Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y representantes de la Corte Penal Internacional, CPI, realizaron un foro público para dar a conocer el análisis del examen preliminar que presento el Estado de Honduras.
Los convocantes fueron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH.
Con el objetivo de explorar el alcance del sistema instaurado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, realizando un análisis del mandato y jurisdicción de la CPI y su relación con los tribunales nacionales mediante el principio de complementariedad.
Otro de los fines es examinar el estado actual del Examen Preliminar de Honduras ante la Fiscalía de la CPI y los resultados incluidos en el más reciente Informe sobre Exámenes Preliminares publicado en diciembre de 2013.
La competencia material de la CPI son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión y acto de agresión.
En América Latina solo a dos países se les ha hecho el Examen Preliminar, Colombia y Honduras, en este último porque el golpe de Estado tenía elementos de investigación.
la CPI realizo tres actividades; la explicación de su visita al país en relación al Examen Preliminar a organizaciones de la Sociedad Civil, diputadas y diputados del Partido Libertad y Refundación, LibRe y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La segunda tarea fue elaborar una estrategia ante el Examen con COFADEH y CIPRODEH como organizaciones afiliadas a la FIDH y el Foro ¨El papel de la CPI en el fortalecimiento de la jurisdicción nacional en la lucha contra la impunidad de graves crímenes¨.
Las expositoras fueron Michelle Reyes Coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional y Jimena Reyes Directora de la oficina de las Américas de la FIDH.
Durante una conferencia de prensa, las organizaciones declararon que es responsabilidad del Estado hondureño juzgar a los responsables de los delitos, al mismo tiempo denuncian que las investigaciones de los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado del 28 de Junio del 2009 y los cometidos posteriormente, han sido cerrados o están en completa impunidad.
Resaltaron la presencia de tres representantes de la Fiscalía de la CPI en el país en el marco del examen preliminar, por la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, esto evidencia que internacionalmente el proceso sigue abierto.
Recordaron que en el informe que este ente internacional de justicia confirma la comisión de asesinatos, detenciones y privación de libertad, torturas, violencia sexual y deportación posterior al golpe del 2009.
También la persecución política dirigida a la oposición a través del uso de toques de queda, cierre de medios de comunicación, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes opositores, detenciones masivas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad, los que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y son atribuibles directamente al régimen de facto.
Todo esto contrario a lo proclamado por la Cancillería Hondureña que enviaron a la designada presidencial María Antonieta de Bogran y la representante de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda, para desmentir los informes de algunas organizaciones de Derechos Humanos que presentaron testimonios documentados de muchos casos de crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado. Las que fueron acusadas por el gobierno continuador del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa de mentirosas.
En el IV Congreso de Derechos Humanos Pineda expreso que ¨el único día en su vida en que no pudo dormir toda la noche, fue cuando iban a presentar el informe para el examen preliminar¨.
El tratamiento de los medios de comunicación hondureños respecto al informe presentado por el Estado de Honduras fue que el veredicto de la CPI era que ¨en Honduras no se cometieron delitos de lesa humanidad y que era definitivo¨.
Pero en su valoración la CPI manifestó que existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía, existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.
Las organizaciones denuncian la campaña de desinformación acerca de la situación del país, organizada por actores claves del golpe de Estado.
Invocan a las autoridades hondureñas y legislativas que permitan a las autoridades judiciales ejercer su jurisdicción para investigar y perseguir crímenes internacionales, hacen un llamado a la continua interacción e intercambio de información entre la Fiscalía de la CPI y la Sociedad Civil hondureña respecto al Examen Preliminar, salvaguardando la confidencialidad de la información cuando sea necesario.
Finalmente las organizaciones de derechos humanos reiteran su compromiso de continuar con el respaldo a los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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