miércoles, 5 de junio de 2013

La cobertura del New York Times sobre Venezuela y Honduras: Un caso de mala conducta periodística



Por Keane Bhatt

El día después de la muerte del presidente Hugo Chávez, una reportera del New York Times, Lizette Álvarez, hizo una descripción compasiva sobre las “las efusiones de celebraciones ruidosas y, para muchos, optimismo cauteloso por el futuro” en el Condado de Miami-Dade, en Florida. Su artículo, “Expatriados venezolanos ven una razón para celebrar (Venezuelan Expatriates See a Reason to Celebrate)” expresó que muchos habían ido a Miami a escapar de la “garra de hierro de Chávez en la nación” y citó a un consultor venezolano de software de computadoras, que dijo francamente: “teníamos a un dictador. No había leyes, ni justicia”. (1)

Un lector ingenuo del reporte de Álvarez no tendría idea de que desde 1998 Chávez había triunfado en 14 de las 15 elecciones y referendum, todos los cuales fueron aprobados como libres y justos por monitores internacionales. Las elecciones más recientes de Chávez, las cuales ganó por un margen de más de 11 puntos, tuvieron una tasa de participación de 81%; el ex presidente Jimmy Carter describió el “proceso electoral en Venezuela” como “el mejor del mundo” de los 92 casos que ha evaluado el Centro Carter (un hecho que, hasta la fecha, nunca ha sido reportado por este diario). (2)

En contraste a Álvarez, a quien se le permitió que su cita describiendo a Chávez como un dictador se le mantuviera sin contestar, otra reportera del Times, Neela Banerjee, en 2008 citó las falsas acusaciones lanzadas en contra del presidente Obama por sus opositores -“es un musulmán que asistió a una madraza en Indonesia cuando era niño y se le juramentó para su cargo ante el Corán”-, pero inmediatamente las invalidó: “de hecho, es cristiano y se le juramentó con una Biblia”, escribió en la siguiente oración. (3) Tal parece que para este diario los hechos se despliegan a diario.

La junta editorial del Times fue aun más deshonesta luego de la muerte del presidente Chávez: “la administración de Bush dañó la reputación de Washington en América Latina cuando bendijo de manera imprudente el fallido intento en el 2002 a un golpe militar en contra de Chávez”, escribió el diario, ocultando el propio rol de su junta editorial en bendecir dicho golpe en ese momento. Un editorial del Times publicado en el 2002 indicó que con la “renuncia [sic] del presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana ya no está amenazada por un dictador potencial”, y agregó estrafalariamente que “Washington nunca demonizó públicamente a Chávez”, que el verdadero dictador Pedro Carmona simplemente era “un respetado líder empresarial” y que el golpe de dos días apoyado por Estados Unidos fue “meramente un asunto venezolano”. (4)

La junta editorial –campeona inicial del régimen de facto que emitió un decreto para disolver prácticamente todos los poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Venezuela- criticaría descaradamente 11 años después a Chávez luego de su muerte por haber “dominado la política venezolana durante 14 años con métodos autoritarios”. El diario argumentó que el gobierno de Chávez “debilitó la independencia judicial, intimidó a sus opositores políticos y a defensores de los derechos humanos e ignoró la violencia rampante, y muchas veces mortal, de la policía y los guardias carcelarios”. Luego de arremeter contra el récord de Chávez, el editorial concluye diciendo que Estados Unidos “debería ahora aclarar su apoyo a una transición democrática y civil en una Venezuela post Chávez” –como si Chávez no fuese un líder electo justamente con un aplastante mandato popular.

Sin embargo, hay un país que actualmente se ajusta mucho más a la representación de un gobierno no democrático e ilegítimo que la junta editorial de este diario usa para Venezuela: Honduras, que en 2009 fue víctima de un golpe de Estado que depuso al presidente libremente electo, y de tendencia de izquierda, Manuel Zelaya.

A pesar de que el New York Times criticó a Chávez por debilitar la independencia judicial, no se molestó en siquiera informar sobre el extraordinario rompimiento institucional que se produjo en Honduras, cuando en diciembre del 2012, el Congreso de ese país despidió a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron en contra de una ley propuesta por el presidente Porfirio Lobo, quien llegó al poder en 2009 a través de unas elecciones represivas realizadas a la sombra de una dictadura militar en poder después del golpe y boicoteadas por la mayoría de los observadores electorales internacionales.

Cuando se trata de intimidar a los oponentes políticos y a los defensores de derechos humanos, los problemas de Venezuela son casi imperceptibles comparados con los de Honduras. Durante 14 años bajo Chávez, Venezuela no tiene registros de desaparecidos o asesinatos de índole político. En la Honduras después del golpe, tal práctica es ahora endémica. Solo en el año 2012, al menos cuatro líderes del partido de oposición Libre, organizado por Zelaya, fueron asesinados, incluyendo el candidato a alcalde, Edgardo Adalid Motiño. Adicionalmente, dos docenas de periodistas y 70 miembros de la comunidad GLBT han sido asesinados desde el golpe, incluyendo los prominentes líderes activistas anti-golpe GLBT como Walter Tróchez y Erick Martinez (ninguno de estos casos fue lo suficientemente notable como para recibir una mención en el Times).

Y aunque los editores del Times condenan la violencia política en Venezuela, la policía hondureña se ve sistemáticamente involucrada en asesinatos extrajudiciales en contra de sus propios ciudadanos. En diciembre de 2012, Julieta Castellanos, la rectora de la universidad más grande de Honduras, presentó los hallazgos de un informe donde detalla los 149 asesinatos cometidos por la Policía Nacional Hondureña durante los últimos dos años de Porfirio Lobo. Ante el hecho de seis asesinatos mensuales cometidos por la policía, ella advirtió que “Es alarmante que la Policía misma sea la que está matando personas en este país. La ciudadanía está en un estado de indefensión e impunidad” (5). Tal alarma es más que justificada por el nombramiento por Lobo de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla como director de la Policía Nacional, a pesar de informes de que una vez supervisó a escuadrones de la muerte. (6)

Finalmente, el equipo editorial del Times lamentó la violencia carcelaria en Venezuela. Pero considere como contexto que la organización no gubernamental Observatorio de Prisiones, consistentemente crítica de Chávez, informó de 591 muertes en prisión en el año 2012 para un país de 30 millones. (7) En Honduras, un país con un poco más de un cuarto de la población de Venezuela, murieron más de 360 presidiarios en un solo incidente–un fuego que ocurrió en una prisión de Comayagua en el 2012. En esa prisión las autoridades impidieron que los bomberos realizaran su trabajo durante 30 cruciales minutos mientras las puertas de los presos permanecían cerradas. Según algunos sobrevivientes, los guardias ignoraron sus ruegos de ayuda mientras muchos se quemaban vivos. (8)

Dado el contraste en los credenciales democráticos de los dos países y su récord de derechos humanos, surgen preguntas obvias: ¿Cómo ha presentado el New York Times a Venezuela y a Honduras desde el golpe de estado en Honduras del 2009? Si en ambos casos en sus noticias y páginas de opinión, el Times publica regularmente acusaciones sobre el autoritarismo en Venezuela, ¿qué terminología ha empleado el Times para describir al gobierno militar dirigido por Roberto Micheletti, el cual asumió el poder después del derrocamiento de Zelaya, o el ilegítimo gobierno de Lobo que lo sustituyó?

La respuesta es reveladora. Durante casi cuatro años, el New York Times ha mantenido un doble estándar que literalmente no falla. Ninguno de los escritores del New York Times en más de 100 artículos de noticia y opinión se han referido al gobierno de Honduras como “autocrático”, “no democrático” o “autoritario”. Tampoco los escritores del New York Times han tildado ni una sola vez a Micheletti o a Lobo de “déspotas”, “tiranos”, “hombres fuertes”, “dictadores”, o “caudillos”.

Al mismo tiempo, desde el 28 de junio de 2009 al 7 de marzo de 2013, el periódico ha publicado por lo menos 15 artículos de prensa y opinión en los cuales los mismos autores han usado cualquier cantidad de epítetos contra Chávez. (Esta metodología no incluye las normalmente virulentas entradas de blog antichavistas que el periódico publica en su sitio web, así como los artículos publicados como el de Lizette Alvarez, donde se cita a otro que describe a Chávez como un dictador).

Durante este período, los mismos reporteros del periódico se han referido a Chávez como un “déspota”, “líder autoritario”, y “autócrata”; sus articulistas de opinión lo han tildado de “petrodictador”, “hombre fuerte indomable”, “neoautoritario brutal”, “guerrerista” y un “coronel convertido en sultán petrolero”. En la víspera de las elecciones de octubre, un artículo de opinión calificó al gobierno de Chávez de “autoritario” no menos de tres veces en 800 palabras. Y con la muerte de Chávez no cesó esta tendencia: El 6 de marzo, el periodista Simón Romero escribió sobre la muerte de Chávez que se “iba como el hombre fuerte en una novela de caudillos”, y concluyó que se había “convertido, de hecho, en un caudillo.”

Estas violaciones de los estándares más básicos de periodismo –que hacen referencia a un líder democráticamente electo como si fuera un gobernante con poderes absolutos- no termina con sus articulistas. El 24 de julio de 2011, Bill Keller, el entonces editor ejecutivo del periódico, escribió el artículo “Porque los tiranos aman el escándalo de Murdoch”, el cual incluyó una foto de Robert Mugabe al lado de Chávez. Keller se refirió a ambos cuando concluyó, “autócratas serán autócratas”.

Pero si el despotismo, definido como el ejercicio cruel y opresivo del poder absoluto, tiene algún significado, debería aplicarse al gobierno hondureño, cuyas fuerzas armadas –no solo su policía- han asesinado constantemente a civiles inocentes. El 26 de mayo de 2012, por ejemplo, las fuerzas especiales hondureñas mataron a Ebed Yánez, de 15 años, y se alega que oficiales de alto rango lograron encubrir el hecho enviando a “seis u ocho soldados enmascarados y en uniformes oscuros al cuerpo del adolescente, tocándolo con fusiles y recogiendo los cartuchos vacíos de las balas” para encubrir las evidencias que pudiese vincular a las fuerzas armadas”, según el Associated Press.

La paradoja del New York Times –su postura hacia lo que considera las tendencias antidemocráticas en Venezuela al mismo tiempo que evita usar el mismo tratamiento a la indiscutible represión en Honduras- solo se puede explicar mediante un hecho crucial: Honduras ha sido un aliado firme de Estados Unidos desde el derrocamiento de Zelaya.

El historial escrupuloso e inequívoco del New York Times de evitar caracterizaciones despectivas del gobierno violador de los derechos humanos de Honduras podría explicar por qué nunca ha hecho referencia a la solicitud de marzo de 2012 de 94 miembros del Congreso que exigieron que la administración Obama retuviera la ayuda de EE.UU. a los militares y a la policía hondureños. El periódico tampoco informó de la carta de los 84 miembros del Congreso a la Secretaria de Estado Hillary Clinton más tarde ese mismo año, condenando la “crisis institucional” de Honduras y “la impunidad judicial”.

Al evaluar el relativo silencio del periódico respecto a Honduras, cabe imaginar si Chávez hubiera ascendido al poder en tan dudosa forma como Lobo; si durante años el gobierno de Venezuela hubiese permitido a su aparato de seguridad matar de forma contínua a civiles; o si el gobierno de Chávez hubiese mantenido condiciones de impunidad en las que desaparecieran, torturaran y asesinaran a opositores políticos y activistas de derechos humanos.

Como revela un examen cuidadoso del lenguaje y la cobertura de casi cuatro años de artículos de prensa del New York Times, la libertad y la democracia en América Latina no han sido una preocupación sincera de las instituciones de prensa liberales. La firme conformidad del periódico a la postura del Departamento de Estado de EE.UU., el cual consistentemente vilipendia a un enemigo oficial de EE.UU., mientras que minimiza sistemáticamente los crímenes de un aliado, demuestra que su principal objetivo es subordinarse a las prioridades de Washington.

Notas:

1.- Lizette Alvarez, ““Venezuelan Expatriates See a Reason to Celebrate,” The New York Times, March 6, 2013.

2.- Keane Bhatt, “A Hall of Shame for Venezuelan Elections Coverage,” Manufacturing Contempt(blog), nacla.org, October 8, 2012.

3.- Neela Banerjee, “Obama Walks a Difficult Path as He Courts Jewish Voters,” The New York Times, March 1, 2008.

4.- “Hugo Chávez Departs,” The New York Times, April 13, 2002.

5.- “Policías de Honduras, Responsables de 149 Muertes Violentas,” La Prensa, December 3, 2012.

6.- Katherine Corcoran and Martha Mendoza, “Juan Carlos Bonilla Valladares, Honduras Police Chief, Investigated In Killing,” Associated Press, June 1, 2012.

7.- Fabiola Sánchez, “Venezuela Prison Deaths: 591 Detainees Killed Country’s Jails Last Year,”Associated Press, January 31, 2013.

8.- “Hundreds Killed in ‘Hellish’ Fire at Prison in Honduras,” Associated Press, February 16, 2012.

9.- Author’s research, using LexisNexis database searches for identical terms in reference to the two countries. For a detailed list of examples, contact him at keane.l.bhatt@gmail.com.

10.- Francisco Toro, “How Hugo Chávez Became Irrelevant,” The New York Times, October 6, 2012.

11.- Simón Romero, “Hugo Chávez, Leader Who Transformed Venezuela, Dies at 58,” The New York Times, March 6, 2013.

12.- Bill Keller, “Why Tyrants Love the Murdoch Scandal,” The New York Times Magazine, July 24, 2011.

13.- Alberto Arce, “Dad Seeks Justice for Slain Son in Broken Honduras,” Associated Press, November 12, 2012.

14.- Martha Mendoza, “US Military Expands Its Drug War in Latin America,” Associated Press, February 3, 2013.

15.- Office of Representative Jan Schakowsky, “94 House Members Send Letter to Secretary Clinton Calling for Suspension of Assistance to Honduras,” March 13, 2012. Correspondence from Jared Polis et al. to Secretary of State Hillary Clinton, June 26, 2012.

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