Políticas de seguridad no están en agenda de Juan Orlando Hernández
A pocos días de cumplir tres meses de su mandato, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández aún no muestra interés de crear acciones que prevengan y reduzcan los índices de violencia y criminalidad en el país. Está situación sin duda impacta en que diariamente 19 hondureños sean asesinados violentamente.
Hasta el momento Juan Orlando Hernández ha ofrecido como única respuesta a la situación de violencia, la militarización de la sociedad, acción considerada como un verdadero fracaso por las organizaciones que integran el Grupo de Sociedad Civil (GSC)
Según plantea Omar Rivera, director de GSC, el actual gobierno no prioriza las causas que está generando la situación de violencia y criminalidad a nivel nacional.
“Quienes dirigen al país llevan más de cuatro años al frente, Juan Orlando no lleva cien (100) días en el poder, lleva más de cuatro años, recuerden que él cogobernó el país con Porfirio Lobo Sosa, y han tomado una serie de decisiones equivocadas que lamentablemente no han resuelto los grandes problemas del país, y yo creo que eso tiene que ser porque no están priorizando en las causas que generan la grave situación de violencia Honduras”, manifiesta Rivera.
Para Omar Rivera, el narcotráfico es el principal factor que activó en su momento está ola delincuencial y de violencia. “Cuando Honduras no era paso-tránsito de droga desde Sudamérica a Norteamérica, no teníamos tan elevadas tasas de homicidios, fue el factor determinante de la narcoactividad la que propició esto”, añade Rivera.
La falta de respuestas a esta crisis de inseguridad, sigue provocando dolor en miles de familias hondureñas, que viven presas en sus propias casas. El representante del Grupo de la Sociedad Civil, cree además que sí el gobierno de la República focaliza sus intervenciones en materia de seguridad en desarmar o desarticular ese andamiaje criminal del narcotráfico, seguramente aquí las cosas estuvieran mejor.
En Honduras para nadie es desconocido que el narcotráfico solo se circunscribe a operaciones delictivas, sino que tiene que ver también con lavado de activos, infiltración en los sistemas financieros y hasta una intervención en la actividad política de nuestro país. Según agrega Rivera, esta realidad no es desconocida, ya que en su mayoría la población sabe que, en departamentos como Olancho, el litoral Atlántico, en el occidente del país, y particularmente en la frontera con Guatemala, muchos alcaldes y diputados están siendo influenciados y hasta financiados por narcotraficantes. A pesar de todas las denuncias que han existido, según Omar Rivera, no se ha realizado ninguna investigación rigurosa por parte de los operadores de justicia.
Observatorios de la violencia
Como otra acción improvisada, esta semana el Ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, anunció la creación de más de 30 observatorios municipales de violencia, según él, para reducir los elevados índices de violencia que a diario ocurren en el país.
Según explicó Corrales, los observatorios operarán a nivel de los municipios y serán liderados por los alcaldes.
Este anuncio sin duda ha despertado preocupación en algunos sectores de la sociedad, porque recordemos que Corrales desde sus inicios en la Secretaría de Seguridad se ha empeñado en maquillar las estadísticas de los hechos violentos. Al asumir en mayo como ministro de seguridad, impuso un bozal a sus subalternos para que no compartieran con los medios de comunicación información sobre muertes u otro hecho de violencia.
Para presentar los alcances que se podrían crear con la fundación de observatorios a nivel municipal, las autoridades invitaron a la colombiana María Isabel Gutiérrez, expositora y directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva).
Según dio a conocer la expositora los observatorios funcionan a nivel municipal y trabajan de manera articulada y coordinada, siendo liderados por los alcaldes, donde se tiene todo un plan de respuesta de manera preventiva, utilizando la información en ese modelo llamado observatorio de prevención a la violencia o delincuencia.
Por su parte Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, exigió a Corrales aclarar el propósito de crear 30 observatorios municipales de la violencia en distintas zonas del país.
Al ser consultada si el ministro pretendía ponerles una paralela y esconder las cifras de criminalidad, Castellanos dijo: “La universidad no tiene paralela y no hay manera de que tenga una paralela, la población va a creer en quien tenga las cifras correctas, no es la función principal de un ministro y de la Policía crear observatorios, sino combatir el delito”.
La rectora, quien recordó ser una víctima directa de la criminalidad luego que policías mataron a un hijo y un amigo de éste, hace varios años, manifestó que vigilarán el desenvolvimiento de estos observatorios para ver qué pasa.
La rectora se quejó que desde junio del año pasado, luego que asumió como ministro Corrales Álvarez, las cifras sobre muertes violentas y de otros hechos, han sido negadas al observatorio por causas no establecidas, a pesar que desde 2004 la Policía les proporcionaba los datos sin restricciones.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia dijo esta semana que tendrán su papel de ese proyecto, el cual será de vigilantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario