Píldora anticonceptiva

Diario Tiempo

Ha sido presentado en el congreso nacional una iniciativa para abolir la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), comúnmente  llamada “píldora del día después”, como lógica respuesta al grave problema del embarazo prematuro, y, en general, embarazo no deseado.

Esta iniciativa, presentada por el diputado Antonio Leva Bulnes (N) coincide con la publicación reiterada de datos estadísticos que colocan a Honduras en el segundo lugar de embarazos en adolescentes de América Latina y en el primer lugar de América Central.

En efecto, de acuerdo con mediciones calificadas en materia de salud y bienestar social, más de la mitad de los partos atendidos en nuestros hospitales públicos son de adolescentes, con una tasa de 137 nacimientos por 1,000 hembras entre 15 y19 años.

En 2011, por ejemplo, 1,7 millón de niñas pasaron a ser madres, casi en su totalidad solteras, y engrosaron las filas de la maternidad prematura, entendiendo la prematuridad cuando las madres no están preparadas mentalmente ni materialmente para su función maternal.

Este es un fenómeno esencialmente social, pero con profunda vinculación económica. La mayoría de estas madres adolescentes proceden de hogares pobres, de familias desintegradas, de un entorno de ignorancia y ausencia de valores éticos y morales.

De cara a esta situación la Secretaría de Salud había aprobado el uso de la PAE, pero en la administración Zelaya Rosales (2005-junio-2009), por iniciativa fundamentalista-religiosa, se produjo la prohibición con el consecuente perjuicio para la salud y para el futuro de las adolescentes, en primer lugar.

Históricamente el embarazo en adolescentes ha sido un fenómeno común del sector rural, pero actualmente se ha generalizado, e incluso acentuado en el ámbito urbano, con todo y sus consecuencias de sufrimiento, atraso, fracaso de la juventud y más carga para el Estado.

La campaña que inclinó la balanza del Legislativo contra la libertad de opción por la PAE —y que ahora da visos de reaparecer— se ha basado en argumentaciones falsas y en la tergiversación de los objetivos de la planificación familiar, intentando hacer creer que este medicamento es perjudicial para la salud y es, por otra parte, de naturaleza abortiva.

De esta manera se busca desconocer deliberadamente que la función médica de la PAE, de acuerdo con las pruebas científicas previas a la aprobación para su uso generalizado, no es abortiva sino la de evitar la fecundación del óvulo, además de que no afecta negativamente, bajo ningún concepto, la salud humana.

Es, en cambio, un recurso útil para la prevención del embarazo en  adolescentes y para contribuir al necesario control de la natalidad, que son dos  aspectos inherentes al combate contra la marginalidad social y la pobreza.

En ese sentido es plausible la iniciativa presentada en el Legislativo para la permisión del uso de la PAE en nuestro país, así como los esfuerzos de la esposa del presidente de la República, Ana García de Hernández, para hacer conciencia nacional en torno al agudo problema socioeconómico de los embarazos en adolescentes y para construir un destino prometedor a nuestra juventud y a las generaciones venideras.

Marzo 29, 2014