Por Karol Assunção *
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"Masacran un sueño". Éste es el título del fragmento del informe del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) sobre la situación del país después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el cual destituyó a Manuel Zelaya (presidente legítimo) del poder. Agresiones, torturas, privaciones de libertad e intervenciones de señales de radio y televisión que informaban sobre los acontecimientos en el país fueron sólo algunas de las violaciones destacadas en el informe.
El documento del Comité revela que la violencia es una práctica realizada con frecuencia por militares y policías contra manifestantes contrarios al golpe. "Los militares-policías utilizaron instrumentos no autorizados legalmente para agredir a los manifestantes, tales como: pedazos de palo, cadenas de metal, pedazos de tubos de hierro", afirma.
Además, los manifestantes también fueron blanco de torturas y privaciones de libertad. "Se privó arbitrariamente de la libertad a miles de ciudadanos/as; durante esta violación al derecho a la libertad, se usó gas pimienta u otra sustancia química en los calabozos donde se encontraban o en los carros, mientras los llevaban a la estación de policía o centro de detención no autorizado", destaca.
Las emisoras de radio y televisión, según el Codeh, tampoco escaparon de la operación militar. "La intervención de la señal radioeléctrica de emisoras y televisoras que informaban con objetividad fue evidente en los atentados a las instalaciones de las transmisoras en el caso del Canal 36 y Radio Globo", se recuerda.
El informe del Comité denuncia además la actuación de los órganos de justicia del país. La ausencia de promotores del Ministerio Público, por ejemplo, mostró la tolerancia del organismo con las prácticas ocurridas en Honduras. Tolerancia que también fue observada en órganos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Comisionado de Derechos Humanos.
"La manera de conducirse del sistema judicial respondió a la lógica del golpe, los jueces ejecutores llegaron a los centros de detención esperando que los/las privados/as de libertad fuesen liberados por la disposición de los superiores de las estaciones de policía; los amparos como recursos garantizadores de derechos constitucionales fuesen respondidos por la Corte cuando el efecto de la acción ya había desaparecido; el Ministerio Público se articuló a esta estrategia al incentivar acciones de connivencia con el golpe y no en la demanda de justicia exigida en la solicitud de los requerimientos fiscales presentados ante ese órgano para desenvolver la investigación e impulsar la acción penal", señala.
Ante este cuadro, el Codeh presenta algunas recomendaciones como la elaboración de un Plan de Reconciliación apoyado por sectores sociales, políticos, pueblo hondureño y por el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado (FNRP). Tal Plan, de acuerdo con el documento, abordaría, entre otros puntos: el reconocimiento institucional del Golpe de Estado, la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, el retorno de exilados/as y expatriados/as, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y la creación de un mecanismo de verificación supervisado por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital
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