“Hemos visto que las decisiones que se han tomado en materia de depuración policial están aisladas y distantes de los resultados de las pruebas; hemos visto cómo las pruebas arrojaron unos resultados y las decisiones fueron otras”.
Julieta Castellanos, rectora de la UNAH
Representantes de organizaciones de sociedad civil señalaron que en dos años la depuración no avanzó como debía.
Representantes de organizaciones de sociedad civil señalaron que en dos años la depuración no avanzó como debía.
De unos 442 policías sometidos a pruebas de confianza, 290 reprobaron, de los cuales solo 28 fueron cancelados, según la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
La APJ cuestiona, asimismo, que la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad no realizan una verdadera depuración policial, que ya cumplió dos años.
De los 28 policías que fueron cancelados, no hay ningún oficial de alto rango como comisarios, comisionados o subcomisionados, señala.
Según la organización, de los reprobados, 20 admitieron que habían cometido hechos ilegales, durante la prueba del polígrafo, pero ninguno fue destituido por la Secretaría de Seguridad.
El informe de la APJ subraya que falta coordinación entre la DIECP; Policía Nacional, y la Secretaría de Seguridad, porque “no hay una estrategia consistente, solo esfuerzos aislados y diversos”.
Además, señala que de los 161 miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) depurados entre diciembre y enero de 2013, en base de la prueba poligráfica, muchos habían sido certificados por la embajada de Estados Unidos y habían trabajado en la institución por más de 20 años.
En cuanto a la figura de disponibilidad, la organización resalta que la misma se utiliza para que los altos mandos de la Policía puedan continuar disfrutando de sus sueldos o para esconder a oficiales corruptos.
Por tal razón, solicita fortalecer e invertir en el nuevo Instituto Evaluador de Confianza (IEC) y elegir a las autoridades comprometidas para liderarlo, con el fin de priorizar la depuración de la cúpula policial.
“Hemos visto que las decisiones que se han tomado en materia de depuración policial están aisladas y distantes de los resultados de las pruebas, hemos visto cómo las pruebas arrojaron unos resultados y las decisiones fueron otras”, expresó la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
La depuración policial no es un régimen de favores o de prebendas, debe ser un proceso que dé garantías y certeza que dé sostenibilidad en el tiempo, manifestó la titular de la máxima casa de estudios.
“Hay un nuevo instituto evaluador de confianza y aquí estaríamos prácticamente al frente de la evaporación de la DIECP porque el Congreso (Nacional) desaprobó su desempeño”, puntualizó.
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