jueves, 13 de junio de 2013

En el caso Ebed Jassiel Yanes: Fuerzas Armadas estarían apostándole a la amnistía o una conciliación con el Estado



Por Dina Meza

En un país con golpe de Estado y sin institucionalidad todo puede suceder, esta debilidad estaría siendo aprovechada por las Fuerzas Armadas de Honduras en los próximos días  para solicitar que se aplique la amnistía aprobada tras el golpe de Estado o una conciliación, para que los altos mandos de la institución castrenses que obstruyeron las investigaciones en el caso del asesinato del niño Ebed Jassiel Yanes , no les alcance la justicia y de esta forma que el caso se sume a la larga lista de la impunidad en Honduras.

El 27 de mayo de 20012 el niño Ebed  fue perseguido desde un retén por una patrulla militar integrada por 7 efectivos encapuchados y armados de fusiles y munición letales, en la salida hacia el oriente del país.

Por presiones de su familia y del COFADEH, el 14 de junio la Fiscalía de Derechos Humanos presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado Penal de Tegucigalpa en contra del sargento Eleázar Abimael Rodríguez Martínez, el cabo Felipe de Jesús Rodríguez Hernández y el subteniente Josué Antonio Sierra por suponerlos responsables de la muerte violenta de Ebed Haziel Yánes Cáceres.

Pero altos oficiales actuaron para que este crimen quedara en la impunidad, asesoraron a los culpables para que cambiaran su versión sobre los hechos. Al igual se cambió las armas utilizadas en el operativo.

Aunque en un primer momento la Fiscalía del Ministerio Público no apuntó a los encubridores, el seguimiento del caso por la familia y el COFADEH dio pie para que se librara un requerimiento fiscal contra los altos mandos castrenses en abril pasado y la audiencia de imputado se desarrolló el 29 de mayo anterior.

Estos altos oficiales son el  Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán; Coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago.

Asimismo el  Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013; Teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes. Subcomandante del X Batallón de Infantería en Marcala, La Paz, nombrado el 1 de febrero de 2013.

También  el  Alférez de Fragata José Emiliano Novoa; Juan José Flores Álvarez. Asesor Legal de las FFAA  y el  Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos. Todos acusados de Abuso de Autoridad, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Encubrimientos.

Fiscalía de entrada solicitó medidas sustitutivas
Aunque el delito de encubrimiento es uno de los más graves, la Fiscalía del Ministerio Público debió solicitar por lo menos la suspensión de sus cargos para los altos oficiales pues quedan con las manos libres para seguir obstaculizando la justicia, de acuerdo a lo manifestado por la abogada Cárdenas del COFADEH.

Los militares deben llegar al Juzgado a firmar cada 15 días en el Juzgado y no salir del país.

“Haciendo la suma de los tres delitos la medida tuvo que quedar más limitativa, pues la resolución contraviene el Código Penal  que establece que en el caso de los delitos contra la Administración Pública también se debe aplicar la suspensión del cargo,  pero esto  no se hizo”, señaló la entrevistada.

FFAA jugarán dos cartas para que altos mandos sean absueltos
La audiencia inicial está programada para  el 25 de junio a las nueve de la mañana, ese día las Fuerzas Armadas se jugarían dos cartas: la amnistía o la conciliación con la Procuraduría General de la República.

Esta segunda carta ya sería la segunda vez que es utilizada, pues en enero de este año  la defensa de los militares había solicitado una audiencia con la Procuradora General de la República (PGR), Ethel Deras, para formular la petición de lograr una conciliación, para un caso de violación a los derechos humanos.

El 12 de enero a eso de las dos de la tarde un vehículo pick up Ford placa RHOG/ 0244001 de las Fuerzas Armadas trasladó a un oficial que vestía uniforme de la Fuerza Naval y a un abogado, ambas personas no fueron identificadas, minutos después arribó el abogado que dirige al buró de abogados defensores de los militares, Jacobo Salandía, se conoció que la Procuradora General, Ethel Deras habría ordenado a su personal no conciliar casos donde hay de por medio violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo surge la interrogante del por qué los militares harían uso por segunda ocasión de una estrategia que ya les falló?

Habría que esperar si su otra carta, la amnistía aprobada el 26 de enero del año 2010, por el Congreso Nacional, para favorecer a los militares que dieron el golpe de Estado, sería usada y aceptada por el Juzgado donde se lleva la causa.

De ser aceptada esta estrategia violentaría tratados y convenios internacionales de derechos humanos, tal como lo señaló en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en un comunicado emitido en enero de 2010 que expresaba: “Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este caso la Ley de Amnistía […] que a juicio de esta Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia. Por estas razones, el argumento […] en el sentido de que le es imposible cumplir con ese deber de investigar los hechos que dieron origen al presente caso debe ser rechazado”.

Pero hay dos debilidades en Honduras en estos momentos, una es la falta de institucionalidad la cual fue echada por la borda con el golpe de Estado, y la otra es el poderío que las Fuerzas Armadas han reasumido desde este golpe.

Solo quedan tres semanas para la próxima audiencia, pero seguro que las piezas del ajedrez de la impunidad están en gran movimiento, mientras tanto los familiares de Ebed Jassiel están ansiosos de justicia y el COFADEH ha levantado una campaña internacional para que se termine con la impunidad y se castigue a los responsables materiales e intelectuales por este asesinato.

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