El proceso de privatización de los principales ejes carreteros del país impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández, continúa de manera acelerada. Lo más reciente es el inicio de la construcción de nuevas casetas de peaje en el corazón del Valle de Sula, lo que ha generado el descontento de buena parte de la población.
“El peaje significa privatizar las carreteras, o sea que nos están cobrando por circular en nuestras propias calles. Aquí todo mundo va a ser afectado, pero las personas que vivimos en El Progreso (Yoro) y que viajamos en vehículo significará sacar más de 48 lempiras diarios, pero para el resto de la población viene el incremento a los pasajes y a los productos de la canasta básica familiar porque los empresarios no cargarán con el costo de los peajes”, indicó el progreseño Roberto Rivera.
La estación de peajes se construye en la autopista que de El Progreso comunica a San Pedro Sula y antes de Semana Santa podría entrar en vigencia. Aunque la Corporación Municipal de San Manuel, Cortés no otorgó el permiso, los trabajos para las casetas de cobro por el proyecto del corredor turístico comenzaron en un tramo de 200 metros frente a la colonia Guadalupe.
Según el diseño son seis cabinas, tres de ida y otras tres de venida. Las tarifas serán similares a las que ya se cobran en la carretera entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, que forman parte del corredor turístico. La concesionaria Covi (sudamericana), cuenta con dos casetas de peaje activas en el sector de Zambrano, Francisco Morazán, y la otra es la estación Yojoa, Cortés, además otra en el sector de Siguatepeque, Comayagua.
De esta forma, los vehículos turismo y pickup (un eje) pagan dieciocho lempiras (L 18.00), en tanto que los pesados (autobuses) de dos ejes pagan setenta lempiras (L 70.00). Los vehículos pesados de tres ejes (camiones y grandes autobuses) pagan ciento cuatro lempiras (L 104.00).
En tanto que los camiones pesados de cuatro ejes pagan ciento treinta y nueve lempiras (L 139.00), los pesados de cinco ejes pagan ciento setenta y tres (L 173.00) y finalmente los vehículos más pesados y de seis ejes pagaran un total de doscientos ocho lempiras (L 208.00).
¿Qué comprende el corredor turístico?
El millonario proyecto del Corredor Turístico comprende los municipios de El Progreso y Tela y los tramos de San Pedro Sula- El Progreso y La Barca- El Progreso. Según Coalianza (instancia que regula las alianzas público-privadas en Honduras), se contempla la construcción, ampliación y mantenimiento de 122,6 kilómetros que comunica con las ciudades antes mencionadas. Sin embargo el bulevar que comunica de El Progreso, Yoro a San Pedro Sula no hay nada que invertir porque ya existe y está en buenas condiciones.
Según las autoridades de Coalianza, los 135 millones de dólares que cuesta la obra esperan recuperarlos por medio del cobro del peaje, sitios que estarán instalados, uno entre La Barca y El Progreso (se presume será en los límites de El Progreso y Santa Rita, en cercanías de Agua Blanca Sur).
El otro en el corredor que de El Progreso comunica con Tela (Estaría instalado en las cercanías del puente Guaymon) y otro en esta misma carretera pero ya en la comunidad del Guano, Tela, Atlántida; y la que se está instalando desde la semana pasada en la autopista a San Pedro Sula.
Para algunos sectores de El Progreso este es un sistema que se ha implementado desde el gobierno anterior, donde hace inversión la empresa privada y posteriormente recupera lo que ha invertido en obras públicas dejando decenas de millones de dólares en ganancias y además le quita toda responsabilidad al Estado Hondureño.
“Los peajes no son necesarios para mantener en buen estado las carreteras, el problema es que el presupuesto que tendría que ir dedicado para eso no rinde por tanta corrupción y es por eso que proceden a los peajes. Dejando de robar todo rinde”, indicó Ridell Velásquez, vecino de El Progreso, Yoro.
Poca oposición de alcaldes
La construcción de los peajes parece no tener grandes opositores más que el alcalde de San Manuel, Cortés, Arturo Castro quien denuncia que están violentando la soberanía municipal. “Yo espero un mayor protagonismo del alcalde de la Lima y más del alcalde de El Progreso, que al final sería la población más afectada con el cobro del peaje de la autopista a San Pedro Sula”, indicó.
“Los alcaldes de El Progreso, Yoro; Tela, Atlántida; el de La Lima y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, se les ha olvidado que estar a favor de las empresas dueñas de la privatización de las calles donde se instalan peajes, es estar en contra de los intereses de la población quienes los llevaron al poder y a quienes se supone representan como máximas autoridades de cada municipio”, indicó Jorge Díaz de la Mesa de la Indignación de El Progreso.
La población desde ya se está pronunciando en defensa del derecho de todo ciudadano a circular libremente por el territorio nacional, “nos pronunciamos en contra de las privatizaciones de las calles de Honduras, y en especial del Valle de Sula, donde pretenden privarnos del derecho a circular libremente al entregar a empresas particulares los únicos ejes carreteros para que hagan el negocio del siglo”, manifestó.
Aseguró que se está conformando un grupo de abogados para fortalecer el equipo legal que se prepara para presentar el amparo ante la Corte Suprema de Justicia o el instrumento legal que permita eliminar la carga intolerable de los peajes que rodearán y encarcelarán la ciudad de El Progreso.
“A la par de lo legal también irá la lucha del pueblo en las calles exigiendo no más privatización de las carreteras. Hacemos un llamado a toda la población para que nos levantemos contra las decisiones dictatoriales del Congreso Nacional y del Gobierno”, indicó el profesor progreseño Nestor Alemán.
Peajes son inconstitucionales
El artículo 81 de la Constitución de la República establece en su primer párrafo que “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”. Este derecho no es absoluto porque puede ser limitado por diversos motivos, siempre y cuando sean razonables y proporcionales a fin de no desnaturalizarlo.
El reconocido jurista argentino Bidart Campos, señala que en principio el cobro de peaje no viola la libertad de tránsito o circulación siempre y cuando cumpla con 6 condiciones: En primer lugar, que el pago se destine a solventar gastos de construcción, amortización, uso o conservación de la obra; en segundo lugar, que el uso de la obra esté destinado a todos y todas sin discriminación.
En tercer lugar, que ese uso no sea obligatorio; en cuarto lugar, que el monto sea proporcional al costo, uso o conservación de la obra; en quinto lugar, que el monto sea uniforme para todos los usuarios y usuarias que se hallen en las mismas condiciones; y en sexto lugar, que no encubran un gravamen al tránsito.
En Honduras, el cobro de peaje no cumple con las condiciones anteriormente previstas y en estas circunstancias supone una violación a la libertad de circulación pues divide al territorio nacional en pequeños feudos que cobran una cuota, vía peaje, a todo ciudadano o ciudadana que desee ejercitar su derecho constitucional a circular libremente.
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