Por Janet Redman*
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Robert García
El enviado especial para el cambio climático de EE.UU., Todd Stern, viajó la semana pasada con el secretario adjunto de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Arturo Valenzuela, a Chile, Perú y Ecuador, para discutir el cambio climático con sus homólogos gubernamentales y la sociedad civil. La profundización de la cooperación bilateral y multilateral para aumentar el crecimiento económico, reducir los gases invernadero y ayudar a poblaciones vulnerables al clima estaba en el programa oficial.
Pero el objetivo político del viaje era impulsar el Acuerdo de Copenhague, un acuerdo controvertido que EE.UU. introdujo en las conversaciones sobre el clima de la ONU en 2009 y que fue bloqueado por varios países latinoamericanos antes de la cumbre del clima en México a finales de 2010.
La gira suramericana de Stern –sólo tres semanas antes de la próxima sesión de negociación en Bonn de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC – muestra el papel cada vez más importante de las naciones latinoamericanas en el logro de un acuerdo global. Su itinerario muestra cómo EE.UU. utiliza el debate sobre el clima como parte de un proyecto mayor para asegurar su influencia política, comercial, y su acceso a los recursos en el hemisferio.
Latinoamérica emergente
Los países ricos (“Anexo 1” en lenguaje de la CMNUCC) han estado desde hace tiempo al centro de las negociaciones sobre el cambio climático. Juntos, estos países aseguran su poder explotando las discrepancias que ya existen entre los países en desarrollo, enfrentando a menudo las naciones más empobrecidas con las económicamente emergentes. Y los países del Anexo 1 pasan repetidamente la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones a los países en desarrollo, culpando a menudo a China, las Filipinas, o a cualquier otro país que se niega a aceptar provisiones que afectan fundamentalmente los intereses económicos y ecológicos de los países en desarrollo.
Los países en desarrollo en el G77+China (un bloque de negociación que representa a más de 130 naciones) han estado demostrando últimamente su fuerza colectiva en negociaciones sobre el clima, especialmente respecto al derecho al desarrollo. China e India, ambos importantes emisores de gases invernadero, son considerados protagonistas influyentes porque cualquier plan para reducir emisiones sin su participación no detendría el caos climático. Pequeños Estados isleños y naciones africanas poseen autoridad moral, porque el cambio climático será más devastador para sus pueblos. Latinoamérica, por su parte, nunca ha estado al centro del debate sobre el clima –hasta ahora-.
Este año tendrán lugar negociaciones globales sobre el clima en Cancún, México. El Gobierno mexicano está bajo intensa presión para evitar una repetición del fiasco de Copenhague. Entonces, los anfitriones daneses trastabillaron en una confusión de procedimiento, dejaron a los delegados tiritando fuera de la sala de convenciones mientras estallaban las manifestaciones al interior, y finalmente no pudieron ganarse a los países reunidos para que adoptaran una decisión exhaustiva.
El Gobierno mexicano está determinado a lograr un progreso sustancial por lo menos en dos elementos cruciales: las finanzas climáticas y el uso de mercados de carbono en el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo advierte implícitamente que las perspectivas para un acuerdo climático global no parecen promisorias. Christiana Figueres, con sus 15 años de experiencia, del equipo de negociación costarricense, la nueva secretaria de la CMNUCC, será responsable de que las negociaciones no se vayan por las ramas.
Brasil, el mayor de los nueve países que componen la Cuenca del Amazonas, se ha posicionado como líder del REDD en las Américas. Con millones de hectáreas de tierra y con potencialmente billones [millones de millones] de dólares en juego –para no hablar de los derechos de los pueblos indígenas y de la soberanía de los Estados– Brasil es un participante crucial.
Además ha emergido Bolivia, junto con Ecuador, Nicaragua y Venezuela, como un bastión de la justicia climática. Exasperada por el proceso exclusivo que condujo al Acuerdo de Copenhague, Bolivia convocó a su propia cumbre, invitando a todos los gobiernos y a la sociedad civil a una Conferencia de los Pueblos del Mundo sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba en abril de este año. Un resultado de la reunión global fue un Acuerdo de los Pueblos que Bolivia presentó oficialmente a la CMNUCC en nombre de la sociedad civil global. Desafortunadamente, el texto oficial no reflejó en nada dicho acuerdo. Pero Bolivia tuvo éxito en la generación de masa crítica para gran parte de su contenido, incluido el respeto de los derechos de los pueblos indígenas; el rechazo de la compensación de emisiones de carbono; reducciones inmediatas y profundas en los gases invernadero de los países industrializados; y la transferencia masiva de recursos financieros de las naciones desarrolladas a las que están en desarrollo.
El proyecto estadounidense
EE.UU. explicó claramente en detalle su proyecto para las negociaciones internacionales sobre el clima en los objetivos de comunicaciones estratégicas filtradas accidentalmente en abril. Arriba en la lista está “reforzar la percepción de que EE.UU. está involucrado constructivamente en negociaciones en la ONU en un esfuerzo por producir un régimen global para combatir el cambio climático”. El documento también apremia al equipo de negociación de EE.UU. a “crear un claro entendimiento del estatus del Acuerdo de Copenhague y de la importancia de hacer funcionar TODOS los elementos”.
El Acuerdo de Copenhague incorpora las principales exigencias políticas de EE.UU. Los compromisos vinculantes para reducir las emisiones de gases invernadero se han reducido a un proceso voluntario de “compromiso y examen”. Los compromisos hechos hasta ahora no llegan a las reducciones de 25-40% por parte de los países ricos que los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático dicen que son necesarios para evitar una catástrofe climática. El que no se alcancen esos objetivos no conlleva consecuencias legales.
También desapareció la distinción entre los países que produjeron históricamente la vasta mayoría de los gases de calentamiento global y aquéllos que se han sumado recientemente a las filas de los principales emisores. El Acuerdo de Copenhague requiere que todos los países en desarrollo –con la excepción de pequeñas naciones isleñas y los países menos desarrollados– implementen acciones de mitigación de los gases invernadero. De hecho, el Acuerdo realmente estipula más requerimientos estrictos de transparencia e información para esas naciones que para los países ricos.
Como era previsible, los países en desarrollo se opusieron a la noción de que deberían hacer recortes vinculantes de las emisiones antes que los emisores más ricos y mayores del planeta. También señalan que el impacto de recortes simétricos es muy diferente para la gente que viven en países más ricos y más pobres. Por ejemplo, una reducción de un 20% en las tasas en EE.UU. significaría una reducción promedio de 16 toneladas de carbono por año por persona. La misma reducción en India reduciría el impacto promedio de carbono de 1,6 toneladas a 1,3 toneladas por año. En otras palabras, incluso un modesto recorte en los países adinerados haría poco por cambiar la calidad de vida de la gente, pero entraparía a los países en desarrollo en la pobreza.
El Acuerdo de Copenhague alaba los incentivos de mercado para ajustar el REDD y el comercio de carbono forestal. El REDD critica el compromiso estadounidense de reducir las emisiones un 17% de los niveles del año 2005 a los de 2020. La compra de créditos forestales es más barata, más rápida y más fácil que la limpieza de fábricas y centrales eléctricas contaminadoras. En lugar de reducir las emisiones en EE.UU., los contaminadores pagarían a países forestales para que mantengan sus árboles en pie, “comprando” así el carbono en los árboles para compensar su continua liberación de gases invernadero en casa en su propio territorio. Pero las compensaciones en general, y las compensaciones forestales en particular, han enfrentado la resistencia de los climatólogos, financistas, y comunidades locales porque son difíciles de verificar y afectan los usos tradicionales de los bosques y los derechos a estos últimos.
Además, el acuerdo describe parámetros para el financiamiento del clima. Promete que los países desarrollados movilizarán hasta 30.000 millones de dólares hasta 2012 y 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático y se orienten hacia el desarrollo de caminos de bajo carbono.
Países como Bolivia y Ecuador argumentan que los países ricos tienen una “deuda climática” con el mundo en desarrollo. Los países del Anexo 1 deberían pagar esta deuda, en parte, reduciendo drásticamente las emisiones para hacer sitio para que la gente de los países que no están en el Anexo 1 utilicen la parte que en justicia les corresponde de la atmósfera del planeta. Debido a que el mundo industrializado tiene una deuda tan considerable, los defensores de la justicia climática creen que no hay sitio para compensaciones de las emisiones de carbono mediante la compra de bonos de carbono. En su lugar, exigen que los países ricos cubran los costes de las comunidades para adaptarse a un mundo en calentamiento y cumplan con los compromisos consagrados en la CMNUCC para suministrar apoyo para la transición a desarrollo de bajo carbono. Los 100.000 millones de dólares por año mencionados en el acuerdo, según datos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la CMNUCC, y el Banco Mundial, son totalmente inadecuados para enfrentar esas necesidades.
En sus primeras dos visitas en Chile y Perú en la semana pasada, Stern recriminó de refilón a los detractores del Acuerdo de Copenhague, diciendo que “sostener posiciones que otros no pueden aceptar no hará progresar las cosas”. Sin embargo, cuando EE.UU. sostiene posiciones en conflicto con los intereses de los países en desarrollo, espera que las naciones menos poderosas cedan o caigan en desgracia.
Para agregar peso a su advertencia de que los países no pueden “ser quisquillosos” con las partes del acuerdo que quieran hacerlo, EE.UU. eliminó 3 millones de dólares en finanzas para el clima a Bolivia y 2,5 millones a Ecuador. Stern declaró que el financiamiento “se acordó como parte del Acuerdo de Copenhague, y que como regla general, EE.UU. va a utilizar sus fundos para que vayan a países que han indicado un interés en formar parte del Acuerdo”.
El nuevo “paradigma para la diplomacia climática” de EE.UU. introducido por negociadores climáticos en junio parece incluir el chantaje a países en desarrollo que necesitan desesperadamente apoyo para encarar consecuencias que no han creado.
Stern va al sur
También entre las comunicaciones filtradas sobre objetivos estratégicos estaba una propuesta de “considerar una serie de discursos políticos/foros públicos durante viajes al extranjero para presentar directamente nuestro caso al mundo en desarrollo”. Entrada en acción de Todd Stern.
La primera parada en la gira de Stern fue Chile –un país que, junto con Colombia, trabajó para convencer a Bolivia y a otros países en desarrollo para que apoyaran el acuerdo. En su discurso ante estudiantes y académicos, reunidos en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Stern felicitó a Chile por su apoyo al Acuerdo de Copenhague. Destacó la necesidad de mayor coordinación regional y llamó a las Américas a instalar más energía limpia “para ampliar el círculo de prosperidad en todo nuestro hemisferio y también reducir nuestras emisiones de carbono”.
Lo que Stern no mencionó es que Chile, uno de los líderes globales en energía hidroeléctrica, genera millones de créditos de carbono que serían deseados por los países desarrollados si se cierran compromisos para reducir las emisiones, en Cancún o el año después. EE.UU. ya ha establecido estrechos vínculos económicos con Chile en el tratado de libre comercio que ambos países firmaron en 2004 y se han iniciado planes para liberalizar completamente el comercio antes de 2016. La energía y abundantes créditos de carbono pueden ser las dos mercancías que EE.UU. compraría a esas alturas.
Perú, un país que tiene un acuerdo de libre comercio con EE.UU. desde comienzos de 2009, también puede ser una importante fuente de créditos de carbono baratos, de una manera muy parecida a como facilita el suministro fácil de minerales y metales a las corporaciones del norte. Según José Alberto Garibaldi, ex ministro del equipo de negociación de México para la CMNUCC, Perú ha estado maniobrando entre bastidores para lograr un acuerdo sobre la reducción de emisiones por la desforestación. Perú no ha sido un protagonista importante en las negociaciones climáticas. Pero Stern señaló en Lima que a través del Acuerdo de Promoción Comercial y Ecológica entre EE.UU. y Perú, “Perú ha señalado su compromiso de trabajar estrechamente con EE.UU. para establecer sistemas de administración de bosques y del medio ambiente, mientras generan beneficios económicos de sus bosques”. Dijo en una reunión en Perú que EE.UU. saluda “la exploración de posibilidades de colaboración con sus vecinos en un programa de REDD del Amazonas”. La visita de Stern puede ser un sutil gesto de aprobación por su papel en asegurar un mercado forestal de carbono y un precursor de presión de Washington sobre Perú a fin de construir apoyo regional para el Acuerdo de Copenhague.
Tal vez lo más sorprendente haya sido la parada de Stern en Quito, Ecuador. EE.UU. redujo 2,5 millones de dólares de apoyo cuando Ecuador presentó una carta diciendo que no se sumaría al acuerdo. Como respuesta, el Ministro de Exteriores de Ecuador ofreció a EE.UU. 2,5 millones de dólares si Obama firma el Protocolo de Kioto. Durante su visita, Stern dijo diplomáticamente que EE.UU. y Ecuador “tienen que estar dispuestos a escucharse y a hablar entre ellos e intercambiar puntos de vista”. Pero rechazó la idea de pagar sin más la deuda climática, al decir: “deuda o culpa o culpabilidad histórica, no. No lo veo de esa manera”.
¿Tratará Stern de reparar la relación con EE.UU., a sabiendas de que ese apoyo de Ecuador –un país de la cuenca del Amazonas con un legado de lucha indígena por derechos a la tierra– mejoraría las posibilidades para un acuerdo sobre REDD? ¿Nota una brecha entre Ecuador y Bolivia que podría explotarse para apaciguar la oposición latinoamericana al Acuerdo de Copenhague?
La nueva toma de tierras
En un mundo constreñido por el carbono, el espacio atmosférico y el derecho a contaminar se convierten en mucho dinero. Si un sistema multilateral de límites y comercio como el Protocolo de Kioto se impone en todo el globo, el derecho a emitir una tonelada de carbono podría representar entre 2 y 85 dólares. El resultado será un mercado internacional de carbono de un billón [millón de millones] de dólares. Luego, hay implicaciones para obtener energía de fuentes de bajo carbono como la energía hidroeléctrica, los minerales necesitados para nuevas tecnologías como baterías eficientes, y tierra en la cual producir aceite de palma, biomasa y bosques que capturen carbono.
Nadie lo sabe mejor que Todd Stern. En la Universidad Agraria en Perú, señaló que “países menos desarrollados en el mundo que podrán ser pobres en recursos ahora mismo –en un sistema global de energía basado en combustibles fósiles– tienen el potencial de llegar a ser ricos en recursos cuando el sol, el viento y la tierra se aprvechen para crear el fundamento energético del Siglo XXI”. Declaró que “ya existe una carrera para crear y capturar los nuevos mercados de energía limpia del Siglo XXI”.
La comunidad del clima y los expertos políticos pasarán mucho tiempo interpretando las señales de esta visita, y de futuras reuniones que Stern y otros funcionarios climáticos tengan con países extranjeros. El debate climático tiene que ver con mucho más que la estabilidad ecológica. Tratados climáticos globales determinarán qué crecimiento basado en combustibles de los países será limitado y en cuánto. Los acuerdos internacionales y políticas interiores resultantes determinarán la importancia relativa de los recursos naturales en la economía global. Debido a que los minerales, bosques, suelos laborables y agua no están distribuidos regularmente por el planeta, la obtención de acceso a éstos y otros recursos estará –y en muchas regiones ya está– en el centro de la lucha geopolítica precipitada por el cambio climático.
* Janet Redman es codirectora de la Red de Energía y Economía Sostenible en el Institute for Policy Studies.
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