Por Tommy Morales
Suyapa Martínez
Organizaciones de mujeres se pronuncian contra la Reforma de la Ley de Violencia Doméstica, por considerarla un retraso en la protección a las mujeres.
La primera reforma que se le hizo a la Ley de Violencia Doméstica fue el uno de septiembre del 2005, puesto en vigencia el 11 de marzo del 2006 en donde reformaron del artículo tres al veintitrés.
La última reforma a esta ley fue el seis de septiembre del 2013 al artículo 23 inciso 6.
Las mujeres organizadas alegan que es una manera de ocultar a los agresores, porque existen hombres de renombre que abusan de sus esposas, novias o parejas.
Los agregados son que la mujer puede denunciar solo conforme a dictamen del médico forense o consejería de familia (organizaciones alegan que reafirma que quien debe asistir a las consejerías son las mujeres y no los hombres como se establecía anteriormente), no se le exige que presente la denuncia o acusación penal para acudir a su auxilio, no hay protección a la intimidad de la víctima y a su familia en tanto se determine que existe violencia doméstica, tampoco se le permite a las promotoras legales que intervengan en apoyo a las víctimas.
Por último esta reforma prohíbe a los Medios de Comunicación publicar o divulgar información relacionada con los procesos de violencia doméstica, solo se va a poder tener conocimiento de los agresores si son penados por la ley.
Si un medio se atreve a contravenir esta disposición serán sancionados con pena administrativa o judicial y deberán pagar una multa de diez a veinticinco salarios mínimos.
La información se manejará con alta secretividad, por lo cual si algún funcionario o funcionaria revela datos se le impondrá una multa.
“Esta es una mordaza a la libertad de expresión pues literalmente se prohíbe tocar el tema de violencia doméstica en cualquier medio de comunicación”, manifestó Gladys Lanza coordinadora del movimiento ¨Visitación Padilla¨.
Por su parte Suyapa Martínez coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, CEM-H, aseguró que como en la reforma se establece la violencia doméstica como de ¨Orden Privado¨, va a ser difícil la defensa de los derechos de las mujeres y que han coartado un instrumento de denuncia que tenían como son los medios de comunicación, para hacer público quienes son los agresores y así proteger la vida de la víctima y futuras víctimas.
Martínez aduce que estos cambios a la ley ¨viene con dedicatoria¨ y que fue concebida a raíz de la detención de Cristian Lobo hijo de Porfirio Lobo Sosa acusado por violencia doméstica por su ex pareja Lidia González. Lobo pasó cinco días en prisión después que el juzgado emitió una orden de captura por este delito.
¨Esto es una intención de proteger agresores, ya que se estaban presentando algunos casos de hombres reconocidos¨, aseguró la defensora.
Después del golpe de Estado del 2009 las mujeres han recibido grandes golpes, hay retrocesos en materia de los derechos de las mujeres, esto empezó con la derogación del decreto que permitía el uso de la Pastilla del Día Después, PAE, (Marcia Villeda), esta reforma de violencia doméstica y la desaparición del Instituto Nacional de la Mujer, INAM.
Otro ataque lo han sufrido las oficinas municipales de la mujer (OMM) quitándoles el carácter de la defensa de las mismas y colocándolas a nivel de desarrollo social (van a atender juventud, niñez, adulto mayor, no solo la problemática de las mujeres).
También están en detrimento los espacios específicos para atender a las mujeres, unidades de investigación contra la vida de la mujer, unidades de femicidios y otras oficinas encargadas de la problemática de las féminas.
La crisis de la desigualdad y discriminación de género se está agudizando en todos los niveles de la sociedad, se puede ver las protestas que ha realizado la diputada Doris Gutiérrez del Partido de Innovación y Unidad, PINU, por discriminación. El presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva niega la palabra a las diputadas del Partido Libertad y Refundación, LibRe, Sherly Arriaga y Beatriz Valle, es clara la exclusión de las mujeres de la oposición para presidir las comisiones en el legislativo.
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