Por Carlos Miguélez Monroy
Periodista y Coordinador del CCS
Una cuestión de convivencia y de derechos humanos se ha convertido en una batalla entre el gobierno federal y los Estados, así como en ingrediente determinante para las próximas elecciones. Obama podría salir debilitado si el Departamento de Estado interpretara como "intromisión" su batalla contra los Estados del Sur.
La ley SB-1070 convierte en delito pisar Arizona sin tener documentos y permite a la policía detener y registrar a cualquier persona "sospechosa" de no tener papeles. Es decir a quienes "parezcan mexicanos" o latinoamericanos. Se verán afectados millones de "hispanos" de segunda y tercera generación, ya integrados al American Way of Life.
La Patriot Act ya había facilitado la implementación de perfiles raciales para detener a personas sospechosas por su apariencia. Es decir, que parecieran árabes-musulmanes. En varias ocasiones, el congresista James Sensenbrenner de Wisconsin ha equiparado a los inmigrantes latinoamericanos con terroristas. Fue artífice de otra controvertida ley hace unos años que preveía la actual ampliación del muro fronterizo y la puesta en marcha de medidas policiales para frenar la inmigración.
Pese a la insistencia del gobierno mexicano de abordar la cuestión, el necesario debate sobre inmigración en Estados Unidos estuvo secuestrado por la obsesión de la "guerra contra el terrorismo" durante los ocho años de gobierno de George W. Bush. Estados Unidos abre ahora los ojos ante la realidad: casi 50.000 hispanos, lo que equivale al 15% de la población y "la segunda minoría", viven en el país norteamericano. En casi el 12% de los hogares se habla el español.
Algunos políticos y medios de comunicación alertan contra el riesgo que supone para la integración, potenciado por las nuevas tecnologías. Al poco tiempo de cruzar, los inmigrantes convierten en virtual la frontera física que los separa de México gracias a Internet y teléfonos celulares.
Se comprende la necesidad de compartir una cultura común para facilitar la convivencia y evitar que el país de acogida pierda sus señas de identidad. Pero la política de Arizona no sólo no frena la inmigración, sino que también alimenta la desconfianza y el odio racial, elementos que amenazan la convivencia.
La búsqueda de una auténtica integración sin que nadie pierda sus señas de identidad requiere políticas enfocadas a la participación y a la educación. Para que los hijos de los inmigrantes reciban una educación adecuada y aprendan el inglés se necesitan tener garantizados algo que no es sólo un derecho de todo ciudadano, sino un deber. Mantener en el limbo legal a los inmigrantes sólo ayuda a poner dificultades a la educación, y al disfrute de otros derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo y la salud para el adecuado desarrollo de las personas.
Los países de origen tampoco se pueden desentender de los problemas que puede originar una inmigración descontrolada. México, de donde proviene la mayor parte de esos inmigrantes, se ve incapaz de frenar una sangría que crece ante la falta de oportunidades, el hacinamiento en las grandes ciudades y la escalada de la violencia relacionada con el crimen organizado. Trasladar el problema a Estados Unidos tampoco solucionará los problemas que plantea la inmigración a los propios emigrantes, calificados como "héroes nacionales" desde hace años.
El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de poner los medios para garantizar derechos y de exigir deberes a todos los ciudadanos, sean del origen que sean. Los hispanos que han obtenido la nacionalidad y los que llegan para buscar una vida digna no precisan "tolerancia" alguna que, como decía Juan Arias en un artículo, proviene del latín, tolerare: "sufrir, llevar con paciencia. Soportar algo que no se tiene por lícito, sino aprobarlo expresamente.
Resistir, soportar". Se necesita aceptación y respeto a unas reglas de juego por parte de todos para garantizar la buena convivencia.
* Centro de Colaboraciones Solidarias
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