Las familias que no fallan cada mes en la Plaza de los Pañuelos Blancos, en el centro de Tegucigalpa, volvieron a recordar que hace 30 años el Estado de Honduras practicó la intolerancia, el terrorismo y el odio contra 184 seres humanos, por cuyas desapariciones forzadas exigen verdad, justicia y reparación.
Acompañadas con sus viejas mantas reclamaron por la impunidad del pasado y señalaron que igual ocurre en el presente, con más de 12 mil violaciones a derechos humanos en los últimos tres años, incluyendo asesinatos, torturas y también desapariciones.
En un comunicado de prensa los parientes de la desaparición forzada señalan el asesinato de un integrante del COPINH en Intibucá, Santos Benítez, quien murió por disparos de la policía nacional.
También mencionan la descomunal golpiza que los guardias del Fiscal Luis Alberto Rubí propinaron al joven Sergio Borjas, en Tegucigalpa.
Estos dos hechos, entre centenares ocurridos durante la semana en Honduras, reflejan una situación de violencia e impunidad brutales que causan, a su vez, abusos de poder, crímenes horrendos contra jóvenes, mujeres y opositores, con una evidente tendencia al agravamiento.
En este contexto el comunicado del COFADEH hace un señalamiento crítico respecto a la intervención y depuración de la Policía, que califica como la banda terrorista y mafiosa más grande que ha tenido el país en los últimos 30 años operando desde el Cuartel General de Casamata y El Obelisco.
Dice el documento difundido el viernes que es una irresponsabilidad absoluta del régimen de Porfirio Lobo extender excesivamente el tiempo de investigación y castigo a los mandos de escala básica, intermedia y cupular de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Tardarse tanto tiempo en actuar ha generado ya una espiral de exterminio privado que dejará a la sociedad sin conocer los hechos ni los imputados, sólo los cadáveres del ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado con jurisdicción en el Estado”, dice el comunicado.
En este punto el documento hace una crítica, además, al discurso de la embajadora estadounidense respecto a las condiciones adversas que ella observa para la inversión en Honduras. ¿Cómo es que su gobierno, entonces, promueve la reconstrucción de 16 batallones militares hondureños y fortifica sus bases en La Mosquitia, Guanaja y Comayagua, sin que el enemigo que dicen combatir cese ni reduzca sus operaciones transnacionales?, se le pregunta.
La re-militarización del territorio hondureño, especialmente en las zonas de reserva mineral, forestal, hidrográfica y cultural, está causando desplazamientos humanos y hostilidades en las comunidades indígenas y negras.
En contraposición a esta realidad el pueblo hondureño intenta por la vía política electoral iniciar la reconstrucción de consensos políticos pulverizados con el golpe de estado, sin embargo los poderes fácticos que controlan el “Estado” dan más dinero y equipos a los soldados y policías para reprimir y matar las demandas.
Hay amenazas de muerte a integrantes del personal del COFADEH e inclusive al equipo internacional de acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, PROAH. Y las muertes violentas se han incrementado y la impunidad es absoluta.
La perspectiva que, lamentablemente, se observa es de nuevas violaciones a derechos civiles y políticos en el marco del proceso electoral, que ha iniciado.
Finalmente el texto del viernes, divulgado en la Plaza La Merced de Tegucigalpa, hace un llamado a la comunidad internacional, a la que aún le duele la humanidad, para que actúe sin excesos de cálculo diplomático ayudando a salvar a Honduras de una crisis más profunda y dolorosa.
Pero advierte que NO queremos una declaración de Estado Fracasado que nos convierta en el Haití de Centroamérica, ocupado por las tropas de Estados Unidos y sus Cascos azules. Queremos que nos ayuden a decidir como hondureños, respetando el mensaje más reciente del pueblo hondureño el 1 de mayo 2012.
* Editorial Voces contra El Olvido
Sábado 5 de mayo de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario