"Si pretendemos que el golpe no está directamente relacionado a la violencia actual, fracasaríamos en ayudar a resolverla."
Honorable Hillary R. Clinton
Secretaria
Departamento de Estado de E.E.U.U.
2201 C Street. MW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria:
Le escribí casi hace un año para expresar mi preocupación sobre la manera en que se han dado grandes cantidades de dinero de los impuestos de EE.UU a la volátil nación de Honduras. En ese entonces, el país estaba aún tambaleándose y muy polarizado en el periodo subsiguiente a junio de 2009, los acontecimientos que el Departamento de Estado describieron como un golpe de Estado. Desde entonces, las noticias son desafortunadamente peores.
Hoy el sistema legal de Honduras casi no funciona y el estado de derecho está en una situación de asedio. El poder judicial es de varias formas corrupto; periodistas y medios de la oposición continúan siendo amenazados; y las fuerzas del estado de seguridad son creíblemente conocidas como perpetuadores de asesinatos de perfil bajo y alto. Los crímenes viciosos se han disparado en contra de comunidades de hondureños defensores de derechos humanos y LGBT, las dos conectadas con el movimiento anti-golpe. Honduras tiene la tasa de homicidio más alta del mundo. La impunidad de estos crímenes es la orden del día. La situación se ha deteriorado hasta tal punto que el Cuerpo de Paz anunció que está suspendiendo operaciones en el país.
Dos destacados asesinatos recientes de abogados de la oposición subrayan el costo humano que sigue escalando en la situación de Honduras. El 22 de septiembre, Antonio Trejo Cabrera, abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) del valle del Bajo Aguan, fue disparado cinco veces y murió al frente de una iglesia en donde acababa de oficiar una boda. Una organización internacional líder en derechos humanos dijo "que este asesinato atroz siembra miedo en la comunidad hondureña y debe ser una llamada de atención para las autoridades."
El 24 de septiembre, asaltantes desconocidos dispararon y mataron a Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, un fiscal en la oficina de derechos humanos del gobierno, quien era uno de los abogados que hicieron una heroica huelga de hambre en 2008 protestando la corrupción de la fiscalía.
Su dedicación personal a los derechos humanos, el Estado de derecho, y la democracia es evidente para todos, pero nuestra política en Honduras a veces se empequeñece bajo la percepción que nuestra oposición al golpe de 2009 fue menos que sincero. La cara visible de la política de EE.UU. es abrumadoramente a raíz nuestros grandes esfuerzos anti-narcóticos, los cuales son una premisa de la asociación de los mismos elementos que apoyaron el golpe de 2009 y que han sido tolerantes de las violaciones de derechos y la corrupción desde entonces. Los problemas son innumerables. Las fuerzas de seguridad, con las cuales estamos forzados a aliarnos, son asombrosamente corruptas. El jefe de la policía nacional, a quien nos negamos de darle dinero de nuestros impuestos, está obstinado por alegaciones de actividades en escuadrones de la muerte. Los militares y la policía están uniendo sus fuerzas, creando lo que nosotros sabemos es una mezcla combustible. Pilotos hondureños, usando información de seguimiento de EE.UU., hace poco le dispararon a dos aviones sospechosos de cargar drogas sin otorgarles debido proceso, en infracción de tres convenios internacionales. Los agentes de nuestra brigada anti drogas (DEA) están constantemente en peligro, cada vez más obligados a intervenir en tiroteos y encuentros peligrosos relacionados a la droga.
Yo no minimizo la situación de seguridad de Honduras ni su gran problema con el tráfico de drogas. Esto requiere una respuesta fuerte, la cual estamos comenzando a desarrollar. El presidente Lobo está dispuesto a trabajar con nosotros y necesita nuestro apoyo para presionar a los infractores, pero sinceramente, él esta siendo socavado por elementos de la sociedad que expulsaron a su predecesor. Es critico que EE.UU. sea sumamente cuidadoso y no confunda a sus aliados en la "guerra contra las drogas" con individuos que ayuden y sean cómplices del comercio de drogas.
Desafortunadamente, ésta no es la primera vez que el gobierno de EE.UU. se ha acercado peligrosamente a una estrategia excesivamente militarizada hacia un país muy pequeño y con instituciones tan débiles que los ciudadanos no pueden desafiar las políticas o demandar cambio.
Entonces nos toca a nosotros decirlo: la política de EE.UU hacia Honduras debe ser reajustada.
Como usted sabe bien, no soy el único pidiendo cambios. Más de 100 miembros de la cámara de representantes y siete senadores la han solicitado sobre la política hacia Honduras en el último año. El reajustamiento de política que estoy instando debe refundir todas nuestras acciones en términos que claramente representen los valores y objetivos que nosotros tenemos, y que compartimos con una gran mayoría de hondureños. Yo aplaudo el viaje reciente que hizo a Honduras la subsecretaria Maria Otero. El acuerdo que ella firmó, y su plan de acción a seguir, son bloques sólidos hacia una nueva dirección en nuestra política. Pero EE.UU debe anunciarlo como tal y seguir construyéndolo hacia adelante.
Primero, el defecto más grande de nuestra política es que no hemos convencido a Honduras que el Estado de derecho, los derechos humanos y el terminar con la impunidad por la violación de esos derechos son nuestros principios rectores. Notablemente, la organización de derechos humanos más grande de Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), no confía en el gobierno de EE.UU. y no quiere hablar con ninguno de sus oficiales. Recientemente, muchos de nosotros nos asombramos cuando el Departamento de Estado le otorgó a Honduras un certificado de derechos humanos para librar una cantidad relativamente pequeña de ayuda de EE.UU. En lo mínimo, fue una oportunidad perdida para señalar públicamente y convincentemente una corrección de curso.
Segundo, es hora de dejar de pretender que el golpe nunca pasó. En un documento reciente del Departamento de Estado sobre la resolución de conflicto en Honduras el golpe no fue mencionado. No hace falta señalar que con más de tres años después del golpe de Estado en Honduras, aún nadie ha sido castigado. Los perpetradores militares han sido ascendidos, y el general principal quien llevo el golpe acabo tiene una posición alta en el gobierno actual. Todos sabemos que las elites tradicionales de Honduras han intentado muy duro de borrar este evento de la historia. Pero aunque sea claro que el presidente Zelaya tenía sus defectos, no hay razón por la cual nuestro gobierno necesite contribuir a que se desaparezca este acto. Efectivamente, hacer esto tendría unos costos significantes. Si pretendemos que el golpe no está directamente relacionado a la violencia actual, fracasaríamos en ayudar a resolverla.
El asesinato de Trejo fue más que un crimen espantoso. Él había representado satisfactoriamente a los campesinos que reclamaban tierras ilegalmente obtenidas por Miguel Facussé, quien fue descrito por la embajada de EE.UU. como "el más rico, más poderoso hombre en Honduras" y quien tiene guardias de seguridad que son acusados de supuestamente haber matado a docenas de activistas de derechos de tierra en los últimos tres años. Trejo había recibido amenazas de muerte repetidamente por su teléfono celular, y anunció que si fuese asesinado, Facussé sería responsable. Sin embargo, Trejo nunca recibió el mandato de protección del gobierno a pesar de un número de peticiones. Facussé y sus guardias, mientras tanto, nunca han sido investigados o procesados.
La Subsecretaria Otero dijo en su viaje que "el mensaje debe ser claro que la ley le aplica a todo el mundo—desde a un ladrón de cartera hasta un poderoso oficial del gobierno o una persona de negocios rica." Yo espero que esto se extienda a una investigación de Mr. Facussé.
La situación en Honduras, la cual probablemente estará con nosotros por un tiempo, nos obliga a tomar una decisión. Nosotros podemos ver la espeluznante situación de derechos humanos a través de lentes de "amenazas a la seguridad ciudadana,” como el Departamento de Estado recientemente la caracterizó; o podemos entender las mismas violaciones humanas a través del prisma del golpe de estado y efectivamente de un cierre en el proceso político por élites poderosas de hace mucho tiempo. Si escogemos la ultima opción, el caos en Honduras se vería como algo cercano a represión política. Hasta que EE.UU comience a aceptar este punto de vista, no podremos tener una política adecuada hacia Honduras.
Espero trabajar con usted para revaluar y moldear de nuevo nuestra política hacia Honduras para que refleje más eficazmente nuestros intereses y valores, y servirles mejor a la inmensa mayoría de los ciudadanos Hondureños.
Atentamente,
Howard L Berman
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