miércoles, 29 de agosto de 2012
Detencion arbitraria de 27 campesinos por parte de la policía
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia el brutal desalojo de una protesta campesina y la violenta detención, el 21ago12, de 25 hombres y 2 mujeres que fueron apresados y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves (entre ellas la desaparición forzada), si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. La indefensión en que se encuentran es tal que se solicitó la exhibición personal ó Hábeas Córpus por tratarse de una detención ilegal.
Los campesinos del Bajo Aguán se manifestaban en Tegucigalpa frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se juzgue con imparcialidad el caso que afecta a campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y los terratenientes Miguel Facussé y René Morales.
Estos terratenientes obtuvieron en apelación la revocación de un fallo que en 1ª instancia fue favorable a los campesinos y que anulaba las escrituras de supuesta propiedad de Miguel Facussé y de René Morales por comprobarse que eran falsificadas.
Entre los detenidos se encuentran el Presidente de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), un abogado representante de los campesinos (Antonio Trejo) y dos dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
La integridad física de los detenidos está en peligro y éstos, según informa COFADEH, permanecen incomunicados desde las 22 del 21 agosto en la Policía Metropolitana Número Uno, en otra acción que violenta toda norma legal pues momentos antes se había firmado un acta de conciliación en el Distrito Policial Número Cinco, ese mismo martes.
La brutal represión de los manifestantes fue ejecutada por la policía antimotines de la Policía Nacional, a cuyo frente se encuentra desde el 21 de mayo Juan Carlos Bonilla Valladares "El Tigre"; el pasado de "El Tigre" en relación con la dirección de escuadrones de la muerte está obstaculizando parcialmente, y de momento, la ayuda para asistencia militar y seguridad que Estados Unidos concede a Honduras...
El pasado 18 de julio, Organizaciones Campesinas del Aguán habían denunciado en conferencia de prensa que los terratenientes Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo a través del tráfico de influencias, el poder económico y en actuaciones reñidas con la ley, la justicia y el derecho han obtenido órdenes de desalojo ilegales contra las cooperativas San Esteban, San Isidro, Despertar y la Trinidad, quienes son los propietarios conforme a derecho de las tierras que habitan, tal y como ratificó la justicia tras casi 20 años de procedimiento judicial.
El Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA, emitió un comunicado en el que denuncia actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.
Según el MARCA, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes, revirtiendo de esa manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29 de junio posesionaron a las familias del MARCA de tres fincas (San Isidro, El Despertar y La Trinidad), cuya propiedad venían reclamando en los tribunales desde 1994.
Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones, en días y horas inhábiles y tras haberse agotado el plazo procesal para presentación de recursos (y en el caso de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, además, en violación de su jurisdicción territorial), abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que podrían desembocar en más derramamiento de sangre.
De hecho, el pasado 18 de julio, cientos de campesinos se reconcentraron en la entrada de la finca San Isidro, para impedir que efectivos del ejército y de la policía cumplieran con una amañada orden de desalojo, que estaba siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña también como guardia de seguridad del mismo Facussé.
En los últimos dos años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha dejado un saldo de 51 campesinos asesinados y otro campesino desaparecido...
Alianza por los Derechos Humanos: No a los TIGRES
La Alianza por los Derechos Humanos (ADH) dijo que TIGRES podría ser contraproducente para los derechos humanos y no es la respuesta a los problemas de seguridad ciudadana.
Con una rotunda oposición a la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), miembros de la Alianza por los Derechos Humanos (ADH), realizaron ayer un pronunciamiento en contra del surgimiento de esa nueva policía élite.
La ADH está integrada por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT). En medio de la prensa, integrantes de la comunidad lésbico – gay, entre otras personalidades, la Alianza procedió a la lectura del documento que constó de siete puntos.
De acuerdo al manifestó público que fue leído por el coordinador del CIPRODEH, Wilfredo Méndez “TIGRES es un brazo armado militar que se trata de vender como una policía modelo, entorpeciendo los procesos de reforma y de intervención encaminados a depurar la institución policial”. Asimismo, señaló que la pretensión de crear dicha unidad especial es contraria a los compromisos asumidos por la actual administración (ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al igual que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), de no disponer de militares para asuntos de seguridad pública.
Aproximarla
“Lejos de volver militar a la Policía, tratemos de volverla más civil, aproximándola al pueblo”, manifestó el presidente del CODEH, Andrés Pavón. El procurador de Derechos Humanos detalló que lo que más tiene el país es impunidad (98 por ciento), lo que significa que los “actores de la inteligencia” no están haciendo lo necesario para combatir el crimen.
Por otro lado, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Almendarez dijo que “la insistencia en crear TIGRES es por parte del Pentágono, que presiona al gobierno para crear estos cuerpos militares”. Unos 57 millones de dólares invertirían para conformar la novel fuerza militar, cuyos recursos pueden ser empleados para la creación de fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, contratar médicos en los hospitales o resolver la problemática magisterial, enfatizó.
La cifra
57 millones de dólares invertirían para conformar la novel fuerza militar-policial, según procuradores de DDHH.
Asesinan a presidente del SITRAUNAH en Olancho
Miembros del Cuerpo de Bomberos extrajeron el cadáver del presidente del SITRAUNAH de un pozo.
En la mañana del miércoles 22 de agosto fue asesinado a balazos el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), Juan de Dios Saenz.
En Radio Globo trascendió la noticia, donde se informó que la muerte del dirigente ocurrió en su casa de habitación, ubicada en la colonia La Granja en Juticalpa, Olancho, donde sicarios habrían ingresado para quitarle la vida. De momento se informa que el cuerpo de Saenz fue sacado de un pozo y que en el sitio se encontraba una gran cantidad de casquillos de armas de alto calibre, indicó Marco Moreno, amigo cercano de la víctima.
Se informó que el cuerpo del dirigente presentaba diez impactos de bala en el tórax y que será trasladado a la capital del la república para realizar la autopsia y posteriormente llevar su cuerpo a la sede del SITRAUNAH, para darle el último adiós, indico Andelsón Flores, miembro del sindicato.
Innegable existencia de Escuadrones de la Muerte obligan a suspender cupula policial ceibeña
El Ministerio Público investiga la participación de agentes de la policía en la muerte de cuatro ciudadanos en La Ceiba
El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, acusado e investigado por violaciones de derechos humanos, informó ayer que suspendió a la cúpula policial de La Ceiba, Atlántida, para investigar la denuncia de que miembros de la unidad del Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) participaron en el asesinato de cuatro jóvenes el viernes anterior.
La medida se tomó ante la evidencia innegable de la presencia de escuadrones de la muerte, porque “se tenía el conocimiento de unos muertos en la zona de La Ceiba, donde supuestamente habían participado miembros de la Policía Nacional de la Unidad Anti Secuestros”, afirmó Bonilla. Agregó que “la suspensión abarca al jefe regional subcomisionado Marco Tulio Cruz Aguilar, que es el jefe regional, y asimismo se ha suspendido al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, al jefe de Servicios Especiales de Investigación y también al jefe departamental de la Policía Nacional Preventiva”.
Asimismo, quedan suspendidos siete elementos de Servicios Especiales de Investigación pertenecientes al GEAS, quienes gozaban de fin de semana libre y al obtener la noticia se presentaron voluntariamente a las instalaciones de la Policía en el aeropuerto Golosón. “Ya están en recaudo y al mismo tiempo están listos ellos para someterse a la justicia, y todo aquel que sepamos que tiene algún indicio de haber participado en un acto irregular o que lo mencionen, se van a hacer las suspensiones inmediatas para someterlos a la justicia”, expresó.
Esta es parte de la nueva política institucional para recuperar la imagen de la Policía Nacional y la confianza de la población.
No interferirán
Agregó que en este caso, los oficiales y agentes son suspendidos, porque estando en sus cargos podrían interferir en la investigación del asesinato de los cuatro jóvenes. “Los sacamos del ámbito donde estaban para que los encargados de hacer la investigación no tengan ningún inconveniente y que el día de mañana no se vaya a decir que se ha obstruido la labor de la justicia”, acotó. En cuanto al nombre de los agentes suspendidos, sobre quienes realmente recae la denuncia de participación en el asesinato de los jóvenes, el vocero de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, manifestó que “no se pueden revelar porque lo prohíbe la ley”.
Ejecutados
Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron encontrados el viernes anterior en el puente de Cuyamel, aparentemente ejecutados cubiertos con cinta adhesiva y bolsas plásticas, atados de sus manos y se reportaron como desconocidos ya que no portaban documentos.
Vitalino Alvarez, campesino del Aguán fue detenido
Vos el Soberano
Se informa que el Sr. Vitalino Alvarez, vocero del MUCA, ha sido detenido. Al parecer se conducía en un taxi con rumbo a La Confianza, no portaba su cédula de identidad, y aunque mostró el carnet del MUCA, lo consideraron extranjero y fue llevado preso por efectivos de operativo Xatruch a Tocoa. Abogados gestionan su liberación.
Rafael Correa, Julian Assange y los medios de comunicación
Por Santiago Peña Aranza
En mayo de 2012 se conocieron Rafael Correa y Julian Assange en una entrevista que le hizo por Internet el fundador de Wikileaks al Presidente ecuatoriano desde su prisión domiciliaria en Londres. Correa rompió el hielo con una irónica frase de Evo Morales: “el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de estado es Estados Unidos, porque no tiene Embajada estadounidense”. Assange suelta la risa. No cabe duda de la empatía que hay entre los dos. Se nota la admiración que existe del uno por el otro.
En la entrevista hablaron de la base estadounidense de Manta, que el Estado ecuatoriano cerró soberanamente durante su primer mandato. También hablaron sobre el intento de golpe de estado que sufrió Correa y sobre el tema de la prensa y la libertad de expresión.
Y precisamente sobre esto último, la coyuntura del asilo político a Julian Assange por parte de Ecuador, ha propiciado que algunos medios señalen la “incoherencia” de Correa porque según ellos el presidente protege a un “luchador por la libertad de expresión” cuando ha cerrado “una veintena de medios” de comunicación en los últimos años.
Asilar a Assange, ¿una incoherencia?
Se nos ha vendido falsamente la idea de lo que es Julian Assange. Si bien si puede decirse que es un símbolo de la libertad de prensa, no sólo es eso. También es un activista político que ha puesto en evidencia a los poderosos y promueve ideas para cambiar el mundo. Eso queda claro en su programa “El mundo del mañana”, donde entrevista a personas que tienen visiones del mundo diferentes a lo que podría llamarse el discurso oficial del capitalismo mundial. Assange entrevista al intelectual norteamericano Noam Chomsky, a los miembros del movimiento Occupy Wall Street, al marxista Slavoj Sizek e incluso a un líder de Hamas, entre otros. Todas son muy interesantes y tienen en común el pretender cuestionar al capitalismo y el papel de Estados Unidos y de las potencias en el mundo.
Desde este punto de vista, y dado el talante del Presidente Correa, no me parece una incoherencia haberle concedido el asilo político. Es más, fue coherente también con la pretensión nacionalista de su gobierno (confirmada entre otras cosas por los Wikileaks) al reafirmar la soberanía del Ecuador con esa decisión que no sólo irrita al Reino Unido, sino también al prepotente Estados Unidos. Creo que Ecuador sentó un precedente importante para los países latinoamericanos en este sentido.
Ahora, en cuanto a la negativa del Reino Unido de otorgarle un salvoconducto a Assange para que pueda viajar a Ecuador, lo más probable que pase es que el asilado se quede viviendo un buen tiempo en la embajada. Los intereses que quieren impedir que Assange quede libre en Ecuador, son muy poderosos y van mucho más allá de unos presuntos cargos de abuso sexual que más parecen un montaje al estilo de “Saddam tiene armas de destrucción masiva” que una realidad.
Algunas preguntas sobre la libertad de prensa
Es evidente que entre sectores de la prensa ecuatoriana y el presidente Correa hay cuentas pendientes. De hecho, en la entrevista le dice a Assange que el intento de golpe de estado que sufrió en 2011 fue culpa de los “medios corruptos”; y también afirma que cinco de los siete canales de televisión privados que hay en Ecuador son propiedad de banqueros, y que cuando él intentó hacer una reforma a la banca para evitar una crisis, iniciaron una campaña mediática en su contra.
Yo no haré juicios de valor a esas afirmaciones ni daré mi opinión sobre quién tiene la razón, pero si quiero dejar unas inquietudes interesantes sobre las cuales vale la pena reflexionar también para el caso de Colombia, por ejemplo: ¿qué tan conveniente es para una democracia que los medios de comunicación sirvan como un instrumento de poder político de agentes económicos, alejándose así de lo que debería ser exclusivamente su función de informar y entretener?
Otra inquietud seria si la libertad de prensa y de expresión pueden llegar a desdibujarse de forma tal que sirvan como excusa para ocultar acciones políticas encaminadas a defender determinados intereses afines a los de los propietarios de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que también son empresas con ánimo de lucro.
Y por último, ¿si un gobernante busca disminuir el poder del monopolio (oligopolio) de los medios de comunicación, regulándolos, estaría incurriendo necesariamente en censura?
Correa afirma que en su país los medios tienen tal poder que pueden llegar a determinar qué reformas son posibles, ¿sucede eso en Colombia? ¿Qué opinan ustedes?
Twitter: @SantiagoPeye
PD: Para ver la entrevista completa en donde se conocieron Rafael Correa y Julian Assange, visite este link http://www.latribunacolombia.blogspot.com
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¿Es tan malo ser antisistema?
Por Francisco Fernández Buey y Jordi Mir *
Venimos observando que, en los últimos tiempos, los medios de comunicación de todo tipo han puesto de moda el término antisistema. Lo usan por lo general en una acepción negativa, peyorativa, y casi siempre con intención despectiva o insultante. Y aplican o endosan el término, también por lo general, para calificar a personas, preferentemente jóvenes, que critican de forma radical el modo de producir, consumir y vivir que impera en nuestras sociedades, sean estos okupas, altermundialistas, independentistas, desobedientes, objetores al Proceso de Bolonia o gentes que alzan su voz y se manifiestan contra las reuniones de los que mandan en el mundo.
Aunque no lo parezca, porque enseguida nos acostumbramos a las palabrejas que se ponen de moda, la cosa es nueva o relativamente nueva. Así que habrá que decir algo para refrescar la memoria del personal. Hasta comienzos de la década de los ochenta la palabra antisistema sólo se empleaba en los medios de comunicación para calificar a grupos o personas de extrema derecha. Vino a sustituir, por así decirlo, a otra palabra muy socorrida en el lenguaje periodístico: ultra. Pero ya en esa década la noción se empleaba principalmente para hacer referencia a las posiciones del mundo de Herri Batasuna en el País Vasco. En la década siguiente, algunos periódicos a los que no les gustaba la orientación que estaba tomando Izquierda Unida ampliaron el uso de la palabra antisistema para calificar a los partidarios de Julio Anguita y la mantuvieron para referirse a la extrema derecha, a los partidarios de Le Pen, principalmente, y a la llamada izquierda abertzale. Así se mataba de un solo tiro no dos pájaros (de muy diferente plumaje, por cierto) sino tres.
Esa práctica se ha seguido manteniendo en la prensa aproximadamente hasta principios del nuevo siglo, cuando surgió el movimiento antiglobalización o altermundialista. A partir de entonces se empieza a calificar a los críticos que se manifiestan de grupos antisistema y de jóvenes antisistema. Pero la calificación no era todavía demasiado habitual en la prensa, pues el periodista de guardia de la época, Eduardo Haro Teglen, en un artículo que publicaba en El País, en 2001, aún podía escribir: “Las doctrinas policiales que engendra esta globalización que se hace interna hablan de los grupos antisistema. No parece que el intento de utilizar ese nombre haya cundido: se utilizan los de anarquismo, desarraigo, extremismo, agitadores profesionales. Pero el propio sistema tendría que segregar sus modificaciones para salvarse él si fuera realmente un sistema y no sólo una jungla, una explosión de cúmulos”.
En cualquier caso, ya ahí se estaba indicando el origen de la generalización del término: las doctrinas policiales que engendra la globalización. Desde entonces ya no ha habido manifestación en la que, después de sacudir convenientemente a una parte de los manifestantes, la policía no haya denunciado la participación en ellas de grupos antisistema para justificar su acción. Pasó en Génova y pasó en Barcelona. Y también desde entonces los medios de comunicación vienen haciéndose habitualmente eco de este vocabulario.
El reiterado uso del término antisistema empieza a ser ahora paradójico. Pues son muchas las personas, economistas, sociólogos, ecólogos y ecologistas, defensores de los derechos humanos y humanistas en general que, viendo los efectos devastadores de la crisis actual, están declarando, uno tras otro, que este sistema es malo, e incluso rematadamente malo. Académicos de prestigio, premios Nobel, algunos presidentes en sus países y no pocos altos cargos de instituciones económicas internacionales hasta hace poco tiempo han declarado recientemente que el sistema está en crisis, que no sirve, que está provocando un desastre ético o que se ha hecho insoportable.
Evidentemente, también estas personas son antisistema, si por sistema se entiende, como digo, el modo actualmente predominante de producir, consumir y vivir. Algunas de estas personas han evitado mentar la bicha, incluso al hablar de sistema, pero otras lo han dicho muy claro y con todas las letras para que nadie se equivoque: se están refiriendo a que el sistema capitalista que conocemos y en el que vivimos unos y otros, los más moran o sobreviven, es malo, muy malo.
Resulta por tanto difícil de entender que, en estas condiciones y en la situación en que estamos, antisistema siga empleándose como término peyorativo. Si analizando la crisis se llega a la conclusión de que el sistema es malo y hay que cambiarlo, no se ve el motivo por el cual ser antisistema tenga que ser malo. El primer principio de la lógica elemental dice que ahí hay una incoherencia, una contradicción. Si el sistema es malo, y hasta rematadamente malo, lo lógico sería concluir que hay que ser antisistema o estar contra el sistema. Tanto desde el punto de vista de la lógica elemental como desde el punto de vista de la práctica, es indiferente que el antisistema sea premio Nobel, economista de prestigio, okupa, altermundista o estudiante crítico del Proceso de Bolonia.
Si lo que se quiere decir cuando se emplea la palabreja es que en tal acción o manifestación ha habido o hay personas que se comportan violentamente, no respetan el derecho a opinar de sus conciudadanos, impiden la libertad de expresión de los demás o atentan contra cosas que todos o casi todos consideramos valiosas, entonces hay en el diccionario otras palabras adecuadas para definir o calificar tales desmanes, sean éstos colectivos o individuales. La variedad de las palabras al respecto es grande. Y eligiendo entre ellas no sólo se haría un favor a la lengua y a la lógica sino que ganaríamos todos en precisión. Y se evitaría, de paso, tomar la parte por el todo, que es lo peor que se puede hacer cuando analizamos movimientos de protesta.
* Francisco Fernández Buey y Jordi Mir son Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra
martes, 28 de agosto de 2012
La crisis fiscal del Estado Hondureño *
Por Hugo Noé Pino
Las últimas medidas del gobierno hondureño muestran la gravedad de la situación fiscal del país manifestada en una caída de los ingresos y en el consecuente aumento del déficit. Tanto la reducción del gasto en cerca de L.1200 millones, la reducción de 11% de salarios a los funcionarios que ganen más de L50000 mensuales, la intervención de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, como la propuesta de ley para reducir las exoneraciones fiscales muestran los serios problemas que el gobierno enfrenta. A esto se añade la falta de acceso a L.2400 millones de los organismos financieros internacionales por la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las causas de la crisis. En un ambiente de elecciones internas de los partidos políticos para el próximo noviembre y como preludio de las elecciones generales del próximo año, los voceros principales del gobierno actual y los candidatos oficiales están señalado que esto se debió al desorden de las finanzas públicas heredado del gobierno del ex presidente Zelaya (curiosa y sospechosamente nunca se refieren al gobierno de facto producto del golpe de Estado del 2009, en donde el partido Nacional tuviera una participación activa).
Sin embargo, los datos no parecen respaldar tal aseveración; durante el período 2006, 2007 y 2008 el déficit combinado del sector público fue de -1.9%, -1.6% y -1.7% como porcentaje del PIB. Es hasta el 2009 que el déficit tanto del gobierno central, como del sector público combinado se elevan sustancialmente a -6.2% del PIB el primero, y a -4.6% el segundo. Hay que reconocer que estos años también fueron de un crecimiento económico alto para los estándares tradicionales de Honduras, creciendo el país cerca de 6% en promedio para estos tres años.
¿De dónde proviene entonces la crisis fiscal del Estado? Desde el punto de vista de vista coyuntural dos factores importantes que se dieron en el 2009: el primero, la gran recesión internacional que hizo que la economía cayera en 2.1% del PIB; y el segundo, el golpe de Estado del 28 de junio. Ambos factores se conjugaron para que, por una parte, se diera una fuerte caída de los ingresos tributarios de cerca del 3% del PIB, mientras que por otra, creciera vertiginosamente la deuda interna. Este último crecimiento producto del congelamiento de los desembolsos multilaterales y bilaterales aplicados por la comunidad internacional.
Pero también existen problemas de fondo derivados de las características de la política fiscal en el país y que se manifiestan en una estructura tributaria altamente inequitativa, en donde la mayor parte de los ingresos provienen de los impuestos indirectos, aquellos que paga el consumidor final. Pese a pequeñas mejoras que se han efectuado, cerca de dos terceras partes de los ingresos tributarios provienen de los impuestos indirectos, mientras que los impuestos directos, que gravan el ingreso y la riqueza, constituyen menos de un tercio.
Esta estructura, en un país como Honduras en donde el índice Gini que mide la concentración del ingreso, es el más alto de la región, significa clara y llanamente que los impuestos no los pagan los que más capacidad tienen, violando uno de los principios fundamentales de todo sistema tributario, el de la equidad. Si a esto agregamos la serie de exoneraciones fiscales que el Estado otorga, no como mecanismo para promover el empleo y la inversión, sino como favores políticos a los que financian las campañas, la situación se vuelve más complicada. El caso de las comidas rápidas en Honduras es a todas luces un ejemplo de lo que no se debe hacer.
La evasión y elusión fiscal son también aspectos que impiden que el país cuente con los recursos necesarios para financiar sus programas sociales. En este sentido la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en vez de ser la oficina con mejor formación técnica y operativa se ha convertido en un refugio de activistas del partido que está en el poder. Hay una máxima que dice que “política tributaria es administración tributaria”, aunque exagerada, porque también se requieren leyes claras y sanciones fuertes, tiene en sí algo de razón. La intervención anunciada, de arrojar importantes aportes, puede constituirse en el inicio de un proceso de mucho beneficio para el país.
Pero también existen serios problemas a nivel del gasto público donde sobresale el elevado peso de las remuneraciones dentro del presupuesto. En los últimos años este rubro de gasto ha sido entre el 9% y el 11% del PIB, el más alto de la región, que además demuestra un nivel de ineficiencia alto, dado la calidad de los servicios públicos. A diferencia de lo que pueden pensar y expresar otros sectores, en una sociedad como la hondureña en donde el 64% de su población vive en la pobreza y más del 40% en la extrema pobreza el gasto público no es excesivo. El exceso proviene de la incapacidad del Estado de generar mayores ingresos, por la negativa e influencia de grupos de poder que impiden una estructura tributaria más equitativa y eficiente.
El tercer elemento fundamental es la transparencia y la rendición de cuentas. Los sectores que se niegan a cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, como lo es el pagar impuestos, se amparan en el reconocido argumento de “porqué voy a pagar si todo lo derrochan o se lo roban”. Obviamente parte de esto es cierto, por lo que cualquier medida del gobierno a exigir sacrificios, como es el caso del recorte al gasto público tiene que ir acompañada con medidas heroicas del control de la corrupción y de proporcionar a la ciudadanía la información de cómo se usan los recursos. Se podría comenzar con la lista y montos de las exoneraciones que se piensan quitar y las que se quieren mantener, para como ciudadanos seamos capaces de juzgar las acciones de quienes nos gobiernan.
Dos años y medio no son suficientes. Como expresamos líneas arriba, uno de los argumentos más utilizados por los funcionarios públicos para justificar lo delicado de las finanzas públicas es la terrible situación que heredaron, manifestada en una deuda flotante de cerca de L.18000 millones, que de acuerdo a informes del Ministerio de Finanzas afectaría el flujo de caja de 2010 y 2011. Pero también es cierto que esa situación fue la justificación para la aprobación de varios ajustes fiscales como la Ley de Equidad Tributaria de 2010, la Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta, La Ley de la Eficiencia del Gasto Público, la Ley de Seguridad poblacional, la Ley de Precios de Transferencia, y otros.
Adicionalmente en el 2011 se contrataron préstamos por $480 millones (equivalentes aproximadamente a L.9360 millones).
La pregunta obvia es: ¿qué pasó con las medidas adoptadas, funcionaron o no funcionaron? En este sentido el gobierno tiene mucho que explicar a la nación, porque no se puede estar actuando como que el gobierno viene comenzando. Además, el partido en el poder es tan responsable del golpe de Estado y sus efectos económicos, como los demás sectores que lo apoyaron.
En resumen, la dinámica de la economía internacional nos impone serias restricciones al crecimiento y eso impacta sobre las finanzas públicas del país; por lo tanto, es el momento en que como sociedad impulsemos reformas profundas a nuestra política fiscal que vaya más allá de lo que generalmente se ha sido hecho por varios gobiernos, aplicar “paquetazos” para resolver el problema temporal del déficit. Vayamos al fondo del problema y hagamos reformas importantes a la tributación a fin de tener un sistema tributario equitativo, pero a cambio el Estado debe garantizar un uso eficiente y honrado de estos recursos.
* Columna publicada en diario Tiempo de Honduras, 21/08/12
Dirigencia Magisterial: El gobierno conspira contra la escuela pública para privatizarla
Según la dirigencia magisterial se giró un oficio en la que Educación manda a los centros escolares a pagar la deuda de servicios públicos, pero las autoridades aseguran que la acción fue para recordarles que estén pendientes de lo que se debe.
La dirigencia magisterial denunció ayer que la Secretaría de Educación está traspasando las deudas de los servicios públicos a centros educativos, por lo que ya ha habido cortes de energía eléctrica en algunos de ellos, y su fin primordial es la privatización de la escuela pública.
Sin embargo, el ministro del ramo, Marlon Escoto, reaccionó asegurando que “ningún profesor, ningún director de centros escolares, ningún estudiante, ni padre de familia deben pagar las cuentas del Estado”. Esta polémica se generó luego de que Escoto enviara una circular a los viceministros, directores departamentales, distritales y todas las autoridades educativas en la que, según los maestros, se obliga a pagar a los centros escolares lo adeudado por los servicios públicos.
“Esa circular se manda a estar pendientes de las deudas que los centros tienen para informar a la administración central, nadie está obligado que no le corresponde, menos a un padre de familia, pagar una factura de un servicio que no le corresponde”, afirmó Escoto. Agregó que ese caso de la circular se dio en marzo y “estamos en agosto, solo se da en cuatro centros educativos de un departamento y una ciudad en particular, entonces la pretensión era precisamente otra”.
Explicó que hace un mes aproximadamente en reunión de Consejo de Ministros al hablar de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se mandó a revisar lo que se había presupuestado en cada institución pública. “Días posteriores se dieron esos casos en Santa Bárbara que para nosotros fueron provocados, esa es mi percepción, intentaron parecer que nosotros los habíamos provocado; hablé con el director ministro de la ENEE, él giró instrucciones a nivel nacional para que no se cortara la energía a ningún centro educativo porque ya había un acuerdo”, señaló el ministro. Pero indicó que sí consideraron que si había cafeterías dentro de los centros educativos u otros negocios que no son del Estado, esos deben tener contadores, o de lo contrario les cortarían la energía.
Casaña
El dirigente magisterial Edgardo Casaña denunció, por su parte, que la circular enviada por el ministro manda a los centros escolares que paguen los servicios, por eso los padres de familia y los directores tendrán que pagar esas facturas. “Marlon Escoto les dice a los directores que vean cómo lo pagan, en el oficio 0060-SE-2012, que dice vean cómo lo pagan porque a pesar que yo ese dinero lo tengo presupuestado a saber qué lo hicieron”.
Según Casaña, esta es una denuncia grave y sobre todo, yo quiero ir más allá, no es simplemente un cobro, sino la acción, la conspiración que hay aquí contra la escuela pública en el sentido que están promoviendo la escuela pública, van venir los adinerados, los pistudos, a rescatarla, y a raíz de ello van a pedir que se privatice”. Explicó que en Santa Bárbara ya los cobros de las facturas de la energía eléctrica y los respectivos cortes están dándose y denunció que a los dos institutos en los que él trabaja, les cortaron la energía eléctrica y también en la Escuela Guía Técnica Marco García, donde estudia su hija, donde le llegó el recibo de la energía con 149, 000 lempiras de deuda.
“Esa circular se manda a estar pendientes de las deudas (por servicios públicos) que los centros (educativos) tienen para informar a la administración central”: Marlon Escoto.
A gas y garrote disuelven protesta de campesinos
Momentos que los campesinos eran desalojados con bombas lacrimógenas de la parte frontal de la Corte Suprema de Justicia.
Pedradas, fuego, palos y bombas lacrimógenas salieron a relucir en el marco de una manifestación de campesinos realizada la mañana de ayer frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Los labriegos, pertenecientes al Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA), llegaron a la Corte a eso de las 10:00 de la mañana para protestar por el enjuiciamiento de varios de sus miembros a causa de la tenencia de la tierra, en varios sectores del país. Los manifestantes hicieron fogatas en varios puntos de la entrada al edificio y también impidieron el tránsito vehicular por la parte frontal del inmueble. Oficiales de Policía llegaron al lugar de la protesta para pedirles a los campesinos que permitieran el ingreso y salida de personas al plantel de la Corte Suprema y ante la negativa de hacerlo empezaron a lanzarles bombas lacrimógenas hasta obligarlos a replegarse en distintas direcciones.
Tres niños fueron hospitalizados de inmediato tras sufrir daños en sus vías respiratorias producto del gas lacrimógeno que por varios minutos permaneció en el ambiente. A eso de las 12: 30, luego de restablecerse el tránsito de vehículos y personas, los oficiales de Policía manifestaron a los labriegos que podían permanecer en los alrededores de la Corte Suprema pero sin impedir el paso vehicular y de peatones.
Problema de Tenencia
Un comunicado de los manifestantes establece que las cooperativas San Isidro, La Trinidad y Despertar Limitada obtuvieron fallos favorables en los tribunales que ordenaron la anulación de las escrituras de los supuestos dueños de los predios. Los abogados de los presuntos dueños de los terrenos interpusieron recursos de amparo durante el feriado de la Corte Suprema y tuvieron que desistir de ellos al ser denunciados por actos de corrupción de magistrados de las cortes de apelaciones de La Ceiba y Tegucigalpa, agrega el pronunciamiento.
Un grupo de campesinos, encabezado por Rafael Alegría, se reunió con los magistrados de la Sala Civil Jorge Reyes Díaz, Edith María López Rivera y Marco Vinicio Zúniga Medrano, con quienes determinaron nombrar una comisión para revisar los casos apuntados.
En este caso protestan enérgicamente contra la Policía Nacional por la represión de que fueron víctimas, pues los labriegos recibieron una gran gaseada y garrotazos, según Rafael Alegría, dirigente campesino.
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