización de colaboración entre países de Sudamérica y el Caribe, impulsada inicialmente por Venezuela y Cuba. Paralelamente, el gobierno mandó a hacer un estudio para realizar exploraciones petrolíferas en el caribe hondureño (lugar donde históricamente se conoce la existencia de significativas reservas de crudo). Tras el informe, que sería entregado en agosto de 2009 (el golpe se ejecutó dos meses antes de su presentación), se iniciaría una licitación que posiblemente iría a manos de empresas petroleras brasileñas o venezolanas, y no a empresas estadounidenses –hecho particularmente cáustico debido al contexto de crisis de precios de los combustibles–. Posteriormente, el propio presidente Zelaya manifestó que la cercanía a la fecha de publicación del informe habría sido una de las causas del golpe.

Y es que parece que las “hermanitas de la caridad” –es decir, EEUU– no veían con buenos ojos todos estos “paseos fuera del redil” que iba dando Zelaya. Una decisión que también les molestó mucho, según revelaron unos cables de Wikileaks, fue la intención de cambiar a uso comercial una de las bases militares estadounidenses afincadas en Honduras, la base de Palmerola.

Fue precisamente a esta base aérea norteamericana hacia donde los militares trasladaron al expresidente Zelaya, justo después de sacarlo de su casa en pijama el 28 de junio de 2009. Desde Palmerola, Zelaya fue expatriado a Costa Rica. Un golpe más se había consumado en nuestra región. Parece que, una vez más, las “hermanitas de la caridad” echaron una mano.

Yo soy LibRe y quiero una Honduras LibRe

Vos el Soberano

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Ejecutan a camarógrafo beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Rebelión

El camarógrafo Manuel Murillo Varela de 32 años de edad fue encontrado ayer ejecutado de tres impactos de balas en su rostro, en la Colonia Independencia de la ciudad de Comayagüela en la capital de Honduras.

Murillo era beneficiario de medidas acautelares otorgadas el 25 de febrero del 2010 por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH, concedió las medidas cautelares al camarógrafo al conocer que el joven junto a un colega fueron víctimas de secuestro y tortura el 2 de febrero de 2010, por policías vestidos de civil, quienes los llevaron a una cárcel clandestina.

Según las denuncias que el camarógrafo interpuso ante el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en dicha ocasión los policías le exigieron que les entregara los vídeos que habían filmado de las protestas del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), caso contrario, su familia sería asesinada sin contemplaciones.

En las declaraciones que el camarógrafo diera al COFADEH y a la CVR, su vida y la de sus dos hijas corrían peligro ya que el sabia que ”esa gente lo quería muerto”.

Sus tomas en la madrugada el 28 de junio de 2009 en las afueras de la casa del entonces presidente Manuel Zelaya fueron transmitidas por las agencias y los periodistas y camarógrafos en todo el mundo. Ilustraban como un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército hondureño había rodeado la casa, disparando unos cien tiros a la puerta atrás de la propiedad en donde entraron y secuestraron al presidente Zelaya.

Esas secuencias, enfrentando la muerte, fue solo el inicio de más de cuatro años de permanentemente persecución por parte de los escuadrones de la muerte que en Honduras han terminado con la vida de más de 30 periodistas y camarógrafos en los últimos tres años.

El Camarógrafo se desempeño en el año 2008 como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales, también laboró para Globo TV en el año 2010 y en los últimos años trabajo directamente con uno de los aspirantes a diputados por parte del partido político Libertad y Refundación (LibRe). 

Líderes sociales, académicos y legisladores emiten el “llamamiento de la paz” a los pueblos y los gobiernos del continente

Rebelión

En el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de Alternativas, cuyo primer episodio tuvo lugar en China, en el 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia, los días 22 al 24 de octubre de 2013, líderes sociales, académicos y legisladores, reunidos en seminario alrededor de la temática “Por qué y cómo apoyar a las agriculturas campesinas en Latinoamérica actual” consideran pertinente llamar la atención de gobiernos y pueblos.

El mencionado llamamiento indica que “América Latina, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye, entre otras, dos dimensiones fundamentales: el dramático deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria”.

Expresan: “estamos en una encrucijada de orden civilizatorio ante la que sólo se abren en dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena y de la agricultura que practican sus hombres y mujeres”.

Se trata, dicen “de una disyuntiva que supone definiciones globales y estratégicas que ni los pueblos ni los gobiernos latinoamericanos pueden soslayar”.

Finalizan precisando que “el orden clasista, colonial y patriarcal debe ser dejado atrás, frente a ello la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos: escuchemos sus voces“.

A continuación el texto completo del “Llamamiento de La Paz”.

Llamamiento de la Paz 

A los Pueblos de América Latina 

A los Gobiernos Latinoamericanos 

Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condiciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan (…) un factor natural de socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual la cooperación se mantiene; las labores pesadas se hacen en común.

Mariátegui, Ideología y política

En el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de Alternativas (FMA) respecto del destino de las agriculturas y las poblaciones del campo en Asia, América Latina y África, debate cuyo primer episodio tuvo lugar en Beijing, China, en octubre de 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia,los días 22 al 24 de octubre de 2013, los participantes: representantes de organizaciones sociales y productivas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores, formulamos el siguiente llamamiento a los pueblos y gobiernos de nuestro Continente.

América Latina, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye entre otras dos dimensiones fundamentales: el dramático deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria. Estamos en una encrucijada deorden civilizatorio ante la que sólo se abren en dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras de los campesinos, de los indígenas originarios y de losafrodescendientes sólo comparable con la que se dio durante la Colonia, para operar en los nuevos latifundios minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes presas que destruyen cuencas y una agricultura extractiva, rentista y especulativa, vía que profundiza la crisis; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena y de la agricultura que practican sus hombres y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y otras figuras ancestrales, como la familiar y la cooperativa, detiene el deterioro ambiental y la crisis alimentaria a través de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuososde la naturaleza.

La disyuntiva es civilizatoria y supone definiciones globales y estratégicas. Al respecto nuestra opción es clara: entre el agro-negocio y la agri-cultura nos adherimos al paradigma que inspira a las comunidades indígenas originarias, afrodescendientes y campesinas; alternativa con la que coinciden muchas voces, entre ellas la del relator de la ONU para la agricultura y la alimentación y todas aquellas instancias internacionales que han reconocido las virtudes productivas y socioambientales de la pequeña y mediana agricultura.

La vía que proponemos es estratégica, pero su adopción demanda también acciones inmediatas: leyes, políticas, programas e iniciativas específicas que avancen por la ruta de la soberanía alimentaria, la defensa de la naturaleza y la restauración de la convivencia social. Esto pasa por el respeto a la diversidad sociocultural de los pueblos y el reconocimiento de sus derechos territoriales y autonómicos de base comunitaria, pero también por la profundización e intensificación de los procesos democráticos nacionales.

El problema del hambre, que agravia a más de 800 millones de personas, nos concierne a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen, razón por la cual demanda estrategias integrales de planeación rural y urbana. Pero ante todo es necesario que las comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para recuperarla no podemos apostar por un agronegocio al que sólo mueven las ganancias que reportan la agroexportación y el monocultivo; un modelo tecnológicamente predador, socialmente injusto y ambientalmente insostenible que con su abuso de los agrotóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores; una economía especulativa que lucra con el hambre. Sin ser excluyente, pues cuando se trata de los alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción; una agricultura que pese al abandono, desgaste y agresiones a los que ha sido sometida, sigue alimentando a gran parte del mundo con productos no solo sanos sino también identitarios, es decir representativos de la diversidad sociocultural.

Pero la pequeña y mediana agricultura no podrá potenciarse y alimentar a una población mundial creciente si se les siguen quitando tierras y aguas a los campesinos, las comunidades indígenas originarias y los afrodescendientes. Despojo que se intensificó en las últimas décadas y que en los años recientes devino carrera vertiginosa por repartirse el mundo barriendo con quienes lo habitan y lo mantienen vivo. Es necesario, es urgente, detener yrevertir este procesorestituyendolas tierras y territorios que les fueron arrebatadosa los indígenas, campesinos y afrodescendientes, incluyendo especialmente en este acto de justicia a las mujeres, cuyos derechos generales y agrarios han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral y aun imperante. Y este rediseño de la tenencia de la tierra habrá que lograrlo no mediante bancos de tierras o entrega condicionada y a cuentagotas de parcelas familiares, sino a través de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de antiguo por un sistema privatizador y anti campesino.

La restitución es indispensable desde la perspectiva del hambre, pues no se puede esperar un aporte decisivo de los campesinos a la soberanía alimentaria si estos no tienen tierras suficientes. Pero la restitución debe hacerse también y sobre todo porque es un derecho de los pueblos, un derecho histórico sustentado en la ocupación ancestral y reafirmado por el trabajo.

Defender ypotenciar la buena agricultura que practican las mujeres y los hombres del campo pasa por cambiar los patrones actuales de tenencia de la tierra y por reconocer los sistemas políticos de los pueblos indígenas originarios. Pero no puede quedarse en esto pues está visto que en un entorno económico desfavorable y sin recursos para cultivarlas y vivir dignamente de ellas, los campesinos abandonan o enajenan sus parcelas. Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer al agronegocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre otros bienes y servicios Políticas y accionesque no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan.

La crisis ambiental que nos sacude es una catástrofe antropogénica, o más bien mecadogénica,que a todos incumbe. Sin embargo lo que se haga en el ámbito rural por contenerla es decisivo pues es ahí donde se escenifica la más dramática destrucción de los ecosistemas y las culturas rurales y donde la batalla por su preservación y restauración es más intensa. Y en esta batalla los campesinos, indígenas originarios y afrodescendientes son protagonistas mayores pues, para ellos la madre tierra no es un simple medio de producción ni menos una mercancía,sino parte sustantiva de un binomio inseparable, de un todo armónico constituido por sociedad y naturaleza.

Los campesinos no sólo nos alimentan, al mismo tiempo preservan la vida del planeta. Pero también en este ámbito tienen derecho al apoyo: por una parte la comprensión, respaldo y corresponsabilidad de la población urbana, y por otra el reconocimiento y retribución de sus aportes por parte del Estado. La madre naturaleza no tiene precio pero los esfuerzos para devolverle la salud que le hemos quitado suponen costos que la sociedad debe reconocer y sufragar.

Sin la participación de todos en las decisiones, es decir sin democracia, los caminos se cierran. Y el mundo rural la necesita con urgencia. Pero también en esto los indígenas, campesinos y afrodescendientes nos enseñan que no hay una sola manera que practicar la democracia sino muchas. Y ellos priorizan la democracia participativa y consensual, una democracia desde abajo, una democracia comunitaria que es la única que legitima a los gobiernos locales, provinciales y nacionales.

La gran crisis no sólo es ambiental y alimentaria, también es civilizatoria por cuanto pone en cuestión los grandes paradigmas de la modernidad: el desarrollo y el progreso entendidos como crecimiento económico a toda costa.Y también ahí el mundo indígena y campesino nos da lecciones. Por una parte el concepto del buen vivir propio de los pueblos mesoamericanos, andino amazónicos, chaqueños, de la sabana, del Orinoco entre otros muchos originarios; pero también el concepto de bienestar como aspiración ancestral de todos los campesinos del mundo. Paradigmas, estrategias de pensamiento y sistemas de valores que en tiempos de crisis e incertidumbre son sin duda inspiradores.

Colombia es emblemática tanto de la crisis como de las vías que se van creando para superarla. Por ello los participantes en el seminariomanifestamos a la comunidad internacional nuestro apoyo al proceso de paz, en la perspectiva en que contribuya a la transformación de la estructura agraria de un país al que caracteriza la más extrema concentración de la tierra. De igual manera hacemos votos porque el fin del conflicto armado signifique el pleno reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sido sus principales víctimas

Estamos ante una encrucijada de orden civilizatorio que ni los pueblos ni los gobiernos latinoamericanos pueden soslayar. El orden clasista, colonial y patriarcal que además de destruir a la naturaleza explota a los trabajadores, somete a los colonizados, oprime a las mujeres y excluye a los jóvenes robándoles el futuro, debe ser dejado atrás. Los participantes en el debate sobre alternativas globales celebrado en La Paz, Bolivia, pensamos que la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos. Escuchemos sus voces.

Ayudar a consolidar procesos democráticos: Reto de las ciencias sociales en América Latina

IPC

Por Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Producir conocimiento, pero sobre todo generar propuestas para incidir en las políticas de los Gobiernos, es el principal reto que tienen hoy las ciencias sociales en América Latina para contribuir a la consolidación de procesos democráticos; en una coyuntura donde la complejidad de los debates hace que todos los temas acaben siendo estratégicos. 

De esa manera lo dio a entender el doctor en Educación, Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Humanas (CLACSO), quien estuvo de visita en Medellín (Colombia) para avanzar en la preparación de la XXV Asamblea Ordinaria de CLACSO y de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, ambas a realizarse en la capital antioqueña en el año 2015.

En entrevista con la agencia de prensa del IPC, Pablo Gentili, habló sobre los retos que le plantean a las ciencias sociales en América Latina, asuntos como los gobiernos de izquierda y de centro izquierda, o procesos de ajuste del modelo neoliberal.

De igual forma, abordó el impacto de los sistemas de evaluación educativa, los cuales conciben la educación bajo un modelo mercantil medido en aras de la productividad. Así mismo, se refirió al desafío que enfrenta la academia en aras de dialogar con las transformaciones sociales y los procesos de movilización. 

Doctor Pablo Gentili, ¿cuáles son los principales retos de las ciencias sociales en América Latina?

Son muchos los retos de las ciencias sociales en América Latina, porque las ciencias sociales pretenden interpretar, entender, analizar, la realidad contemporánea, entender los procesos históricos y pensar alternativas de futuro, en cualquier región o país del mundo.

En ese sentido, América Latina abre hoy una enorme cantidad de desafíos: es la región donde mayor número de gobiernos de izquierda y de centro izquierda están en el poder; es una región donde se contrastan dos modelos muy claros: un modelo de socialización de la riqueza, de acceso y promoción de derechos sociales, de consolidación de procesos de participación democrática, por un lado, y, por otro lado, un proceso de ajuste neoliberal que se ha aplicado sistemáticamente en estos países como es el caso de Colombia, por ejemplo, o de Chile. Entonces estos dos modelos están hoy siendo confrontados y un gran desafío de las ciencias sociales es cómo interpretar estos modelos y cómo promover a partir de la investigación nuevos conocimientos, que permitan consolidar los procesos democráticos en nuestros países.

¿Qué papel juegan la academia y las redes de pensamiento crítico, en general, y cómo pueden ayudar a enfrentar estos retos?

Yo creo que el gran desafío hoy del sistema universitario en América Latina, es continuar el proceso de producción de conocimientos, con conocimientos rigurosos, analíticamente serios, científicos, fundamentados pero, principalmente, anclados y vinculados con los procesos de transformación democrática que viven nuestros países. O sea, hoy el sistema universitario tiene que poder permitir, al mismo tiempo de generar nuevos conocimientos, construir puentes entre esos conocimientos y los que tienen que tomar decisiones. Hay un enorme déficit de diagnósticos, de análisis y de propuestas innovadoras en el campo de las políticas públicas de los gobiernos de izquierda y de centro izquierda. Un desafío de la Universidad es acercar ideas, acercar propuestas, no subordinarse y someterse a las necesidades del poder, pero sí informar, comunicar, transmitir y socializar los resultados de las investigaciones. Sino la Universidad corre el riesgo de vivir encapsulada en un momento en que América Latina necesita mucho de ella: necesita que la Universidad salga a la calle, dialogue, se relacione, aprenda de las experiencias de transformación social y de los procesos de movilización social y, al mismo tiempo, contribuya con ellos y los fortalezca.

A propósito del impacto de las políticas públicas, el 23 de octubre usted participó en una conferencia en la Universidad de Antioquia, donde habló sobre las implicaciones de las políticas en la educación ¿Qué se puede concluir al respecto?

El tema eran los sistemas de evaluación, de la calidad que están imponiendo hoy en América Latina, no sólo en la Universidad sino en todos los niveles del sistema escolar. Lo que trataba de hacer era una crítica a estos sistemas basados en la construcción de rankings o de indicadores de productividad que son sacados fundamentalmente, primero, de un modelo empresarial de institución educativa, se piensa la educación como si fuera una actividad productiva igual a cualquier otra; la educación se piensa como la producción de un producto que es el sujeto educado y es en función de esto que se le evalúa. Esta es una concepción mercantil, es una concepción mercadológica de la educación que tiene un efecto excluyente y discriminador muy fuerte.

Estos sistemas de evaluación de la calidad, están basados en ciertos indicadores que no sólo imitan al sistema empresarial sino que también se calcan de las ciencias duras: de la matemática, la física, la química, las ciencias biomédicas o las ciencias naturales. Y esos sistemas, que en general son muy limitados para percibir por ejemplo los avances en materia de investigación en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades; son profundamente reduccionistas. Ese reduccionismo y esa limitación se expresan en una permanente desvalorización del papel que cumplen las ciencias sociales en nuestras sociedades. Entonces criticar estos sistemas de evaluación creo que es un gran desafío también.

Ver conferencia completa en el portal del Instituto de Estudios Regionales -INER- de la Universidad de Antioquia: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/EstudiosRegionales

https://new.livestream.com/accounts/3332206/events/2492280

¿En qué campo se ubican los principales temas críticos o de análisis en América Latina? Por ejemplo minería – desarrollo – territorio

Hoy es tal la complejidad que vive América Latina que todos los temas acaban siendo temas centrales y estratégicos. El tema del extractivismo, por ejemplo, es un tema central; el tema de desarrollo, o sea que modelo de desarrollo queremos hoy para América Latina, porque evidentemente los países latinoamericanos están creciendo, algunos a tasas de crecimiento muy significativas, pero no queda muy claro en qué medida ese crecimiento y ese desarrollo benefician a la gran mayoría de la población, que debería ser en los gobiernos democráticos la gran preocupación: no solo crecer y acumular más riqueza sino que todos se beneficien de ese proceso de crecimiento y acumulación de riqueza.

Entonces, modelo de desarrollo es un tema central. También es un tema central la reforma del Estado. O sea, tenemos que pensar que nuestros Estados sean más eficientes para la promoción de los derechos sociales y de los derechos humanos. En general la eficiencia estatal se ha vinculado a la difusión del mercado y a la promoción de mecanismos de privatización que reducen el tamaño del Estado. Nosotros necesitamos un Estado que no necesariamente tenga un poder de injerencia total en todas las actividades y necesidades de la sociedad, pero sí que responda fundamentalmente para proteger los derechos sociales y humanos de las grandes mayorías, y para promover condiciones de justicia social e igualdad.

La reforma del Estado es central, la reforma educativa es central, también la reforma del sistema de salud. O sea, sería muy difícil decir cuál de estos temas es el más importante. Sí creo que hoy, sin lugar a dudas, las ciencias sociales son un escenario muy diverso de producción de conocimientos y de saberes, y es en este sentido que podemos tener capacidad de ir encarando todos estos temas con mucha decisión y también con mucha creatividad.

Para finalizar, doctor Pablo Gentili, ¿qué se viene para CLACSO en América Latina y particularmente en Colombia?

Por lo pronto, un enorme desafío que tenemos, es organizar en noviembre de 2015 la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, aquí en Medellín. Este es un gran desafío que tenemos, lo vamos a hacer, hay la preparación de toda una serie de eventos anteriores que se harán durante el año que viene -2014-. En abril, durante el Foro Mundial de Hábitat aquí en Medellín, estaremos realizando actividades. En noviembre del año que viene, también en Medellín, el Comité Directivo se reunirá y desarrollará muchísimas actividades académicas.

En fin, hay agenda de trabajo que habitualmente tenemos, en un contexto de gran complejidad en términos de financiamiento, porque tenemos pocos recursos o mucho menos de lo que necesitaríamos, pero el nivel de actividades y de producción de CLACSO ha ido creciendo sistemáticamente, aumentan los grupos de trabajo, las becas, las redes. Esto es muy bueno y al mismo tiempo nos estimula y nos llena de energía para seguir trabajando y especialmente llegar a esta meta que tenemos, que es en noviembre de 2015, aquí en Colombia y Medellín. 

Los números favorecen a LibRe

Vos el Soberano 

Los procesos electorales son las instancias naturales para el debate sobre las propuestas de cómo resolver los problemas principales de Honduras. Esto reviste mayor importancia cuando la situación actual del país es caótica producto del pésimo gobierno del partido Nacional presidido por el presidente Porfirio Lobo y el presidente del Congreso Nacional y candidato a la presidencia Juan Orlando Hernández. 

Los niveles de deterioro económico reflejados en al aumento desproporcionado del costo de la canasta básica, el alto nivel de desempleo y subempleo que afecta a cerca de 50 por ciento de la población económicamente activa, el creciente déficit fiscal cercano al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el alto nivel de la deuda pública que llegará a 80,000 millones de lempiras a finales de 2013, el bajo crecimiento del PIB (menos del 3 por ciento este año) son algunas de las manifestaciones de la tragedia económica que abate al pueblo hondureño bajo la conducción del gobierno Lobo-Hernández.

A esto habría que agregar la fuerte concentración del ingreso en Honduras que durante el presente gobierno ha crecido; el profundo deterioro institucional de país con el despido de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, constituyendo esto una flagrante intervención de un poder del Estado en otro; la intervención de la fiscalía; las concesiones amañadas de bienes del pueblo hondureño; la corrupción generalizada del gobierno; el alto índice de violencia que llega a 86 asesinatos por cada 100,000 habitantes, índice que no alcanzan los países en guerra en el medio oriente; el aumento de la pobreza; y otros más indicadores que llenaría páginas enteras de la tragedia nacional. 

Esta es la tragedia que los funcionarios públicos actuales y los defensores de oficio quieren ocultarle al pueblo hondureño; por eso no discuten los problemas actuales, sino que buscan en sus mentes conservadoras y defensoras del status quo argumentos relacionados lejos de la realidad y se inventan situaciones que los números desmienten categóricamente como lo demostramos en el presente documento.

Crecimiento económico

En muchas décadas ningún gobierno de la República había propiciado un crecimiento económico más acelerado que el período del presidente Zelaya Rosales. El promedio de crecimiento entre 2006 y 2008 es cerca del 6 por ciento lo cual ayudó también a reducir pobreza y desempleo. El 2009 la actividad económica de desploma por las condiciones del mercado internacional y porque el Partido Nacional decide, junto con el sector más conservador del partido Liberal, apoyar el golpe de Estado del presidente Zelaya Rosales. 

Pero qué ha pasado en el gobierno Lobo-Hernández: la tasa de crecimiento económico promedio es de apenas 3 por ciento, con un descenso de la tasa de inversión de 16.4%. Como consecuencia, se observa un incremento acelerado de la tasa de pobreza y el desempleo. Las condiciones materiales de vida de la mayoría del pueblo hondureño se han deteriorado de tal manera que en las encuestas de percepción recientes, los encuestados reportan en una mayoría aplastante (superior al 70%), estar enfrentando una situación económica peor que en el pasado reciente. Aunado a lo anterior, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo es de aproximadamente un 50%, según estimaciones de las Centrales Obreras del país. 

Esto es producto de que el gobierno Hernández-Lobo ha hecho muy poco para estimular sectores económicos de alto potencial como son: el agrícola, construcción y las MIPYMES; lo cual ha incidido en mayores niveles de desempleo. En adición, el crecimiento económico se ha visto afectado por las tasas de interés para financiamiento a la producción y el consumo que se han mantenido a la alza; asimismo desde mediados de 2011 el Lempira ha experimentado una devaluación creciente que llegará en total a finales de este año a más del 10%. Esto ha encarecido los costos de producción, el costo de vida de la población y en suma, ha deteriorado la calidad de vida de los hondureños y hondureñas.

La desastrosa política fiscal del gobierno nacionalista de Lobo-Hernández

Transcurridos tres años y medio de la presente administración Lobo-Hernández, el gobierno ha aplicado ocho paquetes fiscales, ajustes tarifarios a los servicios públicos y el transporte, al igual que rompimiento de techos a las cotizaciones a la seguridad social; que significan mayores cargas impositivas, menor poder adquisitivo para la población y mayores incrementos a los costos de producción.

El deterioro acelerado en materia fiscal muestra como se ha pasado en los últimos tres años de un déficit del gobierno central de 4.6% en 2011 a 6% en 2012, con una proyección de no menos de 8% para el 2013. Este “fiestón” fiscal del gobierno actual ha traído como consecuencia que la deuda interna aumente de 23,000 millones de lempiras en el 2009 a cerca de 80,000 millones cuando finalice este año, es decir un 347%. Deuda que está acaparando enorme recursos que se podría destinar a salud, educación, seguridad e infraestructura.

En adición, la deuda externa también ha crecido a un ritmo acelerado. Es un hecho reconocido por los mismos funcionarios de gobierno que a la próxima administración le tocará heredar un saldo de la Deuda Pública total que superará los 8,000 millones de dólares. Para agravar estas condiciones, sólo por servicio de la deuda ya contratada, el próximo gobierno tendrá que erogar más de 100,000 millones de lempiras en el período 2014-2016.

Pero también ha habido un creciente deterioro en la calidad del gasto público, a pesar de las mayores asignaciones en Gasto Corriente y Gasto Social. Este deterioro se refleja en bajos rendimientos de algunos indicadores educativos monitoreados en los informes recientes del Plan de Nación reportados por la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN, 2012), crisis agudizadas por el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, constantes denuncias de no-pago de obligaciones contraídas presupuestariamente con empleados públicos, proveedores y contratistas del Estado. Aunado a lo anterior, han decrecido los subsidios focalizados y no focalizados a los servicios de energía y precios de los combustibles; al igual que se han deteriorado programas sociales de primera importancia como ser: la merienda escolar, matrícula gratis y bono a la Calidad Educativa. Esto situación descrita contrasta con las altas asignaciones que absorben los servicios y programas clasificados bajo Gasto Social.

Sin embargo, durante la administración del presidente Zelaya Rosales, la política fiscal siguió parámetros prudentes basada en bajos déficit fiscales y en dinamizar la economía real con medidas monetarias, crediticias y fiscales que estimularan el crecimiento, al igual que generaran mayores recaudaciones para el erario público y permitieran atender el rezago social de una población con altos niveles de pobreza y pobreza extrema. De tal manera que en los años 2006-2008 se registraron los menores déficits fiscales (2.4% en 2008) y las recaudaciones de tributos crecieron hasta en un 20% anual sin necesidad de nuevas o mayores cargas tributarias. 

Al producirse la ruptura institucional con el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, las finanzas públicas según los datos registrados en las cifras de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a junio del referido año indicaban que: el déficit fiscal del gobierno central era de -1.9% lo que demuestra que de no haber sido por el golpe de Estado con el apoyo de los nacionalistas el año se hubiese terminado con un déficit bajo. 

En concepto de deuda total, el presidente Zelaya Rosales recibió el país un con una deuda total equivalente a 4,734 millones de dólares (4,368 millones en deuda externa y 366 millones en interna). A junio de 2009, fecha del golpe, el saldo de la deuda total era 3,105 millones de dólares (2,380 deuda externa y 725 millones deuda interna), reducción alcanzada por el logro de condonación de deuda del BID en 2007. En pocas palabras, el gobierno nacionalista en sus cuatro años habría endeudado al país en cerca de 5,000 millones de dólares más de 100,000 millones de lempiras.

Contraste de la política monetaria, cambiaria y crediticia: Gobierno del Presidente Zelaya-Rosales y de la administración Lobo-Hernández

Durante la administración del presidente Zelaya Rosales se fortaleció la soberanía financiera y por primera vez en la historia, como se ha visto, los índices de crecimiento económico respondieron las expectativas y demandas del pueblo hondureño.

La política monetaria que apoyó este crecimiento en el Gobierno del Presidente Zelaya Rosales fue caracterizada por una reducción en las tasas de interés bancarias, lo que produjo efectos positivos en todas las actividades productivas, especialmente, en sector de la industria de la construcción y la agricultura, generando más de 300,000 empleos, Asimismo, se mantuvo estable la tasa de cambio, es decir, No se devaluó nuestra moneda nacional.

Por otra parte, se puso a disposición liquidez suficiente para estimular la inversión productiva por intermedio de la creación de un FIDEICOMISO por valor diez mil millones creado por el Banco Central de Honduras (BCH) y administrado por Banco Hondureño para la producción y la vivienda (BANHPROVI). Asimismo, se establecieron encajes bancarios diferenciados a efecto de estimular la inversión, la producción nacional y el empleo, se lograron acuerdos de cooperación de Gobiernos amigos en el contexto comercial y financiero, con la finalidad de fortalecer la posición financiera internacional y la balanza de pagos de nuestro país.

La tasa de política monetaria (TPM) se redujo a 3.5% con el propósito que el resto de tasas prevalecientes en el mercado financiero también se redujesen y evitar la expansión de las actividades especulativas que generan grandes ganancias al sistema bancario.

Es importante destacar que el gobierno de LOBO-Hernández, presionado por el descalabro fiscal que ha producido, ha respondido mecánicamente a elevar la tasa de interés (actualmente la tasa de los bonos oscila alrededor del 15%).Este mecanismo de trasmisión de la política monetaria ha inducido parcialmente a entradas de capital que han obligado al BCH a comprar más dólares contrarrestando el efecto inicial de regulación de los niveles de liquidez y del gasto gubernamental. Pero el mayor daño se ha dado con el incremento en la tasa de interés de política monetaria, la que ha desalentado la inversión, producción y empleo. 

En el contexto de la política cambiaria, el gobierno del Partido Nacional implementó un mecanismo de deslizamiento gradual del tipo de cambio del lempira con respecto al dólar, esta devaluación ha sido nociva para las actividades productivas y ha castigado a la población al reducir su poder de compra y en general ha producido mayor incertidumbre a todos los diversos agentes económicos de nuestro país.

Por su parte, se debe recordar la razón por las cuales el gobierno del presidente Zelaya Rosales decidió no continuar con el programa “Stand by” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de preservar la estabilidad cambiaria de nuestra moneda el Lempira; al efecto, estudios realizados por la Unidad Técnica de la Presidencia (UNAT), estimó que el impacto de una depreciación de la moneda aunada a altos precios del petróleo, ubicarían la inflación en un 15%, y elevarían en cuatro puntos adicionales el porcentaje de hogares pobres. 

Otras contrastes importantes

Un recuento sucinto en logros de la administración Zelaya Rosales y contrastes con la administración Hernández-Lobo lo ilustran el Informe de Gobierno 2008 de la UNAT y SEPLAN en su último informe de seguimiento del Plan de Gobierno 2010-2014, en el cual se destaca lo siguiente: Indice de Competitividad se pasó de la posición 96 en el 2005 al 82 ( una mejoría de 14 lugares) en el 2008 a 111 hoy ( un retroceso de 21 lugares). Se obtuvieron los fondos de donación de la Cuenta del Milenio (MCA); aquí es importante destacar que el World Economic Forum ubicó a Honduras en el 2013 en la posición 148 (de un total de 148 países evaluados) en el costo del crimen para los negocios, el más alto del mundo; asimismo en la posición 146 en crimen organizado y en la 142 en la confianza en la policía, entre otros.

En materia de Mantenimiento Red Vial nacional: pasó de un 45% de kms de carretera con mantenimiento en el 2009 a sólo un 22.4% de kms para el 2012; Rehabilitación de la Red Vial secundaria: pasó de una cobertura de 3,281 kms rehabilitados en el 2009 a 2,732 kms en el 2012.

En materia de indicadores sociales, se destaca: Ingreso Temprano de los niños al pre-escolar: la Tasa de Cobertura neta pasó de 44.5% en el 2009 a 42.1% en el 2012.; Cobertura Neta en Ciclo Básico: bajó de 89.5% en el 2009 a 87.5% en el 2012; la Tasa de Letalidad del Dengue: pasó de 3.7% en el 2009 a 9.3% en el 2012; Programa Matrícula Gratis: 1.8 millones de niños y niñas beneficiados con este programa en 2009; PLS ha suspendido este programa.

Sobre las inexactitudes recurrentes del oficialismo, vale la pena refrescarles sus ejecutorias en materia de proceso de priorización y utilización de los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). En diciembre 2003, El Consejo Consultivo de la ERP y el Gabinete Social aprueban el Primer Informe de Avance y Actualización de la ERP, donde se amplia la definición de Gasto ERP, para incluir adicionalmente los siguientes rubros: Salarios de maestros ( 3.5 veces el PIB percápita), salarios de Salud (5 veces el PIB percápita), creación de plazas de policías, programas y proyectos de Municipalidades, paquete básico de salud, protección de bosques y áreas protegidas. El 11 de febrero del 2004, los directores del FMI y BM validan la definición ampliada de Gasto de la ERP, con la aprobación del Informe de Avance de la ERP presentada por Honduras. 2004 Reforma a la Ley del Fondo para la ERP (creando un fondo Virtual) (Decreto 76-2004). En el 2005 Directorio del FMI y BM aprueban el Segundo informe anual de la ERP que incluye el uso de un fondo virtual similar al usado en otros países HIPC. En el 2006 el Congreso Nacional aprueba los Programas y Proyectos de Inversión Municipal por un monto hasta de 700 millones de lempiras con fondos de la ERP. Todos los Programas y Proyectos financiados con alivio de la deuda, arriba señalados fueron incorporados en los Presupuestos Anuales y aprobados por el Congreso Nacional.

Sin embargo, los avances logrados se han revertido en esta administración nacionalista. Aparte de los magros logros alcanzado por el gobierno Lobo-Hernández, hay enormes disparidades en la distribución del ingreso, lo cual coloca a Honduras como uno de los países más inequitativos de Latinoamérica. Para ilustrar lo anterior, el Coeficiente Gini (que mide la desigual distribución del ingreso) pasó de 0.53 en el 2009 a 0.58 en el 2012; en consecuencia, la situación de pobreza que afecta a 7 de cada 10 hondureños y hondureñas, se ve agravada por la alta inequidad en la distribución del ingreso. 

También hay que tomar en cuenta las leyes y concesiones emitidas que comprometen el patrimonio nacional por ejemplo: Las Ciudades Modelo, concesiones de invaluables recursos hídricos, la Ley de Reconversión de deuda, COALIANZA y sus fideicomisos (privatizaciones amañadas) de las empresas públicas, entre otras.

En conclusión “La situación presente, evidencia tal como nos ilustran las estadísticas gubernamentales y los organismos internacionales un deterioro acelerado en todos estos indicadores económicos y sociales; en adición, el Estado representado por sus tres poderes, ha acrecentado su fragilidad institucional con problemas heredados por el golpe de Estado del 2009 y la creciente inseguridad que nos tiene clasificados como uno de los países más violentos del mundo”.

Conclusiones de un período para repetir

El período 2006-junio de 2009, y bajo el liderazgo del presidente Zelaya Rosales, el país alcanzó los siguientes resultados positivos:

El crecimiento económico fue el más alto registrado en la historia contemporánea de Honduras, alrededor del 6%.

Se mantuvo una disciplina fiscal con bajos niveles de déficit y con baja acumulación de deuda

Se mantuvo la estabilidad económica sin necesidad de aplicar paquetazos fiscales al pueblo hondureño.

Redujo los intereses bancarios al 10% promedio para estimular la inversión productiva y generar más de 400,000 puestos de trabajo.

Se aumentó el salario mínimo de Lps 3,500 a Lps 5,500 sin producir inflación (Se mantuvo el porcentaje inflación en un digito).

Se preservaron las reservas monetarias internacionales y la autonomía financiera sin devaluar el lempira (0% de devaluación durante todo el período de gobierno).

Se aumentó el circulante para el crecimiento interno mediante la creación de un fideicomiso de diez mil millones de lempiras dirigidos a los sectores productivos, principalmente a la construcción y a la pequeña y mediana empresa.

Fue posible reducir la pobreza en diez puntos porcentuales. 

Está claro que los números no mienten y que la opción de cambio, paz, equidad social, crecimiento económico y de una democracia participativa en donde el pueblo decida es LibRe, con Xiomara Castro como la próxima presidenta de Honduras.