La recta final del proceso de selección y nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- ha iniciado. Diversos sectores de la sociedad han remarcado que dicho proceso ha carecido de independencia, ha sido ilegal; pero además se violentaron los derechos humanos de los aspirantes.
Durante la etapa de selección de la nómina final de los 45 candidatos, se criticó la falta de independencia y trabajo de investigación de los integrantes de la Junta Nominadora ante el envío de las listas en las que la embajada de los Estados Unidos aseguraba que varios aspirantes a magistrados están ligados a actos de corrupción y el crimen.
Matías Sauceda, presidente del CIPRODEH, califica las acciones de la embajada americana como un mal necesario: “es una lástima que como país soberano e independiente dependamos de los norteamericanos, sin embargo, si en algo está sirviendo para depurar pues bienvenido, pero no estamos totalmente de acuerdo porque es una violación a la soberanía”.
Los cabildeos y acuerdos políticos también tomaron fuerza. El coordinador del Partido Libertad y Refundación -LibRe-, Manuel Zelaya, ha sido acusado de querer boicotear el nombramiento de nuevos magistrados. Sin embargo, Jorge Yllescas, integrante de la Coalición Patriótica, comenta que la dirigencia del partido LibRe se encuentra en una etapa de negociaciones.
“Lo que él ha venido haciendo todo el tiempo es creando las condiciones necesarias para negociar con ventaja; no hay ninguna duda que él quiere tener un magistrado en la Corte, un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, porque habla también de las reformas electorales, propugna por la segunda vuelta y me imagino que tiene un paquete de solicitudes para negociar con el Partido Nacional, y es lógico que así sea porque los políticos negocian para bien del país, para bien del partido o para bien de ellos mismos”, dijo Yllescas.
Un proceso violador de derechos humanos
Previo al nombramiento de la Comisión legislativa que propondrá los 15 magistrados y magistradas del Poder Judicial, organizaciones agrupadas en la Alianza por los Derechos Humanos denunciaron que la Junta Nominadora violó el derecho a la integridad física y psicológica de los aspirantes.
Edy Tábora, presidente del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), detalla que al momento de aplicar las pruebas de confianza la Junta Nominadora permitió que a los candidatos se les realizarán exámenes físicos humillantes: “Solicitamos desde mayo -2015- que no debería de haber interferencia de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, en este proceso; las pruebas físicas a las que fueron sometidos los candidatos y candidatas , por ejemplo, los pusieron a orinar enfrente de personas de inteligencia y eso ha sido denunciado por algunos candidatos que fueron excluidos de los primeros 98 candidatos”.
Tábora dice que “renunciar a los derechos humanos implica que la condición psicológica con la que llegarán los candidatos va a implicar que no les va a importar que los demás hondureños y hondureñas no tengamos protección ante los abusos del poder”.
En opinión de Juan Almendares, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), la elección de la Corte Suprema de Justicia se ha dado en un “ambiente de carnaval”, en el cual los políticos juegan con la conciencia del pueblo.
“Aquí existe un poder exógeno que prácticamente ha impuesto este proceso, y un poder endógeno articulado con lo de afuera. Se está poniendo la forma jurídica para oprimir al pueblo, para violar la constitución y para violar los derechos humanos, por eso en realidad diría yo que esto es un gran carnaval”, manifestó Almendares.
Ante un proceso que no fue legítimo porque los integrantes de la Junta proponente de candidatos y candidatas a magistrados no representaron los intereses del pueblo hondureño, Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), dice la decisión final está en manos de la bancada del Partido Anticorrupción y Libertad y Refundación: “ la población a lo sumo lo que podría hacer es presionar a sus propios diputados para que no se presenten a la elección de una nómina que al final resulten 15 al servicio de los intereses más oscuros del país”.
Comisión de cinco bancadas presentará propuesta de magistrados
Una comisión especial, conformada por diez diputados de cincos partidos políticos, dictaminará un decreto para presentar al pleno del legislativo la nómina de 15 magistrados y magistradas a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia.
En una sesión que duró menos de dos horas, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que la comisión se nombró bajo el amparo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La comisión está constituida por tres diputados nacionalistas, dos de Libertad y Refundación, dos del Partido Anticorrupción, dos del Partido Liberal y uno de la Democracia Cristiana. -Mario Pérez (PN), Tomás Zambrano (PN), Rolando Dubón Bueso (PN), José Alfredo Saavedra (PL), Mauricio Arias (PL), Dennis Sánchez (LibRe), Esdras Amado López (LibRe), Marlene Alvarenga (PAC), Kritza Pérez (PAC) y Augusto Cruz Asensio (DC)-
Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, expresó no estar de acuerdo con el nombramiento de sus compañeros de curul, sin embargo, se reunirán con Esdras Amado López y Dennis Sánchez para saber si ellos seguirán la línea de partido.
“Hablaremos con ellos, específicamente cuál es la posición que va a asumir porque el partido tiene una línea. Mire, hay una acción que la toma el presidente del Congreso Nacional en la cual nosotros no tenemos arte ni parte. Ahora que la comisión ya está nombrada llamaremos a los diputados mencionados para ver si van a acatar la línea política o van por lo independiente”, declaró.
La diputada liberal, Aracely Leiva, dijo que como partido siempre han estado claros en la elección de nueva Corte Suprema de Justicia, por tanto, esperar que se den los consensos entre cada una de las bancadas: “aspiramos, como lo dijo el abogado Mauricio Villeda, a que haya alta inclusión y una democracia participativa. Nosotros consideramos que este el procedimiento –Nombrar una Comisión- dentro del Congreso Nacional, se le está dando seguimiento al procedimiento según lo establece el artículo 311 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional”.
Por su parte, Fátima Mena, coordinadora del Partido Anticorrupción -PAC- en el Legislativo aseguró que todas las decisiones que tomen sus representantes en la comisión especial de dictamen serán discutidas en el seno de la bancada.
“El Partido Anticorrupción ha sido la bancada que desde un inicio ha salido en cada etapa del proceso a exponer cual es nuestra posición, anhelamos una Corte que sea independiente, no tenemos ningún candidato o candidata que estemos patrocinando. En este momento vamos a construir, si se dan los espacios si se escucha, para poder trabajar una verdadera Corte. Consideramos que así como hay gente muy buena en esa lista, también hay gente que no entendemos cómo llegó y pasó todos estos filtros”, aclaró Mena.
De la comisión especial de dictamen se excluyó a la representación de Unificación Democrática (UD) y al Partido Innovación y Unidad (PINU).
La diputada Doris Gutiérrez dice que el presidente del legislativo tomó esa determinación porque su presencia en la comisión vendría a ser “la piedra en el zapato”. Lo único que se demuestra en la práctica es que en este Congreso se sigue discriminando por nuestras posiciones políticas, otro por ser mujeres, otro por no alinearnos a las disposiciones del partido de gobierno y por el temor a la denuncia porque dicen que cuando yo estoy en las comisiones los he metido en crisis por todas las maraqueadas que hacen”.
La Comisión Especial deberá evaluar las hojas de vida de los candidatos a magistrados y magistradas que fueron entregados por la Junta Nominadora; y luego presentar un informe de la nómina de 15 candidatos en la sesión del pleno del próximo lunes 25 de enero.
Elección “revela rostro macabro de los políticos”
Para el ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, luego de conocer el nombramiento de una “Comisión Multipartidaria” dijo sentir pena y angustia al ver como se está repartiendo “políticamente, partidísticamente, la Corte Suprema de Justicia”.
“Esta no es una forma de elegir una Corte Suprema de Justicia, esto es lo peor que le puede pasar a Honduras", dijo, Orellana Mercado, a los medios de comunicación.
Agregó que en la nómina de 45 candidatos y candidatas “hay elementos extraordinarios” que deben ser escogidos, independientemente al partido que pertenezca, eso es lo que deben escoger los partidos políticos. El pueblo ha reclamado que quiere gente que no esté involucrada en política y ellos mismos están destruyendo ese reclamo del pueblo”.
"Lo que estamos revelando es el rostro macabro de los políticos de Honduras, que están señalando que van a escoger por el lado partidista a los magistrados, eso es una vergüenza nacional", enfatizó Orellana Mercado.
Durante todo el proceso de selección de candidatos y candidatas a magistrados se ha demostrado que una nueva Corte Suprema de Justicia obedecerá al plan de concentración de poder Juan Orlando Hernández con el que busca proteger los intereses contrarios a la justicia.
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