Por Julio Escoto
Pongamos de ejemplo una metáfora absurda, para simplificar: llega el vecino, que pide permiso para explorar mi patio, y porta a mano el mapa del tesoro. Le consta lo que existe allí, perfora, extrae y convenimos una comisión, digamos diez por ciento de lo encontrado. Luego exporta lo recogido y empiezo a sospechar que la operación fue errónea: destruye el jardín, tumba árboles, crea agujeros en el suelo, contamina las aguas y el zumo de mercurio daña a las familias. Desconozco además a qué precio vende "mi" tesoro en el exterior… Veo al espejo y un como imbécil atisba del otro lado…
He allí una causa por la cual los países modernos revisan con creciente cautela la cesión de sus recursos naturales, pues estos, por extinguibles, son vitales para financiar el desarrollo. Defensa, comunicaciones, educación y control territorial –lo que puede incluir explotación de subsuelos– forman parte de los haberes estratégicos del Estado y cualquier nación que pignora parte de ellos lo hace solo si el rédito o ganancia aseguran –pero no comprometen– el futuro de la comunidad.
En 2002 la ONU formalizó el World Diamond Council para evitar el tráfico de diamantes, gema usada para subvencionar guerras y actos inhumanos (nombrado "proceso Kimberley contra los diamantes de sangre"); Angola y República Democrática del Congo (donde Bélgica cometió genocidio) regularon drásticamente la recolección de Coltan (guerras con 1,500 homicidios diarios); Venezuela nacionalizó el oro del Orinoco (millones de kilos) y deposita al extraído como reserva en el banco central (las compañías tributaban $140.00 por cada onza troy que actualmente venden a $1,800.00 en Nueva York), mientras que Evo-Bolivia negoció el usufructo de su gas natural: antes el Estado percibía 20% por tasa impositiva y las transnacionales ganaban 72%; hoy es al revés…
Honduras define a las compañías mineras como cualquier otro negocio empresarial, a las que obliga a impuestos sobre la renta, de venta y municipal, excepto que, de estos dos últimos, es inaplicable el segundo y mísero el tercero. Las concesiones –irrevocables– que otorga el Estado se deciden en Tegucigalpa, sin socialización y dentro de círculos corruptos, a tal grado que quien redacta las leyes mineralógicas, y las remite al Congreso es Anamin, Asociación Nacional de Minería. La de 1999 fue aprobada en el recinto de padres de la patria, cierta noche en noviembre de 1998, tras un solo debate…
Entre 2006 y 2010 la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) otorgó licencias de exploración y explotación mineral que cubren 30% del territorio nacional, y la presente asamblea legislativa ha cedido –sin beneficio ni consenso municipal– la madre de todos los ríos aprovechables del país para generar energía. Lo cual sería aceptable si los pueblos circundantes mantuvieran la posesión, pero lo que se ha hecho es desgarrar la soberanía –y la justicia– para venderlas a pedazos.
Bajo la ley vigente las transnacionales pueden establecer servidumbre forzosa en terrenos ajenos y conseguir la expropiación de pueblos enteros, con iglesias y camposantos, si el subsuelo alberga riqueza geológica, así como permite el uso indiscriminado de aguas y actuar de derecho si la autoridad judicial no responde a sus demandas dentro del plazo convenido. Sus peticiones se resuelven en 15 días o quedan otorgadas, y abonan por llevarse nuestro patrimonio un ridiculísimo canon territorial de "$0.25 por año por hectárea para una concesión nueva, y $3.00 por año por hectárea para concesiones con más de ocho años" (Art. 33). ¿Que quién financia los estudios ambientales que las tipifican?... Pues ellas mismas… (http://rds.org.hn/alerta-ambiental/docs/minas/legislaci.html).
Dicen —pero no me consta— que una nueva ley está lista aunque escondida en la secretaría del Congreso, negada cual vergüenza de Estado. Han de aprobarla a zarpazos cualesquiera de estas noches frescas, sin ruido ni calor para que no despierte ni azore a los patriotas y nobles diputados…
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