Por Ricardo Arturo Salgado Bonilla
Una de las personas que participó en las pláticas para concretar el Acuerdo de Reconciliación Nacional, suscrito en Cartagena de Indias, entre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el derrocado presidente José Manuel Zelaya Rosales en mayo último fue el abogado Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia y miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Su regreso, a pesar de la existencia de un aparato de justicia corrompido y colapsado a partir del Golpe de estado Militar, marca un momento importante en la historia reciente de Honduras, especialmente por la forma desproporcionada en que ha sido tratado por el sistema judicial golpista. En los siguientes documentos se encuentran una reseña del caso Flores Lanza, así como una carta de este a 60 días de prisión domiciliaria por razones políticas.
Ministro de Zelaya Preso Político de Porfirio Lobo
La Asamblea General Extraordinaria del Frente Nacional de Resistencia Popular, del 26 de junio de 2011, en su primer punto, aprobó por unanimidad una resolución de repudio a la persecución política contra el miembro de su Comisión Política Enrique Flores Lanza; en la misma se deja al trasluz la posición firme y contundente del FNRP ante esta burda maniobra por destruir esta organización.
A 60 días de injusto confinamiento, las expectativas son sombrías, pero la moral del pueblo en resistencia, y su espíritu de lucha contra estos hechos son más altos que nunca.
Ahora lo importante es que el mundo conozca este alevoso ataque contra la civilización y el espíritu humano.
Enrique Flores Lanza, se desempeñaba al momento del Golpe de estado como Ministro de la Presidencia y Coordinador de Gabinete del Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales y, además como Coordinador del Proyecto de participación ciudadana denominada “Cuarta Urna”.
Tras el Golpe de Estado, fue el Funcionario más perseguido por la Dictadura Golpista, y obligado a marchar al exilio, en donde permaneció durante 23 meses, tiempo durante el cual trabajó activamente, siempre junto al ex Presidente Zelaya, como dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular.
El régimen de facto de Roberto Micheletti, en abierta violación al debido proceso, fabricó acusaciones penales contra el Presidente Zelaya y Enrique Flores Lanza su Ministro de la Presidencia y otros funcionarios, argumentando actos de corrupción, en una afán por esconder la naturaleza esencialmente política de la persecución. Cabe señalar que el Ministerio Publico y la Corte Suprema de Justicia, fueron responsables y coautores del Golpe de Estado, continúan actuando como instrumentos de persecución política.
Al amparo de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el Acuerdo de Cartagena, entre los que se incluían el de garantizar a los ex funcionarios de la Administración Zelaya, que pudieran defenderse en libertad y gozar de sus derechos políticos mientras se desarrollaban los procesos para demostrar su inocencia, el Abogado Flores Lanza retorna al país, acompañando al ex Presidente Zelaya y otros exiliados, hecho que acontece el 28 de mayo de 2011.
En fecha 15 de junio del 2011, se presentó voluntariamente ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, a las audiencias de declaración de imputado en los procesos que comparte con el Ex presidente Zelaya y en esa fecha el Juez le impuso como medida sustitutiva el pago de una fianza de 27 millones de lempiras (aproximadamente 1.4 millones de dólares) en efectivo y además le aplicó arresto domiciliario bajo la prevención de que de no pagar se le mandaría a prisión. Esta decisión judicial, además de violentar el Acuerdo de Cartagena, y de no tener precedentes en la historia del Poder Judicial, por lo exorbitante de la cuantía, es insostenible jurídicamente puesto que no existe peligro de fuga ni riesgo de obstrucción de la investigación por parte del Abogado Flores.
La indefensión y la violación al debido proceso en este caso se ha visto agravada puesto que, el equipo de abogados defensores, es también víctima de intimidación, hasta el punto de que en otro hecho inusitado, sus abogados fueron suspendidos del ejercicio profesional, después de habérseles advertido que tenían que dejar el caso de Flores Lanza.
Debido a que ya pasaron más de 30 días de arresto domiciliario, desde el pasado 16 de julio la detención del Abogado Flores Lanza es ilegal, pues no existe ya una orden de juez competente que legitime la misma. Ante esa situación, se interpuso el correspondiente Recurso de Exhibición personal, sin embargo, a pesar de haber solicitado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de un Juez Ejecutor imparcial, sin vínculos laborales con el Poder Judicial, se nombró al Asistente de un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien optó por declarar legal la detención en franca violación a su deber de tutelar el derecho fundamental a la libertad personal y con el propósito evidente de proteger al Juez, responsable de la detención ilegal.
Hasta la fecha, después de sesenta días de estar preso en su propia casa, por razones políticas, Enrique sigue a la espera de audiencias en dos casos más, así como nuevas audiencias por los primeros dos juicios y que se resuelvan los recursos interpuestos (amparos y apelaciones).
Estos operadores de justicia son parte del aparato que ejecuto el Golpe de Estado, además le han negado la protección de sus derechos a maestros, estudiantes, menores y mujeres que se han posicionado en contra del Golpe, haciendo caso omiso a las múltiples violaciones que han cometido los cuerpos policiales y militares en contra de los derechos de la población; esto crea un ambiente de escepticismo entre los miembros de la Resistencia Nacional, quienes, a pesar de todo, no están dispuestos a ceder un centímetro en la lucha por la libertad de Enrique Flores Lanza, quien no pide impunidad ni privilegios, solamente un debido proceso que le permita demostrar su inocencia.
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