Honduras: un año después del golpe de Estado

Le Monde diplomatique

Por Renaud Lambert

Hace un año, el 28 de junio de 2009, un golpe de Estado militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Más allá de los pretextos invocados, el golpe de Estado tenía el objetivo de defender los intereses de quienes lo patrocinaron: la oligarquía hondureña y las multinacionales presentes en el país. Esa élite –sobre la que incluso un informe de la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, del Departamento de Estado estadounidense, observaba, en marzo de 2007, que «ejercía un control excesivo sobre la economía, el sistema judicial y las instituciones políticas del país»- se sentía amenazada por el programa económico de Zelaya. No era la primera vez que un jefe de Estado hondureño alborotaba a los dominadores al pretender estimular el capital «nacional», desarrollar el consumo interno y aumentar el salario mínimo.
En 1993 Carlos Roberto Reina ganó las elecciones presidenciales apoyado por una fracción de la burguesía, amenazada por la apertura económica del país, y por las capas populares, ya golpeadas por las políticas neoliberales. En su primer año de mandato, Reina se reunió con los dirigentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) con el fin de presentarles el giro de la política económica de Honduras que proyectaba. Amenazado, a su vez, con tener que arreglárselas sin los créditos que le asignaban dichas instituciones, Reina regresó a la hoja de ruta neoliberal.
Quince años después las cosas habían cambiado. Abandonado por las instituciones financieras internacionales, Honduras consiguió el apoyo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que se incorporó en agosto de 2008, y la ayuda económica de Venezuela. Cuando llegó al poder, Zelaya se había quejado de que Honduras era tan pobre que «ni siquiera podría construir una carretera sin apelar al Banco Mundial». Desde la firma de un acuerdo con Petrocaribe, Honduras se benefició de financiaciones a bajo interés para sus inversiones en infraestructuras que le permitían gastar su propio dinero en el marco de programas sociales. Dicho acuerdo le garantizaba la entrega de 20.000 barriles de petróleo crudo diarios a precios generosos.
El 3 de enero de 2008, un comunicado de la Asociación Industrial Nacional (ANDI) –que a pesar de su nombre representa los intereses de las empresas extranjeras en Honduras- tomaba nota de ese cambio de época: «ahora se impone la necesidad inevitable de tomar medidas que nadie desea o salir del país». Los intereses de la élite no son negociables. ANDI concluía: «el presidente Zelaya y sus acólitos de los sindicatos obligan a la patronal a defenderse y, sin querer, han despertado al tigre». El 28 de junio de 2009, tras una larga siesta, el tigre saltó.
A esta ruptura en la estrategia de las clases dominantes hondureñas, el presidente estadounidense Barack Obama prometió oponer otra en la política extranjera estadounidense. Hasta entonces, ésta se caracterizaba por su complacencia hacia los golpistas latinoamericanos, como durante el golpe de Estado que derrocó durante unas horas al presidente venezolano Hugo Chávez, en abril de 2002.
Por el contrario, desde el 29 de junio Obama condena a los golpistas: «Pienso que se trataría de un precedente terrible si empezáramos a retroceder a una época donde las transiciones políticas se efectuaban por medio de golpes de Estado más que a través de elecciones democráticas». Pero la actitud posterior de Washington no ha estado a la altura de las declaraciones del nuevo presidente.
El Departamento de Estado se niega a calificar la operación de «golpe de Estado militar», un término que habría «obligado a la administración a poner fin a sus programas de ayuda a Honduras», observa Alex Main, del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR). El Gobierno estadounidense se conformó con suspender el pago de una pequeña fracción de la ayuda que asigna al país (por un importe de 31 millones de dólares). Hillary Clinton, próxima al «lobbista» Lanny Davis –que rápidamente se puso al servicio de los golpistas hondureños- anunció la reanudación el 4 de marzo de 2010. El mismo día la secretaria de Estado invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a reconocer al Gobierno de Porfirio Lobo, vencedor, el 29 de noviembre de 2009, de unas elecciones ilegales (puesto que fueron organizadas por un gobierno ilegal), en funciones desde el 27 de enero de 2010. Por otra parte, Hillary Clinton le felicitó por haber «restaurado la democracia» en Honduras.
Situación inverosímil hace sólo una veintena de años, el Gobierno de facto, apoyado por Estados Unidos, nunca ha sido reconocido por la OEA. Regularmente es cuestionado por los países del ALBA. La Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) amenazó con boicotear la Cumbre América Latina, Caribes y Unión Europea de Madrid, en mayo de 2010, si Lobo participaba…
Sin duda la crisis hondureña constituye uno de los episodios del conflicto soterrado que enfrenta a Venezuela con Estados Unidos. Pero aunque Honduras podría prescindir del reconocimiento diplomático de Venezuela, el de Brasil le hace mucha falta.
Hace algunos años Brasilia ratificó las preferencias estadounidenses cuando el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, en 2004.
Pero en esta ocasión el presidente brasileño, Luis Inacio «Lula» da Silva, consideró que podía enfrentarse a Estados Unidos. Según el periodista uruguayo Raúl Zibechi, en el transcurso de este año se está revelando una amenaza más preocupante para Washington que el Socialismo del siglo XXI del presidente Chávez: la emergencia del coloso económico brasileño y su pretensión de defender sus intereses.
Por ahora la población hondureña prosigue su lucha a pesar de la represión policial y militar. Torturas, desapariciones, toques de queda, cierres de medios de comunicación se han convertido (otra vez) en moneda corriente en Honduras. Las reuniones de más de cuatro personas están prohibidas. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha documentado 43 asesinatos políticos.