sábado, 28 de enero de 2012
Ante la inminente aprobación de Ley de Minería e Hidrocarburos
CIFMSL
Por este medio el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, ante la nueva amenaza que atenta contra la vida, la soberanía, biodiversidad, salud, agua y la dignidad del pueblo hondureño, particularmente de los pueblos indígenas, negros y comunidades campesinas y rurales, como es la inminente aprobación de una ley de minería e hidrocarburos en Honduras, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1.- En Honduras el Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar un proyecto de ley de minería e hidrocarburos sumamente lesiva a los pueblos indígenas y negros, a las comunidades campesinas y rurales, a las ya poblaciones afectadas y amenazas y al pueblo hondureño en general; sabemos que la misma, aunque la comisión de dictamen no ha querido publicar la esencia de esta ley, mantiene sus propósitos entreguista a favor de trasnacionales y empresarios.
2.- Este proyecto se da como parte de la presión que los empresarios ejercen a un poder legislativo que surgió en su mayoría del golpismo, que está desacreditado por la falta de ética y trasparencia, porque muchas de sus decisiones se mueven al vaivén de la corrupción, y por ser serviles al poder económico, trasnacional, político y militar.
3.- Hay más de 130 solicitudes pendientes para explotación minera, que son parte de la subasta de las riquezas naturales y de la depredación sin límites en Honduras, a lo que se suma la entrega del 30% del territorio nacional a las trasnacionales mineras a través de 370 concesiones y 21 más aprobadas en las últimas semanas, situación que traerá un costo sin precedentes en la destrucción de la vida del pueblo hondureño.
4.- Es sabido de la impunidad con que operan estas trasnacionales de la muerte, que ni siquiera esperan tener leyes, ni decretos para entrar a desarrollar sus actividades de estudios, exploración y explotación; es sabido de la permanente violación a los derechos de los pueblos originarios y a otras comunidades rurales, igual que hace 500 años, de la humillantes regalías, de la contaminación del agua, a la salud humana y otras formas de vida, de lo insostenible e indigno que son tales actividades, y que son una de las mayores expresiones de colonialismo, opresión y muerte.
5.- Por esta semana, al parecer, la mafia vende patria pospuso la discusión para la próxima semana ante la presión social; manifestamos desde las tierras de Lempira que nos preparamos para una vez más enfrentar el proyecto de muerte de “corporación –nación” a donde nos pretenden llevar y acabar.
6.- Llamamos a las comunidades y demás organizaciones a luchar y movilizarnos, a rechazar y darles carrera a estas trasnacionales y empresarios, desde la capital, desde los territorios, comunidades, ejerciendo poder desde abajo, autonomía y autodeterminación, ejerciendo nuestros derechos ancestrales, comunitarios y como pueblo que sueña una Honduras verdaderamente Refundada y sin proyectos extractivos.
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota, Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
Dado en Intibucá, a los 18 días del mes de enero del 2012.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH.
copinh@copinh.org ; http://copinh.org
Por este medio el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, ante la nueva amenaza que atenta contra la vida, la soberanía, biodiversidad, salud, agua y la dignidad del pueblo hondureño, particularmente de los pueblos indígenas, negros y comunidades campesinas y rurales, como es la inminente aprobación de una ley de minería e hidrocarburos en Honduras, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1.- En Honduras el Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar un proyecto de ley de minería e hidrocarburos sumamente lesiva a los pueblos indígenas y negros, a las comunidades campesinas y rurales, a las ya poblaciones afectadas y amenazas y al pueblo hondureño en general; sabemos que la misma, aunque la comisión de dictamen no ha querido publicar la esencia de esta ley, mantiene sus propósitos entreguista a favor de trasnacionales y empresarios.
2.- Este proyecto se da como parte de la presión que los empresarios ejercen a un poder legislativo que surgió en su mayoría del golpismo, que está desacreditado por la falta de ética y trasparencia, porque muchas de sus decisiones se mueven al vaivén de la corrupción, y por ser serviles al poder económico, trasnacional, político y militar.
3.- Hay más de 130 solicitudes pendientes para explotación minera, que son parte de la subasta de las riquezas naturales y de la depredación sin límites en Honduras, a lo que se suma la entrega del 30% del territorio nacional a las trasnacionales mineras a través de 370 concesiones y 21 más aprobadas en las últimas semanas, situación que traerá un costo sin precedentes en la destrucción de la vida del pueblo hondureño.
4.- Es sabido de la impunidad con que operan estas trasnacionales de la muerte, que ni siquiera esperan tener leyes, ni decretos para entrar a desarrollar sus actividades de estudios, exploración y explotación; es sabido de la permanente violación a los derechos de los pueblos originarios y a otras comunidades rurales, igual que hace 500 años, de la humillantes regalías, de la contaminación del agua, a la salud humana y otras formas de vida, de lo insostenible e indigno que son tales actividades, y que son una de las mayores expresiones de colonialismo, opresión y muerte.
5.- Por esta semana, al parecer, la mafia vende patria pospuso la discusión para la próxima semana ante la presión social; manifestamos desde las tierras de Lempira que nos preparamos para una vez más enfrentar el proyecto de muerte de “corporación –nación” a donde nos pretenden llevar y acabar.
6.- Llamamos a las comunidades y demás organizaciones a luchar y movilizarnos, a rechazar y darles carrera a estas trasnacionales y empresarios, desde la capital, desde los territorios, comunidades, ejerciendo poder desde abajo, autonomía y autodeterminación, ejerciendo nuestros derechos ancestrales, comunitarios y como pueblo que sueña una Honduras verdaderamente Refundada y sin proyectos extractivos.
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota, Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
Dado en Intibucá, a los 18 días del mes de enero del 2012.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH.
copinh@copinh.org ; http://copinh.org
Informe Mundial 2012 HRW: Honduras
Durante 2011, Honduras no hizo justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009. Una gran cantidad de casos continúan impunes, a pesar de que en mayo de 2010 el gobierno creó una Comisión de la Verdad que analizaría los sucesos relativos al golpe de estado y de los esfuerzos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público por investigar los abusos. También persistieron los hechos de violencia y las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero. Son pocos los casos en que se juzga a los responsables de estos abusos.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria.
Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
En julio de 2011, la Comisión de la Verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó su informe. Los comisionados documentaron los casos de 20 personas, y concluyeron que 12 de ellas habían muerto como resultado de uso excesivo de la fuerza por policías o miembros del Ejército, y que 8 habían sido asesinadas deliberadamente por agentes del gobierno. La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos, a través de, por ejemplo, alterar la escena del crimen y documentos oficiales, actuar de manera negligente y ayudar a los presuntos responsables a escapar.
Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de 2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Otros periodistas han recibido amenazas de muerte.
En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.
En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.
Violencia rural
Más de 30 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, una zona fértil de producción de aceite de palma en el norte de Honduras. En mayo estalló un conflicto por la tierra que tiene décadas de vigencia, luego de que un grupo de campesinos ocupó terrenos que estaban siendo cultivados por grandes compañías agrícolas de propiedad privada. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos que presuntamente habrían sido abatidos por guardias de seguridad privada armados que trabajaban para estas compañías. A su vez, cuatro guardias de seguridad privada murieron tras recibir disparos en agosto de 2011, cuando un grupo de personas se presentaron con fusiles y otras armas e intentaron ocupar una hacienda. No ha sido posible esclarecer las circunstancias de cada uno de estos incidentes ante la falta de investigaciones penales adecuadas. Hasta septiembre, ninguna persona había sido acusada por los asesinatos en la región de Bajo Aguán.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
En marzo de 2011, trascendieron denuncias creíbles de que miembros de la policía nacional arrojaron gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpearon a manifestantes durante las protestas organizadas por sindicatos de docentes que se oponían a una serie de reformas propuestas al sistema de educación pública. Ilse Velázquez Rodríguez, docente y miembro de una organización de derechos humanos, se habría desmayado luego de ser golpeada en la frente por un cartucho de gas lacrimógeno y murió pocos minutos después tras ser atropellada por un automóvil.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero representan un problema grave en Honduras. Seis mujeres transgénero fueron asesinadas entre noviembre de 2010 y enero de 2011 en la vía pública o en sus viviendas en Tegucigalpa, la capital del país, y en Comayagüela y San Pedro Sula. Los ataques incluyeron desde agresiones armadas hasta prender fuego a las víctimas. Algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Entre enero y noviembre de 2011, cuatro
nuevos casos de homicidio de mujeres transgénero han sido documentados por activistas de derechos humanos locales.
La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente preocupante. Son pocas las instancias en que, luego de estos hechos, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena penal. En enero de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos condenó los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En febrero, el gobierno creó una unidad especial en el Ministerio Público que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres transgénero y de miembros de otros grupos vulnerables, y en noviembre se conformó otra similar en San Pedro Sula.
Honduras no cuenta con leyes contra la discriminación y su legislación penal vigente expone a miembros de la comunidad de LGBT a detenciones arbitrarias por conductas que han sido definidas de manera sumamente imprecisa como “faltas contra las buenas costumbres”.
Independencia judicial
Hasta hace poco, la Corte Suprema de Justicia gozaba de poderes absolutos sobre cuestiones de manejo del personal del poder judicial. En mayo de 2010, aplicó estos poderes de manera abusiva para destituir a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En agosto de 2011, el Consejo de la Carrera Judicial confirmó la destitución de tres de los jueces, otorgó una indemnización a sólo uno de ellos y reincorporó al cuarto juez.
En febrero de 2011, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas constitucionales que crearon un nuevo organismo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electo encargado de nombrar y destituir a jueces. En noviembre de 2011, tras prolongadas demoras como resultado de diferencias políticas, el Congreso aprobó varios artículos clave de una ley que regula la integración y las facultades del Consejo. Los legisladores acordaron no incluir a un representante del poder ejecutivo en el Consejo, cuyos cinco miembros serían elegidos por el Congreso luego de celebrar audiencias públicas.
Defensores de derechos humanos
En algunos casos, funcionarios del gobierno han fomentado una actitud de hostilidad por parte de algunos sectores del público respecto de defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales. En mayo de 2011, la titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, recibió una serie de mensajes de texto intimidatorios luego de que el Subsecretario de Seguridad la criticara públicamente por haber iniciado una investigación de la muerte de siete jóvenes que presuntamente eran miembros de una pandilla en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula.
Leo Valladares, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó a Human Rights Watch que había recibido amenazas telefónicas, y advirtió que su vivienda fue vigilada y que fue seguido por individuos luego de cuestionar el poder cada vez más amplio que detenta el Ejército de Honduras desde el golpe de estado de 2009.
Actores internacionales clave
En junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos votó a favor de la readmisión de Honduras, cuya membresía había sido suspendida inmediatamente después del golpe de 2009. Unos días antes, Zelaya puso fin a su exilio y regresó a Honduras luego de que un tribunal de apelación de ese país desestimara las acusaciones de corrupción en su contra.
En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) interpuso una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) contra el ex Presidente de facto Roberto Micheletti en representación de los padres del adolescente Isis Obed Murillo, asesinado por disparos de miembros del Ejército hondureño durante una manifestación contra el golpe de estado. Al momento de la redacción de este informe, la demanda civil aún se encontraba pendiente ante un Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Texas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un asesor de derechos humanos en Honduras, quien
brinda asesoramiento al gobierno sobre estrategias de protección y promoción de los derechos humanos, así como consejos y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
El Presidente Lobo continuó apoyando durante 2011 la creación de una comisión internacional respaldada por la ONU contra la impunidad en Honduras, en el contexto de medidas internacionales destinadas a brindar asistencia a los gobiernos para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción en América Central.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria.
Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
En julio de 2011, la Comisión de la Verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó su informe. Los comisionados documentaron los casos de 20 personas, y concluyeron que 12 de ellas habían muerto como resultado de uso excesivo de la fuerza por policías o miembros del Ejército, y que 8 habían sido asesinadas deliberadamente por agentes del gobierno. La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos, a través de, por ejemplo, alterar la escena del crimen y documentos oficiales, actuar de manera negligente y ayudar a los presuntos responsables a escapar.
Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de 2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Otros periodistas han recibido amenazas de muerte.
En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.
En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.
Violencia rural
Más de 30 personas fueron asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, una zona fértil de producción de aceite de palma en el norte de Honduras. En mayo estalló un conflicto por la tierra que tiene décadas de vigencia, luego de que un grupo de campesinos ocupó terrenos que estaban siendo cultivados por grandes compañías agrícolas de propiedad privada. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos que presuntamente habrían sido abatidos por guardias de seguridad privada armados que trabajaban para estas compañías. A su vez, cuatro guardias de seguridad privada murieron tras recibir disparos en agosto de 2011, cuando un grupo de personas se presentaron con fusiles y otras armas e intentaron ocupar una hacienda. No ha sido posible esclarecer las circunstancias de cada uno de estos incidentes ante la falta de investigaciones penales adecuadas. Hasta septiembre, ninguna persona había sido acusada por los asesinatos en la región de Bajo Aguán.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
En marzo de 2011, trascendieron denuncias creíbles de que miembros de la policía nacional arrojaron gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpearon a manifestantes durante las protestas organizadas por sindicatos de docentes que se oponían a una serie de reformas propuestas al sistema de educación pública. Ilse Velázquez Rodríguez, docente y miembro de una organización de derechos humanos, se habría desmayado luego de ser golpeada en la frente por un cartucho de gas lacrimógeno y murió pocos minutos después tras ser atropellada por un automóvil.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero representan un problema grave en Honduras. Seis mujeres transgénero fueron asesinadas entre noviembre de 2010 y enero de 2011 en la vía pública o en sus viviendas en Tegucigalpa, la capital del país, y en Comayagüela y San Pedro Sula. Los ataques incluyeron desde agresiones armadas hasta prender fuego a las víctimas. Algunas víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Entre enero y noviembre de 2011, cuatro
nuevos casos de homicidio de mujeres transgénero han sido documentados por activistas de derechos humanos locales.
La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente preocupante. Son pocas las instancias en que, luego de estos hechos, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena penal. En enero de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos condenó los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En febrero, el gobierno creó una unidad especial en el Ministerio Público que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres transgénero y de miembros de otros grupos vulnerables, y en noviembre se conformó otra similar en San Pedro Sula.
Honduras no cuenta con leyes contra la discriminación y su legislación penal vigente expone a miembros de la comunidad de LGBT a detenciones arbitrarias por conductas que han sido definidas de manera sumamente imprecisa como “faltas contra las buenas costumbres”.
Independencia judicial
Hasta hace poco, la Corte Suprema de Justicia gozaba de poderes absolutos sobre cuestiones de manejo del personal del poder judicial. En mayo de 2010, aplicó estos poderes de manera abusiva para destituir a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En agosto de 2011, el Consejo de la Carrera Judicial confirmó la destitución de tres de los jueces, otorgó una indemnización a sólo uno de ellos y reincorporó al cuarto juez.
En febrero de 2011, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas constitucionales que crearon un nuevo organismo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electo encargado de nombrar y destituir a jueces. En noviembre de 2011, tras prolongadas demoras como resultado de diferencias políticas, el Congreso aprobó varios artículos clave de una ley que regula la integración y las facultades del Consejo. Los legisladores acordaron no incluir a un representante del poder ejecutivo en el Consejo, cuyos cinco miembros serían elegidos por el Congreso luego de celebrar audiencias públicas.
Defensores de derechos humanos
En algunos casos, funcionarios del gobierno han fomentado una actitud de hostilidad por parte de algunos sectores del público respecto de defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales. En mayo de 2011, la titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, recibió una serie de mensajes de texto intimidatorios luego de que el Subsecretario de Seguridad la criticara públicamente por haber iniciado una investigación de la muerte de siete jóvenes que presuntamente eran miembros de una pandilla en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula.
Leo Valladares, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó a Human Rights Watch que había recibido amenazas telefónicas, y advirtió que su vivienda fue vigilada y que fue seguido por individuos luego de cuestionar el poder cada vez más amplio que detenta el Ejército de Honduras desde el golpe de estado de 2009.
Actores internacionales clave
En junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos votó a favor de la readmisión de Honduras, cuya membresía había sido suspendida inmediatamente después del golpe de 2009. Unos días antes, Zelaya puso fin a su exilio y regresó a Honduras luego de que un tribunal de apelación de ese país desestimara las acusaciones de corrupción en su contra.
En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) interpuso una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) contra el ex Presidente de facto Roberto Micheletti en representación de los padres del adolescente Isis Obed Murillo, asesinado por disparos de miembros del Ejército hondureño durante una manifestación contra el golpe de estado. Al momento de la redacción de este informe, la demanda civil aún se encontraba pendiente ante un Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Texas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un asesor de derechos humanos en Honduras, quien
brinda asesoramiento al gobierno sobre estrategias de protección y promoción de los derechos humanos, así como consejos y apoyo a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
El Presidente Lobo continuó apoyando durante 2011 la creación de una comisión internacional respaldada por la ONU contra la impunidad en Honduras, en el contexto de medidas internacionales destinadas a brindar asistencia a los gobiernos para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción en América Central.
HRW Informe Mundial 2012: En Honduras persisten violaciones a los DDHH
HRW
Periodistas, activistas sociales y políticos siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas y otras violaciones de derechos humanos pese a la normalización política tras el golpe de Estado de 2009, aseguró el Informe Anual de Human Rights Watch (HRW).
“La normalización política no ha impedido que continúen las violaciones a los derechos humanos”, destacó HRW, y añadió que la “participación de miembros de la policía” en algunos de los “abusos” causa “particular preocupación”.
Director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco.
En junio de 2009, un golpe cívico-militar depuso al presidente Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, que se prolongó hasta enero de 2010, cuando asumió la presidencia Porfirio Lobo tras la realización de elecciones.
La impunidad persiste pese a que en julio de 2011 una Comisión de la Verdad documentó 11 muertes en represión de marchas opositoras, y otras ocho por crímenes selectivos achacados al régimen, afirma el documento.
Desde el inicio del gobierno de Lobo, desconocidos asesinaron a 12 periodistas -tres en 2011-, algunos de los cuales se opusieron al golpe, denunciaron corrupción o violaciones a derechos humanos, y muchos están bajo amenazas de muerte, afirma HRW.
El informe reseña además el asesinato de más de 30 personas en el Bajo del Aguán, en el norteño departamento de Colón, en agosto de 2011, cuando campesinos ocuparon tierras cultivadas por grandes empresas agrícolas establecidas en la zona.
“Muchas víctimas fueron miembros de las asociaciones campesinas, atacados por guardias de seguridad de esas empresas”, y luego cuatro guardias de seguridad fueron asesinados por individuos armados con rifles de asalto, señaló.
La investigación de los crímenes no ha sido posible por la “sistemática obstrucción” de la Policía y las Fuerzas Armadas, por alteración de la escena del crimen, manipulación de documentos, negligencia y liberación de sospechosos, afirma HRW.
“Los fiscales de derechos humanos enfrentan dificultades (…) como la limitada colaboración de las fuerzas de seguridad, la insuficiencia de recursos y la ausencia de un programa de protección de testigos”, agregó.
HRW lamentó también los ataques contra personas por su orientación sexual, y denunció que seis transexuales fueron asesinados entre noviembre de 2010 y enero de 2011.
http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/01/22/522735/violaciones-a-ddhh-persisten-en-honduras-tras-regimen-de-facto-hrw.html
El derecho de ser indígena
Vos el Soberano
Por Hermann Bellinghausen
Otra vez los indios. Y nuevamente con aire de tragedia, que es por lo visto lo que le espolea los sentimientos a la sociedad mayoritaria mexicana, a pesar de lo abrumada que la tiene hoy la odiosa guerra del presidente y sus subordinados contra el extremadamente bien organizado crimen organizado. Es un alivio ver que todavía reaccionamos ante el dolor ajeno. Pero damos señales preocupantes de que la sociedad mayoritaria no ha aprendido la lección. La presunta o real hambruna en comunidades rarámuri de la Tarahumara (no peor que en años anteriores, pero ahora resulta que nos enteramos) ha despertado sentimientos humanitarios, así como tácitos sentimientos de culpa (justificada, sin duda) de nuestra sociedad dominante (que no única, aunque sí fatalmente subdividida en clases, donde los indios serían la última).
No hemos aprendido que los pueblos indios son otra cosa y lo seguirán siendo. Ni clase, ni casta. Troncos y ramas, maltratados pero vivos, de una civilización que no es la nuestra, y que nos la pasamos cosificando y negando con estadísticas desesperadamente mentirosas o arrebatos de lástima. En el fondo, les tenemos miedo. Lo tuvieron los caxlanes en Chiapas mucho antes del levantamiento zapatista. Lo tienen hoy los chihuahuenses urbanos que quieren ver a los "tarahumaras" como meros indigentes. Nuestro inconsciente (la mala conciencia) sabe que esos indios son príncipes en una dimensión de dignidad que nuestra sociedad desconoce.
Antonin Artaud, Fernando Benítez, Carlos Montemayor y El Ronco Robles, S. J., deben estarse revolcando en la tumba ante el espectacular Teletón de todos contra todos en que se han convertido las desventuras del pueblo rarámuri, cuya intensidad espiritual y vital deslumbra a quienes han tenido el privilegio de intuirla. No nuestros políticos, ciertamente. Repitiendo el invariable guión de la doctrina del poder, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, lo expresa bien. Es cosa de proporcionarles oportunidades para que salgan del atraso. Lo dicho: no hemos entendido nada. Y si hubo un poco, se nos olvidó.
Los pueblos indios no necesitan oportunidades; tienen y demandan derechos. Primero, los elementales de todo mexicano. Y luego los específicos de su ser pueblos originarios, con lenguas, territorios y estructuras colectivas y comunitarias de organización. Justamente lo contrario del funcionamiento social bajo el capitalismo; éste creció convencido de que la Tierra pertenece a cada generación presente, que puede disponer de ella como sea, conquistarla, transformarla, exprimirla, arrasarla. La creencia devino fanática y a todas luces suicida (una más de sus múltiples similitudes con el fascismo). Para la civilización indígena, la Tierra no es pertenencia, sino don. Y una responsabilidad ante los nietos que vendrán. En esto los pueblos no fueron reducidos. Tan es así que de ahí nacen sus resistencias, y nos resultan incomprensibles. Qué, ¿no quieren vivir mejor? Pues no. Sólo quieren vivir bien, y su idea del buen vivir no es la nuestra, señor Ferrari.
Admitámoslo, más que lástima o miedo, los pueblos indios nos dan envidia. No contentos con lo que tenemos, mucho de lo cual se lo hemos quitado a ellos, queremos lo suyo: tierras, aguas, selvas, playas, desiertos. Queremos extraerle plusvalía, aprovecharlo bien, no como ellos, tan atrasados y faltos de visión que no ven el potencial: minerales, centros turísticos, grandes plantaciones de palma africana y maíz transgénico, autopistas, hidroeléctricas. Puro progreso.
Tras décadas de exprimir nuestro mexicano cuerno de la abundancia, descubrimos que la única cornucopia que queda se encuentra en manos de la indiada: los mejores paisajes, la naturaleza en estado natural (¡qué cosa!), las relaciones armónicas con el medio ambiente, los ríos verdaderos, los bosques, las cuevas. Démosles entonces oportunidades: ser cuidacoches y recamareras en sus tierras, o migrantes, mendigos, fantasmas atrapados en suburbios, maquiladoras y ciudades rurales. Robémosles una vez más sus derechos. Con violencia, con la ley (nuestra) en la mano. El resto es filantropía.
Ernesto Zedillo, el genocida de cuello blanco, fiel a su naturaleza, traicionó los acuerdos firmados en San Andrés. Hubieran sentado un precedente, el único posible, contra la avalancha de reformas estructurales que desde 1989 han sepultado en la legislación mexicana cualquier vocación social que irrite a los mercados. Pero los pueblos se otorgan hoy los derechos que les negamos. Y eso es nuevo, único otra vez. Se gobiernan, son guardianes de sí mismos y de la Tierra. O sea, no agarran la onda.
Preguntemos a esos tarahumaritas que tanto nos duelen qué se fizieron sus bosques, montañas, manantiales, barrancas. Producen toneladas de madera (y mariguana). Les robamos los paisajes y el oro. Y nos sorprende su hambre. Las oportunidades son en realidad para los chabochi, que necesitamos borrarlos para medrar allí sin llenadera.
Por Hermann Bellinghausen
Otra vez los indios. Y nuevamente con aire de tragedia, que es por lo visto lo que le espolea los sentimientos a la sociedad mayoritaria mexicana, a pesar de lo abrumada que la tiene hoy la odiosa guerra del presidente y sus subordinados contra el extremadamente bien organizado crimen organizado. Es un alivio ver que todavía reaccionamos ante el dolor ajeno. Pero damos señales preocupantes de que la sociedad mayoritaria no ha aprendido la lección. La presunta o real hambruna en comunidades rarámuri de la Tarahumara (no peor que en años anteriores, pero ahora resulta que nos enteramos) ha despertado sentimientos humanitarios, así como tácitos sentimientos de culpa (justificada, sin duda) de nuestra sociedad dominante (que no única, aunque sí fatalmente subdividida en clases, donde los indios serían la última).
No hemos aprendido que los pueblos indios son otra cosa y lo seguirán siendo. Ni clase, ni casta. Troncos y ramas, maltratados pero vivos, de una civilización que no es la nuestra, y que nos la pasamos cosificando y negando con estadísticas desesperadamente mentirosas o arrebatos de lástima. En el fondo, les tenemos miedo. Lo tuvieron los caxlanes en Chiapas mucho antes del levantamiento zapatista. Lo tienen hoy los chihuahuenses urbanos que quieren ver a los "tarahumaras" como meros indigentes. Nuestro inconsciente (la mala conciencia) sabe que esos indios son príncipes en una dimensión de dignidad que nuestra sociedad desconoce.
Antonin Artaud, Fernando Benítez, Carlos Montemayor y El Ronco Robles, S. J., deben estarse revolcando en la tumba ante el espectacular Teletón de todos contra todos en que se han convertido las desventuras del pueblo rarámuri, cuya intensidad espiritual y vital deslumbra a quienes han tenido el privilegio de intuirla. No nuestros políticos, ciertamente. Repitiendo el invariable guión de la doctrina del poder, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, lo expresa bien. Es cosa de proporcionarles oportunidades para que salgan del atraso. Lo dicho: no hemos entendido nada. Y si hubo un poco, se nos olvidó.
Los pueblos indios no necesitan oportunidades; tienen y demandan derechos. Primero, los elementales de todo mexicano. Y luego los específicos de su ser pueblos originarios, con lenguas, territorios y estructuras colectivas y comunitarias de organización. Justamente lo contrario del funcionamiento social bajo el capitalismo; éste creció convencido de que la Tierra pertenece a cada generación presente, que puede disponer de ella como sea, conquistarla, transformarla, exprimirla, arrasarla. La creencia devino fanática y a todas luces suicida (una más de sus múltiples similitudes con el fascismo). Para la civilización indígena, la Tierra no es pertenencia, sino don. Y una responsabilidad ante los nietos que vendrán. En esto los pueblos no fueron reducidos. Tan es así que de ahí nacen sus resistencias, y nos resultan incomprensibles. Qué, ¿no quieren vivir mejor? Pues no. Sólo quieren vivir bien, y su idea del buen vivir no es la nuestra, señor Ferrari.
Admitámoslo, más que lástima o miedo, los pueblos indios nos dan envidia. No contentos con lo que tenemos, mucho de lo cual se lo hemos quitado a ellos, queremos lo suyo: tierras, aguas, selvas, playas, desiertos. Queremos extraerle plusvalía, aprovecharlo bien, no como ellos, tan atrasados y faltos de visión que no ven el potencial: minerales, centros turísticos, grandes plantaciones de palma africana y maíz transgénico, autopistas, hidroeléctricas. Puro progreso.
Tras décadas de exprimir nuestro mexicano cuerno de la abundancia, descubrimos que la única cornucopia que queda se encuentra en manos de la indiada: los mejores paisajes, la naturaleza en estado natural (¡qué cosa!), las relaciones armónicas con el medio ambiente, los ríos verdaderos, los bosques, las cuevas. Démosles entonces oportunidades: ser cuidacoches y recamareras en sus tierras, o migrantes, mendigos, fantasmas atrapados en suburbios, maquiladoras y ciudades rurales. Robémosles una vez más sus derechos. Con violencia, con la ley (nuestra) en la mano. El resto es filantropía.
Ernesto Zedillo, el genocida de cuello blanco, fiel a su naturaleza, traicionó los acuerdos firmados en San Andrés. Hubieran sentado un precedente, el único posible, contra la avalancha de reformas estructurales que desde 1989 han sepultado en la legislación mexicana cualquier vocación social que irrite a los mercados. Pero los pueblos se otorgan hoy los derechos que les negamos. Y eso es nuevo, único otra vez. Se gobiernan, son guardianes de sí mismos y de la Tierra. O sea, no agarran la onda.
Preguntemos a esos tarahumaritas que tanto nos duelen qué se fizieron sus bosques, montañas, manantiales, barrancas. Producen toneladas de madera (y mariguana). Les robamos los paisajes y el oro. Y nos sorprende su hambre. Las oportunidades son en realidad para los chabochi, que necesitamos borrarlos para medrar allí sin llenadera.
La genialidad de Chávez
Cuba Debate
Por Fidel Castro Ruz
El presidente Chávez presentó ante el Parlamento de Venezuela su informe sobre la actividad realizada en 2011 y el programa a ejecutar en el año actual. Después de cumplir rigurosamente las formalidades que demanda esa importante actividad, habló en la Asamblea a las autoridades oficiales del Estado, a los parlamentarios de todos los partidos, y a los simpatizantes y adversarios que el país reúne en su acto más solemne.
El líder bolivariano fue amable y respetuoso con todos los presentes como es habitual en él. Si alguno le solicitaba el uso de la palabra para alguna aclaración, le concedía de inmediato esa posibilidad. Cuando una parlamentaria, que lo había saludado amablemente igual que otros adversarios, solicitó hablar, interrumpió su informe y le cedió la palabra, en un gesto de gran altura política. Llamó mi atención la dureza extrema con que el Presidente fue increpado con frases que pusieron a prueba su caballerosidad y sangre fría. Aquello constituía una incuestionable ofensa, aunque no fuese la intención de la parlamentaria. Sólo él fue capaz de responder con serenidad al insultante calificativo de “ladrón” que ella utilizó para juzgar la conducta del Presidente por las leyes y medidas adoptadas.
Después de cerciorarse sobre el término exacto empleado, respondió a la solicitud individual de un debate con una frase elegante y sosegada “Águila no caza moscas”, y sin añadir una palabra, prosiguió serenamente su exposición.
Fue una prueba insuperable de mente ágil y autocontrol. Otra mujer, de incuestionable estirpe humilde, con emotivas y profundas palabras expresó el asombro por lo que había visto e hizo estallar el aplauso de la inmensa mayoría allí presente, que por el estampido de los mismos, parecía proceder de todos los amigos y muchos de los adversarios del Presidente.
Más de nueve horas invirtió Chávez en su discurso de rendición de cuentas sin que disminuyera el interés suscitado por sus palabras y, tal vez debido al incidente, fue escuchado por incalculable número de personas. Para mí, que muchas veces abordé arduos problemas en extensos discursos haciendo siempre el máximo esfuerzo para que las ideas que deseaba trasmitir se comprendieran, no alcanzo a explicarme cómo aquel soldado de modesto origen era capaz de mantener con su mente ágil y su inigualable talento tal despliegue oratorio sin perder su voz ni disminuir su fuerza.
La política para mí es el combate amplio y resuelto de las ideas. La publicidad es tarea de los publicistas, que tal vez conocen las técnicas para hacer que los oyentes, espectadores y lectores hagan lo que se les dice. Si tal ciencia, arte o como le llamen, se empleara para el bien de los seres humanos, merecerían algún respeto; el mismo que merecen quienes enseñan a las personas el hábito de pensar.
En el escenario de Venezuela se libra hoy un gran combate. Los enemigos internos y externos de la revolución prefieren el caos, como afirma Chávez, antes que el desarrollo justo, ordenado y pacífico del país. Acostumbrado a analizar los hechos ocurridos durante más de medio siglo, y de observar cada vez con mayores elementos de juicio la azarosa historia de nuestro tiempo y el comportamiento humano, uno aprende casi a predecir el desarrollo futuro de los acontecimientos.
Promover una Revolución profunda no era tarea fácil en Venezuela, un país de gloriosa historia, pero inmensamente rico en recursos de vital necesidad para las potencias imperialistas que han trazado y aún trazan pautas en el mundo.
Líderes políticos al estilo de Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, carecían de cualidades personales mínimas para realizar esa tarea. El primero era además, excesivamente vanidoso e hipócrita. Oportunidades tuvo de sobra para conocer la realidad venezolana. En su juventud había sido miembro del Buró Político del Partido Comunista de Costa Rica. Conocía muy bien la historia de América Latina y el papel del imperialismo, los índices de pobreza y el saqueo despiadado de los recursos naturales del continente. No podía ignorar que en un país inmensamente rico como Venezuela, la mayoría del pueblo vivía en extrema pobreza. Los materiales fílmicos están en los archivos y constituyen pruebas irrebatibles de aquellas realidades.
Como tantas veces ha explicado Chávez, Venezuela durante más de medio siglo fue el mayor exportador de petróleo en el mundo; buques de guerra europeos y yankis a principios del siglo XX intervinieron para apoyar un gobierno ilegal y tiránico que entregó el país a los monopolios extranjeros. Es bien conocido que incalculables fondos salieron para engrosar el patrimonio de los monopolios y de la propia oligarquía venezolana.
A mí me basta recordar que cuando visité por primera vez a Venezuela, después del triunfo de la Revolución, para agradecer su simpatía y apoyo a nuestra lucha, el petróleo valía apenas dos dólares el barril.
Cuando viajé después para asistir a la toma de posesión de Chávez, el día que juró sobre la “moribunda Constitución” que sostenía Calderas, el petróleo valía 7 dólares el barril, a pesar de los 40 años transcurridos desde la primera visita y casi 30 desde que el “benemérito” Richard Nixon había declarado que el canje metálico del dólar dejaba de existir y Estados Unidos comenzó a comprar el mundo con papeles. Durante un siglo la nación fue suministradora de combustible barato a la economía del imperio y exportadora neta de capital a los países desarrollados y ricos.
¿Por qué predominaron durante más de un siglo estas repugnantes realidades?
Los oficiales de las Fuerzas Armadas de América Latina tenían sus escuelas privilegiadas en Estados Unidos, donde los campeones olímpicos de las democracias los educaban en cursos especiales destinados a preservar el orden imperialista y burgués. Los golpes de Estado serían bienvenidos siempre que estuvieran destinados a “defender las democracias”, preservar y garantizar tan repugnante orden, en alianza con las oligarquías; si los electores sabían o no leer y escribir, si tenían o no viviendas, empleo, servicios médicos y educación, eso carecía de importancia siempre que el sagrado derecho a la propiedad fuese sostenido. Chávez explica esas realidades magistralmente. Nadie conoce como él lo que ocurría en nuestros países.
Lo que era todavía peor, el carácter sofisticado de las armas, la complejidad en la explotación y el uso del armamento moderno que requiere años de aprendizaje, y la formación de especialistas altamente calificados, el precio casi inaccesible de las mismas para las economías débiles del continente, creaba un mecanismo superior de subordinación y dependencia. El Gobierno de Estados Unidos a través de mecanismos que ni siquiera consultan a los gobiernos, traza pautas y determina políticas para los militares. Las técnicas más sofisticadas de torturas se trasmitían a los llamados cuerpos de seguridad para interrogar a los que se rebelaban contra el inmundo y repugnante sistema de hambre y explotación.
A pesar de eso, no pocos oficiales honestos, hastiados por tantas desvergüenzas, intentaron valientemente erradicar aquella bochornosa traición a la historia de nuestras luchas por la independencia.
En Argentina, Juan Domingo Perón, oficial del Ejército, fue capaz de diseñar una política independiente y de raíz obrera en su país. Un sangriento golpe militar lo derrocó, lo expulsó de su país, y lo mantuvo exiliado desde 1955 hasta 1973. Años más tarde, bajo la égida de los yankis, asaltaron de nuevo el poder, asesinaron, torturaron y desaparecieron a decenas de miles de argentinos, y no fueron siquiera capaces de defender el país en la guerra colonial contra Argentina que Inglaterra llevó a cabo con el apoyo cómplice de Estados Unidos y el esbirro Augusto Pinochet, con su cohorte de oficiales fascistas formados en la Escuela de las Américas.
En Santo Domingo, el Coronel Francisco Caamaño Deñó; en Perú, el General Velazco Alvarado; en Panamá, el General Omar Torrijos; y en otros países capitanes y oficiales que sacrificaron sus vidas anónimamente, fueron las antítesis de las conductas traidoras personificadas en Somoza, Trujillo, Stroessner y las sanguinarias tiranías de Uruguay, El Salvador y otros países de Centro y Sur América. Los militares revolucionarios no expresaban puntos de vista teóricamente elaborados en detalles, y nadie tenía derecho a exigírselos, porque no eran académicos educados en política, sino hombres con sentido del honor que amaban su país.
Sin embargo, hay que ver hasta donde son capaces de llegar por los senderos de la revolución hombres de tendencia honesta, que repudian la injusticia y el crimen.
Venezuela constituye un brillante ejemplo del rol teórico y práctico que los militares revolucionarios pueden desempeñar en la lucha por la independencia de nuestros pueblos, como ya lo hicieron hace dos siglos bajo la genial dirección de Simón Bolívar.
Chávez, un militar venezolano de humilde origen, irrumpe en la vida política de Venezuela inspirado en las ideas del libertador de América. Sobre Bolívar, fuente inagotable de inspiración, Martí escribió: “ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos [...] jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor, en el mundo por la libertad…”
“… de Bolívar -dijo- se puede hablar con una montaña por tribuna [...] o con un manojo de pueblos libres en el puño…”
“… lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América todavía.”
Más de medio siglo después el insigne y laureado poeta Pablo Neruda escribió sobre Bolívar un poema que Chávez repite con frecuencia. En su estrofa final expresa:
“Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,
Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:
‘Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo’.”
Pero el líder bolivariano no se limita a la elaboración teórica. Sus medidas concretas no se hacen esperar. Los países caribeños de habla inglesa, a los que modernos y lujosos buques cruceros yankis le disputaban el derecho a recibir turistas en sus hoteles, restaurantes y centros de recreación, no pocas veces de propiedad extranjera pero que al menos generaban empleo, agradecerán siempre a Venezuela el combustible suministrado por ese país con facilidades especiales de pago, cuando el barril alcanzó precios que a veces superaban los 100 dólares.
El pequeño Estado de Nicaragua, patria de Sandino, “General de Hombres Libres”, donde la Agencia Central de Inteligencia a través de Luis Posada Carriles, después de ser rescatado de una prisión venezolana, organizó el intercambio de armas por drogas que costó miles de vidas y mutilados a ese heroico pueblo, también ha recibido el apoyo solidario de Venezuela. Son ejemplos sin precedentes en la historia de este hemisferio.
El ruinoso Acuerdo de Libre Comercio que los yankis pretenden imponer a la América Latina, como hizo con México, convertiría los países latinoamericanos y caribeños no solo en la región del mundo donde peor está distribuida la riqueza, que ya lo es, sino también en un gigantesco mercado donde hasta el maíz y otros alimentos que son fuentes históricas de proteína vegetal y animal serían desplazados por los cultivos subsidiados de Estados Unidos, como ya está ocurriendo en territorio mexicano.
Los automóviles de uso y otros bienes desplazan a los de la industria mexicana; tanto las ciudades como los campos pierden su capacidad de empleo, el comercio de drogas y armas crece, jóvenes casi adolescentes con apenas 14 ó 15 años, en número creciente, son convertidos en temibles delincuentes. Jamás se vio que ómnibus u otros vehículos repletos de personas, que incluso pagaron para ser transportados al otro lado de la frontera en busca de empleo, fuesen secuestrados y eliminados masivamente. Las cifras conocidas crecen de año en año. Más de 10 mil personas están perdiendo ya la vida cada año.
No es posible analizar la Revolución Bolivariana sin tomar en cuenta estas realidades.
Las fuerzas armadas, en tales circunstancias sociales, se ven forzadas a interminables y desgastadoras guerras.
Honduras no es un país industrializado, financiero o comercial, ni siquiera gran productor de drogas, sin embargo algunas de sus ciudades rompen el record de muertos por violencia a causa de las drogas. Allí se yergue en cambio el estandarte de una importante base de las fuerzas estratégicas del Comando Sur de Estados Unidos. Lo que allí ocurre y está ocurriendo ya en más de un país latinoamericano es el dantesco cuadro señalado, de los cuales algunos países, han comenzado a salir. Entre ellos, y en primer lugar Venezuela, pero no solo porque posee cuantiosos recursos naturales, sino porque los rescató de la avaricia insaciable de las transnacionales extranjeras y ha desatado considerables fuerzas políticas y sociales capaces de alcanzar grandes logros. La Venezuela de hoy es otra muy distinta a la que conocí hace solo 12 años, y ya entonces me impresionó profundamente, al ver que como ave Fénix resurgía de sus históricas cenizas.
Aludiendo a la misteriosa computadora de Raúl Reyes, en manos de Estados Unidos y la CIA, a partir del ataque organizado y suministrado por ellos en pleno territorio ecuatoriano, que asesinó al sustituto de Marulanda y a varios jóvenes latinoamericanos desarmados, han lanzado la versión de que Chávez apoyaba la “organización narco-terrorista de las FARC”. Los verdaderos terroristas y narcotraficantes en Colombia han sido los paramilitares que le suministraban a los traficantes norteamericanos las drogas, que se venden en el mayor mercado de estupefacientes del mundo: Estados Unidos.
Nunca hablé con Marulanda, pero sí con escritores e intelectuales honrados que llegaron a conocerlo bien. Analicé sus pensamientos e historia. Era sin dudas un hombre valiente y revolucionario, lo cual no vacilo en afirmar. Expliqué que no coincidía con él en su concepción táctica. A mi juicio, dos o tres mil hombres habrían sido más que suficientes para derrotar en el territorio de Colombia a un ejército regular convencional. Su error era concebir un ejército revolucionario armado con casi tantos soldados como el adversario. Eso era sumamente costoso y virtualmente imposible de manejar.
Hoy la tecnología ha cambiado muchos aspectos de la guerra; las formas de lucha también cambian. De hecho el enfrentamiento de las fuerzas convencionales, entre potencias que poseen el arma nuclear, se ha tornado imposible. No hay que poseer los conocimientos de Albert Einstein, Stephen Hawking y miles de otros científicos para comprenderlo. Es un peligro latente y el resultado se conoce o se debiera conocer. Los seres pensantes podrían tardar millones de años en volver a poblar el planeta.
A pesar de todo, sostengo el deber de luchar, que es algo de por sí innato en el hombre, buscar soluciones que le permitan una existencia más razonada y digna.
Desde que conocí a Chávez, ya en la presidencia de Venezuela, desde la etapa final del gobierno de Pastrana, siempre lo vi interesado por la paz en Colombia, y facilitó las reuniones entre el gobierno y los revolucionarios colombianos que tuvieron por sede a Cuba, entiéndase bien, para un acuerdo verdadero de paz y no una rendición.
No recuerdo haber escuchado nunca a Chávez promover en Colombia otra cosa que no fuera la paz, ni tampoco mencionar a Raúl Reyes. Siempre abordábamos otros temas. Él aprecia particularmente a los colombianos; millones de ellos viven en Venezuela y todos se benefician con las medidas sociales adoptadas por la Revolución, y el pueblo de Colombia lo aprecia casi tanto como el de Venezuela.
Deseo expresar mi solidaridad y estima al General Henry Rangel Silva, Jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y recién designado Ministro para la Defensa de la República Bolivariana. Tuve el honor de conocerlo cuando en meses ya distantes visitó a Chávez en Cuba. Pude apreciar en él un hombre inteligente y sano, capaz y a la vez modesto. Escuché su discurso sereno, valiente y claro, que inspiraba confianza.
Dirigió la organización del desfile militar más perfecto que he visto de una fuerza militar latinoamericana, que esperamos sirva de aliento y ejemplo a otros ejércitos hermanos.
Los yankis nada tienen que ver con ese desfile y no serían capaces de hacerlo mejor.
Es sumamente injusto criticar a Chávez por los recursos invertidos en las excelentes armas que allí se exhibieron. Estoy seguro de que jamás se utilizarán para agredir a un país hermano. Las armas, los recursos y los conocimientos deberán marchar por los senderos de la unidad para formar en América, como soñó El Libertador, “…la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”.
Todo nos une más que a Europa o a los propios Estados Unidos, excepto la falta de independencia que nos han impuesto durante 200 años.
Fidel Castro Ruz
Enero 25 de 2012
8 y 32 p.m.
Más Europa neoliberal, más paro, más pobreza, más desprotección social
Rebelión
Por Idoia Intxaurbe y Mikel Noval
Los pasados 8 y 9 de diciembre tuvo lugar en Bruselas un nuevo Consejo Europeo, en el que participaron los presidentes de gobierno de los 27 estados de la Unión Europea, así como las autoridades de la Unión.
Mucho se ha hablado de lo ocurrido en dicho Consejo. Sin embargo, en los medios de comunicación se ha resaltado más la falta de acuerdo del gobierno de Reino Unido que los contenidos reales de lo decidido en dicha cumbre.
Los gobiernos de la Unión Europea, con el “liderazgo” de Merkel y Sarkozy, se han enfrascado en la aplicación de las políticas de recorte más radicales. Las medidas que se han planteado en los últimos años se han venido justificando como las necesarias y dolorosas recetas para salir de la crisis.
Sin embargo, es evidente que las políticas antisociales que se están poniendo en marcha:
Están agravando la crisis. La Unión Europea está entrando en una recesión. Esto ya nadie lo pone en duda. Es decir, el argumento de que así se sale de la crisis es falso.
Están suponiendo un empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. Aumenta el paro; los trabajadores y trabajadoras pierden poder adquisitivo, se precariza su empleo de distintas formas; las pensiones se congelan o incluso se recortan; otras prestaciones sociales siguen por el mismo camino y se anuncian nuevos recortes; se plantea extender y ampliar el copago sanitario, como acaban de hacer en Portugal.
Las políticas de privatización y subcontratación hacen que una minoría haga negocio con las necesidades de la gente.
Están destruyendo países enteros. La situación de Grecia, Portugal, Irlanda es tremendamente grave. A estos hay que sumar lo ocurrido o lo que puede suceder en Italia o España. Pero no es una lucha entre países. En todas partes (Francia y Alemania incluidas) las clases populares están pagando las consecuencias de una política inmoral.
Llevan a un descrédito absoluto de la clase política, que deja de ser representativa de la sociedad. Entre quienes tienen opción de gobernar no hay diferencias. La negativa de la existencia de alternativas lleva a una crisis política de gran calado.
Las políticas neoliberales de recortes presupuestarios que se han venido decidiendo por los Jefes de estado de la Unión, apoyadas por la Comisión Europea, nos están llevando a una catástrofe económica, social y política. La Europa actual cada vez se parece más a la América Latina de los años 90. Las políticas que se están aplicando son las mismas que se aplicaron en dicho continente en esa época. La Unión Europea ha sacado a pasear incluso al Fondo Monetario Internacional, cuyas tristemente famosas políticas de ajuste estructural son las que rigen la actual política europea.
Es necesario un cambio radical de las políticas de los gobiernos de la Unión Europea. Pero las conclusiones del Consejo Europeo del 8 y 9 de diciembre son para echarse a temblar. En el mismo los gobiernos de la Unión Europea se ratifican en todo lo hecho hasta ahora, y se conjuran para dar una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección. Es un empujón más hacia el precipicio de la descomposición social europea.
Los elementos más sustanciales de lo aprobado en dicha Cumbre están en la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona del Euro”. En este documento los gobiernos se reafirman en la política aplicada y decidida en los últimos años. Y dicen que se basarán en lo decidido en los últimos 18 meses. Citan, por ejemplo, el Pacto por el Euro Plus, que no es sino la adopción de una serie de medidas para reducir los salarios, aumentar la flexibilidad laboral, recortar las pensiones y otras prestaciones sociales, e impulsar el recorte de las prestaciones sanitarias y el copago en las mismas.
El nuevo pacto presupuestario acordado supone que los gobiernos se comprometen a establecer una nueva norma presupuestaria, que obligue al equilibrio o al superávit presupuestario (el déficit estructural no podrá superar el 0,5% del PIB, frente al ya restrictivo 3% del Tratado de la Unión). Esta nueva norma incorporará, además, mecanismos de corrección automáticos, que se activarán si se supera dicho nivel de déficit.
Llama la atención que los gobiernos hayan decidido permitir que se les intervenga. Han decidido que sea la Comisión Europea la que decida los principios del mecanismo de corrección, que la Comisión y el Consejo acepten (o no) y supervisen los programas de ajuste y los plantes presupuestarios de los gobiernos que estén siendo objeto de un procedimiento por déficit excesivo (en la actualidad la práctica totalidad de los de la Unión Europea). También han acordado que la reducción del déficit público se hará en cada estado siguiendo el calendario propuesto por la Comisión. La Comisión impondrá a los gobiernos sanciones económicas y las medidas que esto gobiernos han de adoptar, salvo que una mayoría cualificada de estados miembros se opongan a ello.
De este modo los estados ceden soberanía y dan poder de control a la Comisión y al Consejo, pero con un claro objetivo: aplicar la disciplina presupuestaria y justificar los recortes presupuestarios y de derechos laborales y sociales en base a una supuesta obligación europea. Es necesario resaltar la responsabilidad política de los gobiernos en este tema. No se trata de un modelo aséptico. Es un modelo que trata de alejar la responsabilidad de los espacios en los que la sociedad está organizada, para evitar la respuesta social.
Respecto al Mecanismo Europeo de Financiación (por el que se quieren destinar 500.000 millones de euros para “rescatar” gobiernos) hay que destacar que los gobiernos han aprovechado para, respecto a la participación del sector privado (es decir, el impago de la deuda pública a entidades financieras privadas), señalar que se adhieren “firmemente a las prácticas y principios consagrados del Fondo Monetario Internacional, lo que quedará reflejado sin ambigüedad…Reafirmamos con claridad que las decisiones adoptadas…sobre la deuda griega tienen un carácter único y excepcional; se incluirán cláusulas de actuación colectiva normalizadas” para que eso sea así. Es decir, se comprometen a impedir el impago de la deuda, que es una medida que en nuestra opinión debe aplicarse si se considera que dicha deuda es ilegítima, tras un proceso de auditoría pública con participación social.
En todo caso, la hipocresía de esta construcción europea se evidencia al contraponer la rapidez con la que el Banco Central Europeo ha decidido prestar 500.000 millones de euros a las entidades financieras al 1% (sin condicionar en absoluto su labor) con la lentitud con la que se está discutiendo dicho Mecanismo de Financiación, que lleva meses en debate, y con las condiciones que se ponen a los gobiernos para prestarles dinero. El colmo es que el Banco Central Europeo no presta a los gobiernos, pero presta a los bancos al 1%, para que éstos les presten a los gobiernos al 5 al 6 o al 7%. Es evidente al servicio de quienes están las instituciones europeas.
Los gobiernos de la Unión dan la espalda a las necesidades y a las luchas de los pueblos. Señalar, como lo hacen, que se congratulan de las medidas adoptadas por Italia, del compromiso del nuevo gobierno griego así como del positivo avance logrado por Irlanda y Portugal en aplicación de sus programas, es afirmar que están muy contentos con los nefastos efectos económicos, sociales y políticos de sus políticas. Es necesario movilizarse para cambiarlas, ya que la clase política dirigente europea nos lleva al empobrecimiento generalizado.
Idoia Intxaurbe y Mikel Noval son miembros del Gabinete de Estudios de ELA
Por Idoia Intxaurbe y Mikel Noval
Los pasados 8 y 9 de diciembre tuvo lugar en Bruselas un nuevo Consejo Europeo, en el que participaron los presidentes de gobierno de los 27 estados de la Unión Europea, así como las autoridades de la Unión.
Mucho se ha hablado de lo ocurrido en dicho Consejo. Sin embargo, en los medios de comunicación se ha resaltado más la falta de acuerdo del gobierno de Reino Unido que los contenidos reales de lo decidido en dicha cumbre.
Los gobiernos de la Unión Europea, con el “liderazgo” de Merkel y Sarkozy, se han enfrascado en la aplicación de las políticas de recorte más radicales. Las medidas que se han planteado en los últimos años se han venido justificando como las necesarias y dolorosas recetas para salir de la crisis.
Sin embargo, es evidente que las políticas antisociales que se están poniendo en marcha:
Están agravando la crisis. La Unión Europea está entrando en una recesión. Esto ya nadie lo pone en duda. Es decir, el argumento de que así se sale de la crisis es falso.
Están suponiendo un empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. Aumenta el paro; los trabajadores y trabajadoras pierden poder adquisitivo, se precariza su empleo de distintas formas; las pensiones se congelan o incluso se recortan; otras prestaciones sociales siguen por el mismo camino y se anuncian nuevos recortes; se plantea extender y ampliar el copago sanitario, como acaban de hacer en Portugal.
Las políticas de privatización y subcontratación hacen que una minoría haga negocio con las necesidades de la gente.
Están destruyendo países enteros. La situación de Grecia, Portugal, Irlanda es tremendamente grave. A estos hay que sumar lo ocurrido o lo que puede suceder en Italia o España. Pero no es una lucha entre países. En todas partes (Francia y Alemania incluidas) las clases populares están pagando las consecuencias de una política inmoral.
Llevan a un descrédito absoluto de la clase política, que deja de ser representativa de la sociedad. Entre quienes tienen opción de gobernar no hay diferencias. La negativa de la existencia de alternativas lleva a una crisis política de gran calado.
Las políticas neoliberales de recortes presupuestarios que se han venido decidiendo por los Jefes de estado de la Unión, apoyadas por la Comisión Europea, nos están llevando a una catástrofe económica, social y política. La Europa actual cada vez se parece más a la América Latina de los años 90. Las políticas que se están aplicando son las mismas que se aplicaron en dicho continente en esa época. La Unión Europea ha sacado a pasear incluso al Fondo Monetario Internacional, cuyas tristemente famosas políticas de ajuste estructural son las que rigen la actual política europea.
Es necesario un cambio radical de las políticas de los gobiernos de la Unión Europea. Pero las conclusiones del Consejo Europeo del 8 y 9 de diciembre son para echarse a temblar. En el mismo los gobiernos de la Unión Europea se ratifican en todo lo hecho hasta ahora, y se conjuran para dar una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección. Es un empujón más hacia el precipicio de la descomposición social europea.
Los elementos más sustanciales de lo aprobado en dicha Cumbre están en la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona del Euro”. En este documento los gobiernos se reafirman en la política aplicada y decidida en los últimos años. Y dicen que se basarán en lo decidido en los últimos 18 meses. Citan, por ejemplo, el Pacto por el Euro Plus, que no es sino la adopción de una serie de medidas para reducir los salarios, aumentar la flexibilidad laboral, recortar las pensiones y otras prestaciones sociales, e impulsar el recorte de las prestaciones sanitarias y el copago en las mismas.
El nuevo pacto presupuestario acordado supone que los gobiernos se comprometen a establecer una nueva norma presupuestaria, que obligue al equilibrio o al superávit presupuestario (el déficit estructural no podrá superar el 0,5% del PIB, frente al ya restrictivo 3% del Tratado de la Unión). Esta nueva norma incorporará, además, mecanismos de corrección automáticos, que se activarán si se supera dicho nivel de déficit.
Llama la atención que los gobiernos hayan decidido permitir que se les intervenga. Han decidido que sea la Comisión Europea la que decida los principios del mecanismo de corrección, que la Comisión y el Consejo acepten (o no) y supervisen los programas de ajuste y los plantes presupuestarios de los gobiernos que estén siendo objeto de un procedimiento por déficit excesivo (en la actualidad la práctica totalidad de los de la Unión Europea). También han acordado que la reducción del déficit público se hará en cada estado siguiendo el calendario propuesto por la Comisión. La Comisión impondrá a los gobiernos sanciones económicas y las medidas que esto gobiernos han de adoptar, salvo que una mayoría cualificada de estados miembros se opongan a ello.
De este modo los estados ceden soberanía y dan poder de control a la Comisión y al Consejo, pero con un claro objetivo: aplicar la disciplina presupuestaria y justificar los recortes presupuestarios y de derechos laborales y sociales en base a una supuesta obligación europea. Es necesario resaltar la responsabilidad política de los gobiernos en este tema. No se trata de un modelo aséptico. Es un modelo que trata de alejar la responsabilidad de los espacios en los que la sociedad está organizada, para evitar la respuesta social.
Respecto al Mecanismo Europeo de Financiación (por el que se quieren destinar 500.000 millones de euros para “rescatar” gobiernos) hay que destacar que los gobiernos han aprovechado para, respecto a la participación del sector privado (es decir, el impago de la deuda pública a entidades financieras privadas), señalar que se adhieren “firmemente a las prácticas y principios consagrados del Fondo Monetario Internacional, lo que quedará reflejado sin ambigüedad…Reafirmamos con claridad que las decisiones adoptadas…sobre la deuda griega tienen un carácter único y excepcional; se incluirán cláusulas de actuación colectiva normalizadas” para que eso sea así. Es decir, se comprometen a impedir el impago de la deuda, que es una medida que en nuestra opinión debe aplicarse si se considera que dicha deuda es ilegítima, tras un proceso de auditoría pública con participación social.
En todo caso, la hipocresía de esta construcción europea se evidencia al contraponer la rapidez con la que el Banco Central Europeo ha decidido prestar 500.000 millones de euros a las entidades financieras al 1% (sin condicionar en absoluto su labor) con la lentitud con la que se está discutiendo dicho Mecanismo de Financiación, que lleva meses en debate, y con las condiciones que se ponen a los gobiernos para prestarles dinero. El colmo es que el Banco Central Europeo no presta a los gobiernos, pero presta a los bancos al 1%, para que éstos les presten a los gobiernos al 5 al 6 o al 7%. Es evidente al servicio de quienes están las instituciones europeas.
Los gobiernos de la Unión dan la espalda a las necesidades y a las luchas de los pueblos. Señalar, como lo hacen, que se congratulan de las medidas adoptadas por Italia, del compromiso del nuevo gobierno griego así como del positivo avance logrado por Irlanda y Portugal en aplicación de sus programas, es afirmar que están muy contentos con los nefastos efectos económicos, sociales y políticos de sus políticas. Es necesario movilizarse para cambiarlas, ya que la clase política dirigente europea nos lleva al empobrecimiento generalizado.
Idoia Intxaurbe y Mikel Noval son miembros del Gabinete de Estudios de ELA
Neolengua para la era popular
Escolar
Por Ignacio Escolar
No diga congelar el salario mínimo, diga “mejorar la competitividad”. No diga violencia machista, diga “violencia en el entorno familiar”. No diga recesión, diga “tasa negativa de crecimiento económico”. No diga copago ni mucho menos repago: es un necesario “ticket moderador”. No diga recortes, diga “reformas”. No diga empleo precario, diga mejor “minijob”. No diga abaratar el despido, diga “flexibilizar el mercado laboral”. No los llame patronal o empresarios, llámelos “emprendedores”. No critique las rebajas fiscales a los más ricos, son “ayudas a los ahorradores”.
No hable de regalar dinero público a la banca con un banco malo, se trata de “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras”. No cuestione un gabinete de puerta giratoria, con los lobbies en el Consejo de Ministros: alabe su preparación empresarial. No critique a un ministro de Defensa que ha pasado los últimos 16 años a los dos lados del misil –comprándolos desde la Administración o vendiéndolos desde las fábricas de armas–: elogie su “experiencia en el sector”. No recuerde a Lehman Brothers, sus directivos nunca han sido responsables de lo que pasó.
No prometa ante la Constitución, mejor jure ante la Biblia. No hable de Estado aconfesional, elogie a dios como “legislador del universo”. No lo llame matrimonio, que las peras son peras, las manzanas son manzanas y la mujer-mujer es alcaldesa de Madrid. No diga Educación para la ciudadanía, diga mejor religión. Y deje de culpar al Gobierno del paro, de la situación económica o de la lluvia, que eso es cosa del pasado: ahora es culpa de la “herencia recibida” de la “hemorragia de la deuda”, de la “coyuntura económica general” y de la “crisis internacional”.
Y de la pertinaz sequía.
viernes, 27 de enero de 2012
Por la constitución de Candidaturas Independientes y el rescate del proyecto original del FNRP
El SOCA
El Acuerdo de Cartagena, firmado por el gobernante ilegitimo Porfirio Lobo y el Ex gobernante defenestrado por un golpe de Estado José Manuel Zelaya Rosales, modificó la situación política abierta tras el ascenso de la masas en la lucha contra el golpe de Estado. La nueva dinámica del movimiento de masas encajaba muy bien en la pretensión de la Comisión política de insertar al FNRP al próximo proceso electoral como un Frente Amplio Político, evidentemente, este giro en la política fue ampliamente favorable para los intereses de la burguesía y los grupos de poder para poder echar andar su política de planes de hambre y de miseria contra el pueblo de Honduras, sobre todo porque ha trastocado algunas conquistas sociales y laborales en un clima de desmovilización y retroceso.
El furor electoral desencadenado, una vez que José Manuel Zelaya Rosales y el comité político del Frente Nacional de Resistencia bifurcaron el organismo de oposición y de lucha de la población en resistencia, conlleva enormes peligros para el movimiento de masas, y por ello se hace necesario perfilar una política electoral revolucionaria que nos permita situarnos en este contexto y de esa manera tener presencia para poder promover un programa de lucha y de rescate del FNRP.
Los socialistas revolucionarios no descartamos la participación electoral, aún cuando consideremos que en la actual coyuntura no se garantizan las condiciones mínimas de participación, sin embargo, desde nuestra mirada ésta debe de ser vista como un aspecto estrictamente táctico y no como uno de los fines últimos.
Desde las primeras intenciones de Zelaya y de las corrientes oportunistas del FNRP de incursionar en el proceso electoral, nos opusimos tácitamente al mismo, ya que participar como partido político sin haber garantizado las condiciones democráticas mínimas de participación era un fatal error. Pero también, se le concedió legitimidad al gobierno de Porfirio Lobo que previo al Acuerdo de Cartagena no gozaba de la credibilidad internacional ni de la legitimidad social requerida, y la situación de la lucha de clases necesitaba un organismo combativo que le hiciera frente a los planes de ajuste y de miseria del gobierno y no de un partido político más del antidemocrático régimen -que a pesar de los cambios cosméticos y de las pequeñas reformas realizadas- sigue sosteniéndose en el bipartidismo.
Lejos de asegurar la participación electoral, en este momento el pueblo hondureño necesita un organismo amplio y democrático que le haga frente a los planes de ajuste de la derecha hondureña, que por cierto, durante la coyuntura ha asestado duros golpes a las conquistas sociales de los trabajadores. A nuestro juicio, la gran tarea de transformar las condiciones semi coloniales de explotación, la miseria, exclusión y marginalidad imperante ante la injusta distribución de la riqueza social aún exige ser saldada. Esto más, la necesidad de refundar a Honduras bajo una Asamblea Nacional constituyente sigue siendo una de las necesidades imperativas de nuestro momento histórico. Sin embargo, estas transformaciones no podrán ser resueltas desde lo electoral, sino desde la lucha popular y la movilización permanente.
El cambio de situación y el viraje del FNRP
El Acuerdo de Cartagena de Indias, firmados entre Zelaya y Porfirio Lobo determinaron un cambio en la situación política de Honduras. Las condiciones favorables para la movilización abiertas tras el golpe de Estado y la constitución del gobierno espurio de Roberto Michelleti se habían esfumado. Desde hace algunos meses, la dirección del FNRP abandonó la lucha popular y jerarquizó el proceso de dialogo que desde hace un tiempo empezaba a tejerse entre la corriente liderada por Zelaya y el gobierno de Porfirio Lobo. El retorno de Zelaya aceleró la estabilización política del régimen y aseguró la incorporación del Estado de Honduras a los organismos multinacionales como la ONU y la OEA.
Bajo ese contexto, Zelaya y la comisión política del FNRP empezó a orientar el nuevo rumbo del Frente, para ello convocaron a una asamblea extraordinaria y casi por unanimidad votaron participar dentro del próximo proceso electoral, es de hacer notar, que en dicha asamblea se suprimieron los organismos democráticos que a través de la discusión interna se venían construyendo y sin oposición alguna, a excepción de la realizada por el Espacio refundacional, Zelaya impuso su agenda y logró bifurcar el Frente.
Quienes propusieron constituir el llamado Frente Amplio Electoral con corrientes burguesas, como son los Liberales en Resistencia, de cara a las elecciones del año 2013, llegaron al absurdo de anteponer las elecciones a la movilización popular. Para nosotros, cualquier táctica es válida si ayuda a la movilización de los trabajadores y el pueblo, si empuja la lucha hacia adelante, hasta lograr el objetivo inmediato como es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, producto de la movilización popular, como máxima expresión de la voluntad democrática del pueblo. Lo que no es válido es engañar al pueblo con falsas alternativas, que más bien conducen a la Resistencia a un callejón sin salida.
El Frente Amplio de Resistencia y el nacimiento de LIBRE
La nueva situación y el viraje oportunista de la dirección, acelero en gran medida la creación de un nuevo partido político que tiene como objetivo único participar dentro de la corroída institucionalidad de los golpistas en la lucha electoral. De esta manera, quedaron a un lado o más bien suprimidos los objetivos estratégicos del FNRP, aunque a mirada de Zelaya el FARP y luego LIBRE son el brazo político electoral del frente.
A partir de ese momento, se elaboró una extraña teoría repleta de fetichismo político en torno al Frente Amplio Electoral, en el sentido de que al darles cabida a corrientes burguesas, como los Liberales en Resistencia, dará una mayor cantidad de votos, capaz de imponer en determinado momento la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
La trampa del Frente Amplio Electoral
En diversos procesos de la historia, las organizaciones de los trabajadores han participado en organizaciones donde confluye una diversidad de tendencias políticas. En algunas ocasiones, esta amplia unidad es progresiva, como ocurrió durante los primeros meses de lucha contra el golpe de Estado. En ese sentido, la participación de corrientes del Partido Liberal era correcta y necesaria en el objetivo de movilizar al pueblo para derrotar al golpe de Estado.
La constitución de alianzas políticas puede ser considerada dentro de determinadas coyunturas. Sin embargo, en ningún momento se debe dejar al servicio de los sectores burgueses la dirección del movimiento sindical y popular, o someter a este al programa o a la política de esos sectores empresariales.
El descontento social genuino que brota de la miseria engendrada por la quiebra del Estado y de su antidemocrático modelo en Honduras, son un terreno fértil para la promoción de toda clase de “alianzas” y “frentes” por parte de algunos sectores de la izquierda reformista y oportunista. Estas propuestas “tácticas” son un verdadero terreno minado para aquellos que verdaderamente luchan por la transformación de Honduras a través de una Asamblea Nacional Constituyente
Detrás de las frases “radicales” a favor, en ese momento, del Frente Amplio Electoral se esconde una trampa: la disolución del programa de lucha los trabajadores y del aniquilamiento de la independencia política del FNRP.
Es de hacer notar, que el Frente Amplio Electoral de la Resistencia Popular (FARP) no es una creación novedosa, se trata de la resurrección de la política de creación e implementación del clásico “Frente Popular”, es decir, una política impulsada por los partidos stalinistas durante la década de los años 30 del siglo pasado, que consistía en implementar una política de alianzas y subordinación de los sectores obreros y populares en relación con sectores empresariales de “izquierda”, a los que catalogaban como “progresivos” o “revolucionarios”.
El FARP se presentaba como una nueva organización donde convergen distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y populares, hasta sectores burgueses “progresivos”, como el representado por Zelaya y los distintos liberales que comparten su visión.
Para ese momento, nos opusimos firmemente a esa amalgama ideológica y de programas, evidentemente por ser el FARP una organización que diluye las tareas centrales de la clase obrera y contribuye al fortalecimiento del Estado capitalista. Por otro lado, la política de los “frente populares” diluyen con su práctica los ejes centrales de lucha de la clase, tan solo para anteponer el ejercicio electoral como uno de los únicos métodos de la toma del poder.
La creación de Libertad y Refundación
A nuestro juicio, sí hay una manera de sintetizar una definición que nos acerque a una caracterización precisa de este partido político, tendríamos que decir: el partido político Libertad y Refundación (LIBRE), es un poco más de lo mismo. Es cierto, que algunos intelectuales y corrientes vanguardistas ven con optimismo al nuevo partido político, pero en realidad el nuevo partido no representa los intereses de las grandes capas de oprimidos y explotados del país. Una cosa es luchar contra el golpe de Estado y otra es constituir una alternativa de gobierno, que debe tener un claro programa de reivindicaciones sociales.
La razón fundamental de esta organización política llamada LIBRE es, abandonar las luchas populares en las calles, y volcarse estrictamente a la toma del poder por la “vía democrática”, como si las transformaciones profundas se realizan desde las corruptas y antidemocráticas instituciones del Estado, es decir, sin romper con la institucionalidad burguesa.
Aunque en su discurso, Zelaya menciona que LIBRE es el brazo político del FNRP, en los hechos sigue siendo el mismo Frente Amplio de resistencia Popular. El cambio de nombre o siglas, ni las posturas moderadas, no garantizan que Zelaya pueda atraer otras corrientes políticas para lograr algún grado de incidencia en el proceso electoral.
Pero esta maniobra política de Zelaya ha arrastrado a la mayor parte de la dirigencia y organizaciones sindicales y populares a la ilusión que entre más amplias las alianzas y menos radical el programa político, mayores oportunidades de acceder al poder por la vía electoral, dejando a un lado los objetivos fundamentales por los cuales surgió el FNRP como es la lucha por la democratización de Honduras.
La bifurcación del FNRP fue una maniobra para incursionar dentro del proceso electoral, por cierto controlado por la institucionalidad golpista. Primero creó el FAPER, después LIBRE, y recientemente ha creado una corriente interna dentro de esta última organización, como preparando la cama para la cohabitación con otras corrientes burgueses, que por cierto no aparecen ni parecen estar interesadas en una alianza con el caudillo liberal.
Por la construcción de una política electoral revolucionaria
Son los cambios y transformaciones en la realidad, por cierto aceleradas por la traición política de Zelaya y de los sectores que le representan, lo que nos ha llevado a levantar la propuesta de impulsar candidaturas independientes.
Estamos claros, que el problema no son las siglas o el nombre de una organización, tampoco son las elecciones, sino con que política y con qué programa vamos a las elecciones, que tipo de gobierno proponemos, quienes lo deben encabezar, como cambiar la situación de pobreza y violencia en Honduras, etc. Por eso, en diversas ocasiones exhortamos a nuestros hermanos del Espacio Refundacional a cerrar filas en la defensa del proyecto original del FNRP, como un proyecto popular y de izquierda. Si la mayoría de las bases del FNRP acepta participar en las próximas elecciones, se deben impulsar candidaturas independientes, llevando como candidatos a los dirigentes más destacados en las luchas, electos democráticamente en procesos en donde las bases discutan y decidan. Estas deben ser representadas por luchadores electos democráticamente en asambleas populares. Por otro lado, estas candidaturas deben ser impulsadas desde un Programa de Lucha que le haga frente a la embestida económica del gobierno.
Hemos dejado claro, que no nos oponemos a librar la batalla en el terreno electoral, pero para ello se requiere discutir programas, políticas, y formas de elección de los candidatos. La forma desesperada de convertir al FARP en un nuevo partido político, comenzando a discutir Estatutos, en vez de un programa de lucha para instaurar la Asamblea Nacional Constituyente, no presagia nada bueno.
En vez de reeditar la experiencia de las Candidaturas Independientes, y convocar a todo el movimiento obrero y popular a decidir cómo encarar la próxima contienda electoral, de antemano el ex presidente Zelaya, a la cabeza de corrientes burguesas como Liberales en Resistencia, está forzando al amplio movimiento social de la Resistencia a tomar el camino de Libre, sin discutir el programa, ni las políticas, ni los métodos de elecciones de los candidatos. Por todo lo anterior, proponemos una Asamblea Nacional de luchadores, planteamiento que retomamos de nuestras organizaciones hermanas.
En dicha Asamblea, pueden asistir todas las organizaciones del Frente nacional de Resistencia que desean rescatar el proyecto original y participar en la conformación de dichas candidaturas, que serán respaldadas de forma amplia y participativa por la Asamblea. Así mismo, se debe crear un programa de lucha que impulse a la movilización popular para lograr la refundación del país a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y frenar la embestida económica del gobierno de Porfirio Lobo. Las candidaturas se deberán a la Asamblea y mantendrán independencia y autonomía política de los organismos de dirección del FNRP, no obstante deberán de ser el referente para iniciar jornadas amplias de movilizaciones para lograr las transformaciones sociales requeridas.
En ese sentido, proponemos que sean los dirigentes sindicales y gremiales que mantienen independencia de Zelaya que encabecen dichas candidaturas, las organizaciones gremiales y sindicales que mantienen independencia de clase y no quieren verse expoliadas ante los giros oportunistas y conciliadores de Zelaya y de los liberales en resistencia deben ser el soporte estructural de las candidaturas populares independientes, desde luego los dirigentes comunales que combaten contra la injusticia y la cruenta explotación del sistema son absolutamente bienvenidos para encarar esta propuesta.
Centroamérica, 21 de Enero del 2012
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA) del
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
El Acuerdo de Cartagena, firmado por el gobernante ilegitimo Porfirio Lobo y el Ex gobernante defenestrado por un golpe de Estado José Manuel Zelaya Rosales, modificó la situación política abierta tras el ascenso de la masas en la lucha contra el golpe de Estado. La nueva dinámica del movimiento de masas encajaba muy bien en la pretensión de la Comisión política de insertar al FNRP al próximo proceso electoral como un Frente Amplio Político, evidentemente, este giro en la política fue ampliamente favorable para los intereses de la burguesía y los grupos de poder para poder echar andar su política de planes de hambre y de miseria contra el pueblo de Honduras, sobre todo porque ha trastocado algunas conquistas sociales y laborales en un clima de desmovilización y retroceso.
El furor electoral desencadenado, una vez que José Manuel Zelaya Rosales y el comité político del Frente Nacional de Resistencia bifurcaron el organismo de oposición y de lucha de la población en resistencia, conlleva enormes peligros para el movimiento de masas, y por ello se hace necesario perfilar una política electoral revolucionaria que nos permita situarnos en este contexto y de esa manera tener presencia para poder promover un programa de lucha y de rescate del FNRP.
Los socialistas revolucionarios no descartamos la participación electoral, aún cuando consideremos que en la actual coyuntura no se garantizan las condiciones mínimas de participación, sin embargo, desde nuestra mirada ésta debe de ser vista como un aspecto estrictamente táctico y no como uno de los fines últimos.
Desde las primeras intenciones de Zelaya y de las corrientes oportunistas del FNRP de incursionar en el proceso electoral, nos opusimos tácitamente al mismo, ya que participar como partido político sin haber garantizado las condiciones democráticas mínimas de participación era un fatal error. Pero también, se le concedió legitimidad al gobierno de Porfirio Lobo que previo al Acuerdo de Cartagena no gozaba de la credibilidad internacional ni de la legitimidad social requerida, y la situación de la lucha de clases necesitaba un organismo combativo que le hiciera frente a los planes de ajuste y de miseria del gobierno y no de un partido político más del antidemocrático régimen -que a pesar de los cambios cosméticos y de las pequeñas reformas realizadas- sigue sosteniéndose en el bipartidismo.
Lejos de asegurar la participación electoral, en este momento el pueblo hondureño necesita un organismo amplio y democrático que le haga frente a los planes de ajuste de la derecha hondureña, que por cierto, durante la coyuntura ha asestado duros golpes a las conquistas sociales de los trabajadores. A nuestro juicio, la gran tarea de transformar las condiciones semi coloniales de explotación, la miseria, exclusión y marginalidad imperante ante la injusta distribución de la riqueza social aún exige ser saldada. Esto más, la necesidad de refundar a Honduras bajo una Asamblea Nacional constituyente sigue siendo una de las necesidades imperativas de nuestro momento histórico. Sin embargo, estas transformaciones no podrán ser resueltas desde lo electoral, sino desde la lucha popular y la movilización permanente.
El cambio de situación y el viraje del FNRP
El Acuerdo de Cartagena de Indias, firmados entre Zelaya y Porfirio Lobo determinaron un cambio en la situación política de Honduras. Las condiciones favorables para la movilización abiertas tras el golpe de Estado y la constitución del gobierno espurio de Roberto Michelleti se habían esfumado. Desde hace algunos meses, la dirección del FNRP abandonó la lucha popular y jerarquizó el proceso de dialogo que desde hace un tiempo empezaba a tejerse entre la corriente liderada por Zelaya y el gobierno de Porfirio Lobo. El retorno de Zelaya aceleró la estabilización política del régimen y aseguró la incorporación del Estado de Honduras a los organismos multinacionales como la ONU y la OEA.
Bajo ese contexto, Zelaya y la comisión política del FNRP empezó a orientar el nuevo rumbo del Frente, para ello convocaron a una asamblea extraordinaria y casi por unanimidad votaron participar dentro del próximo proceso electoral, es de hacer notar, que en dicha asamblea se suprimieron los organismos democráticos que a través de la discusión interna se venían construyendo y sin oposición alguna, a excepción de la realizada por el Espacio refundacional, Zelaya impuso su agenda y logró bifurcar el Frente.
Quienes propusieron constituir el llamado Frente Amplio Electoral con corrientes burguesas, como son los Liberales en Resistencia, de cara a las elecciones del año 2013, llegaron al absurdo de anteponer las elecciones a la movilización popular. Para nosotros, cualquier táctica es válida si ayuda a la movilización de los trabajadores y el pueblo, si empuja la lucha hacia adelante, hasta lograr el objetivo inmediato como es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, producto de la movilización popular, como máxima expresión de la voluntad democrática del pueblo. Lo que no es válido es engañar al pueblo con falsas alternativas, que más bien conducen a la Resistencia a un callejón sin salida.
El Frente Amplio de Resistencia y el nacimiento de LIBRE
La nueva situación y el viraje oportunista de la dirección, acelero en gran medida la creación de un nuevo partido político que tiene como objetivo único participar dentro de la corroída institucionalidad de los golpistas en la lucha electoral. De esta manera, quedaron a un lado o más bien suprimidos los objetivos estratégicos del FNRP, aunque a mirada de Zelaya el FARP y luego LIBRE son el brazo político electoral del frente.
A partir de ese momento, se elaboró una extraña teoría repleta de fetichismo político en torno al Frente Amplio Electoral, en el sentido de que al darles cabida a corrientes burguesas, como los Liberales en Resistencia, dará una mayor cantidad de votos, capaz de imponer en determinado momento la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
La trampa del Frente Amplio Electoral
En diversos procesos de la historia, las organizaciones de los trabajadores han participado en organizaciones donde confluye una diversidad de tendencias políticas. En algunas ocasiones, esta amplia unidad es progresiva, como ocurrió durante los primeros meses de lucha contra el golpe de Estado. En ese sentido, la participación de corrientes del Partido Liberal era correcta y necesaria en el objetivo de movilizar al pueblo para derrotar al golpe de Estado.
La constitución de alianzas políticas puede ser considerada dentro de determinadas coyunturas. Sin embargo, en ningún momento se debe dejar al servicio de los sectores burgueses la dirección del movimiento sindical y popular, o someter a este al programa o a la política de esos sectores empresariales.
El descontento social genuino que brota de la miseria engendrada por la quiebra del Estado y de su antidemocrático modelo en Honduras, son un terreno fértil para la promoción de toda clase de “alianzas” y “frentes” por parte de algunos sectores de la izquierda reformista y oportunista. Estas propuestas “tácticas” son un verdadero terreno minado para aquellos que verdaderamente luchan por la transformación de Honduras a través de una Asamblea Nacional Constituyente
Detrás de las frases “radicales” a favor, en ese momento, del Frente Amplio Electoral se esconde una trampa: la disolución del programa de lucha los trabajadores y del aniquilamiento de la independencia política del FNRP.
Es de hacer notar, que el Frente Amplio Electoral de la Resistencia Popular (FARP) no es una creación novedosa, se trata de la resurrección de la política de creación e implementación del clásico “Frente Popular”, es decir, una política impulsada por los partidos stalinistas durante la década de los años 30 del siglo pasado, que consistía en implementar una política de alianzas y subordinación de los sectores obreros y populares en relación con sectores empresariales de “izquierda”, a los que catalogaban como “progresivos” o “revolucionarios”.
El FARP se presentaba como una nueva organización donde convergen distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y populares, hasta sectores burgueses “progresivos”, como el representado por Zelaya y los distintos liberales que comparten su visión.
Para ese momento, nos opusimos firmemente a esa amalgama ideológica y de programas, evidentemente por ser el FARP una organización que diluye las tareas centrales de la clase obrera y contribuye al fortalecimiento del Estado capitalista. Por otro lado, la política de los “frente populares” diluyen con su práctica los ejes centrales de lucha de la clase, tan solo para anteponer el ejercicio electoral como uno de los únicos métodos de la toma del poder.
La creación de Libertad y Refundación
A nuestro juicio, sí hay una manera de sintetizar una definición que nos acerque a una caracterización precisa de este partido político, tendríamos que decir: el partido político Libertad y Refundación (LIBRE), es un poco más de lo mismo. Es cierto, que algunos intelectuales y corrientes vanguardistas ven con optimismo al nuevo partido político, pero en realidad el nuevo partido no representa los intereses de las grandes capas de oprimidos y explotados del país. Una cosa es luchar contra el golpe de Estado y otra es constituir una alternativa de gobierno, que debe tener un claro programa de reivindicaciones sociales.
La razón fundamental de esta organización política llamada LIBRE es, abandonar las luchas populares en las calles, y volcarse estrictamente a la toma del poder por la “vía democrática”, como si las transformaciones profundas se realizan desde las corruptas y antidemocráticas instituciones del Estado, es decir, sin romper con la institucionalidad burguesa.
Aunque en su discurso, Zelaya menciona que LIBRE es el brazo político del FNRP, en los hechos sigue siendo el mismo Frente Amplio de resistencia Popular. El cambio de nombre o siglas, ni las posturas moderadas, no garantizan que Zelaya pueda atraer otras corrientes políticas para lograr algún grado de incidencia en el proceso electoral.
Pero esta maniobra política de Zelaya ha arrastrado a la mayor parte de la dirigencia y organizaciones sindicales y populares a la ilusión que entre más amplias las alianzas y menos radical el programa político, mayores oportunidades de acceder al poder por la vía electoral, dejando a un lado los objetivos fundamentales por los cuales surgió el FNRP como es la lucha por la democratización de Honduras.
La bifurcación del FNRP fue una maniobra para incursionar dentro del proceso electoral, por cierto controlado por la institucionalidad golpista. Primero creó el FAPER, después LIBRE, y recientemente ha creado una corriente interna dentro de esta última organización, como preparando la cama para la cohabitación con otras corrientes burgueses, que por cierto no aparecen ni parecen estar interesadas en una alianza con el caudillo liberal.
Por la construcción de una política electoral revolucionaria
Son los cambios y transformaciones en la realidad, por cierto aceleradas por la traición política de Zelaya y de los sectores que le representan, lo que nos ha llevado a levantar la propuesta de impulsar candidaturas independientes.
Estamos claros, que el problema no son las siglas o el nombre de una organización, tampoco son las elecciones, sino con que política y con qué programa vamos a las elecciones, que tipo de gobierno proponemos, quienes lo deben encabezar, como cambiar la situación de pobreza y violencia en Honduras, etc. Por eso, en diversas ocasiones exhortamos a nuestros hermanos del Espacio Refundacional a cerrar filas en la defensa del proyecto original del FNRP, como un proyecto popular y de izquierda. Si la mayoría de las bases del FNRP acepta participar en las próximas elecciones, se deben impulsar candidaturas independientes, llevando como candidatos a los dirigentes más destacados en las luchas, electos democráticamente en procesos en donde las bases discutan y decidan. Estas deben ser representadas por luchadores electos democráticamente en asambleas populares. Por otro lado, estas candidaturas deben ser impulsadas desde un Programa de Lucha que le haga frente a la embestida económica del gobierno.
Hemos dejado claro, que no nos oponemos a librar la batalla en el terreno electoral, pero para ello se requiere discutir programas, políticas, y formas de elección de los candidatos. La forma desesperada de convertir al FARP en un nuevo partido político, comenzando a discutir Estatutos, en vez de un programa de lucha para instaurar la Asamblea Nacional Constituyente, no presagia nada bueno.
En vez de reeditar la experiencia de las Candidaturas Independientes, y convocar a todo el movimiento obrero y popular a decidir cómo encarar la próxima contienda electoral, de antemano el ex presidente Zelaya, a la cabeza de corrientes burguesas como Liberales en Resistencia, está forzando al amplio movimiento social de la Resistencia a tomar el camino de Libre, sin discutir el programa, ni las políticas, ni los métodos de elecciones de los candidatos. Por todo lo anterior, proponemos una Asamblea Nacional de luchadores, planteamiento que retomamos de nuestras organizaciones hermanas.
En dicha Asamblea, pueden asistir todas las organizaciones del Frente nacional de Resistencia que desean rescatar el proyecto original y participar en la conformación de dichas candidaturas, que serán respaldadas de forma amplia y participativa por la Asamblea. Así mismo, se debe crear un programa de lucha que impulse a la movilización popular para lograr la refundación del país a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y frenar la embestida económica del gobierno de Porfirio Lobo. Las candidaturas se deberán a la Asamblea y mantendrán independencia y autonomía política de los organismos de dirección del FNRP, no obstante deberán de ser el referente para iniciar jornadas amplias de movilizaciones para lograr las transformaciones sociales requeridas.
En ese sentido, proponemos que sean los dirigentes sindicales y gremiales que mantienen independencia de Zelaya que encabecen dichas candidaturas, las organizaciones gremiales y sindicales que mantienen independencia de clase y no quieren verse expoliadas ante los giros oportunistas y conciliadores de Zelaya y de los liberales en resistencia deben ser el soporte estructural de las candidaturas populares independientes, desde luego los dirigentes comunales que combaten contra la injusticia y la cruenta explotación del sistema son absolutamente bienvenidos para encarar esta propuesta.
Centroamérica, 21 de Enero del 2012
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA) del
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
Diputados apátridas presentan Proyecto de Nueva Ley de Minería
Compañeros y Compañeras:
Un análisis preliminar sobre el Proyecto de Ley de Minería propuesto por Donaldo Reyes Avelar, mismo que en esencia es peor que la ley actual y se resume a lo siguiente:
- Se permite y promueve el método de explotación a cielos abiertos.
- Se abre la puerta para que no solo las corporaciones sino también los gobiernos extranjeros puedan ser titulares de concesiones mineras.
- No se protege, ni garantiza el derecho al agua para las comunidades, se da la preeminencia de su uso a la industria minera.
- Continúan los escudos fiscales para que las empresas no paguen impuestos.
- Se reducen los requisitos para el otorgamiento de concesiones.
- Se reducen y eliminan la mayoría de causales de cancelación de concesiones que ya estaban consensuadas.
- Se restringe e impide el acceso a la información sobre las actividades mineras, ya que esta información (Técnica y Financiera) es catalogada como confidencial.
- La consulta ciudadana vinculante se deja solamente para casos excepcionales y no como norma general.
- Se promueve el silencio administrativo como la vía expedita para aprobar las solicitudes de las empresas mineras.
- La Gran Trampa está en el Artículo 103 que literalmente dice: "Los expedientes que se encuentren en trámite a la fecha de entrada [PL1] en vigencia de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su terminación con la normativa que se iniciaron, sin perjuicio de la revisión, evaluación y subsanación que pudieren presentar los expedientes"
[PL1] Esto implica que más de 300 solicitudes de proyectos mineros que aún no han sido aprobados se tramitarán bajo la ley actual, misma que fue declarada inconstitucional. Además implica que de nada valen las disposiciones aquí plantedas cuando en la práctica seguirá vigente la desastroza ley actual para todas las solicitudes anteriores. Además esta disposición es contradictoria al artículo 105 que deroga la ley con la que se pretende continuar el trámite de más de 300 concesiones. Es decir que con esta ley se entrega todo el país para que las corporaciones mineras lo destruyan a sus anchas.
No permitamos que esto suceda, Hoy mas que nunca debemos unirnos para denuncira a estos apátridas del Congreso y sus traicioneras intenciones.
Pedro Landa
Coordinador
Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente
CEHPRODEC.
Mauricio Villeda y Ricardo Alvarez, los candidatos del Opus Dei
Vos el Soberano
Por Gustavo Zelaya
A propósito del lanzamiento de dos bebe saurios, Mauricio Villeda y Ricardo Álvarez, como precandidatos de los partidos tradicionales a la presidencia de la República, no sólo son los hijos ricos del pato Donald y convencidos golpistas, también están ligados a los grupos más obscuros de la ultraderecha política, empresarial y religiosa “nazional”, se está tejiendo todo un aparato propagandístico que busca ponerlos como los posibles salvadores de la crisis que nos envuelve. Ambos miembros supernumerarios del Opus Dei, un grupo religioso situado a la derecha del Papa y no literalmente, a la orden personal del Vicario de Cristo en la tierra y dedicado a luchar contra todo intento renovador dentro del Vaticano y en los países donde tienen protagonismo político. Sobre el basamento ideológico del Opus Dei existe suficiente información y de eso no voy a decir mucho, más que una reflexión sobre teoría y principios trato de mostrar ciertos hechos de esa red conspirativa en Honduras y muy cercana al fascismo que es el Opus Dei.
Posiblemente existan datos anteriores a 1980 y registros en archivos nacionales sobre la actividad del Opus Dei, pero quiero destacar esa década por ser el momento en donde gobierna el disque liberal Roberto Suazo Córdova de 1982 a 1986, quien convierte al país en una inmensa base al servicio de la CIA y de los militares norteamericanos para enfrentar la revolución sandinista, a la insurrección popular en El Salvador y hacer de la seguridad del sistema la razón principal de cualquier gobierno. El costo fue durísimo para el movimiento popular por la represión, los desaparecidos y la división de las fuerzas progresistas. Además, Suazo Córdova convierte a la figura presidencial en objeto de burla mundial por sus desplantes como aprendiz de brujo,con su lenguaje burlón, jugador de barajas y el servilismo incondicional frente a los gringos y hacia los militares del patio. Las muertes provocadas en ese período y los actos de corrupción desde el gobierno no han servido para llevar a ninguno de los actores a los tribunales. Esa impunidad es una especie de principio regulador de la actividad política nacional, es la ley no discutida ni decretada en ninguna legislatura pero que ordena todos los pasos de los que han gobernado el país. La impunidad se ha convertido en uno de los problemas centrales por resolver para quien aspire a generar democracia en Honduras.
Uno de los acontecimientos más penosos en la historia hondureña ocurrió con Suazo Córdova en el poder y fue conocido como el escándalo del pasaporte. Esta información se encuentra disponible en las versiones digitales de algunos medios de prensa española como El País, ABC y La Vanguardia. La Cancillería proporcionó un pasaporte diplomático al empresario español José María Ruíz-Mateos, fundador de un conglomerado de empresas conocido como RUMASA. Y entre otras cosas, ese empresario obsequió a Suazo Córdova una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. El Canciller era Edgardo Paz Barnica y el embajador en España Andrés Alvarado Puerto, el padre de Martha Lorena Alvarado de Casco, la futura vicecanciller del golpista roberto micheletti. El español y esos diplomáticos hondureños formaron o forman parte del Opus Dei.
El asunto de la virgen a cambio de un pasaporte tal vez parezca no tan sombrío pero en el fondo habían cuestiones ligadas a delitos financieros de Ruiz-Mateos que provocaron la renuncia del embajador Alvarado Puerto y de la Cónsul General en España Mercedes Bermúdez de Zepeda, aceptadas de inmediato y con la aclaración respectiva. El Canciller Paz Barnica afirmó que fue por cuestiones personales y que el pasaporte posiblemente fue obtenido en otro país. Esos apellidos siguen apareciendo en las planillas de la Cancillería hondureña, son de las familias que han hecho del servicio diplomático un feudo de uso exclusivo y que ningún gobernante ha podido disolver. Como curiosidad en el diario El País de España se encuentra lo siguiente: “La estatua de más de un metro de altura, regalada por José María Ruíz-Mateos, por la concesión de un pasaporte diplomático hondureño al empresario español… es una imagen única en el mundo según Carta del Papa y del embajador español Germán del Caso que da fe de la originalidad de la imagen”. Al menos no era falsa como sus fieles adoradores del Opus Dei en Honduras.
José María Ruiz - Mateos y sus Católicos Negocios
El grupo de empresas RUMASA se dedicaba a negocios en vinos, inversiones bancarias, bienes raíces, construcción, automóviles, tiendas de conveniencia, eran más de 700 empresas con 60 mil empleados y hasta 1997 facturaba más de 2 mil millones de euros anuales. Acusaciones y sospechas sobre los manejos contables de esa empresa que declaraba ganancias cuando había pérdidas, dieron lugar a una serie de intervenciones de parte del gobierno español y a un proceso judicial contra Ruíz-Mateos por los delitos de falsedad y estafa. Ese estafador también extendió sus negocios al ámbito político en países como Honduras, Belice y Jamaica. En ellos encontró cobertura “legal”, como el caso hondureño al facilitarle pasaportes diplomáticos y espacio para sus movimientos bursátiles y empresariales. Compra y venta de favores, protección personal y lustre social de parte esos grupos familiares que muchos califican de dignas y honorables. Por ejemplo, los de apellido Alvarado Downing o Villeda Bermúdez, de quienes también se dice que son patriotas al servicio de la democracia. En el mismo rango de honorabilidad y decencia se ha puesto a Rafael Callejas Romero y a Ricardo Álvarez Arias. Representantes de los grupos políticos que han gobernado el país durante más de 100 años. Al igual que Ruíz-Mateos, esas familias invierten en bancos, bienes raíces, centros comerciales, bufetes de abogados, venta de automóviles, instituciones educativas, residencias estudiantiles y, por sobre todo, en política. Es por medio de su control del aparato gubernamental donde aseguran inversiones presentes y futuras, sin riesgo y con el presupuesto nacional como instrumento financiero privado. Debido a la forma con que está diseñado el sistema judicial hondureño, al servicio de ciertas familias, nunca se investigó la red tejida por el español y sus socios hondureños. Todo quedó como siempre, en el mejor de los casos en el fondo de los archivos o sin rastro alguno, como normalmente ocurre.
No es raro, entonces, que existan establezcan vínculos entre sujetos de esa calaña y que se cubran también con vestimentas religiosas, así todo queda santificado y sellado gracias a la bendición de la autoridad eclesiástica.
Los Hombres y Mujeres del Opus Dei
Debido a su carácter secreto y conspirativo es complicado averiguar la cantidad exacta de miembros del Opus Dei en Honduras, pero si fue evidente su entusiasta y alegre participación en el golpe de estado contra Manuel Zelaya. Algunos de ellos como Federico Álvarez, Martha Lorena Alvarado, Gracia del Carmen Zúñiga de Villeda, Arturo Corrales, Antonio Tavel, Ricardo Álvarez, Mauricio Villeda Bermúdez y su confesor preferido, el Cardemal, alias Oscar Andrés Rodríguez. Esos vínculos de esta pandilla golpista también se manifiestan en la Unión Cívica Democrática y en el comité PROVIDA, con lazos indisolubles con la iglesia católica y otras iglesias evangélicas. Los sujetos antes mencionados defendieron, planificaron, negaron y después pidieron perdón por su participación en el golpe de estado sin mencionar en ningún momento las muertes y las palizas de que fueron víctimas hondureñas y hondureños de la Resistencia contra la ruptura constitucional. Simulan ceguera frente a las condiciones de miseria en que vive la gran mayoría de la población hondureña y algunos de ellos no tienen ninguna vergüenza de anotar en sus hojas de vida que son expertos en la defensa de los derechos humanos, en “Ciencias de la Familia” y en Bioética”. Esto ocurre en el matrimonio de Mauricio Villeda y Gracia Zúniga. O en el exagerado descaro de Ricardo Álvarez que afirma que trabajó con gente de los mercados y que muchos de ellos “continúan siendo sus amigos”.
Hay datos interesantes, como pestilente fango en medio de un mar de perlas. Dice un sitio web: “Mauricio Villeda Bermúdez es un prominente abogado con Maestría en Bioética. Se ha destacado por su honestidad, integridad, madurez y profunda sensibilidad ante la problemática social de Honduras… En reconocimiento a su labor de defensa de la vida, fue nombrado desde 1997 Miembro Correspondiente de la Academia Pontifica por la Vida con sede en el Vaticano… Fue invitado por la Fundación Friedrich Naumann como observador a las elecciones de la República Federal de Alemania en el año 2009. Participó como Miembro de la Comisión de Diálogo del Gobierno de Honduras para la suscripción del Acuerdo de San José en el año 2009”. Esto es un ejemplo de cómo la elegancia en el vestir y en el decir no se contradicen con la suciedad en la que se mueven estos cuadros políticos del Opus Dei; de cómo la formación académica no se opone a la miseria que rodea su opulencia. Más bien necesitan de la pobreza, la ignorancia y el disfrute del poder político para acrecentar sus fortunas. Todo lo que tocan se transforma en muerte y en dinero.
Esos santos varones han sabido realizar completamente lo que observó Maquiavelo en los gobernantes florentinos: la astucia del zorro y la fuerza bruta del león, el discurso falaz y la mentira descarada para mantener su vigencia y su dominio. Todo eso lo hacen sin disimulo ni vergüenza. Para ellos todo es válido a la hora de mentir y de ocultar la obscenidad de sus últimos episodios. La supuesta honorabilidad y decencia de esas familias golpistas quedo por los suelos al participar en el mayor acto de corrupción que registra la historia hondureña: el golpe de estado del 28 de junio de 2009. Es el acontecimiento más perverso, obsceno y deshonroso que desmitifica la falsa imagen de los Villeda Bermúdez, Álvarez Arias y Alvarado Downing. La ruptura constitucional más bien confirma la trayectoria ultraderechista de esos grupos familiares que han vivido de los negocios con el estado desde hace más de 100 años.
Ni Cínicos Ni Bioéticos
A Villeda Bermúdez se le ha tildado de cínico por su descaro para defender la “sucesión constitucional” y porque ahora niega esa ficción y habla del golpe de estado. Pienso que es un exceso y un halago calificarlo de ese modo. En sentido estricto, la corriente filosófica de los cínicos floreció entre los siglos III antes de Cristo y el IV después Cristo, a uno de sus representantes se le conoce como Diógenes El Perro. Despreciaba la riqueza material y se esforzaba por obtener más conocimiento y ser espiritualmente libre para lograr la felicidad; no se dejaba dominar por el destino ni por el azar y si aparecían, los enfrentaba con serenidad. Una de sus propuestas principales era ser autosuficiente frente a la adversidad y el conflicto social para no depender de los favores de ningún político. La vida sencilla, la libertad de actuar y pensar, fueron considerados como elementos fundamentales para lograr la serenidad y la felicidad. Este cinismo no tiene ninguna relación con Mauricio Villeda. Aunque puede serlo según el uso común de esa palabra.
Mientras que la supuesta formación en bioética de Villeda Bermúdez tal vez sea cierta desde la versión del Opus Dei que propone la defensa a ultranza de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. En general, la bioética sostiene que es necesario establecer principios mínimos que enaltezcan el valor y la dignidad de la persona, pero se extiende también a la vida en general y a temas ligados al medio ambiente y al trato respetuoso a los animales. Pretende no imponer a otras personas concepciones acerca del bien, sobre todo en asuntos de experimentos en humanos; aquí, sobre todo, no debe buscarse el bien a costa de provocar daños en los demás. Se acepta el desarrollo tecnológico para mejorar la salud y el bienestar de los más desprotegidos y de la humanidad en general, y la obligación moral de los países más ricos de trasladar tecnologías hacia los países empobrecidos para preservar vidas humanas y satisfacer sus necesidades más elementales. Establece también el compromiso de respetar los valores y elecciones personales en cuestiones referidas a su salud; y la necesidad de luchar contra la discriminación en la distribución de los recursos sanitarios. Más o menos esos son los principios básicos de la bioética.
Los Opus Dei catrachos, al estilo de Mauricio Villeda, Martha Lorena Alvarado y Ricardo Álvarez, se declaran contra la introducción de anticonceptivos, en especial contra la “píldora del día siguiente” por creer que atenta contra los derechos y el valor de la vida humana, en tal sentido y por medio del Comité Provida, en febrero de 2004 propusieron que el Gobierno denunciara la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes porque atenta contra los valores constitucionales, morales y religiosos de nuestro país. En tal sentido, la diputada Martha Lorena Alvarado propuso un proyecto de ley para prohibir la compra, venta y distribución de la píldora del día siguiente, respaldado por el Colegio Médico presidido por Mario Noé Villafranca, que luego sería ministro de salud del gobierno golpista; el Presidente Zelaya Rosales vetó ese decreto y la diputada se manifestó decepcionada del Presidente ya que se trataba de “proteger la vida de miles de niños y evitar la promiscuidad que tanto se da ahora en la juventud” declaró que los opositores a su proyecto eran “completamente ateos”. En consecuencia, la conferencia episcopal de la iglesia católica amenazó con la excomunión, a quienes brinden las píldoras anticonceptivas de emergencia. Esto ocurrió en mayo de 2009. Un mes más y estarían respaldando y participando activamente en el golpe de estado, representando la perversidad golpista y demostrando que los principios de la bioética y las tesis de Provida son útiles en el papel y que pueden desecharse cuando sea conveniente.
Liberales como Mauricio Villeda Bermúdez y nacionalistas como Ricardo Álvarez Arias, además de ser ideológicamente idénticos, manipulan principios y valores para darse imagen de insignes y decentes personajes, que saben honrar su tradición familiar. Desde tiempo atrás puede rastrearse la participación de todos los miembros de esos grupos políticos en agencias ligadas a los partidos tradicionales y a la iglesia católica que defienden programas casi fascistas y que cuando ven sus intereses económicos en peligro no vacilan en acudir a la manipulación de las ideas, a la educación, al analfabetismo y al golpe de estado. Esa es su honra familiar.
Esos precandidatos del Opus Dei siempre han trabajado por ocultar la realidad y enarbolan la consigna de la reconciliación de la familia hondureña, sostienen que las diferencias sociales son falsas ya que todos somos hermanos y de ese modo intentan hacer creer que de ser electos se respetaran los derechos humanos. Sin embargo, como defensores del derecho a la vida no dudaron en ponerse al par de micheletti y de acuerdo con la arbitrariedad, las golpizas y el asesinato de los miembros de la Resistencia Popular. En fin, esos insignes católicos, cristianos, se convirtieron en portadores de la falsedad y la simulación, que no son más que sus valores principales.
Por Gustavo Zelaya
A propósito del lanzamiento de dos bebe saurios, Mauricio Villeda y Ricardo Álvarez, como precandidatos de los partidos tradicionales a la presidencia de la República, no sólo son los hijos ricos del pato Donald y convencidos golpistas, también están ligados a los grupos más obscuros de la ultraderecha política, empresarial y religiosa “nazional”, se está tejiendo todo un aparato propagandístico que busca ponerlos como los posibles salvadores de la crisis que nos envuelve. Ambos miembros supernumerarios del Opus Dei, un grupo religioso situado a la derecha del Papa y no literalmente, a la orden personal del Vicario de Cristo en la tierra y dedicado a luchar contra todo intento renovador dentro del Vaticano y en los países donde tienen protagonismo político. Sobre el basamento ideológico del Opus Dei existe suficiente información y de eso no voy a decir mucho, más que una reflexión sobre teoría y principios trato de mostrar ciertos hechos de esa red conspirativa en Honduras y muy cercana al fascismo que es el Opus Dei.
Posiblemente existan datos anteriores a 1980 y registros en archivos nacionales sobre la actividad del Opus Dei, pero quiero destacar esa década por ser el momento en donde gobierna el disque liberal Roberto Suazo Córdova de 1982 a 1986, quien convierte al país en una inmensa base al servicio de la CIA y de los militares norteamericanos para enfrentar la revolución sandinista, a la insurrección popular en El Salvador y hacer de la seguridad del sistema la razón principal de cualquier gobierno. El costo fue durísimo para el movimiento popular por la represión, los desaparecidos y la división de las fuerzas progresistas. Además, Suazo Córdova convierte a la figura presidencial en objeto de burla mundial por sus desplantes como aprendiz de brujo,con su lenguaje burlón, jugador de barajas y el servilismo incondicional frente a los gringos y hacia los militares del patio. Las muertes provocadas en ese período y los actos de corrupción desde el gobierno no han servido para llevar a ninguno de los actores a los tribunales. Esa impunidad es una especie de principio regulador de la actividad política nacional, es la ley no discutida ni decretada en ninguna legislatura pero que ordena todos los pasos de los que han gobernado el país. La impunidad se ha convertido en uno de los problemas centrales por resolver para quien aspire a generar democracia en Honduras.
Uno de los acontecimientos más penosos en la historia hondureña ocurrió con Suazo Córdova en el poder y fue conocido como el escándalo del pasaporte. Esta información se encuentra disponible en las versiones digitales de algunos medios de prensa española como El País, ABC y La Vanguardia. La Cancillería proporcionó un pasaporte diplomático al empresario español José María Ruíz-Mateos, fundador de un conglomerado de empresas conocido como RUMASA. Y entre otras cosas, ese empresario obsequió a Suazo Córdova una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. El Canciller era Edgardo Paz Barnica y el embajador en España Andrés Alvarado Puerto, el padre de Martha Lorena Alvarado de Casco, la futura vicecanciller del golpista roberto micheletti. El español y esos diplomáticos hondureños formaron o forman parte del Opus Dei.
El asunto de la virgen a cambio de un pasaporte tal vez parezca no tan sombrío pero en el fondo habían cuestiones ligadas a delitos financieros de Ruiz-Mateos que provocaron la renuncia del embajador Alvarado Puerto y de la Cónsul General en España Mercedes Bermúdez de Zepeda, aceptadas de inmediato y con la aclaración respectiva. El Canciller Paz Barnica afirmó que fue por cuestiones personales y que el pasaporte posiblemente fue obtenido en otro país. Esos apellidos siguen apareciendo en las planillas de la Cancillería hondureña, son de las familias que han hecho del servicio diplomático un feudo de uso exclusivo y que ningún gobernante ha podido disolver. Como curiosidad en el diario El País de España se encuentra lo siguiente: “La estatua de más de un metro de altura, regalada por José María Ruíz-Mateos, por la concesión de un pasaporte diplomático hondureño al empresario español… es una imagen única en el mundo según Carta del Papa y del embajador español Germán del Caso que da fe de la originalidad de la imagen”. Al menos no era falsa como sus fieles adoradores del Opus Dei en Honduras.
José María Ruiz - Mateos y sus Católicos Negocios
El grupo de empresas RUMASA se dedicaba a negocios en vinos, inversiones bancarias, bienes raíces, construcción, automóviles, tiendas de conveniencia, eran más de 700 empresas con 60 mil empleados y hasta 1997 facturaba más de 2 mil millones de euros anuales. Acusaciones y sospechas sobre los manejos contables de esa empresa que declaraba ganancias cuando había pérdidas, dieron lugar a una serie de intervenciones de parte del gobierno español y a un proceso judicial contra Ruíz-Mateos por los delitos de falsedad y estafa. Ese estafador también extendió sus negocios al ámbito político en países como Honduras, Belice y Jamaica. En ellos encontró cobertura “legal”, como el caso hondureño al facilitarle pasaportes diplomáticos y espacio para sus movimientos bursátiles y empresariales. Compra y venta de favores, protección personal y lustre social de parte esos grupos familiares que muchos califican de dignas y honorables. Por ejemplo, los de apellido Alvarado Downing o Villeda Bermúdez, de quienes también se dice que son patriotas al servicio de la democracia. En el mismo rango de honorabilidad y decencia se ha puesto a Rafael Callejas Romero y a Ricardo Álvarez Arias. Representantes de los grupos políticos que han gobernado el país durante más de 100 años. Al igual que Ruíz-Mateos, esas familias invierten en bancos, bienes raíces, centros comerciales, bufetes de abogados, venta de automóviles, instituciones educativas, residencias estudiantiles y, por sobre todo, en política. Es por medio de su control del aparato gubernamental donde aseguran inversiones presentes y futuras, sin riesgo y con el presupuesto nacional como instrumento financiero privado. Debido a la forma con que está diseñado el sistema judicial hondureño, al servicio de ciertas familias, nunca se investigó la red tejida por el español y sus socios hondureños. Todo quedó como siempre, en el mejor de los casos en el fondo de los archivos o sin rastro alguno, como normalmente ocurre.
No es raro, entonces, que existan establezcan vínculos entre sujetos de esa calaña y que se cubran también con vestimentas religiosas, así todo queda santificado y sellado gracias a la bendición de la autoridad eclesiástica.
Los Hombres y Mujeres del Opus Dei
Debido a su carácter secreto y conspirativo es complicado averiguar la cantidad exacta de miembros del Opus Dei en Honduras, pero si fue evidente su entusiasta y alegre participación en el golpe de estado contra Manuel Zelaya. Algunos de ellos como Federico Álvarez, Martha Lorena Alvarado, Gracia del Carmen Zúñiga de Villeda, Arturo Corrales, Antonio Tavel, Ricardo Álvarez, Mauricio Villeda Bermúdez y su confesor preferido, el Cardemal, alias Oscar Andrés Rodríguez. Esos vínculos de esta pandilla golpista también se manifiestan en la Unión Cívica Democrática y en el comité PROVIDA, con lazos indisolubles con la iglesia católica y otras iglesias evangélicas. Los sujetos antes mencionados defendieron, planificaron, negaron y después pidieron perdón por su participación en el golpe de estado sin mencionar en ningún momento las muertes y las palizas de que fueron víctimas hondureñas y hondureños de la Resistencia contra la ruptura constitucional. Simulan ceguera frente a las condiciones de miseria en que vive la gran mayoría de la población hondureña y algunos de ellos no tienen ninguna vergüenza de anotar en sus hojas de vida que son expertos en la defensa de los derechos humanos, en “Ciencias de la Familia” y en Bioética”. Esto ocurre en el matrimonio de Mauricio Villeda y Gracia Zúniga. O en el exagerado descaro de Ricardo Álvarez que afirma que trabajó con gente de los mercados y que muchos de ellos “continúan siendo sus amigos”.
Hay datos interesantes, como pestilente fango en medio de un mar de perlas. Dice un sitio web: “Mauricio Villeda Bermúdez es un prominente abogado con Maestría en Bioética. Se ha destacado por su honestidad, integridad, madurez y profunda sensibilidad ante la problemática social de Honduras… En reconocimiento a su labor de defensa de la vida, fue nombrado desde 1997 Miembro Correspondiente de la Academia Pontifica por la Vida con sede en el Vaticano… Fue invitado por la Fundación Friedrich Naumann como observador a las elecciones de la República Federal de Alemania en el año 2009. Participó como Miembro de la Comisión de Diálogo del Gobierno de Honduras para la suscripción del Acuerdo de San José en el año 2009”. Esto es un ejemplo de cómo la elegancia en el vestir y en el decir no se contradicen con la suciedad en la que se mueven estos cuadros políticos del Opus Dei; de cómo la formación académica no se opone a la miseria que rodea su opulencia. Más bien necesitan de la pobreza, la ignorancia y el disfrute del poder político para acrecentar sus fortunas. Todo lo que tocan se transforma en muerte y en dinero.
Esos santos varones han sabido realizar completamente lo que observó Maquiavelo en los gobernantes florentinos: la astucia del zorro y la fuerza bruta del león, el discurso falaz y la mentira descarada para mantener su vigencia y su dominio. Todo eso lo hacen sin disimulo ni vergüenza. Para ellos todo es válido a la hora de mentir y de ocultar la obscenidad de sus últimos episodios. La supuesta honorabilidad y decencia de esas familias golpistas quedo por los suelos al participar en el mayor acto de corrupción que registra la historia hondureña: el golpe de estado del 28 de junio de 2009. Es el acontecimiento más perverso, obsceno y deshonroso que desmitifica la falsa imagen de los Villeda Bermúdez, Álvarez Arias y Alvarado Downing. La ruptura constitucional más bien confirma la trayectoria ultraderechista de esos grupos familiares que han vivido de los negocios con el estado desde hace más de 100 años.
Ni Cínicos Ni Bioéticos
A Villeda Bermúdez se le ha tildado de cínico por su descaro para defender la “sucesión constitucional” y porque ahora niega esa ficción y habla del golpe de estado. Pienso que es un exceso y un halago calificarlo de ese modo. En sentido estricto, la corriente filosófica de los cínicos floreció entre los siglos III antes de Cristo y el IV después Cristo, a uno de sus representantes se le conoce como Diógenes El Perro. Despreciaba la riqueza material y se esforzaba por obtener más conocimiento y ser espiritualmente libre para lograr la felicidad; no se dejaba dominar por el destino ni por el azar y si aparecían, los enfrentaba con serenidad. Una de sus propuestas principales era ser autosuficiente frente a la adversidad y el conflicto social para no depender de los favores de ningún político. La vida sencilla, la libertad de actuar y pensar, fueron considerados como elementos fundamentales para lograr la serenidad y la felicidad. Este cinismo no tiene ninguna relación con Mauricio Villeda. Aunque puede serlo según el uso común de esa palabra.
Mientras que la supuesta formación en bioética de Villeda Bermúdez tal vez sea cierta desde la versión del Opus Dei que propone la defensa a ultranza de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. En general, la bioética sostiene que es necesario establecer principios mínimos que enaltezcan el valor y la dignidad de la persona, pero se extiende también a la vida en general y a temas ligados al medio ambiente y al trato respetuoso a los animales. Pretende no imponer a otras personas concepciones acerca del bien, sobre todo en asuntos de experimentos en humanos; aquí, sobre todo, no debe buscarse el bien a costa de provocar daños en los demás. Se acepta el desarrollo tecnológico para mejorar la salud y el bienestar de los más desprotegidos y de la humanidad en general, y la obligación moral de los países más ricos de trasladar tecnologías hacia los países empobrecidos para preservar vidas humanas y satisfacer sus necesidades más elementales. Establece también el compromiso de respetar los valores y elecciones personales en cuestiones referidas a su salud; y la necesidad de luchar contra la discriminación en la distribución de los recursos sanitarios. Más o menos esos son los principios básicos de la bioética.
Los Opus Dei catrachos, al estilo de Mauricio Villeda, Martha Lorena Alvarado y Ricardo Álvarez, se declaran contra la introducción de anticonceptivos, en especial contra la “píldora del día siguiente” por creer que atenta contra los derechos y el valor de la vida humana, en tal sentido y por medio del Comité Provida, en febrero de 2004 propusieron que el Gobierno denunciara la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes porque atenta contra los valores constitucionales, morales y religiosos de nuestro país. En tal sentido, la diputada Martha Lorena Alvarado propuso un proyecto de ley para prohibir la compra, venta y distribución de la píldora del día siguiente, respaldado por el Colegio Médico presidido por Mario Noé Villafranca, que luego sería ministro de salud del gobierno golpista; el Presidente Zelaya Rosales vetó ese decreto y la diputada se manifestó decepcionada del Presidente ya que se trataba de “proteger la vida de miles de niños y evitar la promiscuidad que tanto se da ahora en la juventud” declaró que los opositores a su proyecto eran “completamente ateos”. En consecuencia, la conferencia episcopal de la iglesia católica amenazó con la excomunión, a quienes brinden las píldoras anticonceptivas de emergencia. Esto ocurrió en mayo de 2009. Un mes más y estarían respaldando y participando activamente en el golpe de estado, representando la perversidad golpista y demostrando que los principios de la bioética y las tesis de Provida son útiles en el papel y que pueden desecharse cuando sea conveniente.
Liberales como Mauricio Villeda Bermúdez y nacionalistas como Ricardo Álvarez Arias, además de ser ideológicamente idénticos, manipulan principios y valores para darse imagen de insignes y decentes personajes, que saben honrar su tradición familiar. Desde tiempo atrás puede rastrearse la participación de todos los miembros de esos grupos políticos en agencias ligadas a los partidos tradicionales y a la iglesia católica que defienden programas casi fascistas y que cuando ven sus intereses económicos en peligro no vacilan en acudir a la manipulación de las ideas, a la educación, al analfabetismo y al golpe de estado. Esa es su honra familiar.
Esos precandidatos del Opus Dei siempre han trabajado por ocultar la realidad y enarbolan la consigna de la reconciliación de la familia hondureña, sostienen que las diferencias sociales son falsas ya que todos somos hermanos y de ese modo intentan hacer creer que de ser electos se respetaran los derechos humanos. Sin embargo, como defensores del derecho a la vida no dudaron en ponerse al par de micheletti y de acuerdo con la arbitrariedad, las golpizas y el asesinato de los miembros de la Resistencia Popular. En fin, esos insignes católicos, cristianos, se convirtieron en portadores de la falsedad y la simulación, que no son más que sus valores principales.
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